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sábado, abril 07, 2007

Asesinatos al por mayor pese a triunfalismo del usurpador; quien vacaciona en Cancún




Tomados de La Jornada, El Fisgón y El Universal, Omar y Carreño.

Mientras el usurpador Felipe Calderón Hinojosa pasea en Cancún, la ola de crímenes en plena Semana Santa –cuando millones de vacacionistas llenan los destinos turísticos del país- se ha incrementado de forma alarmante. Si ya a principios de semana se daba cuenta de más de 600 asesinatos en los primeros tres meses del año causados por el narcotráfico y el crimen organizado, lo sucedidó esta semana es más que una llamada de alarma o un desafío, se trata de la impunidad con la que actúan las bandas organizadas.

¿Los defensores de la aplicación del “estado de Derecho” aplicarán la misma “tolerancia cero” del cardenal Norberto Rivera Carrera, quien solapó por décadas las violaciones contra niños por parte del sacerdote Nicolás Aguilar Rivera, para pedir castigo contra el ajusticiamiento ayer del corresponsal de Televisa en Acapulco Amado Ramírez?

Investigarán las verdaderas causas o harán un boletín oficial a fin de no enturbiar la imagen del corporativo de Emilio Azcárraga Jean como acostumbran los empresarios en este país. ¿Podremos esperar la verdad y la aplicación de la ley en este caso o se dará la versión oficial de que murió a causa de una gastritis mal atendida?

No se trata de ser irónico, sino realista. Sin importar el embate de la delincuencia, que día a día cobra más víctimas y hacer ver que el estado es un pelele del pelele, los medios de comunicación electrónicos y no pocos impresos, siguen la línea dictada desde Los Pinos para minimizar los hechos y asegurar que la batalla, aunque larga se va ganando. ¿En que se basan estos sujetos para temeraria afirmación? Los hechos y los muertos desparramados en las calles de todo el país desmienten la alegres cifras oficiales.

En el colmo del descaro y la estupidez, los encargados de brindar protección a la ciudadanía –más cuando esta sale de sus lugares de origen a divertirse-, en lugar de cumplir con el trabajo que aceptaron –por el cual ganan cantidades millonarias, de nuestros impuestos- deciden que ellos también tienen derecho a salir de vacaciones.

Si tomamos en cuenta que policías, bomberos, enfermeras, etc., no obtienen permiso para salir estos días con sus familias, ¿de qué privilegios gozan los altos funcionarios, quienes además de ganar muchos miles de pesos más, que los otros trabajadores mencionados, tienen la desfachatez de dejarlos laborando mientras ellos visitan –con su familias- los destinos turísticos más caros del país y del extranjero. Mientras, México es tomado por la delincuencia y los peleles, espurios y usurpadores, piensan que los criminales los esperarán hasta que regresen de vacaciones. Cinismo puro en un país que va camino al precipicio, con el robo de las pensiones de los burócratas, la venta del sector energético y el saqueo al fisco mediante los acuerdos de privilegios para los grandes empresarios, que serán mantenidos por el pelele Calderón Hinojosa. Estamos en poder de la mafia política, empresarial sindical, judicial, legislativa, etc.



En seguida una nota tomada del periódico La Jornada.








La violencia, imparable; 15 ejecuciones en 3 estados

El periodista Amado Ramírez fue baleado en Acapulco

Presuntos agentes de la AFI ultimaron a una familia



LA JORNADA GUERRERO , JAVIER VALDEZ , MARTIN SANCHEZ , SERGIO OCAMPO CORRESPONSALES

Quince personas, entre ellas Amado Ramírez Dillanes, corresponsal de Noticieros Televisa en Acapulco, fueron asesinadas a balazos en Guerrero, Tamaulipas y Sinaloa. En esta última entidad las víctimas eran cinco miembros de una familia.

Según reportes preliminares de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) de Guerrero y versiones de testigos, a las 19:20 horas Ramírez Dillanes salió del edificio Nik, donde transmitía diariamente, de 18 a 19 horas, el programa de radio Al Tanto. Caminó una calle hacia su vehículo, un Focus negro, con placas de circulación HAN-5213.

Cuando el periodista pretendía abordar su automóvil, en la calle La Paz, colonia Centro, a una cuadra del zócalo, un hombre le disparó por la espalda con una pistola calibre 38 súper. Algunas balas rompieron el parabrisas, del lado del conductor.

Todavía con vida, según algunos testigos, Amado Ramírez intentó refugiarse y pedir ayuda en el hotel California, ubicado frente a su automóvil, pero al llegar a la entrada del inmueble el agresor le disparó otras dos veces. Cayó boca abajo.

Según versiones recabadas en el lugar, el pistolero vestía camisa color blanco y pantalón café. Después del atentado caminó hacia la avenida Adolfo López Mateos, donde lo esperaba otro individuo.

En los alrededores había decenas de turistas. Algunos, al ver que el corresponsal aún respiraba, pidieron ayuda vía telefónica a la Cruz Roja. Sin embargo, cinco minutos después del atentado murió el también ex jefe de información del periódico Novedades Acapulco.

Minutos después arribaron al menos 100 elementos de la Policía Preventiva Municipal, la Agencia Federal de Investigación, la Policía Federal Preventiva sector Caminos y agentes de la PIM. Peritos de la Procuraduría de Justicia y personal del Servicio Médico Forense llegaron una hora después.

A unos metros de donde se perpetró el crimen se encuentra la agencia del Ministerio Público del fuero común del sector Barrios Históricos, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como agentes ministeriales y un módulo de la preventiva municipal.

En tanto, en las pasadas 24 horas cuatro personas fueron ejecutadas en territorio guerrerense. En el municipio de Coyuca de Catalán, en la región de la Tierra Caliente, fueron hallados los cuerpos de Jesús Salgado Sierra y Efraín Saucedo Santos. Tanían disparos de arma calibre 9 milímetros en la cabeza.

En Chilpancingo fueron descubiertos los cadáveres de los hermanos Elpidio y José Tolentino Parra, quienes fueron levantados el pasado 28 de marzo, ambos con el tiro de gracia.

Las cinco personas ultimadas en Guasave, Sinaloa, al parecer miembros de una familia, fueron identificadas como Rosario Landeros Bastidas, Angélica Santos Camacho, Héctor Raúl Bátiz Landeros, Ramón Landeros Bastidas y la adolescente Estefanía Bátiz Landeros.

Según la versión de la agencia cuarta del Ministerio Público de Guasave, a la vivienda de los antes mencionados arribó un grupo de hombres, quienes iban vestidos con uniformes de la AFI.

Los sujetos buscaban a Ramón Landeros, quien al parecer se resistió a ir con éstos y los agredió a balazos, iniciándose un enfrentamiento en el que fueron asesinadas las cinco personas mencionadas. En el lugar fueron encontrados casquillos para fusil AR-15 y AK-47, y una pistola calibre 380.

La mañana de este viernes fueron localizados los cuerpos de cinco personas que tenían el tiro de gracia en la frente, en las ciudades vecinas de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, Tamaulipas. Las víctimas, aún no identificadas, presentaban huellas de tortura y estaban vendadas.

Fuentes policiacas indicaron que los crímenes podrían estar relacionados con el hallazgo de un arsenal en Ciudad Madero, a principios de semana.

En tanto, elementos de la PGR y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional decomisaron mariguana y un arsenal con armas de grueso calibre durante el cateo a una vivienda del municipio fronterizo de Río Bravo.




A continuación un análisis tomado de la revista Proceso.






Vergüenza

jorge carrasco araizaga
México, D.F. (apro).- No es ninguna casualidad. En momentos en que en el país está en duda la credibilidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde Washington se difunde un vergonzoso informe que confirma la impunidad de quienes han violado los derechos humanos en el país.

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), observadora de la situación de los derechos humanos en el mundo, emitió el pasado jueves 5 un informe internacional que demuestra el desprecio del Estado mexicano hacia las graves violaciones a las garantías individuales cometidas por algunos de sus integrantes, civiles y uniformados.

Bastó una comparación básica de HRW para demostrar lo dicho por varios organismos defensores de derechos humanos en el país: que el Estado mexicano tiene el peor comportamiento en América Latina en la investigación y sanción de los abusos cometidos por los gobiernos de la región en la época de las llamadas “guerras sucias”.

Mientras en Argentina, Chile y Uruguay los gobiernos que sucedieron a las dictaduras militares investigaron y encarcelaron a varios de los jefes castrenses, policiales y políticos responsables de torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones, secuestros y desapariciones por motivos políticos, en México la historia resultó muy distinta.

HRW no dudó en calificar como “decepcionante” la actuación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), pues no dio resultados concretos no sólo para sentenciar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre los años sesenta y setenta, principalmente, sino para reparar a las víctimas de las actuaciones del Ejército, las policías o los cuerpos irregulares y paramilitares financiados y preparados por el Estado.

Creada por Vicente Fox al arranque de su gobierno, más por obligación política que por compromiso con los derechos humanos, la fiscalía despareció con más pena que gloria, y sin ninguna señal de que el gobierno de Felipe Calderón pretenda retomar los muchos pendientes que dejó la oficina que estuvo a cargo de Ignacio Carrillo Prieto.

El exfiscal, un retórico abogado que nunca había litigado, apenas y puede mencionar como logro el proceso judicial iniciado en contra del expresidente Luis Echeverría Álvarez. Pero ese caso podría quedar cerrado en definitiva en las próximas semanas si la justicia federal acaba por desestimar sus débiles argumentos sobre el genocidio en México.

Solazado en el escándalo por la actuación contra Echeverría, Carrillo nada puede decir sobre el desempeño de la fiscalía en contra de miembros del Ejército, señalados como los principales violadores a los derechos humanos en estados como Guerrero durante el combate a la guerrilla en aquella época.

El mensaje fue el de la impunidad. Ningún castigo, ninguna responsabilidad ni reparación. Ningún señalamiento oficial, protocolario, sobre la verdad de lo ocurrido y que cuestionara la actuación de los militares, no sólo en esa sureña entidad, sino en otras.

Por su lado, José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, se comporta de igual modo. Cuestionado de por sí por varias organizaciones de derechos humanos, el llamado ombudsman nacional tiene ahora al organismo metido en una crisis de credibilidad.

Su actuación ante el deceso de la anciana indígena Ernestina Ascensio Rosario, en la sierra de Zongolica, en Veracruz, por una presunta violación cometida por militares, coloca al organismo como un apéndice del gobierno federal.

Cada vez le resulta más difícil a la CNDH defender la línea trazada por el propio Calderón respecto de los motivos de la muerte de la anciana, y que sólo sirvió para enredar más las investigaciones.

El michoacano tiene un motivo muy claro para deslindar al Ejército de esa muerte, pues se trata de su principal aliado político.

Sin embargo, el interés de Soberanes es más oscuro. Si su razón de ser como personaje público es la defensa de la dignidad humana, su descalificación a los diagnósticos del gobierno de Veracruz y a los señalamientos de los familiares de Ernestina, no hacen más que abundar la justificada e histórica desconfianza hacia la actuación del Estado mexicano en la defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos. (6 de abril de 2007).