Un mentiroso compulsivo

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Huelguera y Hernández y El Universal, Helioflores y Naranjo.

-¿No teme que involucrar al Ejército en esas tareas se traduzca en violaciones a los derechos humanos?

-Eso no depende de que sean militares o no. Pueden ser policías o ministerios públicos. Lo evitaremos en la medida en que seamos capaces de hacer valer el marco institucional, y que medios y sociedad vigilen su actuación. No vamos a tolerar ningún acto de impunidad del Ejército o de quien sea.

A manera de despedida, comenta: "he estado pendiente del caso de la señora que se dice asesinaron en Zongolica (tras una presunta violación tumultuaria por militares). La CNDH intervino, y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada. Ojalá ustedes puedan tener, por sus medios, acceso a esa información".

La Jornada 13 de marzo de 2007

Se trata de el final de la entrevista al usurpador Felipe Calderón Hinojosa en la cual se demuestra que miente con descaro ante hechos que son de conocimiento público. Desde que se supo del asesinato de la anciana en la sierra del estado de Veracruz a manos de militares, la información ha sido abundante y toda coincide en tres cosas: fue violada, fue golpeada y murió a consecuencia de la agresión.

Como en un principio se trató de ocultar la forma en que fue asesinada se llevó a cabo la exhumación para determinar las causas del deceso. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reiteró hoy miércoles 14 de marzo de 2007 que en ningún momento ha mostrado una postura sobre el caso, pero advirtió que mientras no se determine las causas de la muerte se presume que fue privada de la vida.

El presidente municipal de Soledad Atzompa, al que pertenece la comunidad de Tetlazinga de donde era originaria la anciana Ernestina Ascensio Rosario, Javier Pérez Pascuala declaró ayer mismo por más de ocho horas ante la procuraduría estatal de Veracruz y reiteró lo que había dicho antes y que es de todos conocido, que el presenció el estado de la anciana y que presentaba huellas de haber sido golpeada. Además de que su familiares le refirieron que ella había señalado a soldados como los causantes de la agresión.

Hay más. Actualmente se analizan los rastros de semen encontrados en la víctima para determinar a quien pertenecen y los primeros resultados –no oficiales- de la necropsia refieren fracturas en los huesos.

Por si esto fuera poco el mismo secretario de Defensa Guillermo Galván Galván ordenó el arresto de cuatro militares señalados como posibles responsables, y expresó ante legisladores del PRD que se investigará el hecho. ¿Entonces a qué venía la mentira? ¿será que es un mentiroso compulsivo?


Que el pelele mienta con ese desparpajo no es nuevo, recordemos que durante la campaña presidencial dijo que no se había otorgado contrato alguno a la empresa de su cuñado Hildebrando Zavala durante su paso por la Secretaria de Energía, pero de la propia boca del familiar político se supo que si había tal contrato.

Lo reseñado aquí del programa de La Verdad sea Dicha, ayer vuelve a poner al espurio como el mentiroso que es al denunciarse que “regaló” 400 millones de pesos del erario para la construcción de un tunel auspiciado por el suegro de su amigo y funcionario de su gabinete César Nava. Es poco creíble que de ese negocio el chapelén se quedara sin su parte, por lo que es muy probable que parte de ese dinero fue para engrosar su cuenta bancaria. Ese es Calderón y esos son los panistas del Yunque que asaltaron Los Pinos.



En seguida un reportaje tomado de la revista Proceso.


http://www.proceso.com.mx

"Fueron los soldados, m'ija"

Regina Martínez y Rodrigo Vera

Una anciana indígena que lleva a pastar a sus ovejas y es violada por soldados. Estupor, indignación indecible entre los familiares. Una denuncia penal, el inicio de las “investigaciones”... Un paliativo gubernamental para los deudos, una disculpa. Y en el Ejército, un anticipado “nosotros no fuimos”, un “castigaremos a los responsables” que nunca se concreta. Una historia, en suma, ya contada en comunidades indefensas: la del abuso, la de las trampas jurídicas. La misma historia de impunidad de siempre.

SIERRA DE ZONGOLICA, VER.- La indígena nahua Marta Inés Ascensio encontró a su madre moribunda, con el cráneo y las costillas rotas. Yacía sobre la hojarasca, en un frío paraje de la comunidad de Tetlatzinga sombreado por enormes pinos.

–¿Qué tiene, madre? ¿Qué le pasó? –le preguntó angustiada.

Y su madre, la anciana Ernestina Ascensio Rosario, de 72 años de edad, le respondió con mucho esfuerzo:

“Fueron los soldados, m’ija. Los soldados me golpearon, me amarraron y me taparon la boca. Traían sus cartucheras repletas de balas”.

A poca distancia de ahí, sobre un desnudo montículo, un campamento del Ejército Mexicano compuesto por 150 elementos seguía con sus labores de vigilancia. Tiendas de campaña desplegadas aquí y allá, pequeños grupos de soldados deambulando de un lado a otro.

Como todos los días, el pasado 25 de febrero la anciana sacó a pastar a sus ovejas al bosque vigilado por el Ejército. La seguían sus dos perros. Fue entonces cuando los integrantes de uno de estos grupos de militares vieron a la indígena de cuerpo rugoso y magro. Según los datos que se tienen, se avalanzaron sobre ella, la maniataron y la violaron por el ano y la vagina.

Cuenta a Proceso su hija Marta:

“Lo primero que vi fue a los perros y a los borregos de mi madre. Andaban desbalagados. Los perros me llevaron hasta donde ella estaba tirada. Apenas podía hablar. Ahí me alcanzó a decir que habían sido los soldados, que la habían golpeado y amarrado. Casi a señas, me pidió que le diera de beber agua.”

–¿Todavía estaba atada?

–No. Los soldados la desataron antes de irse. Y no vi ningún lazo ni cuerda. Luego se acercaron dos vecinos, don José Vázquez y don Luis Aguilar, que andaban por ahí recogiendo piedra. Corrí a avisarle a mi hermano Francisco para llevar a mi madre con el doctor.

Relata Francisco que subieron a la moribunda a una pequeña camioneta pick up.

“Primero la llevamos aquí cerca, a la comunidad de Acultzinapa, donde vive la enfermera Luisa. Ésta nos dijo que no podía hacer nada, que mejor la lleváramos con un doctor a Ciudad Mendoza. Y hasta allá bajamos. Pero el doctor nos recomendó que mejor fuéramos al hospital regional de Río Blanco.

“Fuimos a parar al hospital. Ahí mi madre todavía alcanzó a murmurar que fueron los soldados. Los doctores le hicieron unos estudios. De plano nos dijeron que la cosa no tenía remedio. Y sí; mi madre falleció la madrugada del día 26. Nos trajimos su cuerpo. Aquí lo velamos y lo sepultamos. Fue un golpe muy duro para la familia… para toda nuestra comunidad.”

Francisco entra a la pequeña choza de tablas disparejas donde vivía su madre. Piso de tierra. Viento que se cuela por las rendijas. Hay un altar con velas encendidas y la imagen guadalupana. De cubetas de plástico asoman manojos de flores. “Aquí le estamos rezando su novenario”, comenta con su lenguaje mezclado de español y nahuatl.

–¿Qué están pidiendo ustedes para que se les haga justicia?

–Que metan a la cárcel a los soldados que la mataron. Que los castiguen. Y también que ya no manden más soldados para acá. Nomás vienen a humillarnos, a maltratar a nuestras mujeres, a robarse nuestra leña y nuestras gallinas, siendo que nosotros somos muy pobres.

Y señala los endebles jacales de techos de lámina, borrosos por la niebla que impera en estas heladas cumbres de la sierra de Zongolica, a las que se trepa por caminos de terracería. Brilla la blancura de nieve del Pico de Orizaba; 186 familias nahuas viven en la olvidada comunidad de Tetlatzinga, perteneciente al municipio de Soledad Atzompa. Su principal fuente de ingresos son los muebles que fabrican con la madera de los pinares, rústicas mesas y sillas sobre todo, que luego bajan a vender a los poblados de la planicie.



Heridas abiertas



El día 27, hasta aquí llegó en helicóptero el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, para apaciguar a la comunidad agraviada por el crimen. Dio personalmente el pésame a la familia y prometió obras materiales. Lo recibieron alrededor de 5 mil indígenas de la sierra que portaban pancartas de protesta: “Queremos que el crimen no quede impune”, “Que se presenten los violadores”, “Queremos justicia”.

Ese día, el campamento militar se retiró.

Una comitiva del llamado “gobierno itinerante” empezó luego a llevar despensas y bicicletas a los indígenas de Tetlatzinga. El gobierno de Fidel Herrera contrató además a una constructora para edificarles casas de concreto a los familiares de la indígena violada, que dejó cinco hijos y una treintena de nietos.

Estas obras ya empezaron. Se ven cuadrillas de albañiles, bultos de cemento, armazones de varilla y bloques de concreto apilados. Resaltan las finas puertas laqueadas de blanco, que contrastan con la miseria del lugar y aguardan a que las casas estén concluidas para ser puestas. Fundas de plástico las protegen de la humedad.

Francisco, de pies enguarachados, dice receloso:

“El gobierno también prometió a la comunidad dos camiones de pasajeros. Está bien. Pero que ni crea que con esto nos va a callar. No señor. Ante todo queremos castigo para los soldados que mataron a mi madre.”

Don Rosendo Antonio Dolores, un indígena con sombrero del que salen sus largos cabellos lacios, es el subagente municipal de Tetlatzinga y una de sus autoridades morales.

“Siempre hemos pedido al gobierno que saque de aquí al Ejército. Somos gente trabajadora y de paz. Aquí no hay narcotraficantes ni delincuentes. Pero aun así nos tienen rodeados de soldados, que sólo vienen a causarnos problemas y agravios”, comenta.

–¿Qué agravios?

–Roban nuestras pocas pertenencias. Molestan siempre a nuestras mujeres, que tienen miedo de salir. Y con desprecio nos dicen indios porque muchos no hablamos español.

–¿Saben por qué está aquí el Ejército?

–No. Nunca lo hemos sabido. Y aunque andan por todos lados, nunca platicamos con los soldados. Ellos en sus cosas y nosotros en las nuestras.

Comenta que, poco antes de que Ernestina fuera violada, en el lugar de los hechos vieron de lejos rondar a unos militares, como rondaban por todos lados.

Uno de estos testigos es Marcos Rojas Hernández: “Yo alcancé a ver ahí a dos militares”.

Nadie duda aquí de que fueron los soldados. Imposible que alguien ajeno a la comunidad haya logrado penetrar el férreo cerco militar para violar a una anciana. Es más, desde mucho antes las autoridades comunitarias venían advirtiendo de un riesgo semejante.

Todavía el pasado 2 de febrero –23 días antes de la agresión a Ernestina– el ayuntamiento de Soledad Atzompa envió una carta al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y al presidente Felipe Calderón, en la que detallaba los atropellos de la tropa: robos, invasión de propiedad, maltrato a los indígenas, revisiones de vehículos…

Entregada a Proceso, dice la misiva:

“Lo que no podemos aceptar es que los militares nos maltraten sólo por ser indígenas nahuas; que nos traten como si fuésemos animales porque erróneamente suponen que no conocemos nuestros derechos. Menos podríamos aceptar que su presencia aquí se deba a una estrategia de intimidación de nuestro pueblo nahua, que es democrático. Lo que no podemos aceptar es que se viole la ley al no respetar nuestro territorio autónomo. Lo que no aceptamos es que no se respete a las autoridades municipales y comunitarias.”

El ayuntamiento pedía “la garantía” de que no se volviera a “maltratar a nuestros ciudadanos”, que se les “pagara” los “pequeños bienes de que fueron despojados”. Igualmente pedía que el Ejército respetara “nuestra investidura como autoridades comunitarias y municipales”, así como “nuestro territorio y autonomía indígena”.

La misiva la firmaba el alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala. Pero ni el general Galván ni el presidente Felipe Calderón hicieron caso a su señal de alerta… y el crimen ocurrió al poco tiempo.



Brutalidad



Miguel Mina Rodríguez, subprocurador de Justicia de la Zona Centro del estado de Veracruz, revela que los violadores incluso le fracturaron cráneo y costillas a Ernestina Ascensio:

“El dictamen médico pericial revela que tenía fractura de cráneo y fractura de costillas, así como lesiones en diversas partes del cuerpo.”

–¿Entonces fue golpeada?

–Así es. Efectivamente.

Y confirma que la violación fue por la “vía anal y por la vía vaginal”. Detalla:

“Se encontraron laceraciones y desgarres en la vía anal. Lo mismo en la vía vaginal, de acuerdo al dictamen de la neurocirugía que le hizo el Ministerio Público.”

–¿Pudieron comprobar que fueron varias personas las que participaron en la violación?

–Eso no lo podemos afirmar, porque las laceraciones que sufrió pudieron ser provocadas por varias personas, o bien, por una persona enloquecida que cometió esta acción aberrante.

–¿En el lugar de los hechos no encontraron indicios de que fueron varios violadores?

–Yo estuve en el lugar de los hechos, acompañando al agente del Ministerio Público y al personal de los servicios periciales. Pero de esa inspección ocular no se puede desprender que haya habido varias personas. Es muy aventurado decir que participaron dos, o tres, o cuatro personas. No lo sabemos.

En cuanto a que fue atada, el subprocurador señala la posibilidad de que se haya usado el mismo rebozo que llevaba la señora Ernestina:

“En relación a eso, se habla de amarrado por el rebozo que ellas utilizan y que se lo amarran, porque así lo dicen. Esto ha traído confusión. Pero no minimiza el hecho de la agresión.”

–Finalmente, ¿cuál fue la causa de su muerte?

–Fue por la fractura de cráneo y por la anemia que le produjo una hemorragia en la vía anal.

–En sus diligencias, ¿ya han llamado a declarar a militares?

–Sí, sí. Hemos requerido a cuatro. Pero hasta el momento no han venido a comparecer. Me informan que ellos allá están practicando sus propias diligencias.

–Las autoridades municipales y algunas organizaciones sociales piden que este caso lo atienda la justicia civil, y no la Procuraduría de Justicia Militar, por el sesgo que ésta pudiera darle a la investigación. ¿Está usted de acuerdo?

–Bueno, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, con toda la dedicación y pericia de que somos capaces. Los militares tienen sus leyes, su conciencia y su ética. De ellos depende que actúen en consecuencia.

La investigación corre a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia, en el expediente número 140/2007. El viernes 9 se exhumó el cadáver de Ernestina, para extraer más pruebas que ayuden en las pesquisas.

Por su parte, el general Galván se comprometió a “castigar a los responsables”, en caso de que sean soldados. Pero otros mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) intentan desligarse del caso.

El martes 6, la Comandancia de la 26 Zona Militar, a la que pertenecían los soldados que estaban en Tetlatzinga, distribuyó a los medios locales un comunicado en el que aseguraba:

“La Sedena confirma que personal militar no tiene responsabilidad en los hechos… no se encontraron indicios o pruebas que indiquen la participación de personal militar.”

Señalaba que los violadores son “delincuentes que utilizaron prendas militares, provocaron el crimen buscando inculpar a integrantes de esta dependencia”.

La comandancia intentó después canjear este comunicado por otro, pues señaló que aquel “no era oficial”… Pero ya se había difundido.

El nuevo comunicado también exculpaba a los militares, sólo que de manera menos drástica: Mencionaba que la Sedena realizó una “revisión minuciosa” en los “genitales” de cuatro oficiales y 79 elementos de tropa, quienes “no presentan ningún tipo de lesión en dicha área, indicativo considerado como una prueba para establecer que no han tenido actividad sexual, cuando menos siete días antes de los hechos que se imputan”.

Sin embargo, la Sedena manifestó su disposición a seguir con la “investigación pericial”, en colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz.

Otras incógnitas quedan por despejar: ¿A qué obedece la fuerte militarización en la sierra de Zongolica? ¿Qué objetivos tenía el campamento apostado en la comunidad de Tetlatzinga?

El luchador social Julio Atenco Vidal, quien lleva más de 20 años trabajando en las comunidades serranas, señala:

“Aquí no hay guerrilla ni narcotráfico. De manera que, supongo, la presencia del Ejército tiene objetivos disuasivos y preventivos. Es decir, para evitar que la población defienda sus derechos mediante la lucha radical. No encuentro otra explicación.”

–¿No hay grupos armados por estos rumbos?

–No, definitivamente que no. Puede haber grupos radicales, pero sin armas.