Cien días de mentiras

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Naranjo.

A pocos días de que se cumplan los 100 de que el usurpador Felipe Calderón Hinojosa ocupa Los pinos, el resultado es en verdad desastroso. Cientos de miles de empleos perdidos –mientras que el pelele dice que siempre no, que a él no le toca generarlos, que ya sabrán los empresarios- aumento en los productos de primera necesidad como luz, gas, gasolina, tortillas, frutas, verduras, etc., militarización del país al disponer que más militares se sumen al fracasado operativo de seguridad en México, que lo que ha traído es mayor violencia y corrupción. Pese al ofrecimiento de aumentarles prestaciones y doblar su salario la tropa no ha querido pasarse a la Policía Federal Preventiva (PFP) por temor a perder su antigüedad y prestaciones dentro de las fuerzas armadas.

Todos los “programas” como seguro popular, primer empleo, trabajo para discapacitados y personas de la tercera edad son meros buenos deseos, ya que no cuentan con presupuesto, ni tampoco con instalaciones para ofrecer los servicios ofrecidos. Como antes ya he comentado si el IMSS y el ISSSTE están quebrados, lo está aún más el sector salud.

Esto que para nadie es una novedad, si lo es –en apariencia claro- para el espurio y los medios de comunicación paleros que dicen que el mentado Calderón Hinojosa perfila un buen plan de trabajo o que sabe que rumbo seguir o que la gente –las encuestas- le dan una buena calificación, donde incluso quienes no votaron por él –se refiere a los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador- lo aprueban.

Mentiras que caen por su propio peso, pues la realidad es que a donde se pare el chapelén –en México o el extranjero- es repudiado. Las ceremonias las encabeza a puerta cerrada y con miles de efectivos del ejército que impiden a los inconformes acercarse a manifestar sus ideas como dicta la Constitución. Se lo hace en espacios públicos es de pisa y corre, pues tarda a lo más unos minutos y sale despavorido ante la posibilidad de que alguien brinque el cerco y pueda interpelarlo. El show es meramente para los medios de comunicación.

Así que a unos días, es decir más de tres meses el pelele es más débil que cuando empezó con esta farsa, pues ha quedado claro que quienes mandan realmente son los empresarios y la cúpula panista tomada por el fascista Yunque de Manuel Espino y mafia que lo acompaña.



El siguiente análisis fue tomado de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx

Despenalización y nuevas formas de censura

jenaro villamil

México, D.F., 6 de marzo (apro).- Tuvo que transcurrir un año exactamente para que el Senado finalmente ratificara la despenalización de los delitos de prensa que la Cámara de Diputados aprobó el 7 de marzo de 2006, en medio de la indignación nacional e internacional en torno al caso de Lydia Cacho Ribeiro, arbitrariamente arrestada por testaferros del gobernador priista Mario Marín, a fin de “castigar” a una periodista que se atrevió a revelar la punta del iceberg de las redes de la pornografía infantil vinculadas a la política.

El de Lydia Cacho fue uno de los casos límite más importantes que demostraron lo arriesgado de mantener en los artículos 350 al 363 del Código Penal federal estos resabios del autoritarismo. El expediente de Cacho fue una razón fundamental para aprobar esta ley, pero no la única.

En medio del ocaso del foxismo, el peor sexenio en materia de libertad de expresión y seguridad profesional para los periodistas, de las amenazas crecientes y actualizadas contra reporteros de Tamaulipas, Sonora, Chihuahua y Oaxaca, entre otras entidades, y de los asesinatos contra más de una decena de comunicadores que se volvieron incómodos para el crimen organizado, lo menos que se podía esperar era una actitud digna del Congreso.

Sin embargo, tampoco se puede olvidar que las amenazas contra la libertad de prensa difícilmente se pueden resolver con la simple despenalización de la injuria, la calumnia y la difamación. El problema esencial sigue siendo la práctica de la censura anticipada y la persecución que ejercen los poderosos contra medios críticos, bajo el amparo de que se les daña su derecho a la intimidad.

Por si fuera poco, el gobierno de Felipe Calderón, junto con varias autoridades estatales que ejercen la “ley mordaza” en entidades como Sonora, Estado de México, Oaxaca, Jalisco y Puebla, nos han vuelto a recordar que el poder político intentará usar siempre mecanismos para acallar voces críticas o manifestaciones de disidencia que son estigmatizadas como un “peligro” para las instituciones y el país. Así ha sucedido con los programas del PRD censurados por la Secretaría de Gobernación y con la insistente persecución a los medios proclives a la APPO en Oaxaca.

La censura previa es un mal que corroe no sólo las redacciones sino también las editoriales y las empresas mediáticas más poderosas. El riesgo de esta nueva ley es que bajo el argumento de sancionar civilmente el daño moral, se consagren nuevas prácticas violatorias de la libertad de expresión.

El caso de la periodista Olga Wornat y de Proceso, acusados por Marta Sahagún de Fox por presunto daño moral, al exhibir documentos verídicos que dañaban una intimidad que la propia exprimera dama se encargó de ventilar e instrumentalizar para promoverse políticamente, constituye la otra cara de la moneda que derivaría en nuevas prácticas de censura previa si los tribunales nacionales refrendan su fallo contra la autora de Crónicas malditas.

En materia de daño moral, las reformas aprobadas este martes en el Senado son muy claras en este agregado al artículo 1916 del Código Civil federal:

“La reproducción fiel de la información no da lugar al daño moral, aun en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona, pues no constituye una responsabilidad para el que difunde dicha información, siempre y cuando se cite la fuente de donde se obtuvo”.

El ordenamiento necesita aún ser discutido porque puede constituir otra arma para intimidar o permitir lecturas absolutamente discrecionales que tiendan a la vulneración de otro derecho elemental de los periodistas: el respeto a la secrecía de las fuentes.

Por otro lado, aunque a la clase política le resulte incómodo reconocerlo, es necesario discutir hasta dónde llegan los alcances del derecho a la privacidad y a la intimidad para funcionarios y políticos que viven del erario y que, cuando les resulta conveniente, pagan con recursos públicos para promocionar sus bodas, sus experiencias sentimentales y hasta sus duelos, pero cuando alguien osa salirse del guión de la promoción, le lanzan la advertencia de que violan su derecho a la intimidad.

Comentarios: jenarovi@yahoo.com.mx