Ilegalidad y prepotencia al amparo de los militares

Tomado de El Universal, Naranjo.

La iniciativa de ley que el usurpador Felipe Calderón Hinojosa pretende aprobar en el Congreso de la Unión es un retroceso a los derechos constitucionales, a la democracia y al combate a la delincuencia pues no va al fondo del problema, que es la inmensa desigualdad social y económica. Este tipo de legislación más bien sería utilizada para reprimir “con la ley en la mano” a los inconformes con las alzas en los productos básicos, la venta de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Además de continuar militarizando el país.

En los mentados 100 días desde que el pelele asaltó Los Pinos, el Estado Mayor Presidencial (EMP) ha hecho gala de brutalidad y conculcación de los derechos constitucionales de los mexicanos, porque una cosa es brindarle “seguridad” al espurio y otra acordonar kilómetros a la redonda la zona donde el chapelén estará unos minutos o a caso unas horas, impidiendo de esta manera que la ciudadanía realice sus actividades normales.

Recordemos que el año pasado durante los 47 días que duró el plantón sobre Paseo de la Reforma, en contra del fraude electoral, los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial –esos que no pagan impuestos-, las televisoras –el duopolio Televisa y TV Azteca-, las radiodifusoras, la mayoría de los impresos –revistas y periódicos-, además de no pocas plumas compradas, se encargaron de llenarnos día y noche la cabeza con la historia de que eso era anticonstitucional, pese a que lo único que se impedía era el tránsito vehicular, pero no el de personas. Ahora que es el EMP y la prepotencia del ilegítimo quienes sí impiden el libre tránsito de personas, que además golpean a periodistas por el hecho de cumplir con su trabajo –garantizado en la Constitución- y que también quitan los derechos de manifestación libre y pública de ideas, todos guardan el silencio cómplice y cínico. ¿Dónde están esos defensores de la libertad de expresión y la democracia? Puro cuento, pues todos son hijos de la misma madre llamada impunidad y prepotencia.



El constitucionalista Raúl Carrancá afirma que las propuestas federales son un "gravísimo error de forma y fondo", que otorgarían al Estado "un poder inaudito", que utilizaría para combatir la delincuencia, pero también para otras cosas, y "eso está demostradísimo, aunque pregonen y griten que no".

Se trata, argumenta, de una política equivocada que obedece a presiones de Estados Unidos para "soltar inversiones y apoyos económicos. Saco estas conclusiones porque los ministros de la Suprema Corte se han atrevido a decir que la cadena perpetua no es inconstitucional".

Con la integración de un código penal único y el otorgamiento de mayores poderes al Ministerio Público (MP), como demanda Calderón Hinojosa, los derechos humanos quedarían "en el bote de basura", destaca el jurista, para quien la cadena perpetua, entre otras medidas anunciadas, podría resolver por unos meses el problema de la delincuencia que enfrenta el Estado, "pero a la larga no ataca el problema de fondo".


Elisur Arteaga Nava, constitucionalista e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirma que la iniciativa es "inconstitucional"; no se pueden ejecutar de forma unilateral acciones orientadas a la aplicación de la justicia sin consultar a la sociedad y alcanzar consenso, advierte.

"Cualquier reforma a la Constitución para permitir la aplicación de estas medidas significaría que, "con el pretexto del combate al narcotráfico, se fortalecerían las atribuciones de la Procuraduría General de la República, pero al mismo tiempo se acabaría con el estado de derecho y el respeto a la ley, pues con esas atribuciones no sólo se violan las garantías fundamentales, sino que estaríamos en peligro de ser acusados de cualquier delito", dijo.

La Jornada 11 de marzo de 2007



El siguiente es un reportaje tomado de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx

Los golpeadores de Calderón

Daniel Lizárraga

Refugiado en el manto protector de las Fuerzas Armadas, inequívoca ya su proclividad a las demostraciones de poder y fuerza, el presidente Felipe Calderón no podría contar con un Estado Mayor Presidencial disociado de esta lógica. Y ello por lo visto no les disgusta a los integrantes de este cuerpo militar de “élite”. Muy al contrario de los principios que recita su retórica castrense, que habla de “discreción” y “sensatez”, los guardias de Calderón han encontrado en lo ostentoso una razón de ser, y en la brutalidad un pasatiempo...

Si algo ha cambiado en los primeros 100 días del gobierno de Felipe Calderón es el Estado Mayor Presidencial (EMP), que luego de respetar durante varios sexenios los principios de legalidad, sensatez y discreción en sus operativos de seguridad, procede ahora cada vez con más ostentación, violencia y otros excesos que afectan derechos de las personas.

Bajo el mando del general de Brigada Diplomado de Estado Mayor Jesús Castillo –a quien sus subordinados suelen referirse como “JC”–, en los actos de Felipe Calderón en zonas urbanas el EMP despliega cientos de elementos hasta en dos kilómetros a la redonda y coloca decenas de vallas metálicas, mientras las azoteas se usan para apostar equipos de francotiradores.

A diferencia de su comportamiento habitual de las últimas dos décadas, muchos elementos del EMP, hiperreactivos, responden a golpes a la menor provocación no sólo contra manifestantes pacíficos o seguidores de Andrés Manuel López Obrador, sino también contra reporteros y fotógrafos, además de maltratar a comerciantes e impedir el trabajo de servidores públicos.

Presionados por mantener a salvo y alejado de cuestionamientos directos a Felipe Calderón, los altos mandos del EMP han tomado medidas como la del pasado 21 de febrero en Sinaloa, cuando colocaron a cientos de policías locales y elementos de Guardias Presidenciales para hacer una valla de 25 kilómetros de largo, lo que mide el tramo carretero que va del Aeropuerto Internacional de Mazatlán al muelle del Parque Bonfil, donde Calderón presentó su política pesquera.

En ese recorrido –que demoró unos 30 minutos–, cada 100 o 150 metros se veía una pareja de vigilantes vestidos de civil atentos a cualquier movimiento extraño en los caseríos hasta que, ya en Mazatlán, la caravana presidencial fue desviada con el fin de que Calderón no se topara con una manifestación que impugnaba el pasado proceso electoral.

En actos oficiales, dentro o fuera de la Ciudad de México, los elementos del EMP impiden a los comunicadores pasar con revistas y periódicos, con el argumento de que allí podrían esconder armas o cartulinas con leyendas contra el presidente.

El 8 de enero en Yautepec, Morelos, por ejemplo, obligaron a la reportera de El Financiero Angelle Hernández a dejar en la entrada del acto un ejemplar de Proceso, y unos días después, en el hotel Sheraton de la Ciudad de México, exigieron a un reportero de El Universal sacar de su maletín los diarios que llevaba.

Para este año 2007, el primero de Felipe Calderón en el poder, el Congreso de la Unión autorizó al Estado Mayor Presidencial un presupuesto de 781 millones 876 mil 297 pesos –unos 28 millones más respecto del último año del gobierno foxista– y la compra de dos helicópteros.



Las tanquetas



La tarde del lunes 26 de febrero, en uno de los cuarteles del EMP instalado dentro de la residencia oficial de Los Pinos, identificado oficialmente como “Batallón de Tropas de Asalto”, se alistaron dos tanquetas antimotines que desde afuera, a través del enrejado principal, podían distinguirse fácilmente. Dos miembros del EMP se movían a su alrededor mientras uno de sus superiores los observaba.

A menos de un kilómetro de ahí, sobre la calle de Chivatito, aproximadamente 5 mil personas, pertenecientes al Movimiento de Resistencia Civil Los de Abajo, realizaban un plantón luego de haber marchado por la avenida Reforma.

A través de megáfonos planteaban demandas relacionadas con el salario, la soberanía alimentaria y la economía popular, además de lanzar consignas contra el neoliberalismo y anunciar que el próximo 20 de marzo organizarán una manifestación contra la política económica del presidente Calderón. Nada más.

Nunca tocaron, y ni siquiera se acercaron, a las vallas de tres metros de altura que les puso el EMP, como las utilizadas en los alrededores de la Cámara de Diputados el pasado 1 de diciembre, cuando el nuevo mandatario rindió la protesta de ley.

Las agrupaciones civiles provenientes de Tabasco, Oaxaca, Estado de México, Zacatecas y Guerrero nunca supieron que detrás de esas enormes vallas había por lo menos unos 300 integrantes del EMP, colocados estratégicamente en hileras de resistencia y con su uniforme de seguridad: overol y gorra negros.

Se trataba de un movimiento inusual para el tamaño de la manifestación. En grupos de 12, 16 y 18, los militares trotaban hacia las dos entradas principales de la residencia oficial. No importaba que los manifestantes estuvieran sólo sobre la calle de Chivatito; ellos reforzaron todas sus posiciones, e inclusive integrantes de Guardias Presidenciales formaron un cordón frente al Museo del Estado Mayor.

Los altos mandos, algunos vestidos también de overol negro, no dejaban de lanzar órdenes y de recibir partes oficiales por medio de los “chícharos”, en tanto que, al otro lado de la residencia oficial, grupos de la Policía Militar redoblaron la vigilancia en la puerta número uno. Otros trotaban, en filas de dos en fondo, hacia las rejas que dan al Periférico.

Antes de que arribaran los manifestantes a la calle de Chivatito, seis o siete militares cruzaron armados por uno de los puentes peatonales. Cuando este reportero y Ernesto Núñez, del periódico Reforma, intentaron atestiguar de cerca la intensa movilización de tropas, fueron videograbados por elementos del EMP y luego sacados de ahí con el argumento de que se estaba invadiendo la zona de seguridad.

La estación del Metro Constituyentes fue cerrada. En las avenidas Constituyentes y Parque Lira también colocaron vallas de tres metros de alto. No había forma de cruzar los puentes y pululaban los militares ataviados con overol y gorra negros. Este cordón de seguridad sólo se retiró cuando se fueron los manifestantes. Las tanquetas, listas para ser usadas, permanecieron a la entrada del cuartel.

Esa vez las cosas no pasaron de allí, pero la tensión, el nerviosismo y la ira de algunos elementos del EMP fueron patentes, por lo menos desde el 15 de diciembre de 2006, durante el último informe de labores del entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela, a cuya ceremonia, como cada año, acudió el jefe del Ejecutivo como invitado de honor.

De acuerdo con las crónicas publicadas al día siguiente, alrededor de las 15:45 horas, cuando decenas de personas aguardaban detrás de las vallas para ver al nuevo mandatario, una de ellas alzó una pancarta y otras gritaron consignas contra él.

Tres elementos del Estado Mayor Presidencial se colocaron rápidamente frente a los manifestantes, que continuaron gritando: “¡Espurio!”, “¡No pasará!”.

Entonces uno de los guardias les arrebató una pancarta. La gente reclamó a gritos a los miembros del EMP y alguien más sacó una cartulina que mantenía oculta entre sus ropas. Otro militar se la quitó y, frente a ellos, la rompió. En respuesta, uno de los manifestantes le dio un golpe en la cara con una delgada vara.

El militar, enfurecido, le lanzó un puñetazo. Otros 10 de sus compañeros se abalanzaron contra los manifestantes. Los golpearon y, aun cuando uno de ellos ya estaba en el piso, inmovilizado, lo siguieron pateando.

Después de que Calderón salió de la Suprema Corte, uno de los manifestantes, con la nariz rota y sangrante –dijo llamarse Juan José Castillo– señaló que era integrante de la Asamblea de Barrios...



Contra la prensa



El 16 de febrero de 2007, durante la 31 reunión ordinaria de la Conferencia Na-cional de Gobernadores (Conago), celebrada en Tlaxcala, se impidió el acceso a manifestantes al sitio del encuentro y no dejaron pasar a los empleados de tiendas y comercios.

No obstante, el caso que más llamó la atención fue el del fotógrafo del diario Reforma Luis Castillo, quien fue brutalmente golpeado por el EMP y tuvo que ser trasladado a un hospital de Puebla. Esta es la crónica, publicada en ese mismo diario:

Elementos del Estado Mayor Presidencial sometieron y golpearon al reportero gráfico de Grupo Reforma Luis Castillo, provocándole lesiones en el rostro, cuello, hombro y brazo izquierdos.

El incidente se produjo previo al desayuno que sostienen mandatarios estatales que integran la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con el presidente de la República, Felipe Calderón.

Cuando un grupo de fotógrafos intentó aproximarse hacia el Palacio de Gobierno de Tlaxcala (sede del desayuno), en el momento que arribaba el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas, elementos del Estado Mayor arremetieron a empellones contra ellos.

El fotógrafo Luis Castillo fue sometido por la espalda y derribado por un efectivo del Estado Mayor Presidencial y luego otro efectivo lo golpeó y pateó en el piso, conforme al testimonio de Castillo.

Un elemento alto, de tez blanca, de pantalón oscuro y camisa clara, pisó la cara del fotógrafo luego de gritarle: “¡te estoy diciendo que te vayas!”.

Después fue levantado del cinturón y aventado hacia la zona donde están los portales.

“¿No que no te ibas?”, le dijo el mismo elemento del EMP.

El fotógrafo fue despojado de su cámara y de la tarjeta digital. Minutos después, ya que había sido desalojado de la sede de la reunión, un elemento del EMP que declinó identificarse le regresó la cámara fotográfica averiada.

Luis Castillo permanece en un hospital privado, donde es atendido de sus lesiones y se encuentra bajo observación.

Pero ese mismo día el cerco militar también había impedido que se acercaran al hotel Misión –sede de la reunión de gobernadores– integrantes de la Alianza Binacional Braceroproa, quienes sólo pretendían entregar al presidente Calderón una carta donde le exponían su situación.

Al día siguiente, personas que se identificaron como miembros del EMP acudieron al hospital privado en el que Castillo fue atendido para realizar –eso dijeron a los empleados administrativos– una investigación. Quisieron ver el expediente médico, el tipo de lesiones y hablar con los doctores que lo trataron.

Y el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Max Cortázar, envió una carta a Reforma en la que lamentó lo sucedido con su reportero gráfico. No obstante, apenas unos días después, el viernes 23 de febrero, el propio Max Cortázar sufrió en carne propia los excesos de los militares.

Cuando acompañaba al presidente Calderón en una gira de trabajo por Jalpa, Zacatecas, un elemento del EMP le impidió el paso al Salón de Usos Múltiples del municipio, donde se dio a conocer el programa oficial Remesas y Acceso a Servicios Financieros.

El militar sólo permitió ingresar a las personas que caminaban muy cerca del mandatario, como la gobernadora Amalia García. Los demás ya no pudieron pasar. Molesto, Cortázar intentó meterse al sitio destinado a los invitados, pero el EMP se lo impidió. Hubo jaloneos y gritos hasta que apareció el teniente coronel de artillería Diplomado de Estado Mayor Mario Castro Méndez, quien reprendió severamente a su elemento.

Más tarde, antes de que concluyera la gira, el jefe del Estado Mayor, Jesús Castillo, llevó al guardia ante Cortázar para que personalmente le pidiera disculpas. De acuerdo con versiones de quienes asistieron ese día a la gira, este militar reprendido argumentó que sólo había cumplido con las órdenes de sus superiores.

Un día antes, durante un recorrido por Ciudad Valles, San Luis Potosí, un solitario perredista, Francisco Coronado, se había colado entre la gente que saludaba al presidente con el propósito de entregar a Calderón un fólder con hojas que decían: “espurio”, “usurpador”, “pelele”.

“No amigo, gracias”, respondió el mandatario.

“No se espanten, soy de izquierda y soy del PRD. Aquí lo importante es decir (al presidente Calderón) que es un usurpador; es la verdad, no supo ganar ni supo perder. Se pidió voto por voto y no aceptó”, dijo el perredista.

Coronado se refirió también a la confesión de Vicente Fox en el sentido de que, tras perder la batalla por el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el 2 de julio se desquitó con la derrota del perredista.

Según el libro El Estado Mayor Presidencial –editado por cierto durante el gobierno de Vicente Fox–, entre los principios rectores del EMP están la “lealtad”, la “honestidad”, el “profesionalismo” y la “discreción” que, explica, son tradiciones consolidadas a partir del nacimiento de esta institución, en 1863.

Respecto de la “discreción” que deben guardar los elementos del EMP, el libro indica: “En el Estado Mayor, este es un valor que reviste una importancia vital, siendo imprescindible que sus miembros observen en todo momento y en toda actividad una conducta reservada y prudente”.

Y agrega: “La sensatez y el tacto son fundamentales; por ello (un integrante del EMP) debe evitar acciones o comentarios que vulneren la seguridad, que lesionen la imagen del organismo o denigren su propia persona”.



Los despliegues



El hecho es que en todas partes, trátese de Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Nuevo León, Jalisco o la Ciudad de México, el EMP despliega toda la fuerza militar que resguarda en los cuarteles.

El 23 de enero, por ejemplo, Calderón entró por vez primera al Palacio Nacional para atestiguar la Primera Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), arropado por un operativo de seguridad en el que participaron alrededor de 4 mil elementos federales, del Distrito Federal y del EMP.

El fin de semana anterior, el gobierno mexicano había entregado a 15 capos de la droga a Estados Unidos, de manera que el día 23 se reforzaron los equipos de francotiradores y de sensores de movimientos en edificios contiguos.

Aunque la reunión donde participaron los gobernadores y el Gabinete de Seguridad transcurrió sin sobresaltos, el primer cuadro de la ciudad era un caos.

Y no precisamente por la menguada marcha de perredistas al Zócalo –si acaso 50 personas– encabezada por Gerardo Fernández Noroña, entonces vocero del PRD, sino por las vallas metálicas que impidieron el paso alrededor de unos dos kilómetros a la redonda del Palacio Nacional.

Nadie podía acercarse al recinto a menos que lograra identificarse como comerciante, funcionario o reportero. Y una escena parecida, con militares que vestían ropa de camuflaje y con francotiradores en las azoteas, se repitió el 5 de febrero, cuando antes de que llegara Calderón para conmemorar el aniversario número 150 de la Constitución de 1857, y el número 90 de la Constitución de 1917, fue aprehendido el perredista Fernández Noroña.

Actualmente, según la información oficial, el EMP cuenta con alrededor de mil 862 elementos, distribuidos básicamente en tres grupos: Cuerpo de Guardias Presidenciales, 24 Batallón de Infantería de la Armada y Grupo Aéreo de Transportación Presidencial.

Un elemento del EMP puede considerarse dentro de la élite castrense mexicana. Sus tareas requieren de un alto grado de especialización, y en ellas debe guiarse, también, por los principios de “legalidad y respeto a los derechos de las personas”, como reza el libro El Estado Mayor Presidencial, editado por el Fondo de Cultura Económica.

Entre los cursos que reciben los miembros del EMP destacan los relativos a la protección de funcionarios, seguridad en instalaciones, manejo ofensivo-defensivo, localización de aparatos explosivos, defensa personal, prevención de secuestros y de ataques criminales.

Y como dentro de todas esas tareas son fundamentales el manejo de armas y tiro, el 26 de enero de 2004 el EMP inauguró en sus instalaciones un simulador de tiro virtual equipado con la más avanzada tecnología: el Centro de Adiestramiento Especializado “Presidente Vicente Fox Quesada”.