La realidad que el pepele no quiere ver

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha.

Un paseo por las realidades que vive el país y que el gobierno del usurpador Felipe Calderón Hinojosa, ignora o minimiza en su afán de hacernos creer en Carderolandia.


El gobierno del presidente Vicente Fox, investigó menos de 2 por ciento de las más de 500 personas desaparecidas en la denominada guerra sucia de la década de los 70 y principios de los 80, con lo cual la recomendación 26/2001 que le emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) quedó parcialmente cumplida, aseveró a este diario el primer visitador de ese órgano, Raúl Plascencia Villanueva. "Más de 98 por ciento de los casos de desapariciones forzadas continúan en la impunidad. No se ha hecho justicia y sigue pendiente una respuesta puntual a cada caso."
La Jornada 5 de marzo de 2007


A fin de convencer a soldados y marinos para que se incorporaran como agentes federales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, ésta les ofreció salarios mensuales que van de 7 mil 308 hasta 56 mil 129 pesos. Empero, la invitación fue prácticamente desechada, según información recabada por este diario, de enero a la fecha, apenas unos 700 soldados y 65 marinos (todos ellos de bajo rango) aceptaron, mientras que ningún oficial se enroló por considerarlo ''aventura sexenal''.
La Jornada 5 de marzo 2007

El presidente del Congreso del estado de Chihuahua, Joel Aranda Olivas, presentó una demandan de juicio político contra magistrados de esa entidad, por supuesta violación a la soberanía de esa entidad e interrumpir el Estado de derecho.
La querella es contra los ministros Marco Antonio Rivera Corella y Olivia del Socorro Heiras Rentería de Mencicidor, y el juez federal de distrito, Ascensión Galván Carrizales, que supuestamente pusieron en entredicho la relación de los poderes y por imponer a dos magistrados en una misma sala.
El Universal, 5 marzo 2007

Las instituciones financieras de México aún son vulnerables ante las diversas operaciones de lavado de dinero que realizan los cárteles de la droga, así lo refiere el Departamento de Estado de Estados Unidos, quien afirmó que todavía se introducen al sistema mexicano grandes cantidades de dinero ilícito.
Los funcionarios estadunidenses calculan que desde 2003 a la fecha las organizaciones mexicanas han lavado 22 mil millones de dólares en instituciones financieras de nuestro país, todo producto de la venta de droga en diversos estados de la unión americana.
Milenio 5 de marzo de 2007

Y para quedar convencidos que los partidos políticos no harán leyes que beneficien al país, sino más bien a ellos mismos, a los demás poderes y a los poderes fácticos, a continuación un reportaje tomado de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx

Otra reforma "light"

Jesusa Cervantes y Rosalía Vergara

Lo hicieron de nuevo: los mismos partidos que han clamado por una reforma de Estado utilizaron el tema para impulsar modificaciones legales que los favorezcan rumbo a las elecciones de 2009 y 2012. Al mismo tiempo, escamotearon cambios como el hacendario, que funcionan en el discurso pero no en el viciado mundo del poder real.


Aunque dicen estar de acuerdo en que el país necesita una reforma de Estado para dirimir las profundas diferencias políticas que persisten tras la pasada elección presidencial, los partidos representados en el Congreso de la Unión están dispuestos en realidad a sacar adelante pequeñas reformas que apuntan a satisfacer sus intereses, en particular los de tipo electoral.
El PAN ha condicionado su participación en la aprobación de la "ley para la Reforma de Estado"; el PRI trata de limitar los alcances de la misma, y el PRD ha tenido que sumarse a las propuestas del tricolor.

A diferencia de las iniciativas anteriores en el mismo sentido y que estuvieron enmarcadas en "acuerdos políticos" como los de 1990 y 1995, con el presidente en turno como principal impulsor –Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, respectivamente–, ahora el Ejecutivo no juega ese papel. En cambio, fue el PRI el que presentó la iniciativa de "Ley de Reforma de Estado" con el supuesto propósito de concretar la "transición democrática" y lograr la "estabilización de la política".

El pasado 14 de noviembre, al plantear la iniciativa, el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones Rivera, argumentó que a pesar del reconocimiento de Felipe Calderón como presidente de la República por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la polarización "no ha permitido encauzar el conflicto político y ha generado un déficit de legitimidad, de ahí que las posturas de desencuentro y descalificación entre los actores políticos tienden a agravar la situación de parálisis y falta de consenso vividos en los últimos seis años".
Después de cuatro meses de negociación y sin que haya participado el Ejecutivo, el próximo jueves 11, los diputados aprobarán la iniciativa con diversas modificaciones, respaldadas por el PRD y aceptadas por el PAN. Los temas de discusión serán: reforma electoral, régimen de Estado, federalismo, sistema judicial y garantías sociales. La discusión de la reforma hacendaría quedará fuera del paquete.

Al llegar la iniciativa a la Cámara de Diputados, en noviembre pasado, los panistas se opusieron abiertamente a ella por considerar que el mecanismo establecido para el procesamiento de las propuestas da una sobrerrepresentación al Senado y otorga el mismo valor al voto del PAN que al del resto de los partidos. Además, objetan que se le asigne la presidencia de la Comisión Ejecutiva que se creará al presidente del Senado durante los primeros seis meses, para entregarla durante el siguiente período –de igual duración– a la Cámara de Diputados.

Y es que la propia ley establecería que los cambios deberán ocurrir en un año. La mencionada Comisión Ejecutiva estará compuesta por los ocho coordinadores de partido de la Cámara de Diputados y los seis del Senado, además de un representante del Ejecutivo federal. Sobre este último punto, el PAN pretende que se le otorgue al gobierno más posiciones o que de plano no esté representado.

De esta forma, en caso de que el PRI y el PRD formen bloque en las votaciones, el PAN estaría siempre en desventaja porque su único posible aliado, el Partido Nueva Alianza (Panal), le daría sólo dos votos, más el del Ejecutivo en caso de que participe y el del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el panista Jorge Zermeño.

En todo caso, las reformas serán votadas por consenso y no por voto igualitario de los partidos, como se proponía originalmente, ni por "voto ponderado" –que tomara en cuenta el número de legisladores de cada partido– como sugirió el PAN. La subcomisión redactora de las propuestas será integrada por especialistas que avale la Comisión Ejecutiva.

Al igual que los perredistas, el PRI pretende que la primera reforma sea la electoral y se defina en los próximos seis meses. Los documentos del PRD incluyen la propuesta de sustituir el nombre del Instituto Federal Electoral (IFE) por el de Instituto Nacional de Elecciones. Esto abre la posibilidad de cambiar el actual Consejo General del IFE y reducir de nueve a siete el número de consejeros antes de las elecciones de 2009 y 2012. El PRI ha manifestado abiertamente su deseo de que los actuales consejeros dejen sus cargos.


PRI: jugada hacendaria


Desde la época de Ernesto Zedillo, el PRI, el PAN y el PRD han debatido sobre la reforma del Estado, pero los resultados se han limitado a meras reformas electorales. No parece que sea distinto en esta ocasión.

El PRD propuso el 9 de noviembre pasado un punto de acuerdo para arrancar la discusión del tema en la Cámara de Diputados, pero el PRI prácticamente lo desechó al no darle trámite en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que encabeza el diputado tricolor Carlos Chaurand.

Ese bloqueo era necesario para que el PRI, y sobre todo su coordinador en el Senado, Manlio Fabio Beltrones Rivera, asumiera la paternidad de la iniciativa e incluyera en ellas reglas que limitan la participación del Poder Ejecutivo a la vez que abren la posibilidad de conformar un bloque de priistas y perredistas.

Lo paradójico es que en 1990, cuando se sustituyó la cuestionada Comisión Federal Electoral por el IFE para darle salida a la inconformidad del PRD por la imposición de Carlos Salinas de Gortari dos años antes, el operador de dicha transformación fue Beltrones Rivera. Ahora, el propio senador priista busca que otro órgano de nueva creación –el Instituto Nacional de Elecciones– organice los comicios intermedios de 2009 y los presidenciales de 2012.

El coordinador del PAN en el Senado, Santiago Creel, avaló desde el principio la iniciativa de Beltrones. Sin embargo, el PRD, para evitar reducir la reforma de estado en un simple cambio electoral –que también le interesa–, condicionó su apoyo a la inclusión de un tema que para ese partido es central y que ya contemplaban en su punto de acuerdo del 9 de noviembre: la reforma hacendaria.

El legislador Juan Guerra, autor de la malograda propuesta de punto de acuerdo y negociador del PRD en las discusiones de la Cámara de Diputados, explica que ya habían acordado con los senadores de su partido que Leonel Godoy, presidente de la comisión de la Reforma de Estado, negociara dicho punto y la modificación de los plazos para presidir la Comisión Ejecutiva.
"En el Senado logramos que, en lugar de que la presidencia se dividiera en seis y seis meses para los presidentes de cámara, se modificara a cuatro meses para Beltrones, cuatro para el presidente de la comisión de Reforma de Estado en el Senado –el PRD– y los cuatro últimos para el presidente en turno de la Cámara de Diputados", especifica Guerra.

A pesar de que, según ese acuerdo, el PAN estaría al frente sólo los últimos meses del plazo para lograr todas las reformas propuestas, Creel y su bancada aprobaron el dictamen, lo que molestó a los diputados panistas, quienes le enmendaron la plana al respecto.

Pero quedó a discusión el tema de la reforma hacendaria, que a partir de entonces fue la moneda de cambio en las negociaciones de la Cámara de Diputados.

Como el PAN rechaza la inclusión del tema, intentó bloquear la propuesta. El lunes 26 de febrero, el panista Jorge Zermeño, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, declaró que "no se necesita una ley para hacer leyes".

Según Juan Guerra, en ese momento el PRD tuvo claro que Acción Nacional quería "reventar toda la ley en la Cámara" de Diputados.

Al día siguiente, el negociador del PRI, Marco Antonio Bernal –operador de Beltrones Rivera–, habló con el diputado Guerra y también condicionó la aprobación de la ley a la eliminación del tema hacendario.

El miércoles 28, los integrantes del Frente Amplió Progresista (legisladores perredistas, del PT y Convergencia) acordaron con Beltrones y el coordinador de los diputados priistas, Emilio Gamboa, mantener el bloque para sacar adelante la ley. Pero ahí se confirmó el doble juego priista: Gamboa pidió a los perredistas eliminar la reforma hacendaria porque era la única forma de lograr la ley, a pesar de que en el Senado el propio Beltrones había negociado su inclusión.

"Aquí, el que insiste en que no entre ese tema es el PRI, y el PAN lo respalda", establece el diputado Juan Guerra. Para el PRD, que votará a favor de la ley, el tema hacendario no puede quedarse fuera de una reforma de Estado, por lo que exigirán su inclusión al votar en lo particular.

Y es que la reforma hacendaria que propone el PRD, a decir del diputado Guerra, obligaría a los grandes empresarios a pagar todos sus impuestos, mientras que el PRI ha creado a lo largo de los años un sistema de concesiones hacia los grandes corporativos, que el PAN ha refrendado.
"No hay reforma del Estado sin regulación de poderes fácticos –agrega–. Si dichos poderes no pagan impuestos, nunca va a haber una reforma de Estado ni política, siempre te la va a sabotear el privilegio de ese poder. Pero con corporaciones que tienen de empleados a funcionarios y a presidentes, no es posible una reforma política. Lo que ha saboteado las reformas políticas o lo que hemos avanzado en la reforma electoral, son los poderes fácticos."

La razón, aduce, es que "a los poderes fácticos siempre les va a salir más barato comprar campañas de presidentes que pagar impuestos. Por eso no es raro que esté atorado el asunto".
–¿Eliminar la reforma hacendaria es propuesta del PAN o del PRI? –se le pregunta al legislador.
–Del PRI. Y el PAN lo respalda –afirma.

Hasta el momento, dice Guerra, los perredistas no saben si se trata de un juego entre los coordinadores priistas Beltrones y Gamboa, "pero lo que es un hecho es que fue aquí en la cámara donde se bloqueó el tema… El problema es que el PRI tiene personalidades demasiado comprometidas con los poderes fácticos y son obedientes a ellos".

A su vez, el PAN da sus razones para la supresión del tema hacendario de una reforma de Estado. Rogelio Carvajal, negociador de ese partido en la Cámara de Diputados, afirma en entrevista que el tema no debe incluirse en la iniciativa porque la Constitución otorga sólo a los diputados la facultad de fijar impuestos y todo lo relacionado con los asuntos fiscales y tributarios.

Pero existe otro elemento que para el panista es vital: evitar que la discusión hacendaria se contamine: "Hay que respetar ese espacio (legislativo) para que se lleve a cabo sin los vaivenes de los temas políticos que están más relacionados con la reforma del Estado".

No obstante, el gobierno federal ha estado presionando al presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, para que se aprueben las propuestas del Ejecutivo federal para nuevo vicegobernador del Banco de México, Carlos Hurtado, y la reelección del vocal independiente del IPAB, Héctor Tinoco. Pero los senadores priistas le han respondido a Calderón que eso no está a negociación.
El diputado Manuel Cárdenas, del Partido Nueva Alianza (Panal) y también negociador de esta ley, confirma su oposición a que se incluya el tema hacendario.

De esa forma, el asunto parece decidido: aunque el PRD votará de manera particular contra la exclusión del tema en la ley, el presidente de la Comisión de Hacienda, el priista Jorge Estefan Chidiac, ya anunció que será el Ejecutivo quien envíe la iniciativa de reforma hacendaria. Incluso dijo que el pleno la votará antes de agosto.


Forcejeo electoral


Las actual posición del PAN para aceptar la ley de reforma de Estado consiste, además de eliminar el tema tributario, que la votación en la Comisión Ejecutiva sea por consenso, que al Ejecutivo federal se le den más lugares en la citada comisión "o de plano que salga" y que la reforma electoral no modifique al IFE ni imponga la sustitución de sus actuales consejeros antes del plazo vigente.

Ello reduciría sensiblemente el alcance de la llamada reforma de Estado. En el aspecto electoral, para el PRI y el PRD el primer tema de discusión es una reforma que implique la renovación de su Consejo General, para que no sean los actuales integrantes quienes organicen los próximos comicios, y el cambio de nombre del IFE a fin de que los actuales consejeros no puedan ampararse.

"Los consejeros se sustituirán cuando se tenga que hacer, en 2010", dice al respecto el panista Rogelio Carvajal.

Pero incluso en este tema hay diferencias, derivadas del interés de cada partido. Los perredistas proponen la eliminación total del financiamiento privado, reducir el flujo de recursos públicos, acortar los tiempos de campaña y utilizar sólo el tiempo oficial en los medios de comunicación. Con esto se evitaría que las televisoras se beneficien de los millonarios recursos que actualmente ejercen en propaganda los partidos y terminaría con la posibilidad de que grupos empresariales ataquen o promuevan a candidatos.

De todo esto, el PAN sólo está de acuerdo en reducir el financiamiento privado. El legislador Rogelio Carvajal afirma, sin embargo, que se debe mantener el derecho de los partidos a hacer propaganda en el tiempo y el espacio que consideren necesario.

Además, dice que Acción Nacional propondrá nuevas reglas para las coaliciones, de modo que los partidos que las integren sólo obtengan el número de curules correspondiente a los votos que recibe cada uno, "para que la coalición no se convierta en el salvavidas de un partido político".
Ningún partido oculta su propósito político. Incluso, el PAN y el Panal no descartan que detrás de la iniciativa de ley de Reforma de Estado exista un interés personal.

–¿Qué motiva esa ley o qué hay detrás? –se le plantea a Carvajal.

–Pues hay que ver quién es el autor de la misma, quién es el presidente del Senado y de dónde viene.

–¿Hay una intención política personal?

–Creo que todo aquel que lleva una iniciativa al pleno de las cámaras tiene un interés político. A nadie debe asustar eso.

–¿Podría tener algo que ver con las elecciones federales?

–Repito: todas las iniciativas y reformas de cualquier diputado, claro que llevan una intencionalidad política. Pero si la aprobación es por consenso, se difumina toda pretensión.
Una manera de evitar que alguien se beneficie personalmente con esta ley, dice el panista, es entender que todas las reformas deben pasar antes por comisiones, donde el voto es ponderado y no por partido político, como sucederá en la Comisión Ejecutiva.

El diputado del Panal, Manuel Cárdenas, es más claro:

– Sí, hay una intención y es por parte de Beltrones.

–¿Y hacia dónde cree que va Beltrones?

– En política siempre estás mirando hacia adelante. Habría que ver quién es el presidente del Senado... Hay que tomar en cuenta que la sucesión de un gobierno inicia en el primer minuto que entra.