Protestan en Alemania contra el populista usurpador

Fotos tomadas del periódico Reforma.

Las protestas persiguen al usurpador Felipe Calderón Hinojosa por el mundo. Si bien es cierto que el estado mayor presidencial impide –como en los mejores tiempos del traidor y ladrón de Vicente Fox Quesada- que el pelele sea interpelado por personas en lo que es una clara violación al derecho constitucional a la libre manifestación de ideas, poco puede hacer en el extranjero. El espurio tuvo que cambiar la sede de una reunión con empresarios en Berlín –anunciada para ayer- debido a que varias organizaciones defensoras de los derechos humanos se prepararon para recibirlo como se merece por la barbarie desatada contra los oaxaqueños por parte del gobierno federal y el asesino de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz. El evento fue reprogramado para hoy pero se tratará de una reunión secreta a la cual ni siquiera los reporteros mexicanos están invitados.

Esa es la presión que desarrolla el marcaje personal contra el espurio tanto en México como en el extranjero, muy a pesar de los medios de comunicación paleros y el millonario gasto –de nuestros impuestos- que el chapelén destina al cuidado de su imagen. Un logro indudable de los medios alternativos y de la resistencia que mantienen informada a la población de las actividades del también llamado “presidente pirata”.

Y es que mientras el espurio se pasea por Alemania, en la ciudad de México miles de taxistas provenientes de zonas del estado de México cercanas al Distrito Federal rodearon Los Pinos para exigir la cancelación del pago de la tenencia , regularización de palcas, créditos para comprar unidades y acceso al Seguro Popular.

Una muestra del populismo –que antes criticaban el PAN, Fox y Calderón- el usurpador anunció subsidios para cinco millones de familias, a las que destinará 100 pesos bimestrales como apoyo para el pago de luz y gas. Se trata pues de una política populista, distinta a la que en realidad llevaría a bajar de forma generalizada los altos costos de los energéticos. En lugar de invertir en el desarrollo de plantas de energía eléctrica y refinerías, lo que traería como resultado la baja en los precios de luz, gas y gasolinas. El pelele continúa con paliativos que en poco ayudan a resolver el problema. Y esto es así porque en realidad lo que pretende es vender la CFE y Pemex, y por supuesto quedarse con su buena tajada de la transacción. Es un secreto a voces que uno de los principales interesados en entrarle al negocio es Carlos Slim, dueño de Telmex y un gran número de empresas relacionadas con los más diversos giros comerciales. Otra vez el tráfico de influencias y la protección para los monopolios que perjudican tremendamente a los mexicanos y generan un brecha tecnológica mayor en el país. Lo que garantiza el atraso social y económico de las mayorías, además de alejar la posibilidad de vivir en una democracia real. Todo en benéfico de los de siempre, políticos, empresarios, jueces, televisoras, etc.




A continuación un análisis tomado de la revista Proceso.


http://www.proceso.com.mx



Terrorismo de Estado

josé gil olmos

México, D.F., 24 de enero (apro).- El problema de Oaxaca, cuya causa esencial es el gobernador priista Ulises Ruiz, es el conflicto mexicano que mayor número de demandas y recomendaciones nacionales e internacionales ha tenido en la última década. A pesar de ello, como dicen los propios oaxaqueños, no pasa nada.

La Comisión de de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la comisión internacional de observadores, son algunas de las instancias que han comprobado una grave violación de los derechos humanos en esa entidad por parte de las autoridades estatales y federales. Habría que añadir a esta lista las denuncias que han hecho la Red Mexicana de Organizaciones de Derechos Humanos y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Desde Chiapas ningún otro conflicto había provocado tantas reacciones internacionales como el caso de Oaxaca. El asesinato, tortura, persecución, desapariciones y detención arbitraria de miembros y simpatizantes de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) forman la lista de agresiones de las que se acusan a miembros de las policías estatal y federal, así como a integrantes del Ejército.

Apenas el fin de semana pasado, la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIODH) que ha visitado México en varias ocasiones desde 1998 para observar el caso de Acteal, en esta ocasión presentó un extenso informe de observaciones y recomendaciones sobre el conflicto de Oaxaca, luego de haber realizado 420 entrevistas durante un mes con actores del conflicto, incluido autoridades, presos, agrupaciones y sectores involucrados.

En dicho informe se señalan graves violaciones a los derechos humanos como no se veían desde la llamada “guerra sucia” de la década de los setenta: actuación de grupos civiles amparados por las autoridades estatal y federal –paramilitares o parapolicías--; detención arbitraria de civiles en sus propias casas; persecución por cuestiones políticas e ideológicas; anulación de derechos procesales reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales firmado por México a los detenidos; violación a hombres y mujeres; tortura física y sicológica; amenazas de ser lanzados desde el helicóptero, y desapariciones.

En conjunto, lo que las agrupaciones nacionales e internacionales han denunciado es algo muy grave: el terrorismo de estado, definido éste como la implementación de una estrategia jurídica, política, militar y policiaca en contra de un movimiento social, con la única intención de eliminarlo.

La situación en Oaxaca es tan preocupante que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha solicitado, a través de esta instancia civil de observadores, que se instale una oficina permanente en ese estado, a fin de tener una labor de observación estrecha del conflicto.

El gobierno mexicano no puede desestimar las observaciones y recomendaciones que han hecho tanto los organismos internacionales ya reconocidos como las instancias civiles, como la CCIODH sobre lo que ha ocurrido y sigue pasando en Oaxaca, pues se trata de una estrategia de represión y persecución de movimientos populares, que comenzó a implementarse en Chiapas en 1996 con las llamadas BOM, que era una agrupación integrada por militares y agentes de la policía de los tres niveles de gobierno, utilizadas para reprimir comunidades de base del EZLN.

Durante toda una década, estas agrupaciones han sido utilizadas en distintos momentos para reprimir movimientos, entre ellos el de los campesinos de Atenco, los mineros en Lázaro Cárdenas y ahora en contra de los miembros y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Uno de los aspectos que más preocupa es la notoria y progresiva violencia con la que han actuado los agentes policiacos, algunos de ellos de la Policía Federal Preventiva (PFP), que son soldados desplazados a esta agrupación.



A la práctica de la tortura física y psicológica como las amenazas de ser lanzados desde helicópteros al mar, se suman actos de violación sexual no sólo contra mujeres, sino también contra hombres que han simpatizado con alguno de los movimientos sociales.

Estos hechos producen terror entre los activistas y en la sociedad en general, terror de seguir participando en un movimiento popular, terror para denunciar las vejaciones de que han sido objeto, terror para denunciar la desaparición de familiares.

Frente a estos hechos que se han denunciado en la opinión pública nacional e internacional, el gobierno de Vicente Fox y ahora el de Felipe Calderón han tomado una actitud de displicencia. Y no se diga de los gobernadores en turno como el de Oaxaca, que incluso se ha atrevido a declarar que hay paz y tranquilidad en el estado, gracias al uso de la fuerza.

Pero quizá lo más preocupante sea que la sociedad mexicana en su conjunto no se asombre frente a estos actos de terror, frente al asesinato, la represión, las desapariciones y violaciones sexuales cometidas en contra de grupos sociales que demandan mejores condiciones de vida.

Acostumbrarse a esta violencia, tomarla en cuenta como algo natural, es lo que más debería alarmarnos, pues como sociedad no se puede llegar a niveles de insensibilidad tan fuertes que se ignore la existencia de una estrategia de terrorismo de Estado a punto de ser institucionalizada.








Tomados de La Jornada, Helguera, Rocha y Hernández.


La siguiente es una colaboración tomada del diario La Jornada.


http://www.jornada.unam.mx



Calderón y la calidad de vida

Octavio Rodríguez Araujo

Entre telarañas, cucarachas y ratas, con los vidrios rotos y humedades en varias de sus paredes (supongo), el abandonado Palacio Nacional fue, por fin, honrado con la presencia de Felipe Calderón. Y esta arriesgada visita del presidente impuesto fue para decir otra más de sus características genialidades: que la inseguridad sigue minando la calidad de vida de los mexicanos (nota de Claudia Herrera y de Alfredo Méndez en este diario).

A 53 días de gobierno (¿gobierno?) el michoacano no había visitado el Palacio Nacional. Y en la página web de la Presidencia de la República, en la sección "galería de fotos" de Los Pinos, página 4, se puede observar, todavía, un escritorio con una fotografía de Vicente Fox y de Marta Sahagún viéndose mutuamente como dos enamorados. Ya les envié una carta comentándoles esta circunstancia, pero como el habitante de Los Pinos está muy ocupado combatiendo al crimen organizado para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, no la han corregido para poner en su lugar una foto de Calderón y Margarita, su esposa, que sería lo propio. ¿Usted tendría una página en Internet exhibiendo su casa con las fotos de los anteriores inquilinos?

Uno pensaría que Calderón es descuidado, pero no. Lo que ocurre es que dedica su tiempo a la estrategia de guerra contra el crimen organizado y a mandarle algunos capos del narcotráfico a la justicia de Estados Unidos. Con esta estrategia mata dos pájaros con un solo tiro: le hace creer a la gente que ahora sí mejorará su calidad de vida y, al mismo tiempo, recibe de las autoridades del país imperial una estrellita para la frente (¿habrá generales de seis estrellas?).

Tampoco fue descuido lo de las tortillas. No se vaya a creer. Se dejó que subiera el precio para luego llegar a un acuerdo con algunos tortilleros (no hay doble sentido) y dejarlo en 8.50 pesos, es decir, más alto que el que tenía antes. El resultado esperado, supongo, es que la economía mexicana sea estable y competitiva y que de este modo se creen más empleos. ¿Se entendió? Muy simple. Lo que ocurrió fue que uno de sus asesores le sugirió que deberían de pagar más los que más tienen, al mismo tiempo que otro, del lado opuesto, le estaba explicando que la mayoría de la población tiene hambre. Por una explicable confusión, como nos ocurre a todos cuando nos hablan dos personas al mismo tiempo, el señor de Los Pinos y visitante del derruido Palacio Nacional, entendió que había que subirle el precio a uno de los productos básicos de la dieta de los mexicanos, porque son los que más tienen... hambre. La paradoja es que las grandes empresas comerciales (los supermercados, pues) venden el kilo de tortilla a 5.80 pesos en tanto que las tortillerías de barrio lo venden a 10 y hasta 15 pesos (y no es exacto, como escribiera alguien, que los supermercados dejaran de vender el producto). ¿Ahora sí se entendió? Fácil. Como el precio de las tortillas no es oficial la Procuraduría Federal del Consumidor no puede hacer nada, ni la mayoría de la gente, salvo protestar. Y habrá protestas, pues ya se vio que con el precio de las tortillas subieron otros productos y servicios (el aumento del precio del petróleo, para que nadie se confunda, se debe a otras razones, externas).

Ahora es más cara la vida que hace unos meses, pero no deberemos preocuparnos porque habrá menos inseguridad, soldados mejor pagados, más y mejores policías y, por supuesto, coordinación de diversas fuerzas llamadas de "inteligencia" (vulgo: espionaje) para prevenir y evitar los delitos. Y todo esto en conjunto, si Calderón y los gobernadores ganan la guerra, significará mejor calidad de vida para los mexicanos.

No cabe duda de que alguien les hizo creer que la seguridad y no la comida es la principal demanda de los mexicanos, lo que quiere decir que la marcha del 27 de junio de 2004 caló hondo... entre la clase media que sí come, y come bien. Pero esto no debe sorprender: éste no es un gobierno de empresarios para empresarios, sino de clase media para empresarios. Hay diferencia. Y, para evitar dudas al respecto, Calderón Hinojosa acaba de citar a Benito Juárez (en Los Pinos, no en Palacio Nacional) en relación a los sueldos de los funcionarios: éstos deben permitirles "vivir en la justa medianía", es decir, entre la opulencia y la pobreza o, de otra manera, como la clase media. ¿Y por qué no con salario mínimo? Este sería hasta educativo. Con salario mínimo los funcionarios sabrían para qué alcanza y entenderían mejor las necesidades del pueblo. ¿Cuántas tortillas comería Eduardo Sojo si ganara un salario mínimo?