SCJN de espaldas al país

El siguiente es un artículo tomado de la revista Proceso.

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Huellas sucias

Jorge Carrasco Araizaga

Críticas, descontento y desunión deja Mariano Azuela a su paso por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuestionado primero por reunirse con el presidente Fox para tratar el desafuero de López Obrador, y luego por negarse a investigar lo ocurrido en los comicios presidenciales, varios de los ministros que encabezó terminan manifestando su desacuerdo con la moralina de su Código de Ética y los dispendios en privilegios, en la construcción de edificios innecesarios y hasta en la edición de su último informe de labores...

El proceso de designación del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) generó división y descontento entre los ministros que integran el máximo tribunal del país, luego de una administración caracterizada por el dispendio, el moralismo y la actuación política a favor del Poder Ejecutivo.

A diferencia de las dos elecciones anteriores, la perspectiva de sucesión de Mariano Azuela Güitrón causó confrontación e incertidumbre desde que, a lo largo de 2006, los dos candidatos dominantes fueron caracterizados como los extremos en la interpretación jurídica: los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia y Juan Silva Meza.

Así pues, los 11 ministros de la SCJN llegan a la sesión solemne de este martes 2 de enero, para elegir a quien los representará en los próximos cuatro años (2007 a 2010), no sólo en medio de la duda, sino también con los saldos de una contienda que elevó los ánimos en varios de ellos, divididos de antemano por la actuación de Azuela, quien fue designado ministro en 1983 por el presidente Miguel de la Madrid y se jubila a finales de 2009.

Sometido a veladas críticas de algunos de sus homólogos por su actitud política y ciertas decisiones administrativas, el presidente saliente –nieto del escritor jalisciense Mariano Azuela González– se vio envuelto, además, durante los últimos días de su gestión, en la polémica y la discordia con varios de los ministros, sobre todo con los integrantes de la Primera Sala, quienes se opusieron abiertamente al manual El Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, elaborado por el propio Azuela Güitrón con el apoyo de Guadalupe Margarita Ortiz Blanco, hija del ministro Ortiz Mayagoitia.

El manual, que entre otras cosas rechaza los escotes, las minifaldas, las groserías y la asistencia a los table dance por parte de los funcionarios del Poder Judicial, hizo aflorar de inmediato críticas abiertas y evidenció la desunión suscitada por el desempeño de Azuela.

Pero ese tipo de inconformidades dentro de la Suprema Corte ya se habían observado cuando, en abril de 2004, Azuela decidió asistir a Los Pinos, llamado por el presidente Vicente Fox, con el propósito de buscar argumentos jurídicos para desaforar al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador (Proceso 1456).

Un repudio similar circuló en los ámbitos de la Corte cuando, en agosto pasado, y en torno de la elección presidencial impugnada por López Obrador, se solicitó a la SCJN investigar los comicios con base en el artículo 97 de la Constitución. Las mayores inconformidades se produjeron porque el máximo representante del Poder Judicial afirmó que ese artículo es ya “obsoleto”, “anacrónico”, que está “redactado con los pies” y que “no sirve para nada”.

Todos los indicios de que, en el caso del desafuero, el titular de la Suprema Corte había tomado partido en el conflicto político entre el presidente Fox y López Obrador condujeron a un ministro a definir lo que ocurría como “el Waterloo de Azuela”. Y aún faltaban dos años para que dejara la presidencia del máximo órgano del Poder Judicial.

No obstante que en ese mismo período fueron sustituidos cuatro ministros, los cuestionamientos a Azuela se mantuvieron hasta el final de su mandato, no por sus posiciones jurídicas –casi siempre cercanas al poder–, sino por sus decisiones de mando en la SCJN y en el Consejo de la Judicatura Federal, el organismo encargado de la administración, la vigilancia y la disciplina de los juzgados y tribunales federales, que también preside el ministro en quien recae la máxima representación de la SCJN.

En este campo, se cuestionaron: la determinación de Azuela de gastar dinero en obras y cargos administrativos innecesarios, su falta de sensibilidad y hasta su último informe como presidente de la SCJN, dedicado sólo al recuento administrativo sin mencionar ningún criterio jurisprudencial establecido por ese órgano mientras estuvo al frente de él.

La gestión de Azuela dejó, además importantes controversias pendientes, como la Ley de Juegos y Sorteos y la llamada Ley Televisa, promulgadas por el gobierno de Fox e impugnadas ante la SCJN por una mayoría suficiente del Congreso.

También quedaron sin resolver los amparos interpuestos por miembros del Ejército para no ser dados de baja por ser portadores del VIH; lo mismo que la definición de la jerarquía de los tratados internacionales respecto de la ley nacional, lo que ha significado un debate permanente en la SCJN –como en el caso de la acusación de genocidio contra Luis Echeverría–, pero sin que se haya establecido jurisprudencia.

Y aunque se le reconocen la apertura del Canal Judicial de televisión –que empezó a operar en 2006–, la transmisión en vivo de las sesiones del pleno, el Libro Blanco de la Reforma Judicial y la elaboración del reglamento interior de trabajo de la SCJN –que no se había actualizado desde 1923–, sobre el ánimo de varios integrantes de la Suprema Corte pesa más la conducta política y administrativa de Azuela, caracterizada, entre otros aspectos, por los costosos privilegios que mantuvo para los ministros, como la Dirección de Comedores, la Subdirección de Ministros Jubilados, la Dirección de Atención y Servicios o la Dirección de Arte.

Ambiente familiar

De acuerdo con el reglamento interior de la SCJN, las decisiones administrativas se toman en forma colegiada mediante ocho comités ordinarios, encabezados todos por el presidente del máximo tribunal e integrados por otros dos ministros, uno por cada sala. Pero las principales decisiones recaen en la Secretaría General de la Presidencia y en la Oficialía Mayor, un doble cargo en el que Azuela designó a Arely Gómez González, hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros de Televisa.

Arely Gómez, quien antes fue secretaria particular de Azuela, ahora pretende pasar al Consejo de la Judicatura Federal para ocupar el puesto de consejera que dejó al salir el actual consejero electoral Constancio Carrasco Daza.

Entre el personal que Arely Gómez González tuvo a su cargo se encuentra Paola Pineda Córdova, directora de Proyectos Artísticos de la Suprema Corte, responsable de los murales que recientemente se colocaron sobre bastidores en los cuatro cubos de las escaleras del edificio principal de la SCJN.

El añadido a los murales originales de José Clemente Orozco no tuvo el apoyo de todos los ministros, como tampoco la pinacoteca autorizada por Azuela con los retratos de quienes han integrado el pleno del máximo tribunal desde 1825. La directora artística es cuñada de la hija de Gómez González, Arely Freyssinier Gómez, quien también trabaja en la Suprema Corte como jefa de departamento en la Dirección General de Personal, instancia que depende de la misma persona que fue la mano derecha de Azuela en los asuntos administrativos.

No son los únicos casos de estrechas relaciones familiares en el máximo tribunal. Están también los de algunos ministros, como Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, quienes tienen a sus hijos Fernando Silva García y María Paula García Villegas Sánchez Cordero como secretarios de estudio y cuenta de la ministra Margarita Luna Ramos, quien a su vez es hermana del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Alejandro Luna Ramos.

Un caso más es el de Guadalupe Margarita Ortiz Blanco, hija del ministro Ortiz. Ella trabajó al lado del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo y ahora es secretaria ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), presidido también por Azuela. Otro hijo de Ortiz, Guillermo Horacio Ortiz Blanco, es director general de Redes de Sistemas Informáticas del mismo CJF.

Otro ejemplo es el de una sobrina del ministro Sergio Valls Hernández, Olga Valls Orantes, quien laboró en la Dirección de Difusión, una de las áreas creadas por Azuela a pesar de que existe la Dirección de Comunicación Social, sin contar la Dirección General de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales. El traslape de funciones de esas tres áreas provocó una constante fricción entre ellas.

Los dispendios

Una de las últimas acciones de Azuela más cuestionadas en el interior de la SCJN fue la elaboración del manual El Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. Altos funcionarios del tribunal consultados por este medio coinciden en el desatino cometido por Azuela “al querer aterrizar” El Código de Ética con la edición de 30 mil ejemplares de un manual lleno de ejemplos de conductas sobre las que, según Azuela, deben “reflexionar” los empleados del Poder Judicial.

Fue tal la inconformidad que los ministros que integran la Primera Sala –José Ramón Cossío Díaz, Gudiño Pelayo, Silva Meza, Sánchez Cordero y Valls Hernández– escribieron al presidente de la SCJN una carta de rechazo al texto, editado por la Dirección de Comunicación Social del CJF y escrito por Azuela, la hija de Ortiz Mayagoitia y Adriana Guadalupe Garduño Rebolledo, secretaria ejecutiva de Disciplina del mismo consejo, con ilustraciones del caricaturista Francisco Calderón.

En respuesta a esa carta, el presidente de la Suprema Corte escribió otra dirigida a todos los ministros del pleno y fechada el 29 de noviembre, en defensa del manual. Todavía en su informe final de actividades, el 15 de diciembre, insistió en esa actitud.

Por otra parte, algunos ministros criticaron así mismo la decisión de Azuela de concentrar juzgados y tribunales en Palacios de Justicia Federal, sin que ello significara el incremento de los órganos jurisdiccionales para enfrentar el rezago de casos en todo el país.

Cuando se convirtió en cabeza del Poder Judicial de la Federación, que cuenta con más de 33 mil empleados, Azuela anunció que durante su presidencia se dejarían de crear juzgados y tribunales, en lo que fue una primera medida para diferenciar su gestión de la de su antecesor, Genaro Góngora Pimentel.

Sin embargo, el gasto en la construcción o remodelación de edificios se mantuvo, como ocurrió con los 11 Palacios de Justicia Federal instalados en diversas partes del país desde 2004.

El más reciente fue el de Puebla. Azuela lo inauguró el 12 de diciembre de 2006, a escasos días de dejar la presidencia de la Corte. La construcción del edificio costó más de 500 millones de pesos y, de acuerdo con una información publicada por La Jornada el 21 de diciembre, ese gasto pudo evitarse porque los tribunales y juzgados concentrados estaban en edificios que ya eran propiedad del Consejo de la Judicatura Federal.

Pero el nuevo Palacio de Justicia, que tendrá prácticamente el mismo número de órganos jurisdiccionales que ya existían en el estado, se erigió a instancias del consejero Miguel Ángel Quiroz Pérez, quien fue presidente municipal de Puebla, funcionario del gobierno estatal y diputado federal por esa entidad.

Dicha inauguración sirvió, además, para que Azuela hiciera público su respaldo al gobernador del estado, el gober precioso, Mario Marín Torres, quien donó el terreno para la construcción del edificio luego de que, por decisión mayoritaria de la Corte, adoptada en septiembre pasado, es objeto de una investigación especial sobre el papel que tuvo en la persecución y detención de la escritora Lydia Cacho en diciembre de 2005.

En la sesión del pleno de ministros de la SCJN del 19 de septiembre, Azuela votó junto con otros tres ministros –entre ellos Ortiz Mayagoitia– en contra de que se profundizara esa investigación, ordenada por la Corte desde abril de 2006 por tratarse de un asunto de violación grave a las garantías individuales.

La detención habría sido en represalia por la publicación del libro Los demonios del Edén, en el que Lydia Cacho muestra el involucramiento en una red internacional de pederastas del empresario de origen libanés Kamel Nacif, amigo de Marín y uno de los que financiaron su campaña para gobernador.

La construcción del Palacio de Justicia Federal en Puebla siguió el camino abierto por Valls Hernández, quien antes de ser ministro de la SCJN fue integrante del Consejo de la Judicatura Federal. En su condición de consejero, Valls logró la construcción, en 2002, del Palacio de Justicia Federal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de donde es originario.

Fue igualmente criticado el dispendio de recursos en que Azuela incurrió con su informe final como presidente de la Suprema Corte, el pasado 15 de diciembre. A última hora, decidió desechar el tiraje de mil ejemplares de su discurso porque había cambiado varias citas de su intervención, de manera que la versión final del texto se tuvo que fotocopiar para entregarlo a la prensa y a los numerosos invitados a la ceremonia.

El empleo de los recursos en la Suprema Corte es motivo de preocupación para los ministros, y así lo dejaron ver los seis integrantes del pleno en las líneas generales que tuvieron que proponer como requisito para participar como candidatos a suceder a Azuela.

Finalmente, el proceso de sucesión generó nuevas divisiones cuando se afianzaron las candidaturas de los ministros Ortiz Mayagoitia y Silva Meza. La alerta la hizo pública el propio Azuela, quien en su último informe advirtió: “Al entregarse la estafeta, y en la etapa anterior a ello, se producirá el riesgo de distanciamientos, y aun de formas diversas de conductas de protesta, implícita o explícita. Evitarlo sólo será posible si con entusiasmo contagioso nos preocupamos por lograr la unidad y por defenderla a toda costa, con la convicción de que eso es lo que México nos pide”.

Y es que Ortiz y Silva son dos jueces con posturas casi antagónicas que se han desarrollado en las discusiones en el pleno de la Corte. El primero está identificado como conservador, y el segundo como liberal, aunque dentro de la SCJN se rechazan ese tipo de definiciones. Como sea, las características de ambos candidatos inclinaron a otros a presentarse como moderados.

El hecho es que, durante meses, resultó imposible generar consensos en torno de alguno de los dos antagonistas y garantizar los votos de un mínimo de seis ministros, de un total de 11, para elegir al representante del Poder Judicial que acompañará a Felipe Calderón en buena parte de su gobierno.

Esa imposibilidad desató las ambiciones en otros cuatro ministros que vieron la oportunidad de presentarse como terceros en discordia: Gudiño, Valls, Sánchez Cordero y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

El más activo fue Sergio Valls Hernández, un exfuncionario y exdiputado priista que apenas llegó a la Suprema Corte en febrero de 2005 pero es cercano al exprocurador Daniel Cabeza de Vaca, actual consejero de la Presidencia de la República, cargo que ocupó antes con Fox y desde el cual impulsó a Valls para la SCJN.

En las semanas previas a la elección, Valls –cuyo trabajo en el máximo tribunal ha sido puesto en duda por especialistas (Proceso 1556)– fue el más activo en generar una corriente de opinión favorable a su candidatura en algunos medios de información, pero su propuesta de trabajo dista mucho de las de Ortiz y Silva.

Ortiz Mayagoitia propuso un plan de trabajo más ejecutivo, prácticamente con la misma estructura, aunque busca que la administración esté más definida en las reglas de la Suprema Corte y deje de someterse al vaivén del estilo personal de quien llegue a la presidencia. Además, apoya los juicios orales y la especialización de jueces y magistrados en delincuencia organizada, entre otras áreas, pero sin mayores transformaciones.

A su vez, Silva Meza propuso “un cambio de rumbo” en la administración y el trabajo de la SCJN, modificando la forma de operar y la toma de decisiones, así como revisar los criterios jurisprudenciales adoptados “en una época dudosamente democrática” del país.

La decisión final, como lo considera Gerardo Laveaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, la pueden tomar quienes consideren que antes de emprender proyectos innovadores, la Suprema Corte primero se debe consolidar como tribunal constitucional encargado de dirimir las controversias entre los poderes, lo que empezó a hacer en 1995.