Corruptelas en Banamex avaladas por Zedillo y el traidor de Fox

Tomado de La Jornada, Hernández.

La verdad sobre los entretelones que precedieron al gran desfalco al fisco que representó la venta de Banamex de Roberto Hernández –amigo personal del traidor, corrupto y ladrón Vicente Fox Quesada- comienzan a salir a la luz pública. Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal de la federación, acusado de avalar el fraude del siglo llamado Fobaproa denuncia al ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y a José Angel Gurría (flamante presidente de la OCDE). En una entrevista publicada por La Jornada el ex funcionario señaló que: "Durante poco más de 15 años trabajé con lealtad y dedicación al servicio del pueblo de México, por lo que para mí una traición es impensable; comencé a tocar intereses. En 1994, estaba yo a cargo de los asuntos jurídicos internacionales del Banco de México y hasta 1998 mi labor consistió en ser contraparte de los banqueros; nunca busqué favorecer a nadie. Lamentablemente me encontré en el Partido Acción Nacional a muchas personas que en la calle y en el foro hablaban de transparencia y de combate a la corrupción, y por otro lado tenían de patrocinadores políticos a todos esos empresarios que acusaban en público. Eso ocasionó mi primera salida del sector público federal en 1998, decepcionado de la complicidad de altas esferas políticas con empresarios."

Sobre la venta de Banamex a Citigroup denuncia la corrupción que privó en su venta pese a que el ex banquero afirma lo contrario.

“Hubo lo que se llama un cruce protegido (consiste en pasarlo por la bolsa de valores, pero tener identificado al comprador y al vendedor de forma que no haya intromisiones de terceros). Es tiempo de revisar si hubo preconcertación, si hubo cruce protegido, si hubo una operación espontánea de la Bolsa Mexicana de Valores, y si se deben o no pagar impuestos; creo yo que por salud jurídica, política y social, ese proceso debe darse.

“Fue manipulado. Mira, como autoridad fiscal, como autoridad recaudadora, en su momento indiqué que había que hacer una revisión de los elementos contractuales, porque si se induce la operación con el único propósito de no pagar impuestos, creo que es materia no del Poder Ejecutivo, pero sí del Judicial, determinar si se dieron o no las causas de excepción. No creo que sea la autoridad del Ejecutivo la que puede decir si se causaron o no impuestos en un caso tan debatido como este.”

Sobre a quien le correspondería pagar al fisco, sin dudar afirma que:

“A los accionistas. Al beneficiario. Acuérdate que Banamex ya no valía nada; Banamex valió por el rescate y la pregunta es si lo que vendieron fue el rescate. Si se vale que un accionista rescatado venda el valor del rescate, o si en efecto tiene que pagar impuestos por ello. Esa es la pregunta clave.”

Queda muy claro que los poderosos y corruptos empresarios, banqueros, políticos, etc., mexicanos siguen sangrando las finanzas públicas y saqueando la riqueza nacional. Mientras, aumentan leche, huevo tortillas, etcétera. ¿Y el salario? pues 1.90 pesos diarios, ni para un boleto del metro.

En seguida dos colaboraciones una tomada de La Jornada y otra de Proceso.


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El primer preso político del sexenio

Luis Hernández Navarro

Flavio Sosa, uno de los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) más conocidos por la opinión pública, fue detenido el pasado 4 de diciembre en la ciudad de México. Acababa de salir de una conferencia de prensa en la que su organización ratificó su disposición a reanudar las negociaciones con la Secretaría de Gobernación un día después.

Su aprehensión fue escandalosamente difundida por los medios de comunicación electrónica. Fue presentada como si el gobierno federal hubiera dado un duro golpe a la delincuencia en el país. Flavio fue trasladado al penal federal de alta seguridad de Almoloya de Juárez, en el estado de México, donde se encuentran asesinos, secuestradores y narcotraficantes.

Sosa fue acusado de varios delitos que no cometió: ataque a las vías de comunicación, robo específico, robo calificado con violencia, secuestro, daños por incendio, resistencia a las autoridades. Sin haber sido juzgado se presumió que es culpable y un individuo de alta peligrosidad. La verdad es que es un dirigente político y social. Las acusaciones que se le han hecho son parte de la pretensión del gobierno de Felipe Calderón de criminalizar la protesta social.

Flavio nunca fue "el dirigente único o principal" de la APPO. Fue, sí, uno de sus voceros más solicitados por los medios de comunicación. Su disposición para dar entrevistas, su facilidad de palabra, su conocimiento de la problemática local y su capacidad para explicar el movimiento lo convirtieron en un interlocutor natural de reporteros y comentaristas. Su organización, Nueva Izquierda de Oaxaca, es una más de las casi 350 asociaciones que fundaron el movimiento. El se ganó un lugar dentro de la lucha pero estuvo muy lejos de ser el jefe máximo de las protestas.

A pesar de la pretensión de mostrarlo como un facineroso de cuidado, Sosa no es un radical. No es un líder que coma lumbre. Conoce el valor del diálogo y del trato político con el poder. Se deslindó permanentemente de las organizaciones armadas y enfrentó personalmente a los jóvenes radicalizados. Es, por el contrario, una de las figuras más proclives a la negociación dentro del movimiento.

Flavio Sosa nació en la comunidad de San Bartolo Coyotepec en 1953. Fue diputado federal en la LII Legislatura por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido con el que rompió en 2000 para sumarse a las filas del voto útil que apoyaron la candidatura de Vicente Fox. Más tarde se reincorporó a las filas del sol azteca. Fundó con otros dirigentes indígenas el Partido de la Unidad Popular en Oaxaca, un instituto auspiciado por el gobernador José Murat, para romper la unidad de la oposición que postuló como aspirando a mandatario estatal a Gabino Cué. Fue parte de la Unión Campesina Democrática (UCD) y, después, de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA).

Con muy poco espíritu autocrítico, esta volatilidad política fue fuertemente cuestionada por la clase política y varios medios de comunicación. Irónicamente no es exclusiva de él, sino que se ha convertido en una costumbre de los políticos profesionales del país. Los hoy panistas Juan José Rodríguez Pratts, Florencio Salazar, Francisco Barrio y Felipe González (por citar sólo algunos) militaron en las filas del partido Revolucionario Institucional (PRI) y cambiaron de bando cuando no fueron postulados para el puesto al que aspiraban.

Después de 1968 se decía que el PRI no necesitaba de una escuela de cuadros porque para eso tenía al Partido Comunista Mexicano. La cantidad de militantes de izquierda que entraban a las filas del tricolor hacía que el chascarrillo tuviera credibilidad. Hoy las cosas han cambiado. El PRD se nutre regularmente de los desprendimientos del PRI. La misma Patricia Mercado, que tan acremente criticó a Flavio Sosa, ha pasado por varios institutos políticos: fue integrante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y candidata a diputada por el Partido del Trabajo.

Como lo han hecho multitud de organizaciones sociales reivindicativas en Oaxaca y en el resto de país, la organización que Flavio dirige recibió recursos públicos para atender demandas de sus afiliados. Las organizaciones sociales son mediadores legítimos para negociar con los gobiernos la solución de requerimientos de la población pobre del país. Este hecho, absolutamente natural y legítimo, quiso presentarse como muestra de su corrupción. Para algunos medios de comunicación los únicos subsidios justificados son los que el gobierno federal otorga a los empresarios.

¿Por qué el gobierno federal decidió detener a Flavio si no era el líder de la APPO, era parte del ala más proclive a negociar y se preparaba para dialogar con la secretaría de Gobernación? Porque la administración de Felipe Calderón quiso dar un golpe mediático, deteniendo a uno de los pocos rostros visibles de la protesta oaxaqueña, públicamente identificado con el PRD, al tiempo que creía colocar al movimiento en una situación aún más difícil. Se había hecho de Flavio la "bestia negra" del movimiento, y los medios de comunicación alimentaron la especie después de su encarcelamiento.

La decisión fue una estupidez. Flavio Sosa está en la cárcel, como lo están muchos otros activistas más, a los que el gobierno detiene y el gobierno libera a discreción. A pesar de ello, la exigencia de que Ulises Ruiz renuncie como gobernador de Oaxaca sigue, las movilizaciones de protesta se mantienen (y se han extendido a 37 países) y al mandatario estatal casi nadie lo obedece. El miedo de los ciudadanos se ha convertido en indignación.

Flavio Sosa se convirtió en el primer preso político del sexenio. Felipe Calderón lo convirtió en una celebridad internacional. El buscador de Google arroja 250 mil referencias con su nombre. Wikipedia tiene una ficha con sus datos. A menos de un mes de haber tomado posesión, la nueva administración enfrenta una grave crisis de derechos humanos. Y, lejos de disminuir, el problema crece.



Rebanadas de precariedad
Carlos Acosta y Jesusa Cervantes

El gobierno federal y los partidos políticos se dijeron satisfechos tras la aprobación de la Ley de Ingresos y luego del acuerdo inicial para sacar el Presupuesto de Egresos con modificaciones que no alteran sustancialmente la propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, en esta “feliz” distribución de las grandes carencias presupuestarias del país, los costos políticos están a la vista: el PRI dio bandazos entre las alianzas con el PAN y con el PRD, los diputados de este partido se confrontaron con su dirigencia nacional y los blanquiazules evidenciaron que fue en el gobierno federal –en este caso la Secretaría de Hacienda– donde se definieron sus posturas de negociación.

La negociación del primer paquete económico de Felipe Calderón, que no contiene cambios que favorezcan el crecimiento del país y la generación de empleos –sus principales promesas de campaña–, evidenció en el ámbito legislativo un PAN sin liderazgo, que dejó en manos de la Secretaría de Hacienda hasta la confección de las reglas de discusión; un PRD que lideró en la operación legislativa pero que quedó confrontado con su dirigencia, y un PRI dividido que, a conveniencia, se sumaba lo mismo al PRD que al gobierno. A ese saldo se suma el fortalecimiento de una parte del sector empresarial, refresqueros y tabacaleros principalmente.

De hecho, el programa económico fue un primer escarceo del gobierno de Felipe Calderón con el Poder Legislativo, en el que aquél obtuvo un triunfo relativo: tras la cuestionada elección del 2 de julio, el conflicto poselectoral y su accidentada toma de posesión, logró que fuera aprobada por unanimidad la Ley de Ingresos, aunque retocada: sin el impuesto general de 5% a los refrescos, y con recursos extras de fondos que Hacienda quería ocultar y de cifras subestimadas en recaudación.

Al cierre de esta edición, la medianoche del viernes, todo apuntaba a que con el Presupuesto de Egresos sucedería lo mismo, luego de una intensa y a veces ríspida negociación de más de 12 horas entre los coordinadores parlamentarios y el equipo negociador de la Secretaría de Hacienda, encabezado por su titular, Agustín Carstens.

De una encerrona en la Torre Azul del PAN, que inició a las ocho de la mañana y concluyó cerca de las ocho de la noche, salió un acuerdo para reasignar cerca de 70 mil millones de pesos en el que si bien ni los partidos ni el gobierno consiguieron la totalidad de sus pretensiones, al final todos se dijeron satisfechos: el PRD consiguió recursos para apoyar a los adultos mayores del campo, las universidades, la cultura y los pueblos indígenas; el PRI, más dinero para el campo y la infraestructura carretera; y el gobierno, recursos para demandas que introdujo de última hora, como extras para educación básica y apoyar al magisterio, compromisos pactados desde la campaña entre Calderón y Elba Esther Gordillo.

Pero el camino no estuvo exento de sobresaltos: cada partido tuvo sus pérdidas, lo mismo que el gobierno. Por ejemplo, el PAN mostró incapacidad para negociar y su lugar fue ocupado por la Secretaría de Hacienda, que cabildeó durante dos semanas el paquete económico, primero aceptando “el guardadito” y luego las demandas de la oposición.

División perredista



El primer acuerdo de los diputados del PRD con el PRI fue avalar la Ley de Ingresos a cambio de que respaldara un fondo de pensiones para adultos mayores y que se sumara al acuerdo de todos los partidos políticos a fin de iniciar la discusión de una reforma hacendaria para el próximo año.

Ese primer acuerdo cimbró a la dirigencia nacional del PRD, que hubo de enfrentarse con sus diputados e incluso llegó al reclamo, explica José Antonio Magallanes, integrante del Comité Ejecutivo Nacional.

El lunes 18, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley de Ingresos, lo cual no fue sino la aceptación del PRD de un impuesto de 5% a los refrescos. Pero no sólo eso: este partido hizo a un lado sus demandas tradicionales, como buscar la reducción del pago de la deuda generada por el Fobaproa y darle todo al Seguro Popular, sin pensar en la creación de un fondo para abasto de medicinas e infraestructura hospitalaria.

“Para nosotros, en el CEN se trataba de una ley enana, con falta de creatividad por parte del Ejecutivo y que no sirve para generar empleos, es, en suma, un retroceso esa ley”, explica Magallanes.

El malestar motivó que un día después de la aprobación, el martes 19, el comité nacional perredista llamara a cuentas al coordinador de los diputados, Javier González Garza. También asistió el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete.

“Ahí, todos exigimos una explicación a González Garza, pues la Ley de Ingresos pasó por mero trámite. Y en la dirigencia no podemos avalar una aprobación cosmética por parte de nuestros diputados. Dijimos que no era congruente con lo que nuestro candidato ofreció en campaña, que era no avalar ningún impuesto que afectara a las mayorías, como lo es el aumento a los refrescos”, dice Magallanes.

La justificación de González Garza fue que era parte de una estrategia: los diputados perredistas apoyaban el impuesto al refresco a cambio de que PAN y PRI respaldaran la creación de un fondo a pensiones para adultos mayores. “Le externamos que sonaba bien como negociación, pero que resultaba complicado aprobar un asunto sin que se aprobara a la vez lo otro”, continúa el integrante del CEN perredista.

Nuestro temor, apunta, es que en política la percepción es lo que cuenta y ante la opinión pública parecía que estábamos negociando una ley. Y “a cambio de qué”, se pregunta. El reclamo concluyó con que los senadores darían marcha atrás en el impuesto al refresco.

En entrevista, los diputados de esa fracción se justificaron. De entrada, Juan N. Guerra, integrante del grupo que negoció con Hacienda y el PRI, aclaró que no hubo compra de conciencias, sino una estrategia para lograr un nuevo presupuesto, donde se daría prioridad a las demandas del PRD, como finalmente ocurrió.

“Logramos sólo algunos pequeños cambios en la Ley de Ingresos; por la premura del tiempo y porque el PRI no estaba en condiciones de apoyarnos, pues no podíamos hacer más. Pero lo que a nosotros nos interesaba más era sacar un compromiso con todos los partidos para iniciar una reforma hacendaria que eleve la tributación”, detalla Juan N. Guerra.

El diputado perredista asegura que eso “fue lo correcto”: “Yo no creo en victorias totales, eso es una quimera, y lo que nosotros queremos a través de victorias parciales, es establecer un nuevo régimen fiscal y que tengamos suficientes recursos para no vivir del petróleo”.

Acepta que el PRD tenía la posibilidad de actuar como mucha gente esperaba de su partido, “asumir un papel de opositores, y que nos puede quedar bien, pero con eso no nos permite ayudar”. Y advierte que si alguien piensa que el PRD se vendió, lo que se debe pensar es que “cedimos a cambio de salvar la educación, cultura, Liconsa, Diconsa y el programa de adultos mayores”.

Antonio Soto, otro integrante del grupo de negociadores del PRD, detalla por qué se aceptó la Ley de Ingresos. Recuerda que al inicio de las negociaciones sólo participaban el PRI y el PAN. Incluso recuerda haber visto, antes de que se avalara la Ley de Ingresos, que el PRI discutía con el PAN una distribución de cuando menos 15 mil millones de pesos para carreteras, a cambio de su voto a favor de la ley.

Pero el sábado 17, cuando Antonio Soto entró a la negociación, en el PRD se detectó que el gobierno había subestimado ingresos de más de 30 mil millones de pesos por recaudación y desincorporaciones. “Le informé a González Garza que había un subestimado por ese monto. El PRI estaba cuando se detectó esa bolsa y dijo que era dinero adicional que no teníamos previsto ninguno de los dos partidos. Eso nos ayudó a que hiciéramos mancuerna. Así, el PRI pasó de su negociación con el PAN a respaldarnos, pues había una posibilidad de lograr mayores recursos a los 15 mil millones iniciales que ellos discutían”, dice.

Otro punto que les permitió negociar al PRI y al PRD, recuerda Soto, ocurrió después de avalada la Ley de Ingresos, y el Senado lo echó para atrás con el impuesto al refresco: habían impulsado la utilización, por única vez, de una parte del fondo petrolero.

Revela que en las negociaciones con Hacienda, Agustín Carstens aceptó que se estaban presupuestando para dicho fondo recursos que rebasaban la reserva máxima permitida. A decir de Soto, “el uso que el gobierno ha dado a ese fondo no es transparente, así es que demandamos, y el PRI nos apoyó, usar por única vez 20 mil millones de pesos”.

Los panistas rechazaron la propuesta, prosigue Soto, “pero ellos hacen finalmente lo que les diga Hacienda; Carstens aceptó por las presiones de la oposición y ellos, como están urgidos de legitimidad, aceptaron porque les conviene sacar un acuerdo con nosotros”.

Todos estos movimientos de los legisladores perredistas generaron malestar en el CEN de su partido. Por eso, dice Magallanes, “los diputados tendrán que explicar lo que hicieron, porque contradice el espíritu de la lucha democrática que hace el PRD, y tenemos que ser coherentes con lo que planteó Andrés Manuel López Obrador. Tendrán que dar una explicación, primero en sus distritos, luego en el consejo del partido y a partir de ahí se evaluará la actuación de los coordinadores parlamentarios”.

Todo esto puso en evidencia la gran contradicción de los diputados federales perredistas con el CEN de su partido y el gobierno legítimo.

Por otra parte, el PRI evidenció una división, primero en la negociación inicial que hizo Jorge Estefan Chidiac con el PAN y luego cuando Carlos Rojas estableció acuerdos con el PRD para aprobar finalmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.



Tanteo al sector empresarial



El paquete económico también le sirvió a Felipe Calderón para medir la reacción de una parte del sector empresarial, con miras a la próxima negociación de una reforma fiscal integral. De manera coloquial, diputados que habían aprobado el nuevo impuesto a los refrescos expresaron: “Si ahora que los tocan con el pétalo de una rosa reaccionaron de manera descomunal, qué puede esperarse cuando de veras salgan afectados con una reforma fiscal de fondo”.

En efecto, con el impuesto de 5% general a los refrescos, esa industria no iba a perder gran cosa: las bebidas gaseosas están tan enquistadas en el consumo popular que la variación en su precio no alteraría la demanda; ni se frena su producción ni se pierden empleos. El que saldría perdiendo es el consumidor, a quien finalmente se trasladaría el impacto del nuevo impuesto.

Pero al gobierno, en el fondo, tampoco le preocupó gran cosa el fracaso. Esperaba recaudar poco más de 3 mil millones de pesos por ese impuesto, cualquier cosa respecto del billón de pesos por ingresos tributarios previsto en el esquema original.

En suma, el impuesto propuesto era más bien para “tantear” el nivel de reacción de una parte del empresariado, en este caso la poderosa industria refresquera, en la que ejerce un poder dominante el consorcio Femsa, que produce la Coca Cola en México y que la semana pasada compró la empresa Jugos del Valle por 470 millones de dólares.

Las demás medidas fiscales propuestas por el nuevo gobierno salieron apenas rasguñadas: se proponía que el Impuesto al Activo –que es de control, para que paguen algo aquellas empresas que año con año reportan pérdidas y no pagan impuestos– bajara su tasa de 1.8% a 1.5%; quedó en 1.25%. En el caso del límite de deducción de automóviles nuevos, se proponía que pasara de 300 mil pesos a 150 mil, y quedó en 175 mil.

Así mismo, para la tasa de Impuesto Sobre la Renta en el sector agropecuario, se proponía que pasara de 16% actual a 22%, y será de 19%. A cambio de una “aportación” adicional de 15 centavos por cigarrillo, que incrementaba en cerca de nueve pesos el precio de una cajetilla, se estableció un impuesto progresivo (IEPS) a los cigarros: 140% para 2007; 150% en 2008 y 160% en 2009, para que el incremento que se esperaba de un solo golpe se diluya en el tiempo. La base de deducción por consumo en restaurantes pasará de 25% a 12.5%.

O sea, los retoques fueron mínimos y no alteraron la propuesta original. Por eso la Secretaría de Hacienda no tuvo empacho en aceptar los cambios hechos por los legisladores.

Pero de igual forma tuvo que evitar oponerse cuando los diputados descubrieron que estaba subestimando ingresos por recaudación y que ocultaba una bolsa extra destinada al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros. El dictamen de Ley de Ingresos aprobado por la cámara contenía 30 mil millones de pesos más que lo previsto por el gobierno y, según los diputados, era uno de los “guardaditos” que acostumbra Hacienda cada vez que presenta un paquete económico.

En esta ocasión, los recursos adicionales salieron de varias fuentes: se ajustó al alza el ingreso que se obtendría por la recaudación de ISR e IVA; la aportación para enfermedades producto del tabaquismo fue sustituida por un aumento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (la primera no era participable y el impuesto sí); el precio del crudo de referencia, que Hacienda estimaba en 42.5 dólares, los diputados lo subieron a 42.8; también se ajustó al alza lo que el gobierno piensa obtener por desincorporaciones y otros ingresos no recurrentes, y el pago del gasto diferido para 2008 también fue incrementado.

De igual modo, Hacienda tuvo que doblarse ante el descubrimiento que hizo el PRD –y que el PRI confirmó y avaló– de una bolsa de casi 32 mil millones de pesos que no se justificaban pero estaban asignados a un rubro incluido por primera vez en un presupuesto denominado “Recursos Asociados a Ingresos Petroleros”.

Como Proceso informó la semana pasada, la Secretaría de Hacienda infló en esos 32 mil millones de pesos los recursos que deben destinarse al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros (FEIP).

El gobierno tuvo que aceptar la existencia de esos recursos adicionales, y en la negociación con diputados y senadores, éstos lograron sacarle 20 mil millones de pesos, que quedaron incorporados en la Ley de Ingresos aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y en el Senado.

Por supuesto que el gobierno, en particular la Presidencia de la República, “vende” públicamente éstos cambios como obra de Felipe Calderón, producto de su “flexibilidad” y “disposición a los acuerdos”: la “capacidad negociadora del presidente Calderón”, dicen los recientes spots televisivos.

Con los recursos extras del fondo petrolero, los ingresos adicionales en la Ley de Ingresos (que se redujeron a 20 mil por el rechazo al impuesto a los refrescos y los ajustes en disposiciones fiscales, entre otros), más otra cantidad producto de recortes y reasignaciones en partidas presupuestales, los diputados conformaron una bolsa adicional de casi 70 mil millones de pesos, cuya distribución fue motivo de la intensa y ríspida negociación entre las fracciones parlamentarias y la Secretaría de Hacienda. Hasta el cierre de esta edición, estaban pendientes la elaboración del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación y su discusión y aprobación en el pleno.

Pero el acuerdo previo logrado en la Torre Azul daba cuenta de las siguientes asignaciones adicionales:

Al sector educativo, 15 mil millones de pesos más, de los cuales 8 mil serían para las universidades públicas, con lo que se revierte la polémica disminución propuesta originalmente. A la UNAM, por ejemplo, que le querían reducir el presupuesto en 123 millones, salió con casi 560 millones más respecto del presupuesto aprobado para 2006.

Para los apoyos a adultos mayores del campo, de mil 600 millones de pesos que proponía el gobierno, se destinarán 6 mil 250 millones; para los pueblos indígenas, 2 mil millones de pesos; Sedesol, 250 millones; cultura, mil 800 millones; infraestructura hidráulica, 5 mil millones; fondos regionales, 2 mil millones; carreteras, 11 mil 850 millones; campo, 15 mil 500 millones; apoyo a municipios, 500 millones; Fondo Metropolitano (obras en el Distrito Federal y municipios conurbados del Estado de México), 2 mil millones; hospitales, 3 mil millones; tribunales agrarios, 150 millones; equidad de género, 250 millones; Fondo de Seguridad Pública Municipal, se reponen los 250 millones que le había quitado; medio ambiente, 500 millones; y deporte, 250 millones de pesos. Estas reasignaciones suman 69 mil 800 millones de pesos. Y si bien no se cumplieron al 100% las demandas de todas las partes, partidos y gobiernos se mostraron satisfechos.

Ese fue el acuerdo de principio, con el cual elaborarían el dictamen respectivo y que a la medianoche del viernes aún estaban trabajando, con la intención de llevarlo al pleno en la madrugada del sábado.