Impunidad un sello del PRIAN

Tomados de La Jornada, Hernández y El Universal, Naranjo.

Todo lo que el asesino de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz y el usurpador Felipe Calderón Hinojosa han negado es verdad y está documentado. La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) al presentar su informe preliminar sobre las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca cometidos por los gobiernos federal, estatal y municipal mencionó datos que a cualquiera le pondrían los pelos de punta, y que para un régimen que se dice democrático y cristiano son aberrantes.

Durante 33 días el organismo internacional se dedicó a recabar información con la cual se confirma que las acciones represivas se ejercieron de “forma indiscriminada contra la población civil" ­hombres, mujeres, niños y ancianos­, utilizando gases lacrimógenos, gas pimienta, agua con químicos, armas de medio y alto calibre, vehículos y helicópteros militares. Además de que en los operativos participaron y participan las policías municipal, estatal y federal; grupos de elite vestidos de civil, y efectivos militares en tareas logísticas y de coordinación. Prácticamente lo que han rechazado el pelele, URO y el represor Francisco Ramírez Acuña.

En el extenso documento se señala que:

"Las fuerzas policiales estatales y federales han efectuado detenciones arbitrarias e ilegales, de forma recurrente y en ocasiones masivas, contra la población civil. Algunas aprehensiones también han sido practicadas por civiles que, utilizando la fuerza, pusieron a disposición de los cuerpos policiacos, con el beneplácito de éstos, a las personas detenidas.

"Las detenciones se efectuaron con violencia física y síquica desproporcionada, a veces mediante secuestro. Se han perpetrado agresiones sexuales contra los detenidos, mujeres y hombres".

Y lo más grave es que se documentó el asesinato por parte de los cuerpos policiales antes mencionados, además de los llamados escuadrones de la muerte de 23 personas ya identificadas. Se trata de tres más de las que reconoce la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 12 más de las que admite URO. El informe preliminar también consigna que existen sospechas fundadas de la existencia de personas desaparecidas, pero reconoce que es difícil investigar y esclarecer estas desapariciones por la falta de denuncias presentadas.

Ante este panorama de represión y muerte a los ojos de todos, reflexionemos sobre el papel que han jugado los medios de comunicación y los poderosos del país (jerarcas católicos, empresarios, partidos políticos, sindicatos, etc.). No es posible que se tolere tanta barbarie y con tal impunidad. Nadie de los asesinos o represores ha sido puesto bajo arresto, ninguna garantía para los presos o víctimas de las violaciones, ni tampoco seguridad para sus familiares. Nulo Estado de derecho.

Sólo pensemos que antes fue Jalisco, después Coahuila, siguió Lázaro Cárdenas, continuó con San Salvador Atenco, ahora es Oaxaca. ¿Quiénes seguimos?

A continuación una colaboración de Carlos Monsiváis tomada del diario La Jornada.


http://www.jornada.unam.mx


El Informe sobre Oaxaca

Carlos Monsiváis *


Al documento muy importante sobre los sucesos de Oaxaca, cuya difusión hoy se inicia, sólo añado unos cuantos comentarios que a mí por lo menos me resultan útiles. En la defensa de los derechos humanos nadie es extranjero, y es una desmesura chovinista dividir en extranjeros o nacionales a quienes, en cualquier lugar del mundo, examinan con objetividad las violaciones gravísimas a los derechos humanos.

Es absurdo calificar de "intromisión" el interés por las violaciones tumultuarias de la ley en agravio de un sector (piénsese en las denuncias mexicanas al trato de los migrantes en Estados Unidos). Si hay una causa internacional urgente, desde hace por lo menos 30 o 40 años, es la de los derechos humanos y, en este sentido, se puede hablar de una ciudadanía internacional, o de una sociedad civil internacional, la que se manifestó contra la invasión de Irak.

Las conclusiones de esta comisión están redactadas de manera precisa, así sean provisionales en la medida, estoy convencido, de todo lo que falta por documentar de esta incursión bélica contra oaxaqueños a lo largo de estos meses (no sólo oaxaqueños, de acuerdo). Por eso, felicito a la comisión por sus procedimientos rigurosos y por la manera sencilla y categórica usada al describir una situación sólo calificable de trágica. (Al intento cada vez más vano de las autoridades por justificar sus acciones lo describo, de manera benévola, como patético).

En todo este proceso hay un personaje al que no acuso de ningún modo de ser el centro porque, simplemente, es apenas el instrumento represivo de los grandes poderes, los partidos políticos, los caciques, los patrones. Este personaje, de persistencia que de veras llama la atención, es, lo digo por si a él se le ha olvidado su nombre, Ulises Ruiz, a quien una parte considerable de los poderes Legislativo y Judicial, y del gobierno federal protege con certificados sucesivos de impunidad. Para mí, el misterio más drástico de esta crisis, tan transparente, es por desgracia la perdurabilidad del señor Ruiz. Por más que haya explicaciones políticas (las alianzas del Partido Acción Nacional y del gobierno con el PRI, el mantener el principio de autoridad sobre cadáveres, presos, detenidos y golpeados), por más que todo esto se conozca, la continuidad de Ulises Ruiz es un enigma profundo y, además, un insulto muy severo a la lógica republicana. (Cada día que pasa, Ruiz encabeza un nuevo gobierno, porque el del día anterior tampoco funcionó).

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Un punto a debatir es el análisis cultural del conflicto: ¿por qué no se ha producido una gran movilización nacional en defensa de Oaxaca y su gente agredida, golpeada, vulnerada tan vastamente, como se describe en este documento? Por qué se ha decidido sin deliberar que es mejor ver de soslayo o no enterarse de los agravios bárbaros a los derechos humanos? No hablo de la defensa de la APPO, un asunto distinto, sino de la moral y la ética de la República, y de la defensa de aquello sobre lo que se ha insistido de una manera con frecuencia banal y caprichosa: el estado de derecho, ése al que no hay que volver, porque nunca se ha implantado como práctica cotidiana, proyecto, idea, necesidad incluso utópica. Ahora, la noción del estado de derecho no la reivindica la opinión pública, y en vez de eso parece que los sucesos de Oaxaca afectan nada más a Oaxaca, y allí únicamente a los que han sido reprimidos.

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También deben señalarse, en el acopio de hechos y testimonios de la comisión, las críticas, algunas muy válidas, a determinadas acciones de la APPO. Señalo por mi cuenta el trato a los informantes y policías detenidos, y la manera en que se les exhibió golpeados y atados a postes. Estos métodos no son admisibles en circunstancia alguna. Hizo falta una protesta mucho más decidida de la izquierda, porque estas acciones la agravian. La "justicia por propia mano" es una continuación de las tradiciones tan ardientes del gobierno.

Deben reconsiderarse la huelga magisterial y sus consecuencias educativas, pero éste no es un tema de la comisión, concentrada en el vigor múltiple de la represión oficial y la impunidad de las autoridades, acciones respondidas por desgracia con la dejadez de la opinión pública o, si se quiere, con la ausencia de una respuesta moral por parte de la opinión pública.

El documento me parece muy contundente, y específico, y convoca al debate y la crítica, porque en la naturaleza de esta investigación está el incorporar los puntos de vista de los opositores de la APPO, de confrontarlos, de integrarlos al expediente diverso y crítico, cuyo centro es la contundencia de los hechos, estos derechos de los que se burlan policías y funcionarios, estos detenidos, estos menores de edad enviados a cárceles de máxima seguridad, estas violaciones de hombres y mujeres, el inmenso aparato de ultraje a la población, de burla de la dimensión humanista de la sociedad.

Al leer el documento, me afirmo en mi posición inicial: la comisión ha actuado responsablemente, y a nosotros nos toca difundir sus conclusiones tanto como nos sea posible y algo más de lo que nos sea posible, ante las dimensiones del cerco informativo. Si hay quienes sostienen que el Informe es falso, sobre todo en la Cámara de Diputados, que lo prueben, no que simplemente lancen su autoridad moral, la que tengan.

La denuncia abre un debate, el debate profundiza la denuncia, y la denuncia se traduce en la exigencia de castigo a los culpables, de reparación de daños, de justicia, de liberación de los presos, y también de las autocríticas que hagan falta de parte de un movimiento social que en momentos y por grupos ha sido también muy irresponsable, por decir lo menos, pero que se ha visto ferozmente reprimido, y allí se incluyen los casos de un buen número de no pertenecientes a la APPO, de simples transeúntes. No aceptamos que los que se visten de luces con el estado de derecho sean los primeros en exaltar, promover y promulgar carcelariamente la impunidad.

(*) A propósito del Informe de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos humanos

Ignacio García, vocero de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, y el escritor Carlos Monsiváis, en el contexto de la presentación de conclusiones y recomendaciones en torno al conflicto en Oaxaca * Roberto García Ortiz