Legisladores listos para las fiestas decembrinas

Tomado de La Jornada, El Fisgón.

Los diputados urgidos de terminar con la faena antes de la navidad metieron el acelerador y aprobaron por unanimidad –recordemos que los mismo hicieron con el mamotreto de la ley Televisa, que garantiza al duopolio 25 años más de mangonear y tecnologías gratis- la Ley de Ingresos 2007. Se aplaudieron al elevar a 20 mil millones de pesos lo recaudado, así que quitándole los 4 mil millones que no se recibirán ya que negaron el 5 por ciento de aumento a los refrescos, quedarán –dicen ufanos- todavía 16 mil millones que se aplicarán a programas sociales, educación, salud, vivienda, etc.

Pero ¿de dónde sacaron otros 20 mil millones los santacloses legisladores? Pues nada menos que de la venta del petróleo. Eso ya lo han hecho antes y a mitad del año vienen los recortes presupuestales porque dice Hacienda que siempre no alcanzó. Lo importante es salir del paso y aventar la bolita a otros, quedar bien para la nota periodística y luego no acordarse ni de lo que aprobaron. Pobres de nosotros los mexicanos tan lejos de Dios y tan a la mano de los políticos.

La siguiente es una colaboración tomada del diario La Jornada.

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Seguridad

Adolfo Sánchez Rebolledo


Felipe Calderón consiguió pasar las primeras semanas en Los Pinos en una atmósfera de exagerada protección mediática, asumiendo las expectativas entusiastas de sus partidarios como si se tratara de una segunda vuelta disputada exclusivamente en el campo de las encuestas. Y es que, luego de la tormenta poselectoral, cualquier remecida parece brisa primaveral. Más allá de ciertos tropiezos presupuestarios iniciales y otros mensajes simbólicos, el tema que marca los primeros días del sexenio (y el "estilo personal" de Calderón) es el de la seguridad en sus dos vertientes: el operativo policiaco-militar contra el narcotráfico en Michoacán y la aplicación de la "mano firme" en Oaxaca contra la APPO. En ambos casos, hay más preguntas que respuestas. Me refiero al primero de ellos.

La incursión militar a tierras michoacanas parece un acto de elemental justicia, sobre todo si consideramos la magnitud de las atrocidades allí cometidas por los distintos grupos criminales durante la lucha por los territorios, el control de las rutas de la droga y, en definitiva, su capacidad de corromper a la autoridad e imponerse al Estado, incluso por la violencia. La aparición de escuadrones de la muerte en Michoacán deja un saldo estremecedor por el número de homicidios ­más de 500, pero también por la extrema crueldad con que se ejecutaron: abundan las decapitaciones­ y porque en particular una de las bandas criminales ha hecho lo que ninguna antes: expresar mediante desplegados en la prensa su postura, una visión destinada a crear un estado de terror permanente entre la ciudadanía, no obstante que ellos mismos se presentan como los garantes de la seguridad y el orden. En una palabra: hablan y actúan como un poder por encima del Estado, así sea para atacar a otros delincuentes.

Los expertos dirán cómo y por qué se llegó hasta esta situación que, desde luego, no comenzó ayer. La operación, según las autoridades, ha cumplido con éxito sus objetivos. Sin duda, la tranquilidad ha vuelto a numerosas localidades, pero nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar más adelante. El propio gobernador de Michoacán ha expresado inquietud por el futuro de su estado, y una vez que termine se revierta el fenómeno cucaracha y estén de vuelta las bandas expulsadas en estos días.

Ante estos hechos, los ciudadanos comunes tenemos derecho a preguntarnos si la intervención combinada de las fuerzas armadas y las policías de todos los niveles contra la delincuencia organizada responde a un plan estratégico bien pensado y verificable o si, como algunos temen, se trata de una medida espectacular destinada a ganar confianza y popularidad para el Presidente, en línea con la lógica del gobierno anterior de actuar bajo presión y coyunturalmente para alzarse con algunos puntos de popularidad.

El gobierno, además, ha dispuesto otras medidas. Entre ellas, destaca la unificación bajo un mando único de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de Investigaciones, además del reforzamiento de la primera con miles de efectivos procedentes de las fuerzas armadas. A primera vista se trata de darle solución al viejo asunto de la falta de coordinación entre los distintos órganos de seguridad del Estado, aunque en este caso se procede de hecho, sin esperar a las reformas de ley que se requieren. En opinión de algunos expertos, tal reestructuración (unificación) contraviene el principio constitucional que exige la separación de las funciones preventivas de la labor de investigación correspondiente en exclusiva al Ministerio Público. Con ello, se estarían echando los cimientos para edificar un modelo autoritario de seguridad que a la postre resultaría lesivo al ejercicio de las libertades públicas establecidas en la Carta Magna, como ha denunciado Miguel Concha.

Otro tema delicado es el creciente involucramiento del Ejército y la Marina en el combate directo al crimen organizado, sin cuya intervención el país entero habría caído en manos de las mafias. Su labor es abnegada y reconocible, pero por razones constitucionales y de Estado, por conveniencia ética y funcional, no es deseable, pues deriva, en última instancia, de la catastrófica situación en la que se hallan los cuerpos que por ley debieran encargarse del problema. En este campo, pese a las declaraciones, el aumento del financiamiento y las declaraciones de los funcionarios encargados, los avances son mínimos: llevamos años oyendo hablar a los expertos de la necesidad de profesionalizar las labores policiacas, pero a la hora de buscar soluciones se repiten los mismos procedimientos, como ocurrió con el traslado anunciado de miles de efectivos del Ejército y la Marina para reforzar a la ahora tan requerida PFP. Es obvio que la reforma de los aparatos de seguridad no se hará en un día, pero es importante definir desde el principio adónde se quiere llegar.

México tiene que reconstruir las instituciones de procuración de justicia y seguridad a partir de una visión democrática del Estado. El orden fundado en la legalidad es necesario para desplegarnos como sociedad, pero ninguna autoridad será capaz de mantenerlo y reproducirlo si al mismo tiempo se dejan sin atender los graves problemas que aquejan al país y, sobre todo, regresando a la tortura y a la violación de los derechos humanos como recursos de "la justicia".

A continuación un análisis tomado de la revista Proceso.

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Ulises el demócrata
josé gil olmos

México, D.F., 20 de diciembre (apro).- Después de 20 muertos, 349 detenidos y 370 lesionados, así como denuncias de tortura, espionaje y de corrupción, Ulises Ruiz está empeñado en cambiar su look: dejar de ser un cacique y convertirse en un demócrata conciliador.

El gobernador de Oaxaca ha contratado a un prestigiado especialista en imagen y a otros estrategas políticos para cambiar su figura de “político a la antigua” que ha causado la crisis en la que se encuentra su estado, por la de un “gobernador legítimo” preocupado por la situación de la entidad.

La estrategia que le fue entregada hace un mes y que le costó muchos millones de pesos, contempla también los pasos que debe seguir para desaparecer a su principal enemigo: la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), mediante una campaña de desprestigio y el descabezamiento de su directiva.

URO, como se le dice en el documento confidencial al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, cuenta con esta estrategia con la que intenta recuperar la legitimidad que ha perdió a lo largo de su gestión y, sobre todo, luego de siete meses de conflicto.

Dicha estrategia no es otra cosa que una especie de cirugía plástica en la cual quiere cambiar el rostro de político priista acostumbrado a la impunidad, la corrupción y al autoritarismo, por el de una nueva figura: la de un gobernante con credibilidad y legitimidad.

Sin embargo, esto le será imposible porque no se trata de borrón y cuenta nueva, de olvidar que, para mantenerse, ha utilizado los viejos recursos del cacique: escuadrones de la muerte, policías disfrazados de paisano para detener a los líderes del movimiento popular, terrorismo policial, represión, control de los medios de información, amenazas anónimas, uso de los recursos públicos para fines personales, todo para imponerse.

El reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre Oaxaca, que confirma que el conflicto no ha terminado, es una pálida sombra del terrorismo de Estado que Ulises Ruiz ha aplicado en contra de los dirigentes y simpatizantes de la APPO.

Un ejemplo de ello ocurrió el 25 de noviembre. Ése día simpatizantes de la APPO realizaron una marcha en demanda de la salida de la Policía Federal Preventiva (PFP) del zócalo oaxaqueño. Aprovechando el enfrentamiento que se suscitó al final de la marcha, provocadores profesionales quemaron los edificios del Tribunal de Justicia y el Teatro Juárez, sede alterna del Congreso del estado, así como un hotel y oficinas turísticas. Todos estos edificios se encontraban lejos de enfrentamiento de la APPO y los policías.

La quema de los edificios sirvió de pretexto para que Ulises Ruiz, en coordinación con el jefe de Estado Mayor de la PFP, Ardelio Vargas, iniciara una cacería en contra de la APPO en las calles, domicilios particulares, negocios, escuelas e incluso iglesias, pero en medio de esto detuvieron a decenas de oaxaqueños que no tenían nada qué ver con el movimiento, los golpearon, torturaron, vejaron y fueron tratados como delincuentes de alta peligrosidad.

Lo que el gobernador, apoyado por el gobierno federal, hizo no tiene registro en la historia reciente del país.

El cacicazgo de Ulises Ruiz fue tan impune que un par de días después se paseó por la plaza de Santo Domingo, que por semanas sirvió de punto de reunión de la APPO, y lanzó la sentencia en contra de toda inconformidad: Se aplicará la ley, sentenció.

Los halcones comenzaron a operar. El entonces secretario de Gobierno, Heliodoro Díaz, desplegó un operativo clandestino encabezado por policías vestidos de civil que allanaron múltiples domicilios en busca de los simpatizantes del movimiento popular. La directiva tuvo que huir del estado sólo para ser detenida en la Ciudad de México. Algunos sacerdotes que dieron auxilio a los perseguidos recibieron amenazas de muerte, incluso una parroquia fue baleada.

Todos estos rastros de violencia son los que el mejor amigo de Roberto Madrazo quiere borrar con esta estrategia de imagen política y de medios que ha comenzado a operar y que ya vemos en la pantallas de televisión con spots en los que se difunde “la nueva imagen de “Oaxaca”.

La impunidad de Ulises Ruiz es ofensiva para cualquiera que aspira un cambio en el país y, sobre todo, para el nuevo gobierno de Felipe Calderón que tiene en sus manos la salida del gobernador de Oaxaca.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) ahora encabezada por Germán Martínez, debe tener ya terminadas las auditorías que se efectuaron al gobierno de Ulises Ruiz y que, de acuerdo con ciertos indicios ya publicados, presentan graves irregularidades en el uso de los recursos que la Federación le ha dado en los últimos dos años.

Si la demanda de desaparición de poderes no ha prosperado en el Senado de la República ha sido por la renuencia del PRI, pero las auditorías si podrían ser la puerta de salida de uno de los gobernantes más ignominiosos que se ha tenido en los últimos años.

Pero eso, al final, será una decisión del nuevo Ejecutivo federal, Felipe Calderón, quien durante su campaña tomó como bandera el mensaje de “las manos limpias”.


En seguida otro artículo tomado de La Jornada.

La turbulencia mexicana: ¿levantamiento o guerra civil?

Immanuel Wallerstein


Hace un mes, el subcomandante Marcos dijo que México "está al borde de un gran levantamiento o una guerra civil". Y prosigue la otra campaña lanzada por los zapatistas.

Andrés Manuel López Obrador, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en las elecciones del 2 de julio de 2006, ha aseverado en voz muy alta y con enorme respaldo público que le robaron la elección. Se niega a reconocer a Felipe Calderón, quien asumió el cargo el primero de diciembre, y ha establecido su propia estructura paralela: el "gobierno legítimo" con oficinas, un gabinete, y representantes en cada región.

Entre tanto, lo que comenzara a mediados del año como una huelga magisterial en pos de aumentos salariales en Oaxaca fue tomando forma de levantamiento general anticapitalista que tomó la capital oaxaqueña con la estructura de lo que se llama Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y exigió, por lo menos, la destitución del gobernador estatal, el priísta Ulises Ruiz. Las policías federal y estatal se movilizaron a la entidad haciendo uso de la fuerza, apagaron el levantamiento y los líderes de la APPO fueron arrestados.

¿Cómo fue que el vecino de al lado de Estados Unidos llega al punto en que su gobierno es impugnado activa y vigorosamente como ilegítimo, y donde la gente discute si el presidente legal podrá en verdad permanecer en el cargo todo su periodo de seis años, lo que termina con los 80 años de relativa estabilidad política?

Uno tiene que reunir tres elementos para explicar la turbulencia: 500 años de opresión hacia los pueblos indígenas del país, el deterioro de las instituciones creadas en el siglo XX en México, y el impacto del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) sobre el bienestar básico de la población.

México es un país de colonos blancos donde la mayoría de la población está compuesta por pueblos indios y por pueblos llamados mestizos. Las cifras hacen la diferencia, especialmente cuando la estratificación étnico/racial se ha mantenido relativamente constante durante tanto tiempo y la brecha entre los niveles de vida es tan flagrante. La consecuencia política más reciente de esta tensión subyacente fue la emergencia en 1994 de los zapatistas (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) en Chiapas.

Los zapatistas han demostrado ser una fuerza política significativa y duradera cuya otra campaña, que comenzaron a fines del año pasado, ha comenzado a tener un impacto por todo el país. La otra campaña no fue en pos del poder electoral ni es para tomar el poder del Estado mexicano actual. Busca empoderar a las comunidades locales y a los grupos oprimidos de gran variedad (mujeres, campesinos, obreros, gays) en una lucha contra el capitalismo y el imperialismo ­en México y por todo el mundo.

Hay un segundo frente: el ámbito político formal establecido en la ola de la Revolución mexicana de 1910. Tras un comienzo tambaleante, México se asentó con un régimen de un solo partido bajo la égida del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual tuvo su momento más revolucionario en los años treinta durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, quien nacionalizó el petróleo e impulsó una reforma agraria estableciendo proyectos comunales de tierra, respaldados por el gobierno, conocidos como ejidos. Desde 1940, el PRI se fue alejando del camino trazado por Cárdenas para volverse más y más burocrático, conservador y corrupto. Al principio la única oposición era un partido de derecha, pro empresarial y de base católica conocido como Partido Acción Nacional (PAN).

En los ochenta, hubo un desprendimiento hacia la izquierda del PRI, que condujo a la fundación del PRD. En 1988, el candidato de la izquierda a la Presidencia fue Cuahtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas. Es generalizada la aceptación de que las elecciones de 1988 fueron robadas por el PRI, pero la izquierda no reivindicó su indignación. En 2000, el candidato del PAN, Vicente Fox, ganó finalmente, sacando al PRI del poder presidencial y lo precipitó a su decadencia política. Cuando en 2006 se dijo que el candidato del PRD, López Obrador, había sido derrotado, no se diluyó pasivamente como Cuahtémoc Cárdenas en 1988. En cambio, buscó activamente deslegitimar la supuesta victoria de su oponente.

Los zapatistas y los lopezobradoristas representan dos alas de la oposición popular en México. Representan diferentes estrategias políticas, aunque al momento no trabajan al unísono una con el otra. Pero la APPO en Oaxaca indica qué clase de fuerzas podría juntarlas. Ambas apoyan a la APPO, y ésta ha sido totalmente autónoma de cualquiera de estas alas. Puede haber muchas más APPO en el futuro cercano.

El elemento final que hay que poner en este retrato es el TLCAN. A los estratos altos de México les ha ido bien con él, pero a los bajos les va peor que nunca. Por supuesto, una de las muchas consecuencias es el aumento en la migración transfronteriza hacia Estados Unidos que ha conducido a disturbios internos en dicho país ­entre un nuevo movimiento "nativivista" antinmigrantes y una base política latina movilizada. Si la economía-mundo sigue hundiéndose uno o dos años, el gobierno legal de México podría enfrentar una drástica caída del ingreso y le podría ser difícil capear el temporal. Y las dos turbulencias ­la de México y la de Estados Unidos­ pueden unir fuerzas.

"Hiervan, hiervan, tráfago y males/ fuego, quema, hierve caldero", entonaban las brujas en Macbeth.

Traducción: Ramón Vera Herrera