progressif

sábado, noviembre 11, 2006

Intensificar resistencia civil acuerda PRD. Iglesia niega asilo a dirigentes de la APPO


Tomado de La Jornada. El Fisgón.

El sexto pleno del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática acordó intensificar las acciones de resistencia civil entre el 20 –toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente legítimo- y el 30 de noviembre que tienen como objetivo impedir la toma de posesión del espurio de Calderón el 1 de diciembre.

También se aprobó un consejo extraordinario para mayo de 2007 que implementará los cambios necesarios para hacer frente a la nueva realidad y afrontar de esta manera los retos que se les presentarán.

Y mientras monseñor Abascal sigue dando largas al asunto de Oaxaca y ahora informó que esperará al próximo lunes para ver como está la situación –ante el anuncio de la reanudación de clases en la UABJO-, la iglesia católica se lavó las manos y negó el asilo a dirigentes de la APPO bajo el argumento de que esa es una responsabilidad de monse Abascal, y que además no cuentas con los recursos –¿y lo millones en limosnas y ventas de objetos religiosos?- para dejar dormir a una veintena de personas en la casa de Dios. Ante estos hechos integrantes de la asamblea partieron hoy sábado 11 de noviembre de 2006 de la ciudad de México para la capital oaxaqueña a fin de reforzar las manifestaciones que exigirán por enésima vez la salida del gober asesino y represor Ulises Ruiz Ortiz mañana domingo. El presidente del PRD, Leonel Cota y otros diputados de ese partido también viajaron a Oaxaca para participar en las movilizaciones y hacer patente el respaldo de ese instituto político.

Enseguida una nota tomada de La Jornada.

http://www.jornada.unam.mx


Plantea CNDH ante la ONU fallas en la lucha contra tortura

Señala que la PGR ignoró reportes médicos que comprobaban abusos físicos contra el quejoso

La institución descarta persecución contra el organismo; "son quejas de dos particulares"

KYRA NUÑEZ , VICTOR BALLINAS

Ginebra, 10 de noviembre. Para los expertos del Comité Contra la Tortura (CCT) de la ONU, el enfrentamiento entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) "es algo inusitado, les generó desconcierto, y dudas del gobierno federal, porque no se tenían noticias de que un procurador o un fiscal decidiera iniciar una averiguación previa contra un ombudsman que investigó un caso de tortura", manifestó en entrevista el primer visitador general de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, luego de reunirse más dos horas con los expertos.


El funcionario de la CNDH sostuvo un encuentro con los integrantes de dicho comité para exponerles "la persecución de que son objeto por parte de la PGR", a raíz de la recomendación 13/2006 ­dirigida a la procuraduría por el delito de tortura contra José de Jesús Zúñiga­ y entregó copias de la investigación del caso que implica a elementos de la Agencia Federal de Investigación, y "las complicidades de agentes del Ministerio Público Federal con el personal que torturó a Zúñiga".

Detalles del caso

Los expertos del Comité Contra la Tortura de la ONU "mostraron interés en conocer qué elementos tomó en cuenta la CNDH para concluir que hubo tortura. Les entregué copia de cuatro certificados médicos que acreditan golpes y quemaduras en el cuerpo del detenido, además de que fueron informados de que existen dudas respecto de cómo se realizó la detención de Zúñiga, y de la manera en la que se obtuvo una confesión", abundó el primer visitador de la CNDH.

Plascencia Villanueva refirió que "les expliqué ­a los miembros del CCT­ que la PGR resolvió que no hubo tortura, para lo cual sólo tomó en cuenta los testimonios de sus agentes, no entrevistó a los testigos ni consideró los certificados médicos, y lo más grave, dice la procuraduría que se desechó el caso por el desistimiento del quejoso, y ellos saben muy bien que ante un delito grave como la tortura no se puede archivar la investigación aunque el demandante se desdiga, ya que pudo ser presionado para ello".

Al conocer en detalle el caso, los expertos del comité de la ONU "manifestaron extrañeza y dudas hacia el gobierno federal, primero porque consideran que México minimiza la existencia de la tortura en el país, y en segundo, porque hay renuencia a investigar estos casos. Expresaron que hay un peloteo de la justicia y que los únicos beneficiados son los torturadores y la impunidad", destacó Plascencia Villanueva.

Como primer visitador de la CNDH, y responsable de la investigación de este caso de tortura, Plascencia Villanueva se entrevistó con los expertos del CCT quienes, dijo, le manifestaron "su preocupación y desconcierto ante esta situación, porque el informe de la CNDH sobre este caso es totalmente diferente al presentado por el gobierno. Así, los integrantes de este comité manifestaron que les generó dudas el reporte gubernamental, porque tuvieron acceso a los certificados médicos que documentan la tortura, a los testimonios de los testigos de la detención, y los estudios en el lugar en que ocurrieron los hechos, datos que el informe gubernamental omitió".

Esas dudas, y el desconcierto generado por la persecución contra el ombudsman nacional y los funcionarios de la CNDH que investigaron este caso, fueron manifestados por los expertos internacionales al gobierno mexicano en la sesión en la que se analizó la situación del país en materia de tortura. Los expertos insistieron a los funcionarios que integraron la delegación del gobierno federal en el diferendo, hasta que el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Mario Alvarez Ledesma, reconoció que "la relación de trabajo entre la CNDH y la PGR está más allá del conflicto institucional".

De igual forma, los expertos del Comité Contra la Tortura cuestionaron a los funcionarios federales por qué "ante un desistimiento de un delito grave, se archivó el caso, por qué no se concluyó la investigación, porque nosotros sabemos que a veces los torturados se desisten porque han sido presionados para ello, además, hay certificados médicos que dan cuenta de golpes y quemaduras a un detenido, y que así se obtuvo una confesión. ¿No les parece esto grave para investigarlo?"

Los representantes del gobierno insistieron en que "hubo un desistimiento del que se dijo torturado, y que a veces inventan para recibir un mejor trato. Además, queremos dejar claro que no hay ninguna persecución de la PGR contra el ombudsman nacional o funcionarios de ese órgano, lo que hay son denuncias de dos funcionarios, agentes del Ministerio Público federal que a título personal presentaron sendas demandas por sentirse agraviados".

También en ese encuentro, los expertos de la ONU quisieron conocer "de viva voz de la CNDH cuál era la situación de las investigaciones que lleva a cabo el gobierno respecto de los feminicidios, también sobre el caso de las mujeres ultrajadas por policías en San Salvador Atenco, y sobre las torturas y detenciones ilegales a los altermundistas en Guadalajara, Jalisco", señaló el visitador de la CNDH.