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viernes, noviembre 10, 2006

Corrupción, saqueo y cinismo; legado del gobierno del cambio



Desde hace unas semanas la periodista Anabel Hernández sostiene entrevistas en medios de comunicación para publicitar su más reciente libro: Fin de Fiesta en Los Pinos. Se trata de la continuación de La Familia Presidencial. El gobierno del cambio bajo sospecha de corrupción, en el que narraba la mejoría en las finanzas de la familia presidencial y del nuevo rancho del traidor Vicente Fox Quesada construido en tierras que antes eran estériles y luego transformadas en productivas con sembradíos de agave azul y lagos artificiales. Todo al cuidado del Estado Mayor Presidencial, es decir con cargo a los impuestos del pueblo de México.

Esta entrega ahonda en la hipocresía de un gobierno que se dijo “del cambio” y que sí cambió pero para su beneficio personal y el de una camarilla mafiosa ligada a la llamada “pareja presidencial”. El que hoy se dice secuestrado por uno de los poderes-contrapeso de la Unión, no sólo no lucho contra la corrupción en sus seis años de mandato, sino que cobijó y propició el fraude y abuso descarados.

Entre sus promesas ya como presidente estuvo la de: “Los grandes corruptos del pasado, del presente y del futuro rendirán cuentas, no habrá para ellos borrón y cuenta nueva. Combatiré estos males con la fuerza sencilla y poderosa del ejemplo”.
Al final de su sexenio las cuentas que entrega son que ni peces gordos ni medianos cayeron en sus redes, pura morralla. Desde el principio gastó millones de pesos en remodelar las llamadas “cabañitas” de Los pinos y las casas de descanso en Cancún, Acapulco y San Miguel de Allende. Tal vez pensó en aquella frase de “si no puedes vencerlos únete a ellos”.

El que se dijo servidor del pueblo y que “yo si necesitaré mi pensión ya que no robé” y estaré desempleado al fin del sexenio. Cuenta ahora con un patrimonio millonario. Según datos del libro solamente en lo que se refiere a PEMEX la familia presidencial hizo negocios por 12 mil millones de pesos, una línea aérea –Avolar- y los millonarios negocios de los Bibriesca en el ramo inmobiliario y en Hacienda, en el área de aduanas.

Hernández afirma que cuenta con 10 mil fojas de su investigación en la que entrevistó a 120 personas que generaron 300 horas de grabación.

Estamos dice la reportera ante un mayúsculo caso de corrupción. Y de cinismo –agregó yo- por parte de quienes gobiernan realmente el país. El corrupto mayor, el jefe de la mafia en Los Pinos auspició y prohijó el saqueó nacional. ¿Ejemplos?

Sueldos de entre 380 y medio millón de pesos al mes para los magistransas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –quienes avalaron el actuar del hampón, de ahí su tajada-. Cantidades similares para los “jueces” del Trife. Condonación del pago de impuestos o regreso de los mismos a los grandes empresarios del país. Regalo de tiempo aire y monopolio a los amos y señores del espacio radioeléctrico –que según es propiedad de la nación-, equivalente a miles de millones de dólares. Total respaldo al monopolio de Telmex, que ya cuenta también autorización para televisión de paga –en ninguna parte del mundo se tiene la concentración de medios llamados triple play (video, voz y datos; telefonía, televisión e internet) como se autorizó a Telmex, Televisa y TV Azteca), lo que aumentará su poder hasta ser mayor –como quedó demostrado en los hechos recientes- que el del propio Estado.

Si la cabeza de la administración federal se ufanaba en derroches y despilfarros –ocultos mediante el bombardeo día y noche de anuncios publicitarios (culto a la personalidad)-, por qué los demás poderes del país se quedarían al margen. Recordemos el caso del viejo Canal 40, la violación a toda ley y la total impunidad para los amigos de la “pareja presidencial”. ¿Qué podemos decir de los medios de comunicación que sabían de las fechorías pero que guardaron silencio a cambio de jugosas ganancias? Todas ellas de los bolsillos de los mexicanos. De esos mismos que todavía creen que el traidor Fox es una “buena persona”. ¿Se llamarán los medios sorprendidos de nuevo –como ya lo dijeron en el caso Carlos Salinas de Gortari- luego del 1 de diciembre? ¿Seguirá el cinismo de no sabía? Una reportera con mínimos recursos puso al descubierto un robo tan descarado. ¿Les creeremos a las televisoras y radiodifusoras que “transmiten en vivo” desde cualquier parte del mundo que no estaban enteradas del saqueo?

Como ciudadanos tenemos el derecho y la obligación a ser informados e informarnos con claridad y veracidad. De no hacerlo estamos fallando también en este camino de cambiar las instituciones del país.

A continuación un análisis tomado de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx


Sociedades de convivencia, avances y derrotas
jenaro villamil

México, D.F., 9 de noviembre (apro).- Diecisiete años después de que en Dinamarca se aprobara el primer modelo de unión civil entre parejas del mismo sexo, siete años después de que comenzara la discusión legislativa en la capital del país y tras intentos consecutivos por aprobarla en las dos legislaturas anteriores, finalmente una amplia mayoría de diputados aprobó este jueves en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la Ley de Sociedades de Convivencia.

Esta ley no es equiparable al matrimonio entre gay’s y lesbianas. Hasta el momento, esta figura sólo existe en los códigos civiles de España, Bélgica, Holanda y en algunas provincias de Canadá. El matrimonio gay regula la relación y convivencia de dos personas del mismo sexo, con iguales requisitos y efectos para los matrimonios tradicionales, incluyendo la adopción de hijos, y con plenos derechos en materia de seguridad social, herencia, patrimonio común, etcétera.

A diferencia de los matrimonios, las sociedades de convivencia se asemejan a la figura del Pacto Civil de Solidaridad, que existe en Francia, y a modelos de unión civil en Alemania, Eslovenia, Finlandia y Hungría, así como en diez regiones de Italia, en Portugal, Gran Bretaña (donde se permite la adopción), en la ciudad de Buenos Aires, en Brasil y en algunas entidades norteamericanas como California, Vermont, Nueva Jersey, Washington DC, Connecticut y Maine. En estos sitios se les llama compañeros domésticos a quienes participan en las uniones civiles.

Las uniones civiles tienen modelos flexibles, no comparten los mismos derechos y obligaciones que los cónyuges, no permiten la adopción de hijos, pero sí garantizan la tutela alimentaria de la pareja, así como la posibilidad de compartir un mismo patrimonio.

En el caso de las sociedades de convivencia capitalinas, éstas se podrán formalizar ante la dirección general jurídica y de gobierno del órgano político administrativo de las delegaciones.

El modelo de sociedades de convivencia aprobado en la Ciudad de México no es exclusivo para las parejas gay o lésbicas, ni tampoco reclama un vínculo o trato sexual. En la exposición de motivos de la iniciativa se establece que este tipo de sociedades puede establecerse “en aquellas relaciones en las que no necesariamente exista trato sexual, sino sólo el deseo de compartir una vida en común, basada en auténticos lazos de solidaridad humana, de comprensión mutua y apego afectivo”. La única limitante es que no exista parentesco o lazos de consanguinidad hasta en cuarto grado.

En esencia, constituye un avance importante para todo tipo de parejas que no tienen certeza jurídica en su unión, que no generan derechos sucesorios a sus parejas ni asumen deberes recíprocos. Este elemento era común en el caso de decenas de uniones entre gay’s o lesbianas e, incluso, entre ancianos o personas de la tercera edad que compartían un espacio con algún amigo o amiga. Al morir uno de los individuos, su pareja no podía reclamar derechos sucesorios. Muchos de sus bienes pasaban a formar parte de la beneficencia pública o, en el peor de los casos, se generaban serios conflictos con los parientes cercanos que se reconocen como los “herederos legítimos”.

A pesar de estos avances, hay varios puntos pendientes para el reconocimiento pleno de derechos entre uniones de este tipo. El principal es la posibilidad de proporcionar seguridad social y otro tipo de prestaciones a alguna de las parejas que carezca de ella. Para lograr este punto se requiere aún una reforma en la ley federal sobre la materia.

Por otro lado, también hay derrotas visibles en sectores que alimentaron la oposición a este modelo de uniones civiles, con el espantajo de que se legalizan “las uniones antinaturales”, se permitirá la “pedofilia” porque se permite la adopción de hijos –algo que evidentemente no contempla la iniciativa-- y se atenta contra el modelo de familia tradicional formada por un hombre y una mujer.

El más entusiasta opositor fue el arzobispo primado y cardenal de la Ciudad de México, Norberto Rivera. Si antes pudo presionar y hasta lograr sus fines durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ahora Rivera ya no tiene la misma capacidad de maniobra. Los escándalos consecutivos que lo han involucrado como protector de pederasta o, por lo menos, omiso frente a constantes casos de abusos sexuales, han dañado su credibilidad.

Hasta algunos legisladores panistas consideran que la animosidad del cardenal y de grupos afines, como la Unión Nacional de Padres de Familia o Provida, “no ayudan” para enmendar la imagen de homofobia e intolerancia que le ha costado mucho a Acción Nacional.

El ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza, en conferencia de prensa realizada un día antes de la sesión de este jueves, respondió que la Iglesia católica y sus organismos afines deben preocuparse más por sancionar a los propios curas abusadores que por la ley de sociedades de convivencia.

“Ojalá también publicaran desplegados para combatir los abusos sexuales al interior de la Iglesia., que pusieran un ejemplo de justicia y respeto a los derechos humanos o que hicieran un pronunciamiento público en contra de las violaciones a los derechos humanos al interior de sus iglesias”, remató Alvarez Icaza.

La derrota principal para el PAN fue no haber convencido con argumentos las presuntas “inconsistencias jurídicas” para volver a congelar la iniciativa durante tres años más.

Ahora, tanto el PAN como la jerarquía católica se enfrentan a la posibilidad de que en estados como Coahuila, Morelos y Michoacán se ventilen iniciativas similares para aprobar sociedades de convivencia.

El más entusiasta promotor de uniones gay’s y lesbianas en Coahuila es el obispo de Saltillo, Raúl Vera, advirtiendo que las respetará siempre y cuando no sean consideradas plenamente como matrimonios. Además del obispo, los legisladores locales priistas y el mismo gobernador Humberto Moreira han expresado su apoyo a la discusión, que ya logró su primera victoria legislativa en el Distrito Federal.

Comentarios: jenarovi@yahoo.com.mx