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domingo, agosto 26, 2012

El infierno en San Felipe*


Tomado de Monosapiens, Hernández y Helguera.




Gloria Leticia Díaz
 

Asesinatos, hostigamiento a familias enteras, falsas acusaciones, golpes y torturas son cosa de todos los días para los habitantes de San Felipe, puerto de Baja California que padece a los soldados de la II Región Militar. En menos de un año los uniformados han ejecutado extrajudicialmente a dos vecinos sin que hasta la fecha se les haya castigado. Ante los fallos de la Suprema Corte de Justicia, en abono del acotamiento al fuero militar, Proceso inicia con este reportaje una serie de trabajos testimoniales sobre la brutalidad que ejercen miembros del Ejército mexicano al amparo de la guerra declarada por Felipe Calderón contra el narcotráfico.

 

SAN FELIPE, BC.- Enclave en el trasiego de drogas a Estados Unidos, este pequeño puerto de alrededor de 17 mil habitantes ha sido escenario de numerosos agravios de militares contra civiles. 

En el municipio de Mexicali y a orillas del Mar de Cortés, a 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, San Felipe es un pueblo de pescadores al que suelen llegar desde Sinaloa lanchas con cargamentos de enervantes. Desde que el Ejército fue metido en la guerra contra el narcotráfico, elementos de la II Región Militar resguardan la zona. Su presencia se percibe en este pequeño puerto desde que se cruza el retén construido como caseta de cobro en la carretera Mexicali-San Felipe. 

Los militares, sin identificación a la vista, revisan minuciosamente todos los vehículos. No hay criterios ni protocolos claros en la revisión: pueden tardar 10 minutos o hasta hora y media en hacerlo; o más si alguien protesta, cuentan quienes frecuentan el tramo carretero.

–¿Cuál es el motivo de la revisión? –pregunta Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), al soldado que le ordena apagar el motor, y a él y a la reportera que bajen del vehículo. 

–Es una revisión de rutina con motivo de la Ley de Armas y Explosivos –responde el uniformado con el fusil al hombro. 

–Los retenes son inconstitucionales y una ley secundaria no puede estar por encima de la Constitución –revira Ramírez Baena. 

–Es una orden del presidente de la República –insiste el soldado. 

–El presidente no puede estar por encima de la Constitución –le recuerda el defensor. 

–Es una orden del presidente y nosotros sólo obedecemos –alega el militar, que no proporciona su nombre “por seguridad” y está determinado a no dejar pasar al defensor y a la periodista sin revisar palmo a palmo el vehículo en el que viajan. 

Al salir del puerto la revisión se repite en tanto que otro militar –quien tampoco muestra nombre ni rango en el uniforme– anota las placas del automóvil y le exige a Ramírez Baena que diga su nombre, a lo que éste se niega.

 

En la indefensión
 

El de San Felipe es uno de los 42 puestos de control que tiene el Ejército en la II Región Militar, que comprende Baja California, Baja California Sur y Sonora y que comanda el general de división Alfonso Duarte Múgica, ascendido por Felipe Calderón el 19 de febrero de este año, pese a que contra él hay decenas de denuncias penales por torturas cometidas en instalaciones a su cargo (Proceso 1847). 

Extitular de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California (PDH), Ramírez Baena dice a este semanario que “las violaciones a los derechos humanos derivadas de la militarización –la otra cara de la guerra contra el narcotráfico– empezaron en forma alarmante en 2009 en Tijuana; a partir del segundo semestre de 2010 y más en 2011 los abusos se desplazaron a Mexicali, Tecate, Ensenada e hicieron crisis en San Felipe”. 

De esta situación tienen conocimiento la PDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como organizaciones civiles nacionales e internacionales. 

“Pero el Ejército, y en particular Duarte, que tiene el control de la seguridad pública de los tres estados de la II Región, es bien visto mediáticamente; recientemente el general dio un informe de aseguramientos importantes en Baja California a partir de 2007: 72 mil millones de pesos, más de 2 millones de kilos de mariguana, casi 7 mil kilos de cristal, 500 mil kilos de heroína; pero sin el compromiso de respetar los derechos humanos”, afirma Ramírez Baena. 

En mayo pasado, recuerda, “de las 40 aplicaciones del Protocolo de Estambul (procedimiento para determinar tortura física y psicológica) que hizo la CNDH en todo el país, 20 fueron en Baja California”. 

Los bajacalifornianos están indefensos, sostiene Ramírez Baena, quien ha confirmado que “si el C-4 –que atiende llamadas de emergencia– recibe una denuncia por un allanamiento o por un cateo ilegal, por una detención arbitraria en la que esté involucrado el Ejército o haya presencia de vehículos militares u hombres encapuchados vestidos de negro, tiene instrucciones de no intervenir”. 

El tema de los derechos humanos no le preocupa a Duarte. El 27 de julio los medios locales reportaron que al salir de la reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Mexicali, el general dio respuesta a las cifras presentadas por la delegada de la CNDH en Tijuana, Gabriela Navarro, quien dos días antes había informado que en 2011 su oficina tuvo 117 quejas contra elementos castrenses y en los primeros siete meses de 2012 llevaba 103. 

“Son ínfimas las quejas que se tienen en comparación con la cantidad de operaciones, que son millones en estos cinco años, frente a 656 quejas de derechos humanos y seis recomendaciones (de la CNDH)”, declaró Duarte. 

Los pobladores de San Felipe se ven tensos. Las secuelas de la militarización traducidas en historias de abusos, tortura y muerte se cuentan en voz baja. En la conferencia del 27 de julio con medios locales,  Duarte dijo que hay 36 quejas en la CNDH contra sus soldados destacamentados en este puerto; muchas de ellas están relacionadas con detenciones por supuesta posesión de droga.

Las víctimas de abusos confían a la reportera que algunos adictos trabajan para los militares a cambio de dosis o dinero: señalan domicilios donde presuntamente venden enervantes. A ellos se les atribuyen las “llamadas anónimas” que llevan a la tropa a catear casas ilegalmente. 

Personas que han sido torturadas en el cuartel para que se acusen de vender drogas aseguran que mandos castrenses les ofrecieron protección si aceptan trabajar para ellos. 

“Si trabajas conmigo y vendes mi droga, nada te va a faltar; vas a tener carro, dinero y quitas del camino a quien quieras”, narra una fuente con base en lo que le dijo un teniente. Esta persona, que pidió el anonimato, fue detenida en su domicilio y entregada al Ministerio Público federal “cargada” de cristal, pero fue puesta en libertad al comprobarse su inocencia. 

Ramírez Baena apunta: “El Poder Judicial de la federación ya advirtió el juego del Ejército y desde 2011 las personas acusadas ilegalmente y torturadas son liberadas después de estar en prisión unos tres meses. Lo inconcebible es que el Ministerio Público federal, que conoce esta situación, consigne a las personas inocentes”.

 

Asesinato del “Yei”
 

La muerte del pescador Francisco Ismael Ortiz Bon, cuyo cuerpo fue hallado en una Hummer el pasado 17 de mayo, es el más reciente de los abusos militares en San Felipe. La indignación hizo que los habitantes del puerto se movilizaran el 19 de mayo, día en que aquél fue sepultado.

“Justicia. No somos perros” y “El Ejercito haora asecina. Que no es para cuidar” (sic) decían las pancartas que llevaron los dolientes la tarde en que enterraron a Francisco Ismael (sus amigos le decían El Yei) y que luego fueron colocadas en la reja de la casa de María Elena Iriqui, su viuda. 

La versión oficial –difundida por el encargado de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, Miguel Ángel Guerrero Castro– señala que a las 2:30 de la mañana del 17 de mayo un convoy del Ejército detuvo a Ortiz Bon cuando éste trataba de huir por calles del puerto.

Según el parte militar retomado por Guerrero Castro, Ortiz Bon traía “153 envoltorios de ice, dos de heroína y cuatro de cristal”, y que al subirlo a la Hummer “sufrió una convulsión” y murió. El agente del Ministerio Público Ricardo Villarreal fue informado por los militares tres horas y media después de los hechos. 

María Elena Iriqui narra a Proceso lo que ocurrió: “Entre las dos y dos y media de la mañana llegaron los militares, tumbaron las puertas y cuando abrimos los ojos ya los teníamos encima; a mi domicilio entraron cuatro, pero afuera, en la calle, había más en una Hummer y en una Windstar gris; a punta de groserías se dirigieron a mi esposo: ‘¡Levántate hijo de tu puta madre!’ Lo sacaron de la cama en bóxers y calcetas”. 

La casa de María Elena tiene sólo dos cuartos: recámara y cocina. En ésta tres soldados golpearon al Yei con los fusiles. “Me pusieron a un militar como custodio, estaba mi niño de nueve años conmigo; los dos vimos cómo le pegaban a su papá, lo insultaban y le preguntaban por la droga y él decía que no sabía de qué le hablaban”. 

El militar al mando le gritó: “¡Así que para golpear policías eres muy bueno, hijo de tu pinche madre!” Y es que 20 días antes del allanamiento El Yei “no dejó que los municipales lo subieran a una patrulla”. 

Después de golpearlo durante 15 o 20 minutos, dice María, su marido fue sacado de su casa. A unos tres metros, desde la ventana de una cámper, su hija mayor, Perla, y sus nietos de cuatro y seis años atestiguaron las agresiones. 

De tres a siete de la mañana María preguntó por su marido en el cuartel y en la policía. Todo el tiempo se lo negaron. “Llorando suplicaba a los militares: ‘¡Díganme si está golpeado o detenido, qué les cuesta, no sean malos!’ Y me decían: ‘No está aquí, váyase tranquila’. Y yo les respondía que cómo me voy a ir tranquila si mi esposo está desaparecido”, recuerda. 

A mediodía llegó una hermana de Francisco Ismael y le informó que el pescador estaba muerto. El acta de defunción asienta como causa de muerte “asfixia por broncoaspiración”.

La viuda muestra fotografías del cadáver de su esposo, que al morir tenía 40 años. Pese al maquillaje que asegura le aplicaron en la funeraria, el rostro del hombre se ve deformado por los golpes; el torso y los brazos están llenos de hematomas, y en los dedos de los pies se ven unos puntos morados. “Me dicen que fue por los toques eléctricos”, confía María.

No era la primera vez que Francisco Ismael era agredido por los militares. “En tres ocasiones anteriores se metieron a la casa buscando droga; decían que era por llamadas anónimas y que cada vez que las hubiera, entrarían”. 

En octubre de 2011 su hija Perla Kristel Ortiz Iriqui interpuso una queja ante la CNDH, con el número CNDH/5/2011/9371. Tras el crimen, personal de la delegación de la CNDH acudió a recabar los testimonios de la familia Ortiz Iriqui. 

Por la muerte de Francisco Ismael, Perla y María fueron llamadas a declarar en las oficinas de la PGR en Mexicali, donde está integrada la averiguación previa AP/PGR/BC/73/2012-MU. 

En días recientes, dice la viuda, recibió la visita de la subprocuradora de Derechos Humanos de la delegación de la PGR, María García Alba Idañarte, quien le ofreció atención psicológica a ella y su familia. 

Además, sin recordar la fecha exacta, María cuenta que en julio fue visitada por un teniente y un coronel, cuyos nombres no recuerda, quienes se disculparon por la muerte de su marido y ofrecieron una “reparación del daño”, así como gestionar con el gobierno de Baja California becas para su hijo y uno de sus nietos. 

A más de tres meses de la muerte de su esposo, con quien vivió 25 años, María Elena Iriqui no tiene copia de la averiguación previa ni sabe si los responsables están siendo procesados.

 

La ejecución de Audelo

 

El 20 de agosto de 2011 los habitantes de San Felipe se enteraron de la ejecución de Guillermo Audelo Murrieta, soldador, pescador y mecánico. 

El caso fue remitido al fuero militar el 13 de septiembre de 2011 y desde noviembre de ese año, a solicitud de la CCDH, le da seguimiento el relator especial de las Naciones Unidas para Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns. 

Entrevistadas por Proceso,  Nidia Sofía y Brenya Janeth Audelo Amador, hijas de la víctima, hacen un recuento de la complicada trama. 

Las jóvenes, de 23 y 22 años respectivamente, cuentan que su padre se confrontó con el cabo Pedro Guadalupe Pérez García, quien se negó a reconocer al hijo que tuvo con Nidia, su expareja; la confrontación fue después con el teniente Javier Luciano Aquino, quien empezó hostigando a la familia para apoyar al cabo y terminó acosando sexualmente a la esposa de Guillermo, Imelda Amador. 

El acoso militar empezó por las revisiones a Guillermo Audelo y a su automóvil al cruzar el retén; luego fue cada vez que pasaba frente a un vehículo militar en las calles de San Felipe; después vinieron los allanamientos a su casa y las de sus familiares; luego, la detención de sus hijos, a los que torturaron en el cuartel y una acusación de narcomenudista contra su esposa… y al final vino la muerte.

El 1 de mayo de 2011 Nidia interpuso una queja ante la PDH que fue remitida a la CNDH dos días después; el 30 de junio de ese año el organismo estatal pidió al nacional medidas cautelares para Nidia y su familia ante el hostigamiento constante. 

Además de Luciano Aquino, quien “la Sedena niega que exista”, Nidia identifica como responsable del acoso al teniente Gonzalo Varela del Rincón, apodado Malandro, Pega Duro y El Sapo. Afirma Nidia: “Es el que ha golpeado a toda la gente de San Felipe, es un psicópata; dicen que está en la cárcel, pero tenemos información de que sigue aquí en el cuartel”. 

La madrugada del 19 de agosto del año pasado Imelda Amador fue sacada de su domicilio por un piquete de militares, acusada de posesión de 13 envoltorios de ice; fue llevada a Tijuana y su proceso todavía sigue, aunque ella está libre bajo caución. 

La mañana siguiente Brenya se enteró de un supuesto enfrentamiento entre miembros del Ejército y presuntos narcotraficantes en el hotel Alborada, donde sabía que estaba hospedado Audelo Murrieta con los hermanos Julio César y Lorenzo Antonio Ruiz Lara, a quienes les reparaba una camioneta. 

Acudió al lugar y ahí supo que la única víctima era su padre. 

La versión oficial dice que los militares acudieron al hotel por una llamada anónima; que a las 5:30 llegaron al lugar, detuvieron a los hermanos Ruiz Lara con armas cortas y 38.3 gramos de cristal; que escondido bajo una de las camas estaba Guillermo Audelo, que atacó al cabo Marcelo Luna Contreras, quien lo había descubierto y quien accionó su arma “produciéndole al civil una herida mortal a la altura de la región infraclavicular derecha, misma que le provocó la muerte”.

Visitadores de la CNDH inspeccionaron el cuarto donde mataron a Guillermo Audelo y confirmaron que bajo la cama no cabe una persona de complexión regular, en tanto que en el acta de defunción se asentó como causa de muerte “herida penetrante de tórax producida por arma de fuego de alto calibre”. 

Con el apoyo de la CCDH y la CNDH Nidia pidió que se exhumara el cuerpo de su padre para practicarle una nueva necropsia. 

“La Procuraduría Militar que lleva el caso se negó, a pesar de que hay razones para pensar que mi papá no murió como ellos dicen, porque he investigado y su herida no era mortal, le dispararon por atrás y ni siquiera tocó el pulmón, sólo le rompió la clavícula derecha; el del Semefo de Mexicali (Francisco Acuña Campa) dijo que el balazo que le dieron había sido a menos de tres metros.” 

Las declaraciones de los hermanos Ruiz Lara rendidas ante el juez de su causa sostienen la sospecha de la familia Audelo Amador. 

En la declaración ante el juez federal –integrada en el expediente 355/2011-5– los hermanos Ruiz afirmaron que militares vestidos de civil y con pasamontañas sacaron a los tres (Julio César, Lorenzo Antonio y Guillermo) por la fuerza de las habitaciones 113 y 114 en las que descansaban; les amarraron las manos, los obligaron a hincarse y los encapucharon. 

“Los hermanos advirtieron que los militares metieron a Guillermo en un cuarto y escucharon sus lamentos. Los Ruiz Lara fueron sacados del hotel y escucharon una detonación antes de que el vehículo en el que los subieron arrancara.” 

Declararon que fueron torturados en el cuartel de San Felipe con descargas eléctricas y golpes en los costados y la cabeza. Los interrogaban sobre una persona apodada La Yegua y después los golpeaban para que sostuvieran la versión militar: que Audelo atacó a un soldado y éste repelió la agresión. 

Los Ruiz fueron absueltos días después por falta de pruebas, pero el hostigamiento militar no acabó. Julio César, Lorenzo Antonio y José Alonso Ruiz Lara fueron detenidos por militares en cinco, dos y tres ocasiones respectivamente, llevados al cuartel militar, torturados y consignados a juzgados de Distrito por posesión de drogas y armas. Cada vez fueron declarados inocentes por falta de pruebas y por las huellas de los abusos. Y nunca se ha procesado a los militares responsables. 

El 13 de noviembre de 2011 Jesús Manuel Moreno, hermano de Imelda Amador, murió quemado en la cámper en la que vivía. 

Ese mismo día, al domicilio de José Alonso Ruiz Lara llegó un anónimo singular: en una hoja estaban dibujadas tres cruces, una con el nombre de Guillermo Audelo, otra con el de Manuel Moreno y una más con el suyo. 

Este año fue detenido el actual esposo de Nidia, Miqueas Mendoza Romero; fue trasladado a la oficina de la PGR en Mexicali supuestamente por transportar seis dosis de cristal. “Vendí hasta la ropa de mis hijos para conseguir 6 mil pesos que me pidió el Ministerio Público para sacarlo, pero no me dio comprobante”. 

Apoyada por Ramírez Baena y el diputado perredista local Francisco Sánchez Corona, Nidia logró que en septiembre de 2011 el Congreso de Baja California exhortara a Felipe Calderón a investigar “las denuncias en contra del personal militar que sirve en la plaza del puerto de San Felipe, Baja California, por violaciones graves y reiteradas a los derechos humanos y la seguridad jurídica en contra de vecinos del citado puerto”; en específico, el caso de la muerte de Guillermo Audelo y los hostigamientos a su familia. 

Para Nidia el tormento no acaba. Cada vez que pasa por el retén militar ella y su vehículo son revisados exhaustivamente. “Una vez iba a Mexicali a una conferencia de prensa y me retuvieron hora y media; otra, iba a una audiencia al juzgado y fueron una hora y 20 minutos. Le pregunté a un soldado por qué tardaban tanto en revisarme y me dijo: ‘Levántate más temprano para que no se te haga tarde’”. 

(En la siguiente edición: El anciano “narco” muerto a golpes)

*Tomado de la revista Proceso.

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