Operación trasatlántica*

Tomado de La Jornada, Hernández y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Finalmente José Luis Ponce de Aquino fue tomado en serio por las autoridades electorales en el caso de la compra masiva de votos por parte del PRI y el presunto financiamiento ilegal de la campaña peñista… O al menos eso parece por lo pronto. El empresario estadunidense que demandó en una Corte de California al equipo de Enrique Peña Nieto, presuntamente por incumplimiento de un pago millonario, lanza acusaciones más graves, que documenta ahora Proceso. Según él, la maraña de maniobras financieras para alimentar la campaña priista tiene alcance internacional, así como probables nexos con el crimen organizado.

Desde México pero con ramificaciones en otros países, varios políticos y empresarios echaron a andar una compleja operación financiera a fin de triangular recursos millonarios y comprar la Presidencia de la República en favor de Enrique Peña Nieto. En esta compleja operación hay además indicios de lavado de dinero.

Datos en poder de Proceso indican que se trata de una operación financiera con alcances en España, Italia, Israel y Estados Unidos, donde se triangularon los recursos que finalmente fueron depositados en Banca Monex para ser usados por el PRI en la campaña de Peña Nieto.

En este entramado salen a relucir los nombres de personajes ligados al candidato presidencial del PRI y de las empresas GAP, HIGA, Jiramos y GM Global, así como de los bancos Monex y Mifel.

El esquema es similar al de las operaciones de lavado de dinero del crimen organizado, sostiene el diputado petista Jaime Cárdenas, cabeza del equipo jurídico de la coalición Movimiento Progresista y quien siendo consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) participó en la investigación del caso Amigos de Fox, donde se triangularon millones de pesos del extranjero para la campaña del candidato presidencial panista en 2000.

La investigación pendiente

La Unidad de Fiscalización del IFE ya tiene una línea de investigación que apunta hacia la localización de dinero presumiblemente transferido desde el exterior. Así está considerado en su informe sobre el avance de las investigaciones derivadas de las quejas que por separado hicieron el PRD y el PAN contra el PRI por la presunta compra de votos a través de las tarjetas Monex Recompensas, usadas también para pagar a delegados y representantes de casilla.

Entre las líneas de investigación incluidas en el expediente Q-UFRPP 58/12 de dicha Unidad a cargo de Alfredo Cristalinas Kaulitz, en lo referente al cuarto punto –establecimiento del uso y vinculación de las tarjetas Monex con el proceso electoral– se prevé investigar desde cuáles países se dispusieron los recursos y las empresas relacionadas con los partidos políticos para el fondeo y uso de dichas tarjetas.

En la ruta de indagación –hecha pública en la sesión del jueves 26– en primer lugar está la identificación de las modalidades de fondeo y uso de las tarjetas. En segundo, la determinación de las erogaciones realizadas en cada una de las tarjetas de todos los lotes y aquí es donde se señala que verían la fecha de las operaciones, su monto y la ciudad y país de disposición de los recursos.

Además se investigará la relación de las personas físicas “representaciones legales, socios accionistas, apoderados, empleados de las personas morales, entre otros”, con los partidos políticos.

Es aquí donde la Unidad de Fiscalización busca la hebra para desentrañar la compleja estrategia financiera de millones de dólares para la campaña de Enrique Peña Nieto, que el pasado 14 de junio reveló el empresario estadunidense de origen mexicano José Luis Ponce de Aquino, propietario de la empresa televisiva Frontera Televisión Network LLP.

En una denuncia interpuesta en Estados Unidos, Ponce de Aquino dijo que en octubre del año pasado operadores de Enrique Peña Nieto le ofrecieron un contrato de 56 millones de dólares a cambio de promover en ese país al candidato presidencial del PRI el tiempo en que durara la campaña en México.

El empresario afirmó que le constaba haber visto que esa cantidad de dinero fue depositada por los representantes del candidato presidencial del PRI en Banco Monex y Banca Mifel en un solo día.

No sólo eso sino que dijo haber atestiguado la transferencia bancaria de supuestas cuentas con dinero de procedencia desconocida, radicadas en bancos de Italia, Israel “y otro portugués o brasileño” a una cuenta en la sucursal de Banca Monex en la Ciudad de México a nombre de la empresa Jiramos, propiedad de Alejandro Carrillo Garza Sada, quien lo contactó para hacer la campaña publicitaria del priista en Estados Unidos.

En la demanda interpuesta en la Corte de Distrito Central de California por fraude, luego de que presuntamente los representantes de Peña Nieto incumplieron el pago para hacer circular los 56 millones de dólares en depósitos realizados en Monex y Mifel, el empresario dice algo más grave: sospecha que pudiera haber dinero del crimen organizado en esas transacciones.

En el expediente de la Unidad de Fiscalización del IFE se señala al respecto: “Que el C. José Luis Ponce de Aquino afirma haber recibido amenazas de muerte de los C. José Carrillo Chontkowsky y Alfredo Carrillo Chontkowsky, así como de Hugo Vigues, quienes le advirtieron que los 56 millones de dólares que iba a recibir por una campaña de imagen en Estados Unidos para el aspirante priista ‘procedían de empresas relacionadas con el narco’, y que el empresario Alejandro Carrillo Garza Sada le advirtió: ‘Más vale que no haga nada porque hasta le voy a prohibir que entre a México y le voy a quitar su empresa’, esto último por conducto de su representante, el C. Francisco Torres”.

Al denunciar públicamente esta historia, Ponce de Aquino hizo que el Movimiento Progresista y el PAN interpusieran por separado sendas quejas ante el IFE contra el PRI por presunto manejo de recursos “de procedencia desconocida” y que las autoridades financieras comenzaran a buscar el país de origen y la ruta de esos 56 millones de dólares que el empresario asegura que fueron depositados en Monex y Mifel y sirvieron para la campaña de Peña Nieto.

Camerino Eleazar Márquez, representante del PRD ante el IFE, sostiene que la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la Unidad de Fiscalización del instituto, ya deben tener los datos duros y concretos de estas transferencias y los números de cuentas, montos, flujo financiero y dispersión de los recursos.

El pasado 19 de junio el perredista hizo una petición a la Unidad de Fiscalización para que se le informara de los avances de la investigación sobre este caso. Alfredo Cristalinas respondió en el oficio UF/DRN/7194/2012 que esa información estaba reservada hasta concluir las indagatorias.

“No hay manera de poder ocultar el escándalo de los recursos que triangularon en Monex. Es evidente que el sistema financiero no es exclusivo para México, estamos en una época en la que todo está interactuando; vimos en el caso del banco HSBC que fueron instancias externas las que detectaron el lavado de dinero. Además hay antecedentes de averiguaciones previas de lavado de dinero en Monex producto del trasiego de la droga en España y otros países de Europa. Esto obra en expedientes y por lo tanto sería una línea de investigación que las autoridades deben investigar”, sostiene el perredista.

Monex tiene una larga historia en el lavado de dinero. Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/284/2004 –que se abrió en 2003, cuando fueron detenidos dos operadores financieros de los Arellano Félix–, este grupo lavó 3.8 millones de dólares en Monex Divisas entre 2000 y 2002.

En esa misma averiguación se indica que la policía española encontró en 2006 que el Cártel del Valle del Norte de Colombia uso Monex Casa de Bolsa, Monex Divisa e Intercam Casa de Cambio –todas radicadas en México– para lavar 78 millones de euros. En 2007 las mismas autoridades españolas notificaron a las mexicanas que Zhenli Ye Gon también usó Monex para hacer transferencias. Y en 2008 el cártel de los Beltrán Leyva también usó ese banco para transferir 78 millones de euros.

En una línea de investigación más reciente, las autoridades de Estados Unidos encontraron que Fernando Castro Martínez, presunto prestanombres del exgobernador tamaulipeco Tomás Yarrington, realizó transferencias por 7.2 millones de dólares a distintas entidades financieras, Monex incluida.

Jaime Cárdenas advierte que es muy importante que se investiguen las declaraciones de Ponce de Aquino y los depósitos millonarios en Monex.

“Sabemos que se hicieron depósitos en Estados Unidos e Italia. Las autoridades tienen que investigar a fondo porque se tipifica el lavado de dinero. El objetivo de toda esta triangulación internacional es precisamente ocultar el origen del dinero; eso es lo que se tiene que investigar porque el PRI sabía que no le alcanzaría el dinero que le dio el IFE y buscó financiar a Peña Nieto con dinero de otras partes.”

El abogado recuerda que ya existen los tratados de Palermo sobre lavado de dinero que firmó México y a través de los cuales se puede solicitar información de transacciones bancarias en otros países. Así se actuó en el IFE cuando se investigó el dinero proveniente de Estados Unidos para la campaña de Vicente Fox.

“Esto se tipifica como lavado de dinero, como lo hace el crimen organizado. Las declaraciones del señor Ponce de Aquino muestran una parte de cómo el PRI se hizo de recursos que aún no se sabe de dónde provienen, si es de los gobernadores, de empresarios o incluso del crimen organizado.”

Los amigos de Peña Nieto

Entre los personajes centrales de la trama financiera que presumiblemente actuaron para hacer llegar recursos a la campaña de Peña Nieto está Armando Hinojosa Cantú, dueño del grupo HIGA que proporciona trabajos de construcción, mezcla de asfalto y mantenimiento de señalamientos viales. El empresario tamaulipeco es también dueño de la empresa de aviones Eolo, la que utilizó Peña Nieto durante su campaña.

HIGA fue una de las más beneficiadas en la administración de Peña Nieto en el Estado de México: construyó hospitales como el de Zumpango, por un monto de 7 mil millones de pesos; carreteras y las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Hinojosa, la transnacional española OHL –que dirige en México José Andrés de Oteyza, secretario de Patrimonio y Fomento Industrial en el sexenio de José López Portillo y director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares en el de Carlos Salinas de Gortari– y el Grupo de Abogacía Profesional (GAP) –encabezado hace décadas por Gabino Fraga Mouret, a quien se acusa de mover dinero en Monex a favor del PRI hasta por 91 millones de pesos– se asociaron en la construcción del aeropuerto de Toluca, el segundo en importancia del país y que costó mil 100 millones de pesos.

Gabino Fraga fue coordinador regional de compromisos de campaña del PRI y trabaja en el mismo despacho de la importadora de vinos Efra, que aparece en 22 contratos de Monex.

Esas tres empresas –OHL, HIGA y GAP– fueron unas de las más favorecidas con contratos por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México.

OHL inició en 2003 la millonaria obra del Circuito Exterior Mexiquense que aun hoy sigue en construcción, con un presupuesto de 22 mil 402 millones de pesos; en 2008 Peña Nieto le concesionó el llamado Viaducto Bicentenario, con un costo de 3 mil 923 millones de pesos.

Pero la participación de OHL no fue casual; en su consejo de administración figura como consejero propietario Emilio Lozoya Austin, quien ocupó la Coordinación de Vinculación Internacional durante la campaña de Enrique Peña Nieto y es familiar de Emilio Lozoya Thalmann, secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal en el gobierno de Salinas de Gortari.

GAP participó en la segunda fase de la construcción del Circuito Exterior Mexiquense, en la autopista México-Querétaro y en el Proyecto del Tren Suburbano La Paz-Texcoco-La Paz. En 2009 también intervino en la consolidación del polígono de 700 hectáreas para la proyectada construcción de una refinería en Hidalgo, estado gobernado entonces por Miguel Osorio Chong, uno de los hombres más cercanos a Enrique Peña Nieto.

Según la información proporcionada a Proceso por gente cercana a la campaña peñista y que pidió el anonimato, de las concesiones logradas los amigos y empleados de Peña Nieto –como Hinojosa, Fraga y Lozoya– integraron un fondo financiero para la campaña presidencial, que presuntamente también fue alimentado con recursos de los gobiernos de Yucatán, Veracruz y Zacatecas, entre otros, como lo denunció Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con esas fuentes, una vez obtenidos los recursos Marcos Fastlicht Sackler, suegro de Emilio Azcárraga Jean y quien desde 2005 promovió la imagen de Peña Nieto en Televisa, sugirió como el indicado para poner en marcha la estrategia financiera al empresario textilero y abogado Alfredo Carrillo Chontkowsky, viejo amigo del matrimonio Peña Nieto-Mónica Pretelini.

La familia Chontkowsky está ligada a la cúpula de poder en el Estado de México. Según el Registro Público de la Propiedad, tiene al menos siete empresas con distintas razones sociales dedicadas a negocios de alta tecnología, inmobiliarios, de asesoría legal y financiera, de contabilidad y administración, de importación y comercialización de diversos productos para la industria y para los tres niveles de gobierno. Además, residencias y departamentos en las zonas más lujosas de la entidad.

Su destacada presencia hizo que uno de sus integrantes fuese víctima del cártel de los Beltrán Leyva. “Al iniciar 2005 fue asesinado Simón Carrillo Chontkowsky, pieza clave de Peña Nieto, cuyo hermano Alfredo influyó para acercar a Peña Nieto con Televisa y afianzar sus planes con miras a los comicios de 2012”. (Proceso 1664.)

Fastlicht y Carrillo Chontkowsky forman parte del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República, donde han ocupado los principales cargos, al igual que Alfredo Mafud, obispo de la Iglesia Ortodoxa; Antonio Chedraui Mafud y Alejandro Puente, este último presidente de la Cámara de Cableros, de la que 80% es de Televisa.

Carrillo Chontkowsky, su hermana Susana y Juan Rivero Legarreta crearon en noviembre de 2001 la empresa Carrillo Chontkowsky, Rivero y Asociados, especializada en servicios legales, de contabilidad, administrativos, de asesoría financiera y fiscal. El nombre de Juan Rivero Legarreta coincide con el del abogado de Mauricio y Pablo Madero O’Brien, socios de Carlos Cabal Peniche y Xavier Desiderio Autrey, acusado de fraude.

Es importante destacar que el vínculo de Alfredo Carrillo Chontkowsky con los 56 millones de dólares que entregaría el PRI a José Luis Ponce de Aquino por la promoción de imagen de Peña Nieto, se evidencia con la participación de su tío José y de su hijo, Alejandro Carrillo Garza Sada, dueño de la empresa Jiramos SA, la que firmó el contrato con Ponce de Aquino.

Según el empresario mexicano-estadunidense, Carrillo Garza Sada lo contactó para publicitar la imagen de Peña Nieto; en octubre de 2011 en el restaurante Café de la O presentó su proyecto publicitario ante el propio Carrillo Garza Sada, el padre de éste, Alfredo Carrillo Chontkwosky, y su tío José. Un mes después, sostiene Ponce de Aquino, firmó el contrato con las empresas Jiramos y GM Global de México.

Jiramos es propiedad de Carrillo Garza Sada, y GM Global, de Mario Ignacio Morán Jiménez.

Según información proporcionada a los reporteros, Carrillo Chontkowsky fue quien pidió a Gisel Morán Jiménez, propietaria de cuatro empresas de publicidad, que estableciera contacto con Ponce de Aquino.

Gisel Morán es propietaria de las revistas Life Style y Real Estate Market y en 2008 tuvo del gobierno de Peña Nieto la adjudicación directa de una inserción promocional del polémico Resplandor Teotihuacano, evento criticado por alterar los restos arqueológicos. Es hermana de Mario Ignacio, quien aparece como propietario de GM Global.

En su declaración pública, Ponce de Aquino precisa que luego de que Roberto Calleja, secretario de comunicación del CEN del PRI, testificó la firma del contrato, el vocero de Peña Nieto, David López, rectificó y pidió un cambio de empresas.

Así en lugar de aparecer Frontera Television Networks, Ponce de Aquino formó otra llamada Intelimedia en México, y de parte de los Carrillo cambiaron a Jiramos y GM Global por el Consejo de Porcicultores Mexicanos A.C., y Servicios Integrales al Sector Agropecuario, S.C.

Pero los 56 millones de dólares prometidos nunca llegaron a las manos de Ponce de Aquino, quien ante la negativa decidió interponer en Estados Unidos una demanda por incumplimiento de contrato.

Antes intentó vanamente recuperar sus contratos. Cuando ya había arrancado la campaña de Peña Nieto, en abril de 2012 Carrillo Garza Sada lo citó en el hotel Intercontinental de la Ciudad de México, advirtiéndole que ya no podría regresar sus documentos pues “habían sido ingresados para justificar la salida de recursos del gobierno del Edomex y empresas que contribuyeron a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto”.

Lo anterior significaría que al final el contrato de Ponce de Aquino sirvió para lo que buscaban los peñistas: justificar la salida de dinero del Estado de México para cubrir gastos facturados a empresas que luego triangularon el recurso a la campaña.

Jaime Cárdenas señala que esta triangulación se hizo precisamente para ocultar una parte del origen ilegal de recursos hacia la campaña de Peña Nieto: el que salió de las arcas del Estado de México y posiblemente del crimen organizado.

*Tomado de la revista Proceso.