Elecciones, una opinión preliminar*

Tomados de La Jornada, Helguera y El Fisgón y El Universal, Helioflores.

Octavio Rodríguez Araujo 

El conteo rápido del IFE (no confundir con encuesta de salida) dio como resultado de 37.93 a 38.55 por ciento para Peña Nieto y de 30.90 a 31.86 por ciento para López Obrador, es decir una diferencia de 7.03 a 6.69 por ciento. El PREP, con 98.95 por ciento de las casillas computadas, nos marca una diferencia de 6.51 por ciento en favor del candidato del PRI. El conteo rápido se hace con base en las llamadas sábanas” de un determinado número de casillas escogidas aleatoriamente en el país. Si hubo errores en el llenado de las “sábanas” estos errores no sólo afectan el conteo rápido sino también el PREP. Los resultados, si hubo cualquier tipo de error u omisión, pueden ser distintos a los que se han dado como buenos oficialmente, por lo que si hubo inconsistencias deberán corregirse. Es de pensarse que una diferencia de poco más de 3 millones de sufragios entre los punteros presidenciales hace difícil que se revierta con la revisión de los paquetes de votos y el recuento por inconsistencias en las actas. Pero aun así el IFE debe despejar todas las dudas que tengan fundamento.

Aun asumiendo que los datos presentados por el IFE sean más o menos correctos, es claro, de todos modos, que se trató de una elección inequitativa (recursos y parcialidad de medios), con compra y coacción de votos, carruseles y otras triquiñuelas que día a día están saliendo a la luz. Según entiendo, el martes ya habían sido detectadas 113 mil actas con inconsistencias. No sé qué resultados arroje su revisión.

A reserva de lo que resulte de las impugnaciones en curso, AMLO ganó en muchos sentidos, aunque sea declarado perdedor por las instancias oficiales correspondientes. En primer lugar, millones de mexicanos estamos con él y su propuesta, y no hemos cambiado de posiciones. En segundo lugar, si tomamos en cuenta que en marzo de este año el promedio de preferencias que le daban varias encuestas al candidato del Movimiento Progresista era de 20.8 por ciento, contra 29.2 para Josefina Vázquez Mota y 48.9 para Peña Nieto, lo alcanzado por el tabasqueño en 90 días de campaña fue, si le creemos más o menos a los sondeos, un logro titánico. Rebasó a JVM y disminuyó su diferencia con el mexiquense de 28 puntos a poco más de seis. Le quitó 4 puntos a Josefina y 10 puntos a Peña. Y esta tarea fue lograda con muchos menos recursos que los del PRI y teniendo en contra al gobierno calderonista y al duopolio televisivo, en un país donde 80 por ciento de la población dice informarse por la televisión.

Sé, desde luego, que un triunfo es un triunfo y que lo demás no tiene significado en un sistema electoral donde se gana con un voto de diferencia. Pero no debe menospreciarse lo alcanzado por Andrés Manuel aunque no venza, pues a pesar de haber competido contra dos partidos fuertes (el PRI, que era débil hace seis años, en 2009 se fortaleció mucho y arrasó tanto en elecciones federales como locales) y contra un gobierno y poderes fácticos muy influyentes, obtuvo más votos que en 2006 (en números absolutos). Es un líder indiscutible. 

Por otro lado, en Morelos, Tabasco y el Distrito Federal las izquierdas dejaron atrás a sus contendientes; no sólo ganaron en favor de AMLO sino de los candidatos a gobernador que hicieron muy bien su tarea. Los candidatos a gobernadores, Graco Ramírez y Arturo Núñez, ganaron con holgura, y más todavía Mancera en el DF. Estos triunfos compensan en parte la frustración y tristeza, compartida con millones de mexicanos, de que pudiera perder Andrés Manuel. 

En Tabasco, que yo recuerde, nunca había perdido el PRI, ni a la mala ni a la buena. Ya ocurrió. En Morelos el tricolor creía que desplazaría al PAN, como ya lo había hecho en las intermedias de 2009, pero perdió lo principal aunque triunfó en la capital del estado. Dicho de otro modo, AMLO ganó la Presidencia de la República tanto en Morelos como en Tabasco; en estos estados hubo un merecido triunfo compartido de presidente y gobernador. Perdió Peña y perdió el PRI, dejando al PAN en un bajísimo lugar (15.1 por ciento). Para la mayoría de los que vivimos en Morelos López Obrador es nuestro presidente, le guste o no al de Atlacomulco. 

Lo que más celebro, debo decirlo, es que el PAN perdiera y pasara a ser una tercera fuerza electoral, que difícilmente volverá a levantarse nacionalmente. La gente votó, en general, contra Felipe Calderón, y los únicos perjudicados de su desgobierno fueron los panistas. Bien se lo merecían por las trampas que hicieron en 2006 y por la ineptitud de sus dos presidentes. La cuenta regresiva de Calderón ya comenzó, y cuando salga de Los Pinos lo celebraremos con “diciembre me gustó pa que te vayas” a toda voz. 

Peña, por otra parte, convirtió su triunfo en una tontería pueril y demagógica que nadie le cree: “Ganó México”. Esto no es cierto. Él y sus poderosos apoyos en medios y dinero aparentemente ganaron, pero si esto se confirma pierde el país, pues éste tendrá más de lo mismo con una diferencia: mayor autoritarismo que con los panistas. El régimen neoliberal y subordinado a Washington continuará y, como consecuencia, seguirán los privilegios, la corrupción, el empobrecimiento de la mayoría de la población, las desigualdades sociales y el desempleo, la violencia (de la que ya hizo gala Peña en Atenco) y la intolerancia demostrada con los jóvenes. El PRI es el PRI aunque se disfrace de renovado y rejuvenecido. Mucha gente cree que el mexiquense es muy joven y que esto es garantía de algo bueno para el país, pero se olvida que López Mateos y Echeverría fueron presidentes a los 48 años, tres años más que Peña, y que Calderón y Salinas eran incluso menores en el momento en que fueron impuestos para ocupar Los Pinos. Y así nos fue. 

Estamos atentos a la revisión de la elección que ha sido demandada de acuerdo con la ley. En el momento de escribir estas líneas los resultados electorales no son definitivos. Los que ya felicitaron a Peña Nieto simplemente se adelantaron.

rodriguezaraujo.unam.mx

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Razones para impugnar 

Jorge Eduardo Navarrete 

No son escasas ni triviales las razones existentes para impugnar la elección presidencial de 2012. Van desde el manejo reiterativo de las encuestas, a lo largo de por lo menos tres meses, para fabricar la realidad virtual de una candidatura invencible, hasta el gasto inmoderado en una campaña electoral que no se detuvo ante ningún límite y rebasó todas las cotas imaginables. Incluyen, desde luego, operaciones de coacción y compra de votos que resultaron millonarias en dos sentidos: el volumen de dinero canalizado a las mismas y el número de sufragios que se pretendió e, infelizmente, se logró adquirir para favorecer esa misma candidatura invencible. Incluyen también las coberturas informativas desequilibradas y sesgadas, iniciadas años antes para edificar la figura de un líder atractivo, telegénico, que en su momento asumiría el rol prestablecido, y acentuadas hasta el cansancio en el año electoral y en los meses de campaña. Como han mostrado numerosos ejemplos específicos divulgados en las redes sociales en los tres últimos días, comprendieron también errores e inconsistencias –algunos involuntarios, otros probablemente deliberados– en el manejo y captura de las cifras contenidas en las actas de casilla, cuyo número e incidencia total son imposibles de determinar en ausencia de una amplísima operación de recuento, como la demandada por los partidos del Movimiento Progresista. Estas y otras razones para impugnar pueden resumirse en una característica omnipresente en todo el proceso: la inequidad. Una elección inequitativa en extremo no puede arrojar un resultado que pueda ser aceptable y aceptado de manera instantánea. Arroja, más bien, un resultado impugnable, que debe repararse repitiendo las etapas afectadas del proceso. 

Con base en el número de participantes, algunos han destacado que se trató de la elección “más grande” de la historia del país. Lo anterior equivale a considerar algo fuera de lo común que la población contabilizada en un censo sea “más grande” que la del precedente. Con esta lógica ya alguien podría comenzar a pregonar que la elección de 2018 será la “más grande” de la historia del país. El consejero presidente del IFE, en declaración formulada al iniciarse la jornada del primero de julio, habló de la elección “más equitativa de la vida democrática y la más limpia e imparcial de las que hemos organizado”. Esta apreciación subjetiva y sin sustento, amén de prematura, influyó en la visión de la mayor parte de la cobertura informativa del desarrollo y desenlace de la elección. 

La cuestión de las encuestas debe examinarse en profundidad, con vistas a regular su elaboración, manejo y difusión en futuros procesos electorales. Las encuestas de preferencias electorales o de intención de voto no pueden equipararse a las referidas a preferencias por marcas comerciales. No debieran realizarse con igual ligereza, ni difundirse con frecuencia obsesiva. En la elección presidencial de 2012 las encuestas se utilizaron como herramienta publicitaria y como instrumento de inducción del voto. Se orientaron, como antes se dijo, a fabricar la realidad virtual de una candidatura invencible; la imagen de un mejor producto que sería inaudito dejar de adquirir. Se trataba de que el elector se convenciera de que su voto se perdería si sufragaba por algún otro. La idea de sumarse a un triunfador garantizado ejerce, en todos los ámbitos, un gran atractivo. Se difundió con amplitud y no sin efectividad. Cuando las encuestas se enfrentaron con la realidad quedó de relieve su carácter desviado y mentiroso. El margen de ventaja que arrojó el PREP –seis puntos– resultó entre la mitad y un tercio del proclamado en gran número de encuestas, que se expresaba en guarismos de dos dígitos. Podría decirse que las más de tres quintas partes de los electores que prefirieron no sumarse a la candidatura invencible dieron una dura lección a los mercaderes de las encuestas. 

Las primeras denuncias de inequidad de la elección presidencial de 2012 aludieron a la suntuosa, en ocasiones extravagante campaña electoral de la coalición Compromiso con México y a la escasa claridad en el origen de los recursos empleados para financiarla. Será necesario esperar hasta finales de enero de 2013 para que el IFE presente el informe sobre los ingresos y gastos de campaña de los partidos políticos. Aun así, se tratará, por increíble que parezca, de un informe anticipado, pues se tenía previsto presentarlo el 3 de julio de 2013, un año después de la elección. Este adelanto se decidió para “responder a los reclamos de la ciudadanía por más claridad y equidad”, según informó el IFE. Las violaciones en que se haya incurrido no se conocerán antes de que se declare la validez de la elección y, en todo caso, serán objeto de sanciones administrativas. Hay aquí un claro incentivo para no respetar los topes establecidos y, al tiempo que se obtienen recursos para financiar campañas dispendiosas que construyen imágenes irreales pero atractivas de candidatos y programas, obtener también los que permitan pagar las multas en que eventualmente se incurrirá. La sanción se convierte en un gasto adicional de la campaña.

El alcance real de las operaciones de compra de voto a favor del candidato de la coalición Compromiso con México no será asunto sencillo de aclarar. Tras la elección menudearon las informaciones acerca de algunas derivaciones de este tipo de acciones. Destacaron, según reportajes en La Jornada los dos últimos días, las relativas a una operación montada a partir de “monederos electrónicos” emitidos por una cadena de tiendas de autoservicio, cuyos beneficiarios se apresuraron a utilizar desde la noche misma de la elección ante el temor de que fueran cancelados o bloqueados, a pesar de que ellos habían entregado constancia de haber votado en el sentido convenido. El IFE se negó a suspender temporalmente, como medida cautelar solicitada por Acción Nacional, la utilización de tarjetas bancarias del grupo financiero Monex, con recursos destinados a financiar los operativos electorales de esa coalición. Alianza Cívica, que desplegó 500 observadores en 21 entidades, estimó que cerca de 30 por ciento de los sufragios emitidos fueron producto de la compra o coacción. 

Como se ha señalado, las razones para impugnar el proceso de elección presidencial de 2012 son de naturaleza, alcance y consecuencias muy variables. Sumadas, configuran una situación en la que resulta insostenible la afirmación de que se trató de un proceso transparente, inobjetable y equitativo. Es preciso agotar todos los recursos legales para examinar las impugnaciones, reparar los resultados y dotarlos de la credibilidad de la que ahora carecen.

*Tomados de La Jornada.