Crimen y ¿castigo?*

Tomado de La Jornada, Hernández.

Jorge Carrasco Araizaga

En tiempos de Felipe Calderón el periodismo se ha convertido en un oficio de muerte. No para todos. Hay quienes intercambian silencio o complicidad por seguridad. Otros, muchos, optan por no tomar riesgos. Regina Martínez, asesinada atrozmente la madrugada del sábado 28 en su casa de Xalapa, Veracruz, formaba en las filas de los periodistas que incomodan al poder. A nuestra querida compañera la mataron, en conjunción, la mente asesina que urdió el crimen y la mano presta que lo ejecutó. Pero la privó de la vida también la descomposición que invade como cáncer el organismo nacional y, en este caso particular, el estado de Veracruz, donde crímenes semejantes se repiten en medio de la impunidad. A Regina la mató de igual forma el clima de hostilidad manifiesta en el que desempeñaba su trabajo como corresponsal de Proceso. Lastimados e indignados, el domingo 29 de abril acudimos a la sede del Poder Ejecutivo de Veracruz y fuimos recibidos por el gobernador y sus colaboradores. Pocos minutos duró el encuentro. Julio Scherer García atajó la retórica vacua de Javier Duarte: Es inútil, señor gobernador, no le creemos…

XALAPA, VER.- Ante la tragedia, el derroche, la ostentación del poder. La retórica por delante del gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública y el espacioso aparato tipo Bell en que él mismo se traslada, camionetas Van blindadas, una sala de juntas en el hotel Crown Plaza local…, todo a disposición de Proceso.

 Hacia el mediodía del domingo 29 de abril, en la Casa de Gobierno de esta ciudad el ambiente era abrumador. Más que dar confianza, apantallaba con el peso del aparato gubernamental y el uso de los recursos públicos. En la mesa de la sala de recepción, desplegada en forma ostensible, la reciente edición especial de Proceso dedicada a Los Zetas.

Ese día, a la residencia oficial que Duarte amplió el año pasado, comprando casas vecinas, había llegado un nutrido grupo de funcionarios de seguridad y justicia encabezado por el procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa. Estaba también un fiscal que lo mismo atiende delitos electorales que “denuncias contra periodistas y/o comunicadores”.

 Duarte los sentó a su izquierda en una larga mesa de juntas. A su derecha, el fundador de Proceso, Julio Scherer García, el director Rafael Rodríguez Castañeda, el subdirector Salvador Corro, el fotógrafo Germán Canseco y este reportero.

 Erguido, cuidadoso de que no se le arrugara su guayabera blanca, el gobernador comenzó a “lamentar el doloroso asesinato” de Regina Martínez Pérez, la corresponsal de la revista en Veracruz, muerta por estrangulamiento la madrugada del día anterior.

Consabidas las frases: “Tengan ustedes la seguridad de que llegaremos hasta las últimas consecuencias”, “destacada periodista”, “prestigiado medio que usted dirige”…

 Sólo dio una información: la solicitud que hizo a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que junto con Proceso coadyuvaran en la investigación. Una “comisión interinstitucional” la llama, y promete transparencia.

Luego pide a sus funcionarios convocados que enlisten sus actuaciones desde que se conoció el asesinato, la tarde del sábado 28 de abril. Después de las explicaciones técnicas, Duarte vuelve a hablar.

 Lo interrumpe Julio Scherer. Sus palabras, le dice, son “retórica ritual”. “Lo que usted nos está diciendo y lo que acabamos de escuchar no es más que la superficie. No hay explicación alguna de las aguas profundas en las que ocurrió el asesinato de nuestra reportera”.

Un silencio espeso en la sala de juntas. Quizás, la respiración entrecortada del gobernador.

 Continúa el también presidente del Consejo de Administración de la revista:

“La muerte de Regina Martínez es producto de la descomposición del estado y del país. Queremos saber qué es lo que hay debajo de esa superficie. Aunque en suma, señor gobernador, no les creemos.”

Por segundos nadie habló.

Ante el silencio del gobernador y sus colaboradores, Rodríguez Castañeda les dijo que en Veracruz ha existido un “ambiente de hostilidad” hacia la revista. Le mencionó la frecuente desaparición de ejemplares cuando contienen información sobre seguridad en el estado. La más reciente, apenas el 8 de abril pasado, cuando se publicó información sobre dos de los candidatos a diputados federales por el PRI bajo el título Dos regresos peligrosos (Proceso 1849).

 Duarte siguió sin decir nada. En el silencio quedó implícita también la incautación de los ejemplares de la edición 1821 en septiembre de 2011, cuando se daba cuenta del violento reacomodo de los grupos de delincuencia organizada desde su llegada al gobierno en diciembre de 2010 y cuya primera expresión fueron los 35 cuerpos arrojados a una vía rápida, al lado del Centro Comercial Plaza de las Américas, en Boca del Río.

 También fue “desaparecida” la edición 1736, del 7 de febrero de 2010, sobre las actividades en el estado de la organización delictiva que se conoció como La Compañía durante el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, que acabó en diciembre de 2010.

 El ninguneo

A esa hostilidad también contribuyó el vacío informativo gubernamental que padecía Regina Martínez desde la administración anterior a Duarte. Un humillante ninguneo desde el poder, contrastante con los cuantiosos recursos que movilizó el gobierno el 29 de abril pasado para la reunión con Proceso.

“No les creemos y así se los hicimos saber”, expresó la revista en un comunicado después del encuentro. La PGJ dio una conferencia de prensa para informar de la reunión y anunciar la incorporación de la revista a la “comisión especial”.

En realidad, no es una instancia en la que se tomen decisiones conjuntas. Sólo es lo que en derecho corresponde a cualquier parte afectada en un delito, participar como coadyuvante en las investigaciones para evitar desviaciones en las indagatorias.

 La CNDH tampoco les cree. Abrió de oficio una queja para hacer su propia indagatoria, al margen de la invitación que le había hecho el gobernador de sumarse al trabajo que dirige la PGJ. No es tampoco parte de ninguna “comisión especial”.

“El propósito de la CNDH es verificar que la procuraduría del estado integre la averiguación previa como debe ser”, explicó a Proceso el director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles del organismo, Javier Sepúlveda Amed, el mismo 29 de abril. Desde ese día peritos de la delegación de la CNDH en Xalapa y de las oficinas en la Ciudad de México siguen las acciones de la procuraduría estatal.

 La incredulidad es lógica. De los cuatro asesinatos de periodistas que hasta ese día habían ocurrido en el estado desde que Duarte asumió el gobierno, ninguno ha sido aclarado. Ningún detenido, ninguna explicación pública incontrastable de las causas de la muerte y la saña contra los reporteros, fotógrafos y columnistas.

 

El año y medio del gobierno de Duarte de Ochoa ha sido de pesadilla para los periodistas del estado asignados a la fuente de policía. Cinco días después del asesinato de Regina Martínez, en la conurbación del puerto de Veracruz-Boca del Río, fueron secuestrados y asesinados dos fotógrafos de la agencia fotográfica veracruznews, un exfotógrafo que trabajó para el periódico local AZ y TV Azteca Veracruz y una empleada administrativa del periódico El Dictamen.

Sus cuerpos, desmembrados, fueron arrojados en bolsas a un canal de aguas negras en la colonia de interés social Las Vegas II, rumbo al aeropuerto internacional de Veracruz.

 La procuraduría del estado dejó el caso en manos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR por presumir una acción de la delincuencia organizada.

 En la Ciudad de México, el 30 de abril Miguel Ontiveros, subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la que depende la fiscalía, aceptó también la petición de Proceso para que en el caso del crimen de Regina Martínez la revista participe como coadyuvante en su investigación.

La PGR abrió una “averiguación previa alternativa, por iniciativa propia, más allá de la petición de coadyuvancia del gobierno estatal”, dijo a Proceso Ontiveros, quien el mismo día 30 respondió a la petición de ayuda que le hizo por escrito el procurador estatal. Es “por la relevancia nacional” del caso, justificó el encargado de procurar justicia en Veracruz.

 

En las declaraciones ministeriales de la procuraduría estatal y en la PGR la revista dejó constancia de las condiciones adversas en las que trabajaba Regina Martínez: la incautación de su material de trabajo y el de otros reporteros de la revista, la falta de acceso a la información pública gubernamental por parte de la reportera y el robo de que había sido objeto en meses recientes, cuando entraron a su casa y se llevaron dinero y su computadora.

 Esta vez se llevaron también su computadora, dos teléfonos celulares y un televisor de pantalla plana. Pero el asesinato de la periodista está lejos de haber sido un robo. En su domicilio, en la colonia Felipe Carrillo Puerto, de Xalapa, quedaron muchos bienes: una laptop nueva, una impresora, un reproductor de videos, grabadoras.

Estaban sus agendas de trabajo, sus libretas de apuntes, casetes de entrevistas. La procuraduría estatal no ha determinado si se llevaron algo que estuviera investigando. Pero tampoco puede asentar que el crimen esté desvinculado de su trabajo.

No se vaciaron los cajones de los muebles. Acaso algunos estaban medio revueltos. Sólo un cajón del buró estaba en el piso. Tampoco quedó registro de desorden por violencia en otras partes de la casa.

El portón de la entrada no estaba forzado, ni la chapa. No había cristales rotos. Tampoco la puerta de acceso a la vivienda estaba violada. Pero contrario a la costumbre de la periodista, el portón de herrería blanca llevaba varias horas abierto.

Así estuvo desde la noche del 27 de abril, cuando la vecina de la casa de junto lo advirtió y avisó por teléfono a la reportera. “Sí, gracias, ya voy a cerrar”, le contestó Regina Martínez, cuyos hábitos de persona aislada y reservada eran conocidos por los vecinos de la calle y quienes le ayudaban en las cosas domésticas.

Al otro día la puerta principal del domicilio seguía abierta y no se notaba movimiento en la casa. La vecina llamó a la policía. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública llegaron hacia las seis de la tarde al número 208 de la privada Rodríguez Clara. Entraron y vieron el cuerpo de la periodista tirado entre el baño y la recámara.

Llamaron al Ministerio Público, pero también llegaron elementos del Ejército que tomaron video del lugar y se fueron. Los agentes ministeriales y los técnicos de los servicios periciales encontraron el cadáver entre la puerta y la tina del baño, a un costado del inodoro.

 

Describieron un cuerpo menudo, de aproximadamente un metro con 43 centímetros, delgado, de tez morena, cabello corto, de 49 años de edad. Determinaron que murió a las cuatro de la mañana del sábado 28 de abril a causa de una “anoxia por estrangulamiento”, es decir, falta total de oxígeno en la sangre o en los tejidos corporales, según se asentó en el certificado de defunción.

 

Vestía un pantalón de mezclilla, una blusa color naranja, un chaleco café y unas botas de uso rudo de ese mismo color. En el cuello tenía una jerga. Al retirarla, los peritos apreciaron moretones en el rostro, tanto en el pómulo como en el mentón. Presentaba laceraciones dentro de la boca. En el cuello tenía rasguños y moretones. Había rastros de sangre dentro de la taza del baño, en la pared de la caja de agua y en la jerga que tenía en el cuello.

El lunes 30 de abril, en la reconstrucción de los hechos “que permita una explicación plausible de las lesiones”, dos técnicos del equipo criminalista de la procuraduría local simularon un sometimiento físico por la espalda, con un intento de defensa, que al momento de la agresión provocaron la rotura de un maxilar y de dos costillas.

  

Al día siguiente, la fiscal especial de la FEADLE, Laura Angelina Borbolla Moreno, estuvo en Xalapa para que la PGR hiciera su propia inspección ocular y levantamiento de indicios. Peritos de la procuraduría general tomaron muestras de sangre y de las huellas encontradas en las paredes del baño y en envases de cerveza. Uno había quedado en un mueble de la recámara, cerca del baño. Aseguraron instrumentos de trabajo de la periodista para analizar su trabajo y sus posibles consecuencias.

Tanto en la Averiguación Previa 034/FEADLE/2012 de la PGR como en la Averiguación Previa 19/2012/PC de la PGJ del estado, derivada de la investigación ministerial 363/2012/2ª/XAL-04, Proceso pidió revisar y analizar la cobertura periodística de Regina Martínez y de la revista en el caso de Veracruz y las posibles afectaciones a intereses específicos de grupo o de individuos.

 

Una segunda autopsia aún es posible, lo mismo que la valoración de la necrocirugía realizada por la procuraduría estatal.

Una periodista rigurosa

De acuerdo con el protocolo internacional de investigación de agresiones a periodistas, facilitado a la revista por el capítulo México de la organización no gubernamental internacional Artículo 19, ambas procuradurías deberán agotar también los vínculos o similitudes entre el modus operandi en la agresión a la periodista y de hechos noticiosos reportados o investigados por ella.

 

Lo que ella investigaba y reportaba se publicaba tanto en la revista como en la agencia de noticias de Proceso, Apro, cuyos textos son distribuidos en Veracruz por el diario Notiver. Sus notas se publicaban con su nombre en ese periódico, donde trabajaban varios de los periodistas asesinados en el estado. Eran las únicas notas sobre seguridad que el diario publicaba con la firma de quien las escribía.

La procuraduría estatal tiene conocimiento de las dos últimas publicaciones de Regina Martínez y de Proceso relacionadas con Veracruz. El viernes 27 de abril, a las 19:01 horas, la agencia Apro recibió la última nota informativa de la periodista: el asesinato, un día antes, del coordinador general del Frente Amplio Social, Rogelio Martínez Cruz, en el puerto de Veracruz.

 

“Sin conocer aún el resultado, las autoridades se aventuraron a dar un primer reporte en el sentido de que Martínez Cruz ‘falleció por causas naturales’… De acuerdo con fuentes policiacas, el cuerpo del exlíder perredista, de 47 años de edad, fue hallado alrededor de las 10 de la mañana del jueves 26, cuando varios vecinos de la colonia Puente Roto acudieron a su domicilio a visitarlo y se percataron de que la puerta de la vivienda estaba abierta. Al entrar lo vieron muerto, aparentemente por asfixia.

“Según los testigos, al entrar a la casa encontraron el cuerpo del exdirigente municipal del PRD ‘tirado en el suelo y ya sin vida’, por lo que de inmediato dieron parte a las autoridades correspondientes”, reportó la periodista.

En la procuraduría estatal también hay constancia ministerial de la última nota sobre Veracruz publicada por la revista Proceso. Firmada por el reportero Jenaro Villamil, no por Regina Martínez, la información se refirió a las candidaturas a diputados federales para las elecciones del 1 de julio del exprocurador Reynaldo Escobar Pérez y del responsable de la seguridad pública en el estado durante el gobierno de Miguel Alemán, José Alejandro Montano Guzmán.

Regina Martínez también tenía encomendado un trabajo periodístico sobre la supuesta participación del alcalde panista de Chinameca en la delincuencia organizada. Martín Padua Zúñiga había sido detenido por el Ejército la madrugada del 18 de abril.

 

Quedó constancia también de que la reportera fue despedida del diario local Política luego de su cobertura de la muerte de la anciana indígena Ernestina Ascencio, en la sierra de Zongolica, en febrero de 2007.

Junto con el reportero Rodrigo Vera, la periodista echó abajo la versión oficial dada a conocer por el propio titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, de que la anciana murió por “gastritis aguda” y no a causa de una violación por parte de soldados en el marco de los operativos militares ordenados por el presidente de la República contra el narcotráfico (Proceso 1585).
 

La publicación de una foto de la autopsia en la que se distingue una mancha de sangre en la cabeza de la mujer y en la que se determinó que las causas de la muerte fueron traumatismo craneoencefálico, fractura, luxación de vértebras y anemia aguda, derivó en una denuncia penal por parte del gobierno de Fidel Herrera contra los periodistas, de la que finalmente se desistió.

 

*Tomado de la revista Proceso.