Decreto inconstitucional*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

John M. Ackerman

El sábado 24 de abril, el Ejecutivo pasó por encima de la Constitución al declarar
unilateralmente un estado de excepción. Si bien las medidas que Calderón ha tomado para combatir la epidemia están plenamente justificadas, la forma en que éstas han sido implementadas implica un flagrante agravio al estado de derecho. Al negarse a conseguir la autorización del Congreso de la Unión o fijar una fecha límite para sus poderes extraordinarios, el Presidente ratifica una vez más sus propensiones dictatoriales.

El decreto presidencial violenta las garantías de libre tránsito y libre asociación, así como nuestros derechos a la privacidad y el respeto de la propiedad. Autoriza a la Secretaría de Salud “la inspección de pasajeros que puedan ser portadores de gérmenes, así como de equipajes, medios de transporte, mercancías y otros objetos”. Asimismo, permite “el ingreso a todo tipo de local o casa habitación para el cumplimiento de actividades dirigidas al control y combate de la epidemia”. También otorga facultades al gobierno para “evitar las congregaciones de personas en cualquier lugar de reunión”.

El decreto permite a José Ángel Córdova Villalobos contravenir el artículo 16 constitucional, que a la letra señala que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. Esta salvaguarda constitucional es esencial para evitar el abuso de autoridad. Una situación en la que el gobierno pueda ingresar a nuestras casas, interrumpir nuestras reuniones o detenernos en las calles cuando se le antoje, convirtiendo a la totalidad de los ciudadanos en presuntos implicados en algún crimen, nos acercaría claramente a un sistema autoritario.

En el caso de la actual epidemia y en aras de proteger al bien público se justifica la suspensión temporal de algunas garantías. Sin embargo, habría que tener sumo cuidado en que la autoridad no convierta la actual emergencia en un burdo pretexto para consolidar su poder y erosionar los cimientos de la democracia.

George W. Bush, experto en este tipo de ejercicios, utilizó el ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 como excusa para fortalecer los poderes de la presidencia y violentar los derechos básicos de propios y extraños. En América Latina también ha sido práctica común utilizar los “estados de emergencia” para justificar actos abiertamente autoritarios. Alberto Fujimori, en Perú, fue ampliamente conocido por este tipo de acciones, incluyendo la clausura del Congreso de su país.
Atento a estos peligros, los redactores de nuestra Constitución impusieron un par de candados muy sencillos para atender situaciones como la actual. El artículo 29 señala que para poder suspender garantías, el Presidente de la República obligatoriamente debe contar con “la aprobación del Congreso” y que el estado de excepción tiene que ser únicamente “por un tiempo limitado”. Calderón violó la Constitución al negarse a cumplir ambos requisitos.

El gobierno busca escudarse en el texto del artículo 73, fracción XVI, bases primera a cuarta de la Carta Magna, que señala a la letra que “en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República”. Pero este texto no hace ninguna mención de la suspensión de garantías constitucionales. Una cosa es tomar medidas preventivas como informar al público sobre alguna enfermedad o cerrar escuelas. Es otra cosa completamente irrumpir en la intimidad de nuestros hogares, detener arbitrariamente a ciudadanos y prohibir reuniones públicas.

Asimismo, habría que recordar que el artículo 73 de la Constitución enumera las facultades del Congreso de la Unión, no de la Presidencia de la República. Resultaría sumamente contradictorio y paradójico, para decir lo menos, que el constituyente permanente hubiera elegido precisamente este artículo como el lugar para hacer a un lado al mismo Congreso en un tema tan delicado como la protección de nuestros derechos fundamentales. De ninguna manera podemos interpretar estos párrafos del artículo 73 como una forma para darle la vuelta a los candados incluidos en el artículo 29 mencionados arriba.

Calderón no hubiera tenido ningún problema en conseguir la autorización de los diputados y los senadores para sus medidas de emergencia. El Congreso se encontraba todavía dentro de su periodo ordinario y la clase política en general ha demostrado una gran altura y unidad en su respuesta ante la emergencia sanitaria.

La participación del Congreso hubiera sido muy benéfica, ya que habría dejado que nuestros representantes populares fueran corresponsables de la respuesta del Estado Mexicano a la crisis. Además, le habría dejado claro al Presidente que cualquier abuso del estado de emergencia sería severamente castigado. Pero en lugar de seguir las disposiciones constitucionales, Calderón decidió irse por la libre y de paso abrió un boquete más en nuestro lastimado estado de derecho.

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Una alerta que se dio demasiado tarde*


Iván Restrepo

Francia sobresale por sus avances científicos. Su Instituto Pasteur goza de renombre internacional. Merecen entonces atención las palabras del director del Instituto Nacional de Vigilancia Sanitaria de ese país, Françoise Weber, quien dijo: la epidemia de gripe humana circuló en México desde hace semanas y se detectó tardíamente, cuando llegaron los casos más graves y los decesos”.

Cuidando las formas diplomáticas, la Casa Blanca afirmó que no tiene razones para dudar de que el gobierno mexicano escondiera información sobre el brote de la gripe, previo a la visita del presidente estadunidense. “No nos notificaron nada antes del viaje”, aclaró Robert Gibbs, portavoz de Obama. Uno de los integrantes de su comitiva regresó infectado de gripe. Además, fuera de los informes oficiales (que todavía no alcanzan la condición de personas), nadie cree la versión de que el director del Museo Nacional de Antropología, Felipe Solís, murió de todas las enfermedades, menos de la nueva influenza.

Diego Palacio, ministro de Protección Social de Colombia, declaró que a su país le correspondía actuar como si ya tuvieran el virus, “no vaya a ser que nos pase lo que a México, que no tuvo las medidas en el momento adecuado o no las creyó necesarias y un par de semanas después emite alerta internacional”. Ni a Chespirito quieren ahora en Colombia.

La consultora estadunidense Veratec Corporation, especializada en biovigilancia, informó hace un mes de un caso de influenza humana en Perote, Veracruz. Lo reportó de inmediato a la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud (OMS). El director de Veratec, James Wilson, fue acusado de “irresponsable” por el secretario de Salud, José Ángel Córdoba, porque no avisó al gobierno mexicano oportunamente. Wilson respondió que fue el primero en alertar sobre la presencia de dicha influenza. Y agregó: “con quien debe hablar México sobre tardanzas es con la OMS, no conmigo”.

El gobierno de Brasil se quejó porque las autoridades mexicanas no informaron a tiempo sobre la presencia creciente de la gripe humana. Agenor Álvarez, director de la Agencia Sanitaria de Brasil, explicó que “hubo demora y, en casos como éste, la notificación debe ser inmediata a los demás países”.
El doctor Fernando Noble, de la Clínica Londres (ciudad de México), aseguró que “estábamos alertados del brote de influenza desde inicios de año, cuando ya se manejaba como pandemia. Incluso Enrique Ruelas Barajas, del Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud, pidió que los hospitales estuvieran preparados “para cualquier pandemia”. Noble lamenta que las autoridades federales emitieran tarde la alerta.

En las conferencias de prensa que presiden los secretarios de Salud y del Trabajo, los periodistas transmiten las quejas de la población por la mala atención y el trato discriminatorio que reciben en hospitales y centros de salud los posibles infectados. En la radio, denuncian cobros de mil pesos y más por atenderlos, pese a que el gobierno asegura que el servicio es gratuito. En los sanatorios de provincia, en el de la Raza y en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, los empleados protestan por la falta de equipo para protegerse de la gripe.

En algunos noticiarios se acusa de negligente al titular de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa), quien, en vez de andar clausurando hoteles en Quintana Roo, debió tomar las medidas necesarias para evitar los graves daños que ha ocasionado a la salud pública el funcionamiento de las Granjas Carroll, ubicadas en Perote, Veracruz. Sin embargo, esa negligencia se remonta a los tiempos en que otros dos panistas sin empleo fueron convertidos de la noche a la mañana por el señor Fox en expertos en temas jurídico-ambientales: José Luis Luege e Ignacio Loyola.

Finalmente, tres preguntas: ¿quién ordenó desmantelar los institutos especializados que México tenía desde mediados de los años 50 para estudiar y enfrentar las epidemias? ¿Qué presidente desoyó la recomendación de la OMS (1999), de prepararnos para enfrentar posibles epidemias? ¿Por qué, si el gobierno tenía todo bajo control, en dos semanas murieron tantas personas por influenza humana y por otras?

Envíe sus respuestas a la residencia de Los Pinos, donde todo se resuelve para siempre.

*Tomados de La Jornada.