El Chapocalipsis y los Obispos*
Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores.
JENARO VILLAMIL
MÉXICO, D.F., 21 de abril (apro).- El obispo de Durango, Héctor González Martínez, pudo haber obtenido, el viernes 17 de abril, los 30 millones de pesos de recompensa que la PGR ofrece para quienes aporten datos del paradero de narcotraficantes, pero a cambio abrió las compuertas del infierno y generó una airada reacción de las mismas autoridades encargadas de combatir el crimen organizado y de los propios cárteles.
"Más delante de Guanaceví, por ahí vive El Chapo. Todos lo sabemos, menos la autoridad", afirmó González Martínez en una improvisada y electrizante declaración.
El obispo no sólo rompió, al parecer, un "secreto de confesión" entre un sector de las autoridades y el capo consentido de la revista Forbes. También denunció que la actividad de Joaquín Guzmán Loera provoca una "psicosis casi caótica" en San Bernardo y El Oro, aledaños a Guanaceví, así como en los otros municipios de Durango, Santiago Papasquiaro, Pueblo Nuevo y Tepehuanes. Así mismo, denunció que una banda llamada "la Familia Zacatecana", procedente de Coahuila, ha sembrado el terror en esas zonas.
La respuesta ante la infidencia del obispo fue más preocupante. El comisionado de la Policía Federal Preventiva, Rodrigo Esparza Cristerna, afirmó que si el responsable de la diócesis de Durango tenía pruebas, debía aportarlas a la autoridad, y negó que ellos deban investigar "de oficio".
El silencio del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, ha sido brutal. Sólo Jorge Carpizo, exprocurador y jurista, afirmó que el obispo debió comparecer ante la PGR y que "esta información no se dice en público, sino que hay que hacerla del conocimiento de la autoridad en privado, porque si no se advierte a la otra persona y entonces resulta una declaración escandalosa sin ningún efecto jurídico".
La respuesta del narcotráfico se produjo este martes. Dos militares, en labores de inteligencia, fueron amordazados y acribillados en la sierra de Tepehuanes, colindantes con el municipio duranguense de Guanaceví. La información que se ha difundido hasta el momento señala que en el cuerpo de ambos se leía el siguiente mensaje: "con El Chapo nunca van a poder ni sacerdotes ni gobernantes".
Si es verídico este mensaje, El Chapo está reaccionando y generando una nueva espiral de terror. No es la primera vez que su figura está relacionada con las autoridades eclesiásticas. Al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ni más ni menos, lo acribillaron en mayo de 1993, en el aeropuerto de Guadalajara, precisamente porque lo "confundieron" con El Chapo Guzmán, según la versión oficial de la PGR de entonces, por cierto, dirigida por Jorge Carpizo.
Pero, en este sentido, la reacción más preocupante es la de las propias autoridades. El obispo González Martínez optó por "morderse la lengua". "Estoy sordo y mudo", dijo poco antes de su homilía dominical. Los otros integrantes de la Conferencia Episcopal Mexicana han transitado de la solidaridad a la crítica hacia su colega. El obispo de Yucatán, Emilio Berlié, quien estuvo antes en la diócesis "caliente" de Tijuana, afirmó que los narcos respetan a hombres y mujeres católicos. ¿Será? ¿Acaso los más de 2 mil muertos este año eran agnósticos y ateos?
El senador Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del PRI, ha subrayado que el gobierno federal debe brindar seguridad y protección al obispo. Tiene razón en este sentido. Por ahora, el mensaje de El Chapo parece ser muy claro: "bienvenidos al Chapocalipsis".
Email: jenarovi@yahoo.com.mx
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2006-2009: oprobiosa impunidad militar*
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
En dos años y cuatro meses de gestión calderonista, la impunidad militar llegó a niveles oprobiosos. La estrategia de movilizar a 45 mil elementos para combatir al narcotráfico y a la delincuencia organizada no sólo resultó fallida, sino que la institución se ha extralimitado en sus funciones al llevar ante tribunales militares a civiles. Reportes de la CNDH revelan que 23 de las 52 recomendaciones del ombudsman nacional contra la Sedena en los últimos 20 años involucran a la actual administración.
Desde la época de la guerra sucia en México, el Ejército no había violado tanto los derechos humanos como durante el gobierno de Felipe Calderón.
En apenas dos años y cuatro meses, la institución acumuló más de 2 mil quejas. El período más violento contra la población civil ha sido el primer trimestre de este año, según los 423 expedientes abiertos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra militares.
Pero las violaciones tienen un agravante más: como ningún otro gobierno, el de Calderón ha sometido a cientos de civiles a tribunales castrenses. Tan sólo en sus dos primeros años, 484 casos que originalmente eran investigados por la vía civil pasaron a la justicia castrense.
Entre enero de 2007 y noviembre de 2008, la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) abrió 170 averiguaciones previas en las que las víctimas han sido civiles en actos violatorios cometidos por los propios militares.
Aunque el predominio en México del fuero militar ha sido cuestionado por varios países en la Organización de las Naciones Unidas, el Ejército ha dictado 41 sentencias en las que las víctimas han sido civiles: 32 condenatorias y nueve absolutorias.
Ante el creciente número de sentencias relacionadas con civiles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará la constitucionalidad del Código de Justicia Militar y el alcance del fuero castrense.
Además, en junio próximo el gobierno de Calderón deberá responder ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, a la petición que en febrero pasado le hicieron varios países al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para que el Estado mexicano revise el alcance de ese fuero.
El general Guillermo Galván Galván se convirtió ya en el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el mayor número de violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército en su historia reciente, como resultado del despliegue de 45 mil militares en calles y poblados del país para combatir el narcotráfico.
La tendencia al alza se elevó todavía más durante el primer trimestre de este año. En ese período, la CNDH abrió 423 expedientes de queja, contra las mil 602 tramitadas entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2008. Es decir, de las 2 mil 25 quejas presentadas contra elementos de la institución castrense en este gobierno 20% ocurrieron entre enero y marzo pasados.
Mientras más presencia del Ejército hay en las calles, mayor es el número de violaciones a los derechos humanos. La demostración más clara es el Operativo Conjunto Chihuahua, al que Calderón decidió aumentar a 8 mil 500 el número de militares a finales de febrero.
Los reportes más recientes de la CNDH obtenidos por Proceso indican que Chihuahua fue el estado donde hubo más quejas contra la Sedena, 97 del total de las 423 interpuestas. Pero por frecuencia, la comisión registró mil 262 hechos violatorios en todo el país tan sólo en el primer trimestre; la mayoría por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tortura y robo.
Como en ningún otro sexenio desde el surgimiento de la CNDH en 1990, bajo el mando del general Galván, la Defensa Nacional ha pasado a ser una de las principales instituciones investigadas por violaciones a esos derechos.
Las cifras del organismo indican que de las 52 recomendaciones recibidas por el Ejército en 20 años, 23 han ocurrido en el actual sexenio. Es decir, que en apenas dos años y cuatro meses 44% de todas las recomendaciones se han concentrado en el gobierno de Calderón.
Con más de tres años y medio aún de gobierno, Calderón supera a lo ocurrido en violaciones de militares a los derechos humanos durante la administración de su antecesor, Vicente Fox, y de los priistas Ernesto Zedillo y Carlos Salinas, con el levantamiento zapatista de por medio.
El que más recomendaciones recibió una vez comprobadas las violaciones por parte de la CNDH fue el sexenio de Zedillo, con 14; le siguió el de Fox, con ocho, y en seguida el de Salinas, con siete. Con Calderón, tan sólo los expedientes abiertos contra la Sedena entre el 1 de enero y el 2 de abril pasados señalan que las 423 quejas habían derivado ya en cuatro recomendaciones.
Las violaciones, ocurridas prácticamente en todo el país y consideradas como uno de los efectos del combate al narcotráfico, así como las investigaciones de los militares sobre sus propios actos, empiezan a tener un costo social para el Ejército, que ha perdido aceptación entre la ciudadanía.
Descrédito
De acuerdo con la encuestadora Demotecnia, de María de las Heras, la confianza social en el Ejército mexicano ha decrecido. Aun cuando sigue siendo una institución con alta aceptación, en lo que va del gobierno de Calderón ha pasado de 83 a 72% de opinión favorable.
De los mil 262 hechos reportados durante el primer trimestre como violatorios, 219 fueron por incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante su ejecución, así como en las visitas domiciliarias. Por frecuencia, le siguieron las detenciones arbitrarias en 213 casos; trato cruel, inhumano o degradante en 144 y robo de bienes en 107 ocasiones.
En 61 casos hubo retención ilegal; en 60 deterioro o destrucción ilegal de propiedad privada, en 59 uso arbitrario de la fuerza, en 45 incomunicación, en 41 omisión para hacer constar por escrito el acto de autoridad, en 40 detención sin orden judicial fuera de los casos de flagrancias y en 31 tardanza para presentar al detenido ante el Ministerio Público.
Salvo tres estados –Campeche, Colima y Guanajuato–, en todo el territorio se registraron abusos por parte del Ejército. Por frecuencia, en ese breve período las entidades con el mayor número de quejas fueron Chihuahua, con 97; Michoacán, con 75, y Guerrero, con 51.
Se trata de lugares con intensa actividad militar antinarco, pero también de estados, en el caso de los dos últimos, donde el Ejército ha sufrido graves ataques como emboscadas y decapitaciones de efectivos (Proceso 1678).
Con mediana frecuencia siguieron Durango, con 23; Sinaloa, 19; Baja California, 18; Oaxaca y Tamaulipas, 17 cada uno; Tabasco, 14; Distrito Federal, 13; Coahuila, 12, y Veracruz, 10.
Después, Morelos, con siete; Chiapas, seis; Estado de México, Jalisco y Zacatecas, cinco cada uno; Sonora, cuatro; Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo y San Luis Potosí, tres; Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán, dos cada uno, y Aguascalientes, Baja California Sur e Hidalgo, con uno por entidad. Esa clasificación da como resultado 421 casos, dos menos de los que la propia CNDH da como total de expedientes abiertos.
Por si la comisión de esos hechos no fuera grave, el propio Ejército se encarga de investigarlos, con lo que no sólo se viola la Constitución sino que se abre la puerta a la impunidad, asegura Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Las propias cifras de la Sedena dan cuenta del amplio alcance que tiene la jurisdicción militar en casos donde hay civiles involucrados. Al igual que los datos de la CNDH, confirman que de manera creciente se ha aplicado el fuero militar a civiles durante este sexenio.
Mediante solicitudes de información al amparo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental sobre las actuaciones de la justicia militar entre 2000 y 2008, la Sedena confirma que el gobierno de Calderón ha hecho una extensa aplicación del fuero militar hacia civiles.
Con datos de la PJM, la institución asegura que en los dos primeros años de este sexenio, un total de 484 averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público federal o estatal han sido remitidas a la justicia militar, bajo la consideración de que la competencia corresponde a los tribunales castrenses.
En 2007, se registraron 103 declinaciones a favor del fuero militar, y en 2008 se elevó a 381 casos. De acuerdo con la información oficial, esa tendencia empezó a darse desde 2004. Entre ese año y 2006 se registraron 47 casos, muy lejos de los 484 de los dos primeros años del gobierno calderonista.
Según la PJM, sólo en una ocasión, durante 2008, la justicia militar le solicitó al Ministerio Público de la federación que declinara la competencia a favor del fuero de guerra, en aplicación del artículo 57 del Código de Justicia Militar, que establece los delitos contra la disciplina militar.
En su respuesta, la Sedena asegura que entre 2007 y 2008 el Ministerio Público militar abrió 170 averiguaciones previas en las cuales las víctimas son civiles. La cifra tampoco tiene precedentes. Es poco más de 10 veces que las abiertas entre 2004 y 2006. En 2004 fueron 12; en 2005, dos, y en 2006, cuatro. De los años anteriores, la Sedena no dio información.
De esas averiguaciones, 12 han sido consignadas ante la justicia castrense por la PJM; 10 de ellas con Calderón. En el gobierno de Vicente Fox ocurrió en dos ocasiones, una en 2004 y otra en 2006.
Ha sido con los gobiernos del PAN en los que los tribunales militares han procesado casos relacionados con civiles, aprovechando lo establecido en 1933 en el Código de Justicia Militar, cuya constitucionalidad es cuestionada nacional e internacionalmente y que está por ser revisada en la Suprema Corte.
Más elevado es el número de sentencias dictadas por los juzgados militares y el Supremo Tribunal de Justicia Militar en casos en que las víctimas han sido civiles. Sin precisar los años, la Sedena dio a conocer que de diciembre de 2000 a noviembre de 2008 se han dictado 41 sentencias, de las cuales 32 han sido condenatorias.
En lo que atañe al delito contra las personas, la Sedena tiene registradas 39 averiguaciones previas abiertas por el Ministerio Público militar. De ellas, 16 fueron en el gobierno de Fox y 23 en los dos primeros años de Calderón.
Abusos
El artículo 330 del Código de Justicia Militar establece que el elemento del Ejército que use las armas de manera innecesaria contra cualquier persona, o que ejerza sin autorización cualquier otro acto injustificado de violencia contra algún individuo, será castigado con un año de prisión. Añade que si se causare daño “se estará al delito que resultare, cuando la pena que corresponda a éste sea mayor que la señalada (en ese artículo)”.
La información entregada por la Sedena también indica que entre 2004 y 2008, 10 averiguaciones previas han sido consignadas por el Ministerio Público militar por violación de ese artículo; ocho en la gestión de Calderón.
Además, durante el sexenio de Fox y los dos primeros años del actual se han dictado 10 sentencias también por violación de ese artículo. En el mismo período se dictaron ocho sentencias, pero la dependencia no precisa en qué años ocurrieron.
Las instrucciones de los casos no sólo son desconocidas por las víctimas o sus familiares, sino que se siguen a partir de las versiones de los militares responsables de los abusos.
Uno de esos casos que está documentado es el ocurrido el 18 de diciembre pasado durante un cateo realizado en la ciudad de Durango. A las 5:45 horas de ese día, el Ejército se equivocó y “reventó” el domicilio ubicado en la calle Lirio 114 del fraccionamiento Jardines de Durango. El error le costó a un civil, Adolfo Sifuentes Rodríguez, la pérdida del brazo derecho.
A pesar de que ante la opinión pública intentó negar los hechos, la comandancia de la Décima Zona Militar, con sede en la capital del estado, reportó a la Sedena que efectivos militares acudieron al domicilio por una denuncia anónima según la cual se trataba de una casa de seguridad en la que se encontraban sicarios con los que se habían enfrentado el día previo.
El fraccionamiento, en efecto, había sido escenario de tres escaramuzas entre junio y diciembre de 2008. Pero el 18 de diciembre los militares arremetieron contra la casa a pesar de que sólo encontraron a Sifuentes con una carabina 30-30 y que, según el reporte, disparó en dos ocasiones.
Todavía más grave es la mentira con la que el Ejército intentó deslindarse del asesinato de seis personas –cuatro civiles y dos militares– en el poblado Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa, el 26 de marzo de 2008.
No fue cualquier intento de engaño. Fue en la denuncia de hechos presentada ante el Ministerio Público de la federación. La denuncia, cuya copia obtuvo Proceso, está firmada por el teniente de infantería Víctor Ruiz Martínez, el sargento de infantería Juan José Camacho Vega y el cabo de infantería Antonio Rojas Reyes.
Según esa versión, los civiles intentaron huir en un vehículo cuando vieron a los militares, “por lo cual emprendimos su persecución, dándole alcance, emparejándonos y ordenándole al conductor detener la marcha”; “en lugar de obedecer – se lee en el documento– frenó repentinamente, escuchando en ese mismo instante disparos de arma de fuego”.
Debido a que dos de los civiles que viajaban en la camioneta quedaron vivos e iban desarmados, la versión inicial del Ejército se vino abajo. “Lamentaron que no nos hubieran matado a todos, pues de esa manera nos hubieran sembrado armas y droga para justificar su acción”, dijo Miguel Ángel Medina Medina, uno de los sobrevivientes, a Proceso (1641).
Descubierta la mentira, el Ejército anunció proceso penal contra cinco militares, entre ellos los firmantes de la denuncia. Sin embargo, el caso se quedó en la jurisdicción militar.
Reynalda Morales Rodríguez, viuda de Zenón López Medina, una de las víctimas, se inconformó e interpuso un amparo para que el caso pase a la justicia civil.
Patrocinada por el Centro Pro y la organización no gubernamental Fundar, la viuda considera inconstitucional la extensión de la jurisdicción militar a casos en los que se encuentran involucradas personas que no pertenecen al Ejército (Proceso 1688).
La madre y la viuda de otras de las víctimas también apelaron a la protección de la justicia federal, pero el Juzgado Noveno de Distrito y el Cuarto Tribunal Colegiado, ambos con sede en Mazatlán, desecharon la demanda por “notoriamente improcedente” al tratarse de fuero militar.
En el primer caso, la demanda de amparo ya fue atraída por la Suprema Corte, a petición del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. El miércoles 1, la Primera Sala del máximo tribunal decidió atraer el recurso con el objetivo de fijar los alcances del artículo 13 de la Constitución y revisar la constitucionalidad del artículo 57 del Código Militar.
El artículo 13 constitucional ordena que los tribunales militares “en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”.
Si los ministros deciden ir al fondo del asunto, la corte determinará lo que debe entenderse por fuero militar, delitos y falta contra la disciplina militar, los límites jurisdiccionales de los tribunales militares y, por lo tanto, si ese artículo 57 está por encima de la Constitución, como alega Morales Rodríguez.
A partir de esa decisión, el Ejército cabildea en la corte en un intento por convencer a los ministros de que dejen las cosas como están, tal y como lo advirtió el general Galván el 19 de febrero pasado, en el marco de las actividades del Día del Ejército:
“Para aquellas voces que claman por abolir el fuero de guerra, les decimos que éste es la jurisdicción donde se previene el quebrantamiento de la disciplina militar”. Según el alto mando, todos los abusos cometidos por el Ejército son castigados con “penas ejemplares”.
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Entre Los Zetas y la SIEDO...*
RICARDO RAVELO
Una comerciante secuestrada en Nuevo Laredo durante dos semanas por sicarios de Los Zetas, en mayo de 2008, narra a Proceso el infierno que vivió. Asegura que sus captores contaban con el apoyo de la Policía Ministerial de la localidad. Dice que lo peor ocurrió cuando presentó su denuncia ante la SIEDO en la Ciudad de México, pues funcionarios de esa dependencia pretendieron comprar su silencio para detener las investigaciones.
La tarde del 8 de mayo de 2008 la señora Marta Reyes Martínez, quien se dedica al comercio, no quería regresar a su domicilio, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sin antes pasar, como de costumbre lo hacía, a comprar dólares en la casa de cambio Mi Banquito, donde ya era conocida desde hacía 20 años por Leopoldo Castañeda García, el dueño.
Oriunda del estado de Michoacán, con residencia en Texmelucan, Estado de México, Reyes Martínez había llegado a esa ciudad fronteriza acompañada de su hijo, un niño de 14 años que no habla y se le debe alimentar mediante mamilas.
Poco antes de la siete de la noche, su esposo, José Luis Carlos López Beltrán, la dejó en la casa de cambio, donde después de comprar los dólares –llevaba consigo unos 145 mil pesos– esperaría a las personas provenientes de Laredo, Texas, que le surtían perfumes, zapatos, chamarras y otros artículos que ella vende. Sin embargo, sus proveedores nunca llegaron.
Cuando salió del establecimiento fue secuestrada por agentes de la Policía Ministerial de Nuevo Laredo que –asegura– están coludidos con Los Zetas.
Entrevistada por Proceso el miércoles 15, Reyes Martínez narra la pesadilla que vivió en Nuevo Laredo durante los 15 días que permaneció atada de pies y manos en una casa de seguridad de Los Zetas que, según ella, operan con la protección de la policía y de altos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) adscritos a la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Asegura que elementos de esas dependencias le ofrecieron dinero para que se desista de su denuncia y del señalamiento que hizo contra tres miembros de Los Zetas a quienes reconoció como sus plagiarios.
Cuenta que el día de su secuestro sus proveedores se retrasaron y decidió no esperarlos. Cuando se despidió del dueño de la casa de cambio, éste le dijo que aguardara un momento. Y ocurrió algo inusual: le pidió un taxi para que la llevaran a su casa. Después de abordar el vehículo, Castañeda García le dijo al taxista: “Llévate a Martita, por favor, a su casa… Tú ya sabes…”
–¿Sintió miedo en ese momento? –se le pregunta.
–No. Tenía la certeza de que ya iba a mi casa. El taxista me preguntó si podía pasar a recoger a una persona que lo estaba esperando; le dije que sí y me senté a un lado de él.
–¿Qué pasó después?
–Pasamos por la persona y cuando se subió al coche empezó a hablar por radio. Hablaba en clave. Escuché que se refería a una persona o a un lugar, algo así como El Ocho. El vehículo avanzó y cruzamos varias calles. Le pedí al chofer que me dejara en un Oxxo, porque ahí iba yo a comprar la leche para mi hijo.
“Me dijo que no podía bajarme. Yo le pregunté por qué y comenzó a insultarme; me golpeó la cabeza y me jaló el bolso. Pensé que se trataba de un robo, y que eso sería todo.
“Durante el forcejeo llegó una patrulla y pensé que llegaba en mi auxilio, pero no fue así: me entregaron con los policías municipales de Nuevo Laredo. Me bajaron del taxi y me subieron a la patrulla. Uno de los agentes me golpeó y me puso un trapo negro en la cabeza; me despojaron de mi nextel y del dinero que llevaba. Sólo me quedé con un teléfono celular chiquito y planito que había guardado en la bolsa de mi pantalón de mezclilla.
“La patrulla comenzó a avanzar y logré observar que íbamos por el panteón Los Ángeles, entre callejones y brechas; llegamos a un lote baldío, donde había unas rampas de cemento. Ahí me sentaron. Yo seguía con la cara semitapada. Escuché que empezaron a llegar varios vehículos.
“Me ataron de pies y manos y entre varios hombres me aventaron a una camioneta que de inmediato emprendió la marcha. Mientras el vehículo avanzaba escuché que alguien decía ‘vete despacio porque por aquí andan los guachos’. Oí que llegamos a una casa porque se abrió un zaguán. Me levantaron y me dijeron: ‘no se mueva ni grite, porque le disparo’. Me bajaron y me metieron a un cuarto, donde me caí tres veces, hasta que me detuve en una cama o un sofá.
“Me caí porque tropezaba con pies y manos de otras personas que estaban secuestradas y tiradas en el piso. Al acomodarme en el sofá me comenzaron a golpear. Sentí que me jalaron mis arracadas y una esclavita de oro que traía puesta. También me sacaron mis anillos y me quitaron el reloj. Les pregunté por qué me tenían ahí y me respondían que no me podían contestar.”
Ejecución
La señora Reyes no tuvo duda, dice, de que aquella pesadilla era un secuestro. El 18 de mayo –10 días después del plagio perdió la noción del tiempo y “se me borraron las fechas”– sigilosamente sacó su teléfono celular y marcó el número telefónico de un amigo, cuyo nombre “prefiero omitir”, pero al que se refiere con el sobrenombre de Popeye.
Recuerda que en el cuarto donde estaba no había luz. Sólo escuchaba los diálogos y la música de fondo de una película que nunca terminaba. El volumen era muy alto. “Cuando me contestó mi amigo le dije que estaba en peligro, pero tuve que colgar porque una persona que estaba cerca de mí me dijo que no hablara, que eran Los Zetas quienes nos habían secuestrado. Al oír eso lo primero que pensé es que no saldría con vida de ahí, por lo que yo había escuchado de ellos en las noticias”.
En el momento en que la escucharon, uno de los centinelas de Los Zetas entró a la recámara y le preguntó con quien hablaba. Pero Reyes Martínez dice que después de la llamada “rompí mi celular y le dije a la persona que entró al cuarto que mi teléfono no servía”. Se tranquilizaron, recuerda, aunque escuché otra voz que, con tono de enojo, dijo: “Si vuelve a hablar sacas a la vieja para que la tablees”.
Tan pronto el custodio salió de la recámara, uno de los secuestrados, que gemía de dolor debido a que llevaba varios días esposado, “me sugirió que ya no hablara”. “La van a matar, señora”, me dijo.
–¿Qué le daban de comer?
–La mitad de un sándwich y un vaso de agua. Nada más me daban permiso de ir una vez al baño, por eso prefería no comer y beber poco líquido. Un día me interrogaron. Fue terrible. Me quitaron la venda del rostro y sólo me dejaron una playera negra sobre la cabeza, pero se me ocurrió levantar la cara y les ví el rostro a dos o tres de mis secuestradores. Se molestaron mucho y uno de ellos dijo: “Dale un pinche plomazo”. “¿Qué me ve?” –gritaba. “No lo vi, joven”, le dije.
Al verla en crisis, sus captores le preguntaron qué medicamentos tomaba, “porque les dije que yo estaba enferma, que padezco de cirrosis hepática. Me llevaron unas pastillas y comencé a tranquilizarme”.
Ese mismo día, Los Zetas dieron la orden de asesinar a una de las personas secuestradas, al que llamaban, según Reyes Martínez, El Camaleón, pues traía una figura de cocodrilo tatuada en la espalda; tenía como 27 años de edad, y estaba rasurado como militar.
–¿Usted vio cuando lo asesinaron?
–Sí, entre tres zetas lo ahorcaron. Fue espantoso. Yo pensé que me harían lo mismo. Luego arrastraron el cuerpo y ya no supe qué pasó
Mientras Reyes Martínez vivía esa pesadilla, su esposo, José Luis Carlos López Beltrán, llevaba varios días tratando de localizarla. Desesperado, acudió a la casa de cambio para preguntarle a Leopoldo Castañeda si sabía algo, y éste le respondió: “Ya te he dicho que la puse en un taxi, y que no supe más, qué quieres que haga”.
Atenazado por la angustia, López Beltrán –quien acompaña a su esposa durante la entrevista– cuenta que no tuvo más remedio que presentar una denuncia en Nuevo Laredo e informar a las autoridades que su mujer había desaparecido.
Entre el 20 y el 23 de mayo, Reyes Martínez fue liberada. Dice que no recuerda el día preciso porque estaba muy confundida. En horas de la madrugada la subieron a golpes a una camioneta para llevarla a un sitio oscuro en donde la abandonaron.
–¿Cómo fue su liberación? ¿Que le dijeron Los Zetas? ¿Como la trataron?
–Me dejaron en una colonia sin luz. Iba yo descalza. Uno de Los Zetas le decía a otro que ya le parara, que yo ya estaba grande, pero ese hombre me gritaba que si volteaba a verlos me iba a meter un plomazo.
“Yo le dije: ‘No, joven, le juro que no voy a voltear; es más, no voy a decir nada’. Y cuando me aventaron a un zacatal me dijeron que a temprana hora fuera yo a la Ministerial a retirar la denuncia que había puesto mi esposo. Caminé por ese terreno hasta que me encontré a unos señores y me llevaron a mi casa. Eran las siete de la mañana y sólo pensaba en regresar a la Ciudad de México.”
La otra pesadilla
Horas después de haber sido liberada por Los Zetas, un grupo de agentes ministeriales de Nuevo Laredo, Tamaulipas, acudió al domicilio de Marta Reyes. Llevaban órdenes de presentarla para que retirara la denuncia contra Los Zetas, lo cual hizo porque, según afirma, así se lo pidió el comandante Adán Cervantes, policía judicial del estado de Tamaulipas adscrito al área de homicidios.
“Es mejor que retiren esa denuncia y no vuelvan más a Nuevo Laredo”, les dijo Cervantes a Marta y a su esposo. Después giró instrucciones a dos agentes de su confianza –uno de ellos de apellido Camacho– para que los llevaran a su departamento a sacar sus pertenencias (principalmente ropa) y luego los escoltaran hasta el kilómetro 26.
Luego, a bordo de un Chevy de su propiedad, la pareja viajó a la Ciudad de México y, tan pronto como llegaron, se trasladaron a su domicilio, en Texmelucan, Estado de México.
Unas semanas después, el señor López Beltrán, quien es camionero, tuvo que salir a buscar trabajo. Poco antes habían pensado en denunciar su caso ante la Procuraduría General de la República (PGR).
En los primeros días de junio de 2008, Marta Reyes acudió a las instalaciones de la SIEDO. Dice que fue atendida por Gisela Morales Núñez, agente del Ministerio Público federal.
Ante ella narró todo lo ocurrido y, conforme recordaba detalles de su secuestro, los asentaba en la averiguación previa que se integró en la SIEDO. Morales Núñez no le proporcionó el número del expediente e incluso le recomendó que no contratara abogado porque ella sería su defensora.
La averiguación previa, según pudo confirmar Proceso, es la PGR/SIEDO/UEIS/198/2008, por el delito de secuestro.
Reyes Martínez comenta que nunca olvidó los rostros de Los Zetas que vio en la casa de seguridad donde la tuvieron secuestrada. Recuerda que el 15 de agosto de 2008, cuando veía la televisión, se sorprendió al ver un corte informativo que anunciaba la captura de varios integrantes del cártel del Golfo y de Los Zetas, todos ellos operadores de Heriberto Lazcano, El Lazca, en el Distrito Federal y en Tamaulipas.
“Cuando vi a esas personas, de inmediato las reconocí. Sus rostros nunca se me olvidaron, y acudí de inmediato a la SIEDO a declarar que algunos de los detenidos eran los mismos que me habían secuestrado.
El 16 de agosto la PGR dio a conocer la captura de varios miembros de Los Zetas, entre ellos, Alfredo Rangel Buendía, El L-46, quien controlaba las plazas del Distrito Federal, Estado de México, Michoacán, Nuevo León y Oaxaca. También fueron capturados varios miembros de su célula: Norberto Estévez, Alberto Velásquez, Francisco Cárdenas, Eduardo Villanueva, José Ramírez y Eduardo Gabriel Heder.
El agente del Ministerio Público Federal Braulio Robles Zúñiga citó a Reyes Martínez para que acudiera a reconocer a los detenidos. “Me puse muy mal cuando los vi, porque reconocí a tres de ellos: a Alfredo Rangel, Alberto Velásquez y a otro Zeta que habían detenido antes y que se apellida Bravo. Lo recuerdo porque es un hombre gordo que me golpeó”.
Para mantenerse en comunicación con la agente del MP Morales Núñez, Reyes Martínez adquirió un teléfono celular: “Sólo anoté el número en una libreta y pensé que si me llamaban sería la licenciada Morales o agentes de la SIEDO”.
Sin embargo, asegura que un día recibió llamada de una persona, que se identificó como “el licenciado Martínez, de la SIEDO”. Era sábado y me dijo que estaba acompañado de Julio Sánchez Iturbe, agente de la Policía Judicial del Distrito Federal adscrito a las oficinas ubicadas en la calle de Niños Héroes, a quien Reyes Martínez dice conocer de tiempo atrás.
El tal licenciado Martínez le pasó el teléfono a Sánchez Iturbe y éste le pidió a Marta que se vieran cuanto antes. “Yo dudé porque en la SIEDO no trabajan los sábados. Me citaron en el Wings del aeropuerto. Yo acudí con mis hijos. Mi hija se sentó en una mesa, a cierta distancia de donde estábamos, y filmó la charla con el teléfono celular.
“En el encuentro, la persona que se identificó como el licenciado Martínez, de la SIEDO, me ofreció 300 mil pesos a cambio de que no incriminara al zeta Alberto Velázquez Núñez, de quien me dijo era “como el hijo de Igor Labastida”, agente de la PFP asesinado el 26 de junio de 2008 por sus presuntas ligas con el narcotráfico.
–¿Usted confirmó que la persona que le ofreció el dinero era funcionario de la SIEDO? –se le pregunta.
–El lunes siguiente acudí a esa dependencia y denuncié todo ante la licenciada Gisela Morales. Dentro de las instalaciones vi al sujeto que me ofreció el dinero y en cuando se percató de que yo estaba en las oficinas se perdió. Yo le dije a la ministerio público que esa era la persona que me quiso sobornar; ella lo negó y dijo: “No, él no puede ser, está usted mal, señora”.
–¿Y qué pasó después?
–Le entregué el video para que viera a la persona que me citó para ofrecerme el dinero. Pedí que citaran al comandante Julio Sánchez Iturbe para que declarara sobre el ofrecimiento que me hizo ese licenciado, pero desde entonces ella (Gisela Morales) no ha citado a nadie. Mi expediente está guardado y mi caso parece que ya lo sepultaron, pues ya ni las llamadas me toma. Cuando no está de vacaciones me dicen que está ocupada, y así me han traído desde el año pasado.
El martes 14, un día antes de la entrevista con Proceso, Marta Reyes presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que narra su secuestro y acusa a los funcionarios de la SIEDO “por su falta de probidad, honestidad y seriedad, pues no es posible que la información confidencial que yo proporcioné haya sido revelada por las autoridades” de la PGR.
–¿Perdió la confianza en la SIEDO?
–Totalmente. Me siento desprotegida. Sé que me puede pasar algo porque esas personas (Los Zetas) están libres. Me han robado mi tranquilidad y sólo puedo tener un poco de sosiego cuando me encierro en mi casa, con las luces apagadas, para que nadie sepa que yo estoy ahí.Una comerciante secuestrada en Nuevo Laredo durante dos semanas por sicarios de Los Zetas, en mayo de 2008, narra a Proceso el infierno que vivió. Asegura que sus captores contaban con el apoyo de la Policía Ministerial de la localidad. Dice que lo peor ocurrió cuando presentó su denuncia ante la SIEDO en la Ciudad de México, pues funcionarios de esa dependencia pretendieron comprar su silencio para detener las investigaciones.
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Y la tierra se los tragó...*
Al pie de la Sierra Tarahumara, entre Buenaventura, Madera y Namiquipa, narcotraficantes controlan la vida de un puñado de poblados donde hace un mes desaparecieron cuatro guardias rurales y un teniente del Ejército. La búsqueda se inició con cinco días de retraso porque ninguna dependencia quería recibir la denuncia. Hoy se sabe que a esa zona de Chihuahua no entra nadie sin el consentimiento de los sicarios.
"Vamos a llegar a Cuauhtémoc”, avisó por teléfono Édgar René Terrazas Villasana a su esposa casi a medianoche, camino al cuartel de Ciudad Madera. Viajaba junto con sus compañeros guardias rurales, adscritos al Ejército, acompañados por un teniente. Iban a registrar sus armas.
La voz de Terrazas se escuchaba relajada, sin novedades. La llamada del 17 de marzo fue el último contacto que se tuvo con el grupo de cinco hombres que salió de Juárez en una aparatosa camioneta Dodge Ram blanca de las llamadas “nalgonas”, de combustible diesel y cuatro llantas traseras.
Desde entonces la tierra se los tragó. Por más recorridos por tierra o aire que se han organizado para localizarlos no ha vuelto a saberse del paradero de Terrazas y de sus compañeros Pedro García Ruiz, Raúl Adrián Rodríguez, el abogado Carlos Eduardo Ramos y del teniente del Ejército Antonio Hernández, que les serviría de salvoconducto.
Su búsqueda comenzó hasta el día 22, pero sólo gracias a la presión de los familiares para que los localizaran.
“Desde los días 17 al 22, el Ejército no los buscó, no hizo operativos para localizarlos. Entre el 22 y el 23 empezaron a rastrearlos con tibieza y le pasaron el paquete a la Procuraduría de Justicia del Estado”, dijo a Proceso el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Gustavo de la Rosa.
“Ya pasó un mes y no sabemos nada. Para mí que no están buscándolos como debieran. Teníamos la esperanza de que los buscaran porque iba con ellos un militar activo, que por medio de él se movilizara el Ejército, pero no nos dicen nada”, dijo la familiar de uno de los desaparecidos, quienes no percibían sueldo en el Ejército y hacían trabajo voluntario.
Ella no quiso decir su nombre. “Nosotras también tenemos miedo”, justificó.
En su desesperación, por su cuenta, el visitador y los familiares de los guardias rurales comenzaron a recopilar datos del posible destino de los desaparecidos y se adentraron en una zona del estado que es considerada territorio de sicarios.
“Es probable que (a los desaparecidos) los hayan detenido entre Ignacio Zaragoza y Madera, en Gómez Farías, en esa zona que es una especie de triángulo que está perdida por el poder, donde están instalados los sicarios”, dijo De la Rosa.
Según sus deducciones, aunque el guardia Terrazas llamó a su mujer para decirle que iban a pernoctar en Cuauhtémoc, considera que este dato es imposible: estaban a cuatro horas de esa ciudad que ni siquiera queda de camino entre Juárez y Madera. Piensa que posiblemente Terrazas se referiría a que, una vez terminada la comisión, seguiría a Cuauhtémoc a dormir, o que la mujer se confundió de lugar.
El visitador basado en Juárez dice que la Procuraduría informó a los familiares que la llamada se hizo desde Flores Magón y que un denunciante anónimo dijo haber visto más tarde la camioneta que transitaba sobre un cerro empinado localizado cerca de Gómez Farías.
De ser cierta la hipótesis de De la Rosa, los militares se perdieron en el triángulo serrano que forman los poblados de Buenaventura-Zaragoza, Gómez Farías-Madera y Namiquipa, ubicado a los pies de la Sierra Tarahumara, donde los narcotraficantes controlan los caminos, detienen a los desconocidos, piden identificaciones y deciden quién accede.
Desaparecieron en medio del racimo de pueblos a los que se impone toque de queda por las noches y desde donde se cuelan rumores de actos de barbarie imposibles de confirmar.
“En el gobierno han dicho que esa zona sólo la podrían ocupar si hicieran un operativo por helicópteros, porque por tierra no pueden entrar”, confió a Proceso un político local.
Las pocas noticias que traspasan la barrera de silencio, impuesta por los capos locales, dan cuenta del dominio de la delincuencia y la impunidad.
En febrero, por ejemplo, un comando de encapuchados armados, a bordo de una pick up, tomó por sorpresa a los 300 asistentes a una carrera de caballos en el poblado El Terreno, municipio de Namiquipa. Durante cerca de media hora se enfrascaron en una balacera en la que oficialmente cinco hombres murieron, tres de ellos policías, aunque los habitantes aseguran que hubo más muertos y entre siete y 20 personas levantadas, y que por varios días los criminales controlaron las salidas del pueblo.
Según una nota publicada por El Diario el martes 7, decenas de familias de comunidades rurales de los municipios Madera y Gómez Farías huyeron de la región porque un grupo criminal quemó viviendas y autos y ejecutó personas. Sólo del pueblo de Nicolás Bravo los narcos se llevaron a 20 personas de las que no volvió a saberse. Supuestamente fue un acto de venganza contra el pueblo porque alguien pidió ayuda al Ejército.
Ese triángulo serrano –donde desaparecieron los cuatro rurales y el teniente, y con ellos las huellas de su paradero– es corazón de una zona que tiene desembocaduras en lugares como Villa Ahumada y Ciudad Cuauhtémoc, donde los relatos de terror son más públicos y no se transmiten entre cuchicheos.
“Desde que nos enteramos fuimos a buscarlos a Villa Ahumada, a Benito Juárez, a Flores Magón, a Zaragoza, a Madera… a todos los pueblitos que están de camino, y ahí nos dimos cuenta de que en las comandancias de la ranchería no tenían reporte de los desaparecidos, ni había publicidad con fotos de ellos en los postes. De regreso fuimos hasta Cuauhtémoc y ahí sí estaban enterados, pero tenían mal el reporte de la camioneta en la que viajaban, y dicen que encontraron la moqueta (el rifle) de uno, pero no nos dejaron verlo”, dijo la mujer que pidió el anonimato.
Ella y el resto de familiares no sabe a ciencia cierta qué recorrido hicieron sus familiares. “No sabemos por dónde estaban ni en qué camino iban, no sabemos si estaban llegando a Cuauhtémoc o les faltaba media hora o tres horas. Nada”, indicó.
Bitácora del desamparo
Las actas proporcionadas por los familiares, las notas periodísticas, un oficio de la CEDH al presidente de la República y la entrevista que Proceso hizo al visitador dan cuenta de la lentitud burocrática para organizar el operativo de búsqueda.
Martes 17 de marzo: A las 23:30, Yadira Almanza recibió la llamada de su esposo. Él dijo que llegarían a Cuauhtémoc, pero el visitador sostiene que llamó de Flores Magón. Es el último contacto que se tiene con ellos.
Más tarde, una persona que días después se comunicaría a la Procuraduría estatal habría visto pasar la camioneta blanca en la subida empinada que conduce a la Sierra Tarahumara, conocida como Las Emes, cerca de Ignacio Zaragoza. Les faltaba una veintena de kilómetros para llegar a Flores Magón.
Jueves 19: Don Santiago, un oficial de la Dirección General de Fuerzas Rurales –el cuerpo de guardias ejidales que auxilia a la Sedena–, se presentó de mañana en la casa de la señora Magdalena Alanís, esposa de Raúl Rodríguez, y le informó que el grupo no llegó a su destino y que no podía empezar a buscarlos si no presentaban una denuncia penal por desaparición.
Ella y la señora Leticia Medrano, esposa de Pedro García Ruiz, fueron esa tarde a la Procuraduría de Justicia del Estado, pero no les aceptaron su denuncia porque sus maridos son “militares”.
Esa noche, el señor Carlos Ramos, padre del abogado Carlos Eduardo Ramos, se comunicó a la CEDH para denunciar la desaparición de su hijo.
Los esperaban en su destino a las 23:45 horas del martes 17, pero no se reportaron. “Tampoco llegaron al día siguiente, miércoles 18, y tampoco el jueves 19”, les informó.
Viernes 20: Los familiares peregrinaron entre la Comandancia de la V Zona y el 20° Regimiento, donde les aconsejaron presentar la queja ante la Subprocuraduría de la Zona Norte, donde otra vez los canalizaron a la Procuraduría General de la República (PGR) por tratarse de militares.
Por la tarde, la CEDH gestionó ante la PGR que recibiera la denuncia, y presentó la queja y la petición de búsqueda ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 20° Batallón, la Procuraduría estatal y la propia PGR.
En el acta se lee: “(Las esposas) quieren aclarar que la razón del viaje a Madera y el acompañamiento del teniente era porque llevaban armas que deberían registrar en la comandancia de Madera, ya que habían tenido una reunión estatal (…) con el general acantonado en Madera, y éste les indicó que deberían registrar sus armas”.
En la delegación de la PGR, las esposas se encontraron al encargado de Justicia Militar, mayor Jorge Arce Vega, quien les dijo que carecía de información del caso.
Domingo 22: Comenzó la búsqueda del grupo.
En su carta al presidente, De la Rosa se queja de la tardanza y la considera imperdonable porque los desaparecidos “iban en cumplimiento de una comisión oficial y el teniente Antonio Hernández es un militar en activo y los cuatro guardias rurales pertenecen a la Dirección General de Defensas Rurales y al Ejército Mexicano, como se acreditó ante nosotros con oficio 14358, Exp. XIV/109.3-1 CC, y credenciales firmadas por el general Felipe de Jesús Espitia Hernández, comandante de la V Zona Militar”.
Los familiares, a su vez, recorren la zona en avioneta y por tierra.
Jueves 26: Los diarios locales registran “una fuerte movilización terrestre y aérea” en el municipio de Namiquipa.
Los operativos del Ejército en la zona se convirtieron en mala noticia para los pobladores de estos lugares, que comenzaron a huir por miedo a los enfrentamientos armados. La presencia militar fue vista como una patada al avispero.
Desde temprana hora la presencia militar sorprendió a los habitantes de distintos poblados; uno de ellos relató que vio en El Terrero a dos helicópteros volando a baja altura y posteriormente pasaron ocho vehículos repletos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Según versiones de testigos, en cada helicóptero, sin contar a los pilotos, iban de tres a cuatro hombres fuertemente armados, por lo que existió el temor de que se fuera dar un enfrentamiento entre los militares y alguna banda de delincuentes. (El Heraldo de Chihuahua, nota publicada al día siguiente.)
Se informó que en el Campo Menonita número 10, en Cuauhtémoc, se encontró un vehículo Avalanch color arena, con una escopeta en su interior, que podría ser de los militares, pero después se aclaró que los guardias rurales viajaban sólo en la Dodge blanca.
Los diarios dan cuenta de que los militares encontraron en la zona varios vehículos estacionados “como si estuvieran acampando” y dentro de ellos había 26 armas entre ametralladoras, cuernos de chivo, rifles, escopetas y accesorios, como silenciadores, miras telescópicas, camuflaje militar, chalecos antibalas, máscara antigás, pasamontañas y granadas.
Viernes 27: En la carta al Ejecutivo, el visitador reprocha que hasta ese día “no han sido localizados ni se les informa a los familiares si acaso están detenidos por el Ejército o por alguna dependencia policiaca”.
Sábado 28: Comienzan a circular rumores infundados sobre su posible paradero.
Los cinco cuerpos que fueron localizados este viernes en el municipio de Meoqui podrían ser los cinco elementos castrenses que desaparecieron desde el 17 de marzo. Esta información no se ha confirmado aún, sin embargo los cuerpos que fueron encontrados tenían el corte de pelo de tipo militar, por lo que se presume que podrían ser los cuerpos de los desaparecidos. (Tiempo, 28 de marzo. La información no fue confirmada.)
El territorio del narco
Los familiares de los guardias rurales hicieron varios recorridos, pueblo por pueblo, con fotos de ellos en mano, para indagar su paradero.
En esas imágenes se ve a los cuatro hombres vestidos con su uniforme azul, su par de insignias de rifles cruzados en las solapas, en un desayuno que hizo el agrupamiento. Sobre la mesa, adornada con flores artificiales, está el yogurt para beber y la fruta que les sirvieron.
En el salón hay un pódium para discursos, una bandera nacional y un estandarte rojo de plástico en el que se lee: “Heroico Cuerpo Militar-Por el honor de México”. Dos de los guardias miran fijamente a la cámara, serios, formales; los otros dos esbozan una sonrisa.
Las familias serranas a las que consultaron no aportaron ningún dato y los policías ejidales que encontraron en su camino les dijeron que no habían sido avisados del hecho por parte del gobierno. Por eso deducen que las autoridades no los buscaron.
“Nosotros íbamos a enviar gente de la Comisión, pero de la Procuraduría estatal me advirtieron que no lo hiciéramos porque no podían garantizar su seguridad, debido a que pasando de Cuauhtémoc a Casas Grandes, y sobre todo en la zona de Namiquipa, la situación está muy difícil, está perdido”, dijo el visitador en la entrevista.
Por su parte, un familiar de uno de los guardias rurales expresó que los militares lee informaron la semana pasada que el Ministerio Público Militar ya atrajo las investigaciones “y que van a buscarlos hasta encontrarlos”.
Quizá el caso de los militares desaparecidos haya servido para destapar el peligro que se vive en el triángulo serrano, localizado rumbo a Sonora, y del que poco se hablaba.
“Fui a Gómez Farías al velorio de un conocido y me sorprendió que no había nadie en las calles, pensé que estarían en el velorio pero estaba vacío. Cuando me acerqué al ataúd, la viuda del muerto me dijo en voz baja que me fuera, que nos estaban vigilando, que era peligroso, que los narcos no dejaban salir a nadie a la calle y hasta al padre lo tenían encerrado”, confió una mujer a este semanario.
Lo mismo contó el dueño de un autobús turístico que antes viajaba de Cuauhtémoc a Nuevo Casas Grandes; tuvo que cambiar la ruta porque desde el atardecer la carretera por Flores Magón “es intransitable”.
Hasta un funcionario local que se dedicaba a supervisar programas de gobierno dijo que desertó de su cargo luego de que un desconocido le advirtió que su presencia no era grata en ese lugar.
Consultado por Proceso, el diputado local Víctor Quintana dijo que en esos municipios hay varias familias que décadas atrás migraron a Estados Unidos y se hicieron adictas a la cocaína; de regreso a México, y con el desplome del campo, se dedicaron a su tráfico.
“Hay rumores muy alarmantes: la gente de por esa zona dice que hay trocas a lo largo de la carretera y desde que pasa un auto desconocido los narcos se comunican; te detienen, te interrogan, te regresan y te vigilan desde los cerros. Nomás se puede entrar de día”, informó un investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
El visitador De la Rosa dice que no ha recibido quejas formales por estos sucesos conocidos por muchos, mas no denunciados.
Lo único que tiene son rumores de gente que no está dispuesta a confirmarlos. “Me han comentado que está controlado totalmente por los sicarios y que la Procuraduría, la policía preventiva y el Centro de Inteligencia Policial entran únicamente en avioneta y se van de inmediato. Al parecer, la única presencia fuerte (gubernamental) es el cuartel militar de Madera, pero sólo dentro del cuartel. No hay actividades normales, ni los políticos van”.
Leyendas o no, lo cierto es que el teniente y los guardias rurales continúan desaparecidos posiblemente en algún lugar de este Triángulo de las Bermudas chihuahuense, a donde algunos entran y no siempre salen.
MÉXICO, D.F., 21 de abril (apro).- El obispo de Durango, Héctor González Martínez, pudo haber obtenido, el viernes 17 de abril, los 30 millones de pesos de recompensa que la PGR ofrece para quienes aporten datos del paradero de narcotraficantes, pero a cambio abrió las compuertas del infierno y generó una airada reacción de las mismas autoridades encargadas de combatir el crimen organizado y de los propios cárteles.
"Más delante de Guanaceví, por ahí vive El Chapo. Todos lo sabemos, menos la autoridad", afirmó González Martínez en una improvisada y electrizante declaración.
El obispo no sólo rompió, al parecer, un "secreto de confesión" entre un sector de las autoridades y el capo consentido de la revista Forbes. También denunció que la actividad de Joaquín Guzmán Loera provoca una "psicosis casi caótica" en San Bernardo y El Oro, aledaños a Guanaceví, así como en los otros municipios de Durango, Santiago Papasquiaro, Pueblo Nuevo y Tepehuanes. Así mismo, denunció que una banda llamada "la Familia Zacatecana", procedente de Coahuila, ha sembrado el terror en esas zonas.
La respuesta ante la infidencia del obispo fue más preocupante. El comisionado de la Policía Federal Preventiva, Rodrigo Esparza Cristerna, afirmó que si el responsable de la diócesis de Durango tenía pruebas, debía aportarlas a la autoridad, y negó que ellos deban investigar "de oficio".
El silencio del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, ha sido brutal. Sólo Jorge Carpizo, exprocurador y jurista, afirmó que el obispo debió comparecer ante la PGR y que "esta información no se dice en público, sino que hay que hacerla del conocimiento de la autoridad en privado, porque si no se advierte a la otra persona y entonces resulta una declaración escandalosa sin ningún efecto jurídico".
La respuesta del narcotráfico se produjo este martes. Dos militares, en labores de inteligencia, fueron amordazados y acribillados en la sierra de Tepehuanes, colindantes con el municipio duranguense de Guanaceví. La información que se ha difundido hasta el momento señala que en el cuerpo de ambos se leía el siguiente mensaje: "con El Chapo nunca van a poder ni sacerdotes ni gobernantes".
Si es verídico este mensaje, El Chapo está reaccionando y generando una nueva espiral de terror. No es la primera vez que su figura está relacionada con las autoridades eclesiásticas. Al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ni más ni menos, lo acribillaron en mayo de 1993, en el aeropuerto de Guadalajara, precisamente porque lo "confundieron" con El Chapo Guzmán, según la versión oficial de la PGR de entonces, por cierto, dirigida por Jorge Carpizo.
Pero, en este sentido, la reacción más preocupante es la de las propias autoridades. El obispo González Martínez optó por "morderse la lengua". "Estoy sordo y mudo", dijo poco antes de su homilía dominical. Los otros integrantes de la Conferencia Episcopal Mexicana han transitado de la solidaridad a la crítica hacia su colega. El obispo de Yucatán, Emilio Berlié, quien estuvo antes en la diócesis "caliente" de Tijuana, afirmó que los narcos respetan a hombres y mujeres católicos. ¿Será? ¿Acaso los más de 2 mil muertos este año eran agnósticos y ateos?
El senador Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del PRI, ha subrayado que el gobierno federal debe brindar seguridad y protección al obispo. Tiene razón en este sentido. Por ahora, el mensaje de El Chapo parece ser muy claro: "bienvenidos al Chapocalipsis".
Email: jenarovi@yahoo.com.mx
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2006-2009: oprobiosa impunidad militar*
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
En dos años y cuatro meses de gestión calderonista, la impunidad militar llegó a niveles oprobiosos. La estrategia de movilizar a 45 mil elementos para combatir al narcotráfico y a la delincuencia organizada no sólo resultó fallida, sino que la institución se ha extralimitado en sus funciones al llevar ante tribunales militares a civiles. Reportes de la CNDH revelan que 23 de las 52 recomendaciones del ombudsman nacional contra la Sedena en los últimos 20 años involucran a la actual administración.
Desde la época de la guerra sucia en México, el Ejército no había violado tanto los derechos humanos como durante el gobierno de Felipe Calderón.
En apenas dos años y cuatro meses, la institución acumuló más de 2 mil quejas. El período más violento contra la población civil ha sido el primer trimestre de este año, según los 423 expedientes abiertos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra militares.
Pero las violaciones tienen un agravante más: como ningún otro gobierno, el de Calderón ha sometido a cientos de civiles a tribunales castrenses. Tan sólo en sus dos primeros años, 484 casos que originalmente eran investigados por la vía civil pasaron a la justicia castrense.
Entre enero de 2007 y noviembre de 2008, la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) abrió 170 averiguaciones previas en las que las víctimas han sido civiles en actos violatorios cometidos por los propios militares.
Aunque el predominio en México del fuero militar ha sido cuestionado por varios países en la Organización de las Naciones Unidas, el Ejército ha dictado 41 sentencias en las que las víctimas han sido civiles: 32 condenatorias y nueve absolutorias.
Ante el creciente número de sentencias relacionadas con civiles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará la constitucionalidad del Código de Justicia Militar y el alcance del fuero castrense.
Además, en junio próximo el gobierno de Calderón deberá responder ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, a la petición que en febrero pasado le hicieron varios países al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para que el Estado mexicano revise el alcance de ese fuero.
El general Guillermo Galván Galván se convirtió ya en el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el mayor número de violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército en su historia reciente, como resultado del despliegue de 45 mil militares en calles y poblados del país para combatir el narcotráfico.
La tendencia al alza se elevó todavía más durante el primer trimestre de este año. En ese período, la CNDH abrió 423 expedientes de queja, contra las mil 602 tramitadas entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2008. Es decir, de las 2 mil 25 quejas presentadas contra elementos de la institución castrense en este gobierno 20% ocurrieron entre enero y marzo pasados.
Mientras más presencia del Ejército hay en las calles, mayor es el número de violaciones a los derechos humanos. La demostración más clara es el Operativo Conjunto Chihuahua, al que Calderón decidió aumentar a 8 mil 500 el número de militares a finales de febrero.
Los reportes más recientes de la CNDH obtenidos por Proceso indican que Chihuahua fue el estado donde hubo más quejas contra la Sedena, 97 del total de las 423 interpuestas. Pero por frecuencia, la comisión registró mil 262 hechos violatorios en todo el país tan sólo en el primer trimestre; la mayoría por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tortura y robo.
Como en ningún otro sexenio desde el surgimiento de la CNDH en 1990, bajo el mando del general Galván, la Defensa Nacional ha pasado a ser una de las principales instituciones investigadas por violaciones a esos derechos.
Las cifras del organismo indican que de las 52 recomendaciones recibidas por el Ejército en 20 años, 23 han ocurrido en el actual sexenio. Es decir, que en apenas dos años y cuatro meses 44% de todas las recomendaciones se han concentrado en el gobierno de Calderón.
Con más de tres años y medio aún de gobierno, Calderón supera a lo ocurrido en violaciones de militares a los derechos humanos durante la administración de su antecesor, Vicente Fox, y de los priistas Ernesto Zedillo y Carlos Salinas, con el levantamiento zapatista de por medio.
El que más recomendaciones recibió una vez comprobadas las violaciones por parte de la CNDH fue el sexenio de Zedillo, con 14; le siguió el de Fox, con ocho, y en seguida el de Salinas, con siete. Con Calderón, tan sólo los expedientes abiertos contra la Sedena entre el 1 de enero y el 2 de abril pasados señalan que las 423 quejas habían derivado ya en cuatro recomendaciones.
Las violaciones, ocurridas prácticamente en todo el país y consideradas como uno de los efectos del combate al narcotráfico, así como las investigaciones de los militares sobre sus propios actos, empiezan a tener un costo social para el Ejército, que ha perdido aceptación entre la ciudadanía.
Descrédito
De acuerdo con la encuestadora Demotecnia, de María de las Heras, la confianza social en el Ejército mexicano ha decrecido. Aun cuando sigue siendo una institución con alta aceptación, en lo que va del gobierno de Calderón ha pasado de 83 a 72% de opinión favorable.
De los mil 262 hechos reportados durante el primer trimestre como violatorios, 219 fueron por incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante su ejecución, así como en las visitas domiciliarias. Por frecuencia, le siguieron las detenciones arbitrarias en 213 casos; trato cruel, inhumano o degradante en 144 y robo de bienes en 107 ocasiones.
En 61 casos hubo retención ilegal; en 60 deterioro o destrucción ilegal de propiedad privada, en 59 uso arbitrario de la fuerza, en 45 incomunicación, en 41 omisión para hacer constar por escrito el acto de autoridad, en 40 detención sin orden judicial fuera de los casos de flagrancias y en 31 tardanza para presentar al detenido ante el Ministerio Público.
Salvo tres estados –Campeche, Colima y Guanajuato–, en todo el territorio se registraron abusos por parte del Ejército. Por frecuencia, en ese breve período las entidades con el mayor número de quejas fueron Chihuahua, con 97; Michoacán, con 75, y Guerrero, con 51.
Se trata de lugares con intensa actividad militar antinarco, pero también de estados, en el caso de los dos últimos, donde el Ejército ha sufrido graves ataques como emboscadas y decapitaciones de efectivos (Proceso 1678).
Con mediana frecuencia siguieron Durango, con 23; Sinaloa, 19; Baja California, 18; Oaxaca y Tamaulipas, 17 cada uno; Tabasco, 14; Distrito Federal, 13; Coahuila, 12, y Veracruz, 10.
Después, Morelos, con siete; Chiapas, seis; Estado de México, Jalisco y Zacatecas, cinco cada uno; Sonora, cuatro; Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo y San Luis Potosí, tres; Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán, dos cada uno, y Aguascalientes, Baja California Sur e Hidalgo, con uno por entidad. Esa clasificación da como resultado 421 casos, dos menos de los que la propia CNDH da como total de expedientes abiertos.
Por si la comisión de esos hechos no fuera grave, el propio Ejército se encarga de investigarlos, con lo que no sólo se viola la Constitución sino que se abre la puerta a la impunidad, asegura Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Las propias cifras de la Sedena dan cuenta del amplio alcance que tiene la jurisdicción militar en casos donde hay civiles involucrados. Al igual que los datos de la CNDH, confirman que de manera creciente se ha aplicado el fuero militar a civiles durante este sexenio.
Mediante solicitudes de información al amparo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental sobre las actuaciones de la justicia militar entre 2000 y 2008, la Sedena confirma que el gobierno de Calderón ha hecho una extensa aplicación del fuero militar hacia civiles.
Con datos de la PJM, la institución asegura que en los dos primeros años de este sexenio, un total de 484 averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público federal o estatal han sido remitidas a la justicia militar, bajo la consideración de que la competencia corresponde a los tribunales castrenses.
En 2007, se registraron 103 declinaciones a favor del fuero militar, y en 2008 se elevó a 381 casos. De acuerdo con la información oficial, esa tendencia empezó a darse desde 2004. Entre ese año y 2006 se registraron 47 casos, muy lejos de los 484 de los dos primeros años del gobierno calderonista.
Según la PJM, sólo en una ocasión, durante 2008, la justicia militar le solicitó al Ministerio Público de la federación que declinara la competencia a favor del fuero de guerra, en aplicación del artículo 57 del Código de Justicia Militar, que establece los delitos contra la disciplina militar.
En su respuesta, la Sedena asegura que entre 2007 y 2008 el Ministerio Público militar abrió 170 averiguaciones previas en las cuales las víctimas son civiles. La cifra tampoco tiene precedentes. Es poco más de 10 veces que las abiertas entre 2004 y 2006. En 2004 fueron 12; en 2005, dos, y en 2006, cuatro. De los años anteriores, la Sedena no dio información.
De esas averiguaciones, 12 han sido consignadas ante la justicia castrense por la PJM; 10 de ellas con Calderón. En el gobierno de Vicente Fox ocurrió en dos ocasiones, una en 2004 y otra en 2006.
Ha sido con los gobiernos del PAN en los que los tribunales militares han procesado casos relacionados con civiles, aprovechando lo establecido en 1933 en el Código de Justicia Militar, cuya constitucionalidad es cuestionada nacional e internacionalmente y que está por ser revisada en la Suprema Corte.
Más elevado es el número de sentencias dictadas por los juzgados militares y el Supremo Tribunal de Justicia Militar en casos en que las víctimas han sido civiles. Sin precisar los años, la Sedena dio a conocer que de diciembre de 2000 a noviembre de 2008 se han dictado 41 sentencias, de las cuales 32 han sido condenatorias.
En lo que atañe al delito contra las personas, la Sedena tiene registradas 39 averiguaciones previas abiertas por el Ministerio Público militar. De ellas, 16 fueron en el gobierno de Fox y 23 en los dos primeros años de Calderón.
Abusos
El artículo 330 del Código de Justicia Militar establece que el elemento del Ejército que use las armas de manera innecesaria contra cualquier persona, o que ejerza sin autorización cualquier otro acto injustificado de violencia contra algún individuo, será castigado con un año de prisión. Añade que si se causare daño “se estará al delito que resultare, cuando la pena que corresponda a éste sea mayor que la señalada (en ese artículo)”.
La información entregada por la Sedena también indica que entre 2004 y 2008, 10 averiguaciones previas han sido consignadas por el Ministerio Público militar por violación de ese artículo; ocho en la gestión de Calderón.
Además, durante el sexenio de Fox y los dos primeros años del actual se han dictado 10 sentencias también por violación de ese artículo. En el mismo período se dictaron ocho sentencias, pero la dependencia no precisa en qué años ocurrieron.
Las instrucciones de los casos no sólo son desconocidas por las víctimas o sus familiares, sino que se siguen a partir de las versiones de los militares responsables de los abusos.
Uno de esos casos que está documentado es el ocurrido el 18 de diciembre pasado durante un cateo realizado en la ciudad de Durango. A las 5:45 horas de ese día, el Ejército se equivocó y “reventó” el domicilio ubicado en la calle Lirio 114 del fraccionamiento Jardines de Durango. El error le costó a un civil, Adolfo Sifuentes Rodríguez, la pérdida del brazo derecho.
A pesar de que ante la opinión pública intentó negar los hechos, la comandancia de la Décima Zona Militar, con sede en la capital del estado, reportó a la Sedena que efectivos militares acudieron al domicilio por una denuncia anónima según la cual se trataba de una casa de seguridad en la que se encontraban sicarios con los que se habían enfrentado el día previo.
El fraccionamiento, en efecto, había sido escenario de tres escaramuzas entre junio y diciembre de 2008. Pero el 18 de diciembre los militares arremetieron contra la casa a pesar de que sólo encontraron a Sifuentes con una carabina 30-30 y que, según el reporte, disparó en dos ocasiones.
Todavía más grave es la mentira con la que el Ejército intentó deslindarse del asesinato de seis personas –cuatro civiles y dos militares– en el poblado Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa, el 26 de marzo de 2008.
No fue cualquier intento de engaño. Fue en la denuncia de hechos presentada ante el Ministerio Público de la federación. La denuncia, cuya copia obtuvo Proceso, está firmada por el teniente de infantería Víctor Ruiz Martínez, el sargento de infantería Juan José Camacho Vega y el cabo de infantería Antonio Rojas Reyes.
Según esa versión, los civiles intentaron huir en un vehículo cuando vieron a los militares, “por lo cual emprendimos su persecución, dándole alcance, emparejándonos y ordenándole al conductor detener la marcha”; “en lugar de obedecer – se lee en el documento– frenó repentinamente, escuchando en ese mismo instante disparos de arma de fuego”.
Debido a que dos de los civiles que viajaban en la camioneta quedaron vivos e iban desarmados, la versión inicial del Ejército se vino abajo. “Lamentaron que no nos hubieran matado a todos, pues de esa manera nos hubieran sembrado armas y droga para justificar su acción”, dijo Miguel Ángel Medina Medina, uno de los sobrevivientes, a Proceso (1641).
Descubierta la mentira, el Ejército anunció proceso penal contra cinco militares, entre ellos los firmantes de la denuncia. Sin embargo, el caso se quedó en la jurisdicción militar.
Reynalda Morales Rodríguez, viuda de Zenón López Medina, una de las víctimas, se inconformó e interpuso un amparo para que el caso pase a la justicia civil.
Patrocinada por el Centro Pro y la organización no gubernamental Fundar, la viuda considera inconstitucional la extensión de la jurisdicción militar a casos en los que se encuentran involucradas personas que no pertenecen al Ejército (Proceso 1688).
La madre y la viuda de otras de las víctimas también apelaron a la protección de la justicia federal, pero el Juzgado Noveno de Distrito y el Cuarto Tribunal Colegiado, ambos con sede en Mazatlán, desecharon la demanda por “notoriamente improcedente” al tratarse de fuero militar.
En el primer caso, la demanda de amparo ya fue atraída por la Suprema Corte, a petición del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. El miércoles 1, la Primera Sala del máximo tribunal decidió atraer el recurso con el objetivo de fijar los alcances del artículo 13 de la Constitución y revisar la constitucionalidad del artículo 57 del Código Militar.
El artículo 13 constitucional ordena que los tribunales militares “en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”.
Si los ministros deciden ir al fondo del asunto, la corte determinará lo que debe entenderse por fuero militar, delitos y falta contra la disciplina militar, los límites jurisdiccionales de los tribunales militares y, por lo tanto, si ese artículo 57 está por encima de la Constitución, como alega Morales Rodríguez.
A partir de esa decisión, el Ejército cabildea en la corte en un intento por convencer a los ministros de que dejen las cosas como están, tal y como lo advirtió el general Galván el 19 de febrero pasado, en el marco de las actividades del Día del Ejército:
“Para aquellas voces que claman por abolir el fuero de guerra, les decimos que éste es la jurisdicción donde se previene el quebrantamiento de la disciplina militar”. Según el alto mando, todos los abusos cometidos por el Ejército son castigados con “penas ejemplares”.
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Entre Los Zetas y la SIEDO...*
RICARDO RAVELO
Una comerciante secuestrada en Nuevo Laredo durante dos semanas por sicarios de Los Zetas, en mayo de 2008, narra a Proceso el infierno que vivió. Asegura que sus captores contaban con el apoyo de la Policía Ministerial de la localidad. Dice que lo peor ocurrió cuando presentó su denuncia ante la SIEDO en la Ciudad de México, pues funcionarios de esa dependencia pretendieron comprar su silencio para detener las investigaciones.
La tarde del 8 de mayo de 2008 la señora Marta Reyes Martínez, quien se dedica al comercio, no quería regresar a su domicilio, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sin antes pasar, como de costumbre lo hacía, a comprar dólares en la casa de cambio Mi Banquito, donde ya era conocida desde hacía 20 años por Leopoldo Castañeda García, el dueño.
Oriunda del estado de Michoacán, con residencia en Texmelucan, Estado de México, Reyes Martínez había llegado a esa ciudad fronteriza acompañada de su hijo, un niño de 14 años que no habla y se le debe alimentar mediante mamilas.
Poco antes de la siete de la noche, su esposo, José Luis Carlos López Beltrán, la dejó en la casa de cambio, donde después de comprar los dólares –llevaba consigo unos 145 mil pesos– esperaría a las personas provenientes de Laredo, Texas, que le surtían perfumes, zapatos, chamarras y otros artículos que ella vende. Sin embargo, sus proveedores nunca llegaron.
Cuando salió del establecimiento fue secuestrada por agentes de la Policía Ministerial de Nuevo Laredo que –asegura– están coludidos con Los Zetas.
Entrevistada por Proceso el miércoles 15, Reyes Martínez narra la pesadilla que vivió en Nuevo Laredo durante los 15 días que permaneció atada de pies y manos en una casa de seguridad de Los Zetas que, según ella, operan con la protección de la policía y de altos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) adscritos a la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Asegura que elementos de esas dependencias le ofrecieron dinero para que se desista de su denuncia y del señalamiento que hizo contra tres miembros de Los Zetas a quienes reconoció como sus plagiarios.
Cuenta que el día de su secuestro sus proveedores se retrasaron y decidió no esperarlos. Cuando se despidió del dueño de la casa de cambio, éste le dijo que aguardara un momento. Y ocurrió algo inusual: le pidió un taxi para que la llevaran a su casa. Después de abordar el vehículo, Castañeda García le dijo al taxista: “Llévate a Martita, por favor, a su casa… Tú ya sabes…”
–¿Sintió miedo en ese momento? –se le pregunta.
–No. Tenía la certeza de que ya iba a mi casa. El taxista me preguntó si podía pasar a recoger a una persona que lo estaba esperando; le dije que sí y me senté a un lado de él.
–¿Qué pasó después?
–Pasamos por la persona y cuando se subió al coche empezó a hablar por radio. Hablaba en clave. Escuché que se refería a una persona o a un lugar, algo así como El Ocho. El vehículo avanzó y cruzamos varias calles. Le pedí al chofer que me dejara en un Oxxo, porque ahí iba yo a comprar la leche para mi hijo.
“Me dijo que no podía bajarme. Yo le pregunté por qué y comenzó a insultarme; me golpeó la cabeza y me jaló el bolso. Pensé que se trataba de un robo, y que eso sería todo.
“Durante el forcejeo llegó una patrulla y pensé que llegaba en mi auxilio, pero no fue así: me entregaron con los policías municipales de Nuevo Laredo. Me bajaron del taxi y me subieron a la patrulla. Uno de los agentes me golpeó y me puso un trapo negro en la cabeza; me despojaron de mi nextel y del dinero que llevaba. Sólo me quedé con un teléfono celular chiquito y planito que había guardado en la bolsa de mi pantalón de mezclilla.
“La patrulla comenzó a avanzar y logré observar que íbamos por el panteón Los Ángeles, entre callejones y brechas; llegamos a un lote baldío, donde había unas rampas de cemento. Ahí me sentaron. Yo seguía con la cara semitapada. Escuché que empezaron a llegar varios vehículos.
“Me ataron de pies y manos y entre varios hombres me aventaron a una camioneta que de inmediato emprendió la marcha. Mientras el vehículo avanzaba escuché que alguien decía ‘vete despacio porque por aquí andan los guachos’. Oí que llegamos a una casa porque se abrió un zaguán. Me levantaron y me dijeron: ‘no se mueva ni grite, porque le disparo’. Me bajaron y me metieron a un cuarto, donde me caí tres veces, hasta que me detuve en una cama o un sofá.
“Me caí porque tropezaba con pies y manos de otras personas que estaban secuestradas y tiradas en el piso. Al acomodarme en el sofá me comenzaron a golpear. Sentí que me jalaron mis arracadas y una esclavita de oro que traía puesta. También me sacaron mis anillos y me quitaron el reloj. Les pregunté por qué me tenían ahí y me respondían que no me podían contestar.”
Ejecución
La señora Reyes no tuvo duda, dice, de que aquella pesadilla era un secuestro. El 18 de mayo –10 días después del plagio perdió la noción del tiempo y “se me borraron las fechas”– sigilosamente sacó su teléfono celular y marcó el número telefónico de un amigo, cuyo nombre “prefiero omitir”, pero al que se refiere con el sobrenombre de Popeye.
Recuerda que en el cuarto donde estaba no había luz. Sólo escuchaba los diálogos y la música de fondo de una película que nunca terminaba. El volumen era muy alto. “Cuando me contestó mi amigo le dije que estaba en peligro, pero tuve que colgar porque una persona que estaba cerca de mí me dijo que no hablara, que eran Los Zetas quienes nos habían secuestrado. Al oír eso lo primero que pensé es que no saldría con vida de ahí, por lo que yo había escuchado de ellos en las noticias”.
En el momento en que la escucharon, uno de los centinelas de Los Zetas entró a la recámara y le preguntó con quien hablaba. Pero Reyes Martínez dice que después de la llamada “rompí mi celular y le dije a la persona que entró al cuarto que mi teléfono no servía”. Se tranquilizaron, recuerda, aunque escuché otra voz que, con tono de enojo, dijo: “Si vuelve a hablar sacas a la vieja para que la tablees”.
Tan pronto el custodio salió de la recámara, uno de los secuestrados, que gemía de dolor debido a que llevaba varios días esposado, “me sugirió que ya no hablara”. “La van a matar, señora”, me dijo.
–¿Qué le daban de comer?
–La mitad de un sándwich y un vaso de agua. Nada más me daban permiso de ir una vez al baño, por eso prefería no comer y beber poco líquido. Un día me interrogaron. Fue terrible. Me quitaron la venda del rostro y sólo me dejaron una playera negra sobre la cabeza, pero se me ocurrió levantar la cara y les ví el rostro a dos o tres de mis secuestradores. Se molestaron mucho y uno de ellos dijo: “Dale un pinche plomazo”. “¿Qué me ve?” –gritaba. “No lo vi, joven”, le dije.
Al verla en crisis, sus captores le preguntaron qué medicamentos tomaba, “porque les dije que yo estaba enferma, que padezco de cirrosis hepática. Me llevaron unas pastillas y comencé a tranquilizarme”.
Ese mismo día, Los Zetas dieron la orden de asesinar a una de las personas secuestradas, al que llamaban, según Reyes Martínez, El Camaleón, pues traía una figura de cocodrilo tatuada en la espalda; tenía como 27 años de edad, y estaba rasurado como militar.
–¿Usted vio cuando lo asesinaron?
–Sí, entre tres zetas lo ahorcaron. Fue espantoso. Yo pensé que me harían lo mismo. Luego arrastraron el cuerpo y ya no supe qué pasó
Mientras Reyes Martínez vivía esa pesadilla, su esposo, José Luis Carlos López Beltrán, llevaba varios días tratando de localizarla. Desesperado, acudió a la casa de cambio para preguntarle a Leopoldo Castañeda si sabía algo, y éste le respondió: “Ya te he dicho que la puse en un taxi, y que no supe más, qué quieres que haga”.
Atenazado por la angustia, López Beltrán –quien acompaña a su esposa durante la entrevista– cuenta que no tuvo más remedio que presentar una denuncia en Nuevo Laredo e informar a las autoridades que su mujer había desaparecido.
Entre el 20 y el 23 de mayo, Reyes Martínez fue liberada. Dice que no recuerda el día preciso porque estaba muy confundida. En horas de la madrugada la subieron a golpes a una camioneta para llevarla a un sitio oscuro en donde la abandonaron.
–¿Cómo fue su liberación? ¿Que le dijeron Los Zetas? ¿Como la trataron?
–Me dejaron en una colonia sin luz. Iba yo descalza. Uno de Los Zetas le decía a otro que ya le parara, que yo ya estaba grande, pero ese hombre me gritaba que si volteaba a verlos me iba a meter un plomazo.
“Yo le dije: ‘No, joven, le juro que no voy a voltear; es más, no voy a decir nada’. Y cuando me aventaron a un zacatal me dijeron que a temprana hora fuera yo a la Ministerial a retirar la denuncia que había puesto mi esposo. Caminé por ese terreno hasta que me encontré a unos señores y me llevaron a mi casa. Eran las siete de la mañana y sólo pensaba en regresar a la Ciudad de México.”
La otra pesadilla
Horas después de haber sido liberada por Los Zetas, un grupo de agentes ministeriales de Nuevo Laredo, Tamaulipas, acudió al domicilio de Marta Reyes. Llevaban órdenes de presentarla para que retirara la denuncia contra Los Zetas, lo cual hizo porque, según afirma, así se lo pidió el comandante Adán Cervantes, policía judicial del estado de Tamaulipas adscrito al área de homicidios.
“Es mejor que retiren esa denuncia y no vuelvan más a Nuevo Laredo”, les dijo Cervantes a Marta y a su esposo. Después giró instrucciones a dos agentes de su confianza –uno de ellos de apellido Camacho– para que los llevaran a su departamento a sacar sus pertenencias (principalmente ropa) y luego los escoltaran hasta el kilómetro 26.
Luego, a bordo de un Chevy de su propiedad, la pareja viajó a la Ciudad de México y, tan pronto como llegaron, se trasladaron a su domicilio, en Texmelucan, Estado de México.
Unas semanas después, el señor López Beltrán, quien es camionero, tuvo que salir a buscar trabajo. Poco antes habían pensado en denunciar su caso ante la Procuraduría General de la República (PGR).
En los primeros días de junio de 2008, Marta Reyes acudió a las instalaciones de la SIEDO. Dice que fue atendida por Gisela Morales Núñez, agente del Ministerio Público federal.
Ante ella narró todo lo ocurrido y, conforme recordaba detalles de su secuestro, los asentaba en la averiguación previa que se integró en la SIEDO. Morales Núñez no le proporcionó el número del expediente e incluso le recomendó que no contratara abogado porque ella sería su defensora.
La averiguación previa, según pudo confirmar Proceso, es la PGR/SIEDO/UEIS/198/2008, por el delito de secuestro.
Reyes Martínez comenta que nunca olvidó los rostros de Los Zetas que vio en la casa de seguridad donde la tuvieron secuestrada. Recuerda que el 15 de agosto de 2008, cuando veía la televisión, se sorprendió al ver un corte informativo que anunciaba la captura de varios integrantes del cártel del Golfo y de Los Zetas, todos ellos operadores de Heriberto Lazcano, El Lazca, en el Distrito Federal y en Tamaulipas.
“Cuando vi a esas personas, de inmediato las reconocí. Sus rostros nunca se me olvidaron, y acudí de inmediato a la SIEDO a declarar que algunos de los detenidos eran los mismos que me habían secuestrado.
El 16 de agosto la PGR dio a conocer la captura de varios miembros de Los Zetas, entre ellos, Alfredo Rangel Buendía, El L-46, quien controlaba las plazas del Distrito Federal, Estado de México, Michoacán, Nuevo León y Oaxaca. También fueron capturados varios miembros de su célula: Norberto Estévez, Alberto Velásquez, Francisco Cárdenas, Eduardo Villanueva, José Ramírez y Eduardo Gabriel Heder.
El agente del Ministerio Público Federal Braulio Robles Zúñiga citó a Reyes Martínez para que acudiera a reconocer a los detenidos. “Me puse muy mal cuando los vi, porque reconocí a tres de ellos: a Alfredo Rangel, Alberto Velásquez y a otro Zeta que habían detenido antes y que se apellida Bravo. Lo recuerdo porque es un hombre gordo que me golpeó”.
Para mantenerse en comunicación con la agente del MP Morales Núñez, Reyes Martínez adquirió un teléfono celular: “Sólo anoté el número en una libreta y pensé que si me llamaban sería la licenciada Morales o agentes de la SIEDO”.
Sin embargo, asegura que un día recibió llamada de una persona, que se identificó como “el licenciado Martínez, de la SIEDO”. Era sábado y me dijo que estaba acompañado de Julio Sánchez Iturbe, agente de la Policía Judicial del Distrito Federal adscrito a las oficinas ubicadas en la calle de Niños Héroes, a quien Reyes Martínez dice conocer de tiempo atrás.
El tal licenciado Martínez le pasó el teléfono a Sánchez Iturbe y éste le pidió a Marta que se vieran cuanto antes. “Yo dudé porque en la SIEDO no trabajan los sábados. Me citaron en el Wings del aeropuerto. Yo acudí con mis hijos. Mi hija se sentó en una mesa, a cierta distancia de donde estábamos, y filmó la charla con el teléfono celular.
“En el encuentro, la persona que se identificó como el licenciado Martínez, de la SIEDO, me ofreció 300 mil pesos a cambio de que no incriminara al zeta Alberto Velázquez Núñez, de quien me dijo era “como el hijo de Igor Labastida”, agente de la PFP asesinado el 26 de junio de 2008 por sus presuntas ligas con el narcotráfico.
–¿Usted confirmó que la persona que le ofreció el dinero era funcionario de la SIEDO? –se le pregunta.
–El lunes siguiente acudí a esa dependencia y denuncié todo ante la licenciada Gisela Morales. Dentro de las instalaciones vi al sujeto que me ofreció el dinero y en cuando se percató de que yo estaba en las oficinas se perdió. Yo le dije a la ministerio público que esa era la persona que me quiso sobornar; ella lo negó y dijo: “No, él no puede ser, está usted mal, señora”.
–¿Y qué pasó después?
–Le entregué el video para que viera a la persona que me citó para ofrecerme el dinero. Pedí que citaran al comandante Julio Sánchez Iturbe para que declarara sobre el ofrecimiento que me hizo ese licenciado, pero desde entonces ella (Gisela Morales) no ha citado a nadie. Mi expediente está guardado y mi caso parece que ya lo sepultaron, pues ya ni las llamadas me toma. Cuando no está de vacaciones me dicen que está ocupada, y así me han traído desde el año pasado.
El martes 14, un día antes de la entrevista con Proceso, Marta Reyes presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que narra su secuestro y acusa a los funcionarios de la SIEDO “por su falta de probidad, honestidad y seriedad, pues no es posible que la información confidencial que yo proporcioné haya sido revelada por las autoridades” de la PGR.
–¿Perdió la confianza en la SIEDO?
–Totalmente. Me siento desprotegida. Sé que me puede pasar algo porque esas personas (Los Zetas) están libres. Me han robado mi tranquilidad y sólo puedo tener un poco de sosiego cuando me encierro en mi casa, con las luces apagadas, para que nadie sepa que yo estoy ahí.Una comerciante secuestrada en Nuevo Laredo durante dos semanas por sicarios de Los Zetas, en mayo de 2008, narra a Proceso el infierno que vivió. Asegura que sus captores contaban con el apoyo de la Policía Ministerial de la localidad. Dice que lo peor ocurrió cuando presentó su denuncia ante la SIEDO en la Ciudad de México, pues funcionarios de esa dependencia pretendieron comprar su silencio para detener las investigaciones.
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Y la tierra se los tragó...*
Al pie de la Sierra Tarahumara, entre Buenaventura, Madera y Namiquipa, narcotraficantes controlan la vida de un puñado de poblados donde hace un mes desaparecieron cuatro guardias rurales y un teniente del Ejército. La búsqueda se inició con cinco días de retraso porque ninguna dependencia quería recibir la denuncia. Hoy se sabe que a esa zona de Chihuahua no entra nadie sin el consentimiento de los sicarios.
"Vamos a llegar a Cuauhtémoc”, avisó por teléfono Édgar René Terrazas Villasana a su esposa casi a medianoche, camino al cuartel de Ciudad Madera. Viajaba junto con sus compañeros guardias rurales, adscritos al Ejército, acompañados por un teniente. Iban a registrar sus armas.
La voz de Terrazas se escuchaba relajada, sin novedades. La llamada del 17 de marzo fue el último contacto que se tuvo con el grupo de cinco hombres que salió de Juárez en una aparatosa camioneta Dodge Ram blanca de las llamadas “nalgonas”, de combustible diesel y cuatro llantas traseras.
Desde entonces la tierra se los tragó. Por más recorridos por tierra o aire que se han organizado para localizarlos no ha vuelto a saberse del paradero de Terrazas y de sus compañeros Pedro García Ruiz, Raúl Adrián Rodríguez, el abogado Carlos Eduardo Ramos y del teniente del Ejército Antonio Hernández, que les serviría de salvoconducto.
Su búsqueda comenzó hasta el día 22, pero sólo gracias a la presión de los familiares para que los localizaran.
“Desde los días 17 al 22, el Ejército no los buscó, no hizo operativos para localizarlos. Entre el 22 y el 23 empezaron a rastrearlos con tibieza y le pasaron el paquete a la Procuraduría de Justicia del Estado”, dijo a Proceso el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Gustavo de la Rosa.
“Ya pasó un mes y no sabemos nada. Para mí que no están buscándolos como debieran. Teníamos la esperanza de que los buscaran porque iba con ellos un militar activo, que por medio de él se movilizara el Ejército, pero no nos dicen nada”, dijo la familiar de uno de los desaparecidos, quienes no percibían sueldo en el Ejército y hacían trabajo voluntario.
Ella no quiso decir su nombre. “Nosotras también tenemos miedo”, justificó.
En su desesperación, por su cuenta, el visitador y los familiares de los guardias rurales comenzaron a recopilar datos del posible destino de los desaparecidos y se adentraron en una zona del estado que es considerada territorio de sicarios.
“Es probable que (a los desaparecidos) los hayan detenido entre Ignacio Zaragoza y Madera, en Gómez Farías, en esa zona que es una especie de triángulo que está perdida por el poder, donde están instalados los sicarios”, dijo De la Rosa.
Según sus deducciones, aunque el guardia Terrazas llamó a su mujer para decirle que iban a pernoctar en Cuauhtémoc, considera que este dato es imposible: estaban a cuatro horas de esa ciudad que ni siquiera queda de camino entre Juárez y Madera. Piensa que posiblemente Terrazas se referiría a que, una vez terminada la comisión, seguiría a Cuauhtémoc a dormir, o que la mujer se confundió de lugar.
El visitador basado en Juárez dice que la Procuraduría informó a los familiares que la llamada se hizo desde Flores Magón y que un denunciante anónimo dijo haber visto más tarde la camioneta que transitaba sobre un cerro empinado localizado cerca de Gómez Farías.
De ser cierta la hipótesis de De la Rosa, los militares se perdieron en el triángulo serrano que forman los poblados de Buenaventura-Zaragoza, Gómez Farías-Madera y Namiquipa, ubicado a los pies de la Sierra Tarahumara, donde los narcotraficantes controlan los caminos, detienen a los desconocidos, piden identificaciones y deciden quién accede.
Desaparecieron en medio del racimo de pueblos a los que se impone toque de queda por las noches y desde donde se cuelan rumores de actos de barbarie imposibles de confirmar.
“En el gobierno han dicho que esa zona sólo la podrían ocupar si hicieran un operativo por helicópteros, porque por tierra no pueden entrar”, confió a Proceso un político local.
Las pocas noticias que traspasan la barrera de silencio, impuesta por los capos locales, dan cuenta del dominio de la delincuencia y la impunidad.
En febrero, por ejemplo, un comando de encapuchados armados, a bordo de una pick up, tomó por sorpresa a los 300 asistentes a una carrera de caballos en el poblado El Terreno, municipio de Namiquipa. Durante cerca de media hora se enfrascaron en una balacera en la que oficialmente cinco hombres murieron, tres de ellos policías, aunque los habitantes aseguran que hubo más muertos y entre siete y 20 personas levantadas, y que por varios días los criminales controlaron las salidas del pueblo.
Según una nota publicada por El Diario el martes 7, decenas de familias de comunidades rurales de los municipios Madera y Gómez Farías huyeron de la región porque un grupo criminal quemó viviendas y autos y ejecutó personas. Sólo del pueblo de Nicolás Bravo los narcos se llevaron a 20 personas de las que no volvió a saberse. Supuestamente fue un acto de venganza contra el pueblo porque alguien pidió ayuda al Ejército.
Ese triángulo serrano –donde desaparecieron los cuatro rurales y el teniente, y con ellos las huellas de su paradero– es corazón de una zona que tiene desembocaduras en lugares como Villa Ahumada y Ciudad Cuauhtémoc, donde los relatos de terror son más públicos y no se transmiten entre cuchicheos.
“Desde que nos enteramos fuimos a buscarlos a Villa Ahumada, a Benito Juárez, a Flores Magón, a Zaragoza, a Madera… a todos los pueblitos que están de camino, y ahí nos dimos cuenta de que en las comandancias de la ranchería no tenían reporte de los desaparecidos, ni había publicidad con fotos de ellos en los postes. De regreso fuimos hasta Cuauhtémoc y ahí sí estaban enterados, pero tenían mal el reporte de la camioneta en la que viajaban, y dicen que encontraron la moqueta (el rifle) de uno, pero no nos dejaron verlo”, dijo la mujer que pidió el anonimato.
Ella y el resto de familiares no sabe a ciencia cierta qué recorrido hicieron sus familiares. “No sabemos por dónde estaban ni en qué camino iban, no sabemos si estaban llegando a Cuauhtémoc o les faltaba media hora o tres horas. Nada”, indicó.
Bitácora del desamparo
Las actas proporcionadas por los familiares, las notas periodísticas, un oficio de la CEDH al presidente de la República y la entrevista que Proceso hizo al visitador dan cuenta de la lentitud burocrática para organizar el operativo de búsqueda.
Martes 17 de marzo: A las 23:30, Yadira Almanza recibió la llamada de su esposo. Él dijo que llegarían a Cuauhtémoc, pero el visitador sostiene que llamó de Flores Magón. Es el último contacto que se tiene con ellos.
Más tarde, una persona que días después se comunicaría a la Procuraduría estatal habría visto pasar la camioneta blanca en la subida empinada que conduce a la Sierra Tarahumara, conocida como Las Emes, cerca de Ignacio Zaragoza. Les faltaba una veintena de kilómetros para llegar a Flores Magón.
Jueves 19: Don Santiago, un oficial de la Dirección General de Fuerzas Rurales –el cuerpo de guardias ejidales que auxilia a la Sedena–, se presentó de mañana en la casa de la señora Magdalena Alanís, esposa de Raúl Rodríguez, y le informó que el grupo no llegó a su destino y que no podía empezar a buscarlos si no presentaban una denuncia penal por desaparición.
Ella y la señora Leticia Medrano, esposa de Pedro García Ruiz, fueron esa tarde a la Procuraduría de Justicia del Estado, pero no les aceptaron su denuncia porque sus maridos son “militares”.
Esa noche, el señor Carlos Ramos, padre del abogado Carlos Eduardo Ramos, se comunicó a la CEDH para denunciar la desaparición de su hijo.
Los esperaban en su destino a las 23:45 horas del martes 17, pero no se reportaron. “Tampoco llegaron al día siguiente, miércoles 18, y tampoco el jueves 19”, les informó.
Viernes 20: Los familiares peregrinaron entre la Comandancia de la V Zona y el 20° Regimiento, donde les aconsejaron presentar la queja ante la Subprocuraduría de la Zona Norte, donde otra vez los canalizaron a la Procuraduría General de la República (PGR) por tratarse de militares.
Por la tarde, la CEDH gestionó ante la PGR que recibiera la denuncia, y presentó la queja y la petición de búsqueda ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 20° Batallón, la Procuraduría estatal y la propia PGR.
En el acta se lee: “(Las esposas) quieren aclarar que la razón del viaje a Madera y el acompañamiento del teniente era porque llevaban armas que deberían registrar en la comandancia de Madera, ya que habían tenido una reunión estatal (…) con el general acantonado en Madera, y éste les indicó que deberían registrar sus armas”.
En la delegación de la PGR, las esposas se encontraron al encargado de Justicia Militar, mayor Jorge Arce Vega, quien les dijo que carecía de información del caso.
Domingo 22: Comenzó la búsqueda del grupo.
En su carta al presidente, De la Rosa se queja de la tardanza y la considera imperdonable porque los desaparecidos “iban en cumplimiento de una comisión oficial y el teniente Antonio Hernández es un militar en activo y los cuatro guardias rurales pertenecen a la Dirección General de Defensas Rurales y al Ejército Mexicano, como se acreditó ante nosotros con oficio 14358, Exp. XIV/109.3-1 CC, y credenciales firmadas por el general Felipe de Jesús Espitia Hernández, comandante de la V Zona Militar”.
Los familiares, a su vez, recorren la zona en avioneta y por tierra.
Jueves 26: Los diarios locales registran “una fuerte movilización terrestre y aérea” en el municipio de Namiquipa.
Los operativos del Ejército en la zona se convirtieron en mala noticia para los pobladores de estos lugares, que comenzaron a huir por miedo a los enfrentamientos armados. La presencia militar fue vista como una patada al avispero.
Desde temprana hora la presencia militar sorprendió a los habitantes de distintos poblados; uno de ellos relató que vio en El Terrero a dos helicópteros volando a baja altura y posteriormente pasaron ocho vehículos repletos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Según versiones de testigos, en cada helicóptero, sin contar a los pilotos, iban de tres a cuatro hombres fuertemente armados, por lo que existió el temor de que se fuera dar un enfrentamiento entre los militares y alguna banda de delincuentes. (El Heraldo de Chihuahua, nota publicada al día siguiente.)
Se informó que en el Campo Menonita número 10, en Cuauhtémoc, se encontró un vehículo Avalanch color arena, con una escopeta en su interior, que podría ser de los militares, pero después se aclaró que los guardias rurales viajaban sólo en la Dodge blanca.
Los diarios dan cuenta de que los militares encontraron en la zona varios vehículos estacionados “como si estuvieran acampando” y dentro de ellos había 26 armas entre ametralladoras, cuernos de chivo, rifles, escopetas y accesorios, como silenciadores, miras telescópicas, camuflaje militar, chalecos antibalas, máscara antigás, pasamontañas y granadas.
Viernes 27: En la carta al Ejecutivo, el visitador reprocha que hasta ese día “no han sido localizados ni se les informa a los familiares si acaso están detenidos por el Ejército o por alguna dependencia policiaca”.
Sábado 28: Comienzan a circular rumores infundados sobre su posible paradero.
Los cinco cuerpos que fueron localizados este viernes en el municipio de Meoqui podrían ser los cinco elementos castrenses que desaparecieron desde el 17 de marzo. Esta información no se ha confirmado aún, sin embargo los cuerpos que fueron encontrados tenían el corte de pelo de tipo militar, por lo que se presume que podrían ser los cuerpos de los desaparecidos. (Tiempo, 28 de marzo. La información no fue confirmada.)
El territorio del narco
Los familiares de los guardias rurales hicieron varios recorridos, pueblo por pueblo, con fotos de ellos en mano, para indagar su paradero.
En esas imágenes se ve a los cuatro hombres vestidos con su uniforme azul, su par de insignias de rifles cruzados en las solapas, en un desayuno que hizo el agrupamiento. Sobre la mesa, adornada con flores artificiales, está el yogurt para beber y la fruta que les sirvieron.
En el salón hay un pódium para discursos, una bandera nacional y un estandarte rojo de plástico en el que se lee: “Heroico Cuerpo Militar-Por el honor de México”. Dos de los guardias miran fijamente a la cámara, serios, formales; los otros dos esbozan una sonrisa.
Las familias serranas a las que consultaron no aportaron ningún dato y los policías ejidales que encontraron en su camino les dijeron que no habían sido avisados del hecho por parte del gobierno. Por eso deducen que las autoridades no los buscaron.
“Nosotros íbamos a enviar gente de la Comisión, pero de la Procuraduría estatal me advirtieron que no lo hiciéramos porque no podían garantizar su seguridad, debido a que pasando de Cuauhtémoc a Casas Grandes, y sobre todo en la zona de Namiquipa, la situación está muy difícil, está perdido”, dijo el visitador en la entrevista.
Por su parte, un familiar de uno de los guardias rurales expresó que los militares lee informaron la semana pasada que el Ministerio Público Militar ya atrajo las investigaciones “y que van a buscarlos hasta encontrarlos”.
Quizá el caso de los militares desaparecidos haya servido para destapar el peligro que se vive en el triángulo serrano, localizado rumbo a Sonora, y del que poco se hablaba.
“Fui a Gómez Farías al velorio de un conocido y me sorprendió que no había nadie en las calles, pensé que estarían en el velorio pero estaba vacío. Cuando me acerqué al ataúd, la viuda del muerto me dijo en voz baja que me fuera, que nos estaban vigilando, que era peligroso, que los narcos no dejaban salir a nadie a la calle y hasta al padre lo tenían encerrado”, confió una mujer a este semanario.
Lo mismo contó el dueño de un autobús turístico que antes viajaba de Cuauhtémoc a Nuevo Casas Grandes; tuvo que cambiar la ruta porque desde el atardecer la carretera por Flores Magón “es intransitable”.
Hasta un funcionario local que se dedicaba a supervisar programas de gobierno dijo que desertó de su cargo luego de que un desconocido le advirtió que su presencia no era grata en ese lugar.
Consultado por Proceso, el diputado local Víctor Quintana dijo que en esos municipios hay varias familias que décadas atrás migraron a Estados Unidos y se hicieron adictas a la cocaína; de regreso a México, y con el desplome del campo, se dedicaron a su tráfico.
“Hay rumores muy alarmantes: la gente de por esa zona dice que hay trocas a lo largo de la carretera y desde que pasa un auto desconocido los narcos se comunican; te detienen, te interrogan, te regresan y te vigilan desde los cerros. Nomás se puede entrar de día”, informó un investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
El visitador De la Rosa dice que no ha recibido quejas formales por estos sucesos conocidos por muchos, mas no denunciados.
Lo único que tiene son rumores de gente que no está dispuesta a confirmarlos. “Me han comentado que está controlado totalmente por los sicarios y que la Procuraduría, la policía preventiva y el Centro de Inteligencia Policial entran únicamente en avioneta y se van de inmediato. Al parecer, la única presencia fuerte (gubernamental) es el cuartel militar de Madera, pero sólo dentro del cuartel. No hay actividades normales, ni los políticos van”.
Leyendas o no, lo cierto es que el teniente y los guardias rurales continúan desaparecidos posiblemente en algún lugar de este Triángulo de las Bermudas chihuahuense, a donde algunos entran y no siempre salen.
*Tomados de la revista Proceso.
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9:55 a.m.
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