Millones para gastos sin control*
Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.
Corrupción
Daniel Lizárraga
En una suerte de ritual de traspaso de potestades para ejercer la opacidad, y muy
probablemente la corrupción, el último de los mandatarios del PRI, Ernesto Zedillo, donó al
primer presidente panista, Vicente Fox, más de 24 millones de pesos en un fideicomiso privado,
fondos cuyo destino se desconoce hasta ahora. En una replica casi de espejo, Felipe Calderón
tuvo a su disposición 130 millones de pesos, que gastó en banquetes, edecanes, estudios de
imagen... Estos hechos son exhibidos en La corrupción azul, trabajo de investigación con el cual
su autor, Daniel Lizárraga, reportero de Proceso, ganó el Premio Debate organizado por
Random House Mondadori. Con la autorización de esta casa editorial, reproducimos aquí partes
del Capítulo XI del libro, el cual empezará a circular esta semana.
El general Jesús Castillo chasqueó la lengua tras sorber una copa recién servida por alguno de
los meseros del Oxo Tower Restaurant, uno de los sitios más afamados en Londres cuando se
quiere celebrar algo especial. Sin embargo, este militar de rasgos indígenas con un mechón
blanco en el negro copete estaba absolutamente solo. Nadie compartió con él la botella de vino
tinto que seleccionó entre las más de 300 marcas existentes en ese sitio. La noche de ese
sábado 28 de enero de 2007, desde su mesa, a través de un ventanal de 360 grados, pudo
deleitarse con una vista inigualable del mítico río Támesis. Este restaurante fue construido en el
octavo piso de un edificio que data de finales del siglo XIX, aún en la época victoriana, justo
cuando transcurrieron algunas de las historias del detective más famoso del mundo, Sherlock
Holmes.
Apenas un par de meses atrás –el 30 de noviembre de 2006–, Felipe Calderón lo había
nombrado jefe del Estado Mayor Presidencial, uno de los puestos más altos que puede
alcanzarse dentro de la carrera de las armas en México. El anuncio se hizo ya por la noche de
ese día, cuando podían contarse con los dedos de las manos las horas que faltaban para saber
si el presidente electo rendiría protesta ante el Congreso de la Unión, superando las amenazas
de no dejarlo pasar lanzadas por los legisladores fieles al líder opositor Andrés Manuel López
Obrador .
Pero la incertidumbre sólo existió en las redacciones de los diarios o en la cabeza de los que
exigieron el voto por voto tras las disputadas elecciones. El general de brigada diplomado del
Estado Mayor Jesús Castillo no tenía dudas.
Durante semanas, a lo largo del período de transición gubernamental, junto con los jefes de
inteligencia militar diseñó un operativo quirúrgico que logró meter y sacar a Felipe Calderón de
San Lázaro sin que le tocaran un ojal, ni siquiera una uña de la mano derecha en la que luce la
sortija matrimonial.
Un platillo fuerte para cenar servido dentro del Oxo Tower Restaurant puede costar entre 20 y
30 libras –entre 500 y 700 pesos. Una botella de champaña va desde las 45 hasta las 300 libras
–unos 7 mil pesos. La capital británica es una de las ciudades más caras del mundo. Jesús
Castillo cumplía entonces con su primera gira de trabajo por Europa acompañando a Felipe
Calderón.
El sueldo de JC –como le llaman sus subalternos– es como una carta sin abrir dentro del
sistema de transparencia, ya que los miembros del Estado Mayor no figuran en la nómina de
Los Pinos ni tampoco aparecen en la información pública difundida por la Secretaría de la
Defensa Nacional. Esos oficiales son como una burbuja dentro de las Fuerzas Armadas. El
investigador universitario José Luis Piñeiro los ha definido como “militares de terciopelo”.
A diferencia de sus antecesores, JC, un militar al que no se le dan las relaciones públicas,
jamás se acerca a los secretarios. Nunca sonríe en público, al menos en las horas de trabajo.
Se mantiene aislado, siempre hablando por teléfono, en su mundo. Tenso. Los escoltas de
Calderón reciben sus instrucciones por medio del chícharo metido en sus oídos. Desconfía de
todos. De un día para otro mandó retirar el estrado de los ventanales del salón Adolfo López
Mateos.
El jefe del Estado Mayor en el último gobierno del PRI, Armando Tamayo, designó a JC como
jefe de seguridad de Calderón hasta que el IFE terminó el cómputo de los votos en la elección
de 2006. Pero esta repentina designación no significó mandar al general Castillo a presentarse
ante el equipo del presidente electo en el desamparo o en la orfandad. Estaba ahí para cumplir
órdenes y detrás de él, el peso de un cuerpo de militares formado desde 1824. No, no estaba
allí para pedir que le dieran dinero ni armas.
Vigilancia
La mañana del viernes 22 de septiembre de 2006, mientras el aún mandatario Vicente Fox
estaba de gira por Sonora y Calderón desahogaba una agenda privada, en la Secretaría de
Hacienda recibieron un oficio enviado por la Presidencia para que liberaran 20 millones de
pesos que serían entregados al Estado Mayor.
La Cámara de Diputados ya había aprobado antes un fondo de 150 millones para la transición.
Ahora se trataba de entregar el dinero etiquetado para los militares.
La Cámara de Diputados aceptó entregar 20 millones de pesos más al Estado Mayor para que
los utilizara sólo durante el período de transición, aun cuando ya le habían inyectado un
presupuesto de 470 millones para que cumpliera con sus tareas durante todo 2006. Según su
reglamento interno, bastaba con una orden de Vicente Fox para que el Estado Mayor protegiera
a cualquier persona.
La Auditoría Superior de la Federación –organismo vinculado a la Cámara de Diputados– no
incluyó a los militares en sus revisiones de la cuenta pública de 2006. A los legisladores nunca
se les ocurrió pedir cuentas de lo que ellos mismos consintieron.
En 63 días, Jesús Castillo y los hombres bajo su mando derrocharon 91% de esos 20 millones
de pesos. El día que Calderón logró rendir protesta ante el Congreso de la Unión, al Estado
Mayor le restaban sólo 1 millón 605 mil 630 pesos con dos centavos. No tuvieron topes ni
techos en sus gastos. Ellos se autovigilaron por medio de una auditoría practicada por su
Contraloría y Ayudantía General. El reporte fue sin novedad en el frente.
Si resulta difícil encontrar algún país en el que se otorgue una bolsa de recursos públicos para
el ganador de las elecciones, como si se tratase de la herencia del príncipe que va al trono,
resulta prácticamente imposible ubicar, aun entre las naciones más poderosas, que se destine
una partida especial para que una élite militar cuide al presidente electo.
El período de transición de Barack Obama en Estados Unidos fue de dos meses y 16 días. Los
fondos públicos vigilados por el Congreso fueron de alrededor de 5 millones de dólares y no
viajó al extranjero, a diferencia de Felipe Calderón.
En México, dos años antes, el Estado Mayor gastó casi por completo 20 millones de pesos –
poco más de 2 millones de dólares al tipo de cambio de 2006– sólo para organizar giras, así
como para cuidar las espaldas de Calderón.
Cuentas borrosas
A Calderón, a su estrecho círculo de colaboradores, a los invitados especiales y a los jefes
militares les prepararon frecuentemente lomo esmedragal, una de las especialidades del
restaurante El Lago, en cuyas mesas lo sirven acompañado de papas al vapor, col morada y
salsa de queso cotija. Este sitio lo frecuentan los industriales y los ejecutivos. La diferencia es
que mientras ellos pagaron con su billetera, el Estado Mayor utilizó recursos públicos.
Vallas en el centro histórico de Morelia. Vallas alrededor del principal cuartel de guerra
calderonista. Calles cercadas alrededor del hotel Sheraton en la Ciudad de México. Guardias.
Casquetes cortos. Vallas que llegan casi al pecho. Vallas que llegan a la cintura. Pines en las
solapas con el escudo del Estado Mayor. Escoltas de casi dos metros. Detectores de metales.
Revisiones. Seguridad. Calderón entre algodones.
Nueva Imagen, una empresa ubicada en el barrio de Tláhuac, fue contratada por el Estado
Mayor para que colocara 500 vallas metálicas –equivalentes a mil metros lineales– en torno a
los lugares visitados por Felipe Calderón durante su viaje por Monterrey los días 29 y 30 de
octubre de 2006. Eso apareció en la factura 2980 por la que pagaron 149 mil 500 pesos. El
precio incluyó 30 mil pesos de mudanza.
Pero esa visita nunca existió.
El 29 de octubre fue domingo; el equipo de transición no tuvo actividades públicas. Al siguiente
día, Felipe Calderón estuvo en su despacho de la Ciudad de México. Nunca estuvo en
Monterrey.
Una tarde fui a buscar las oficinas de Nueva Imagen. Para llegar a ella hay que tener a la mano
un buen mapa y dos horas disponibles para sortear el tráfico de la Ciudad de México. En las
facturas entregadas por el Estado Mayor apareció la siguiente dirección: Manuel M. Flores 79,
colonia Zapotitlán.
A la mitad de la calle había un camión que tenía impreso sobre los costados un logotipo
azulado con las siglas NI. Un grupo de jóvenes con playeras negras estampadas con el mismo
dibujo bromeaban entre sí. Recargados sobre las bardas o sentados en las estrechas aceras
parecía que esperaban algo, cualquier cosa. Frente a ellos, sobre un portón vetusto,
descolorido, había sellos de clausura. La delegación Tláhuac impidió que la empresa siguiera
operando. Los inspectores reportaron que carecía de permiso de apertura para giro comercial.
El Estado Mayor Presidencial formó parte de la cartera de clientes de Nueva Imagen desde el
sexenio de Vicente Fox. Durante el período de transición siguieron trabajando con la burbuja
verde olivo. En la factura 2972 se describió el alquiler de otras 350 vallas para enviarlas hasta
Cancún, Quinta Roo, con el fin de atender una gira programada para el 26 y 27 de octubre de
2006. Esos días Felipe Calderón estaba en Canadá.
Las facturas por el alquiler de vallas aparecieron firmadas por el teniente coronel Eduardo León
Trawitz, subjefe de la Sección Quinta del Estado Mayor durante el gobierno foxista y
coordinador de seguridad con Felipe Calderón, por un global de 495 mil 625 pesos.
El EMP entregó un resumen de gastos lleno de generalidades: “Diversos igual a 544 mil 724
pesos con 52 centavos”. Las miles de facturas estaban en desorden, en paquetes amarrados
con ligas, dentro de una caja, sin algo que facilitara saber cómo gastaron en total 18 millones
394 mil 369 pesos entre el 27 de septiembre y el 30 de noviembre de 2006.
Delicatessen
Enterrados entre los paquetes de facturas, se asomó otro tipo de proveedores utilizados durante
el cambio de gobierno. La carne, los pescados, las cremas, los quesos y los abarrotes en
general los surtieron desde pequeños negocios dentro del mercado Martínez de la Torre,
ubicado en la popular colonia Guerrero de la Ciudad de México.
Abarrotes Los Gemelos ha ocupado durante algunos años el local 34, casi en una de las
esquinas del mercado, cerca de la entrada al metro Guerrero. Una señora canosa, con lápiz
sostenido detrás de la oreja, asomó la cara por detrás de latas y paquetes.
–¡Pásele, joven… qué le vamos a dar! –dijo, alisándose el mandil con las manos.
–¿Usted es proveedora del Estado Mayor? –pregunté al mismo tiempo que le mostraba una
factura por 19 mil pesos.
–No… yo no. Bueno, alguna vez hubo algo pero fueron mis hijos, los gemelos, pero eso ya
tiene tiempo. Ellos ya no trabajan.
–¿Pero la factura es de aquí?
–Sí, pero ellos ya no trabajan en esto.
–¿Los puedo encontrar por aquí?
–No… joven, ellos ya no trabajan; pero creo que sí, alguna vez nos compraron de la
Presidencia.
–¿Cómo le hicieron?
–No sé.
–¿Cómo le hacían para atender pedidos tan grandes?
–Mis hijos son los que saben de eso.
–¿Fue una licitación?
–Creo que algo así por el estilo, pero yo no recuerdo bien. Si quiere otra información del
mercado con mucho gusto le ayudo… ¿Va a llevar algo?
–No, gracias.
A nombre de abarrotes Los Gemelos hubo 56 facturas en las cuales alguien escribió, arriba a la
derecha, con letra de molde: “Vuelo”. El Estado Mayor Presidencial pagó por ellas 273 mil 600
pesos, sólo durante el período de transición.
Esas compras las adjudicaron al Grupo Aéreo de Transportes Presidenciales. Entre el 4 y el 15
de noviembre alguien ordenó a este pequeño local 236 kilos de huevo.
En esos días, el presidente electo hizo una gira por Hermosillo y luego viajó a Estados Unidos y
Canadá. Un par más de compras extrañas en ese local: 3 mil vasos para gelatina en 48 horas y
30 lotes de atún en 11 días.
Quienes hayan sido los jefes militares directamente encargados de manejar los 20 millones de
pesos destinados para el cambio de gobierno –cuyos nombres no aparecieron en los archivos
liberados por el IFAI– permitieron que esos recursos públicos incluso fueran utilizados para
surtirse de pastillas de menta (40 paquetes), chicles (32 cajas), dulces para aclarar la garganta
sabores miel y menta (90 paquetes), pistaches (50 lotes) y nuez de la India (50 paquetes).
No había semana, entre octubre y noviembre, que en abarrotes Los Gemelos dejaran de
entregar productos al Estado Mayor. Los números de serie de las facturas son continuos.
Bolsas de plástico negras. Cajas de clamato. Aromatizantes para baños. Frituras. Chiles. Cajas
de jugo Ades. Paquetes y paquetes de Ensure, un complemento alimenticio. Las papitas
Pringles fueron sus favoritas. Dulces napolitanos. En un solo día surtieron 69 kilos de chorizo
rojo vegetariano.
Dentro del mercado Martínez de la Torre no huele mal. En el pasillo donde venden carne fresca,
del día, para llevar a casa, quienes atienden visten batas blancas. En el local marcado con el
número 51 está otro de los proveedores del Estado Mayor Presidencial. Un hombre de piel
blanca, rubio, que clavaba delicadamente un largo cuchillo en un trozo de carne. Cada
rebanada la dejaba caer lentamente como si fuese un artesano. Sonreía.
El comisariato del Grupo Aéreo de Transportes Presidenciales pagó a JR Carnicería y Tocinería
54 mil 465 pesos distribuidos en 13 pedidos.
El jueves 12 de octubre de 2006, cuando Felipe Calderón hizo una gira por Monterrey para
presentar su Proyecto México 20-30, este pequeño negocio entregó a las puertas del hangar
presidencial 83 kilos entre cecina de res, cecina adobada, lomo de cerdo y filete de res.
Usualmente, un cuerpo de Guardias Presidenciales viajaba antes para tomar el control de los
sitios. El equipo de transición y los invitados especiales llegaban después a bordo de los
aviones oficiales. El TP-01 tiene 66 asientos y el TP-02 puede mover hasta 64 pasajeros.
A la mañana siguiente, Felipe Calderón decidió tomarse el día. Ese viernes sólo acudieron a la
casa de transición en San Francisco 1220 algunos de sus colaboradores como Juan Camilo
Mouriño, Ernesto Cordero y Eduardo Sojo. Al atardecer, ellos también se marcharon a
descansar. Ese día se pagó una factura de la empresa JR Carnicería y Tocinería por 4 mil 672
pesos, luego de que presuntamente entregaron en el hangar 30 kilos de costilla de res y 25 de
cecina de res para un vuelo.
Según puede interpretarse de las facturas, los jefes militares y los miembros de la cofradía
calderonista tuvieron una especial debilidad por el queso. De otra manera quizá no se
entendería que con una diferencia de sólo dos o tres días compraron constantemente a la
Súper Carnicería La Dalia entre dos y cuatro kilos de queso holandés Baby Edam, queso
español maduro, queso roquefort azul, queso manchego, queso norteño tipo sierra, queso
Oaxaca, queso provolone y lomo canadiense, entre otros . “Vuelo”, pusieron en las facturas.
Súper Carnicería La Dalia vendió al Estado Mayor 95 kilos de jamón de pierna marca San
Rafael entre el 23 y 25 de octubre de 2006. En cinco facturas les pagaron en total 28 mil 263
pesos.
Los recursos públicos alcanzaron para todo. A los militares encargados de velar por la
seguridad de Felipe Calderón se les pagaron decenas de cafés de Starbucks, golosinas
(mangongos, pica piñas y chamukitos) en las tiendas Oxxo, además de chicles y pastillas para
el aliento. Algunas notas provinieron de la zona de las Águilas, la casa de la familia presidencial,
o de Polanco, sitio predilecto para comer del equipo de transición coordinado por Juan Camilo
Mouriño. Según el resumen hecho público por el Estado Mayor, al término del cambio de
gobierno gastaron 4 millones 512 mil 581 pesos con 52 centavos en restaurantes y hospedajes.
En estos paquetes de comprobantes emergieron cientos de formatos especiales por medio de
los cuales pedían el reintegro de las propinas.
En eso no hicieron excepciones; lo mismo tramitaron la devolución de los 200 pesos que
dejaron a los meseros del comedor de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, durante una visita del presidente electo, que de cualquier pequeño negocio que les
quedara de paso, así fueran 10 pesos.
El general Jesús Castillo abandonó el Oxo Tower Restaurant poco antes de la media noche.
Desapareció en un abrir y cerrar de ojos de las personas que a lo lejos lo observaban. Unos
mendrugos de pan sobre el mantel fueron el único rastro que dejó. Mientras algunos turistas se
tomaban fotos en la terraza, a pesar del viento gélido que aún soplaba en la última semana de
enero en Londres, el jefe del Estado Mayor Presidencial salió sin hacer ruido. Como una
serpiente, se escabulló hasta los elevadores.
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Las malas cuentas*
Jesusa Cervantes
Primero fue la negociación política con Elba Esther Gordillo, después el acuerdo entre los
actuales coordinadores parlamentarios de PRI y PAN, Emilio Gamboa y Héctor Larios. Entre
todos ellos postergaron el juicio político al desempeño del gobierno de Vicente Fox, el cual se
realiza a través de la revisión de las cuentas públicas en la Cámara de Diputados.
Hoy, a dos meses y medio de las elecciones federales del 5 de julio próximo, el PRI decidió
sacar de la congeladora las irregularidades detectadas durante el sexenio foxista y, coordinados
con el PRD, lograron llevar el debate al pleno de la Cámara de Diputados donde, por primera
vez en la historia, dos cuentas públicas de un presidente de la República se rechazaron.
Durante seis años, la Cámara de Diputados evitó la revisión de la cuenta pública de 2002 y
2003 de Vicente Fox. Ángel Buendía Tirado, presidente de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública durante 2004-2006, revela que debido a un acuerdo político entre una fracción
del PRI con el PAN y el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz,
se evitó que la comisión cumpliera con su obligación.
En contravención al artículo 74 de la Carta Magna, el cual obliga a los diputados a revisar las
cuentas públicas al año siguiente de su aplicación, los legisladores postergaron lo que hoy
llaman “el juicio político” a Fox para no hacerlo durante su mandato.
Buendía, expresidente de la Comisión de Presupuesto encargada de elaborar el dictamen de la
cuenta pública, resume los obstáculos durante el último trienio de la administración foxista:
“El interés de Fox y el interés de la secretaria de Hacienda para que no se avanzara en la
revisión encontró eco en un importante grupo, por supuesto de panistas, pero también de
priistas.”
El diputado Pablo Trejo, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el
PRD, señala que PRI y PAN pretendieron no hacer el juicio político –que es en lo que se
traduce la revisión de la cuenta pública– siendo Fox presidente de la República.
“La intención de ambos grupos parlamentarios fue obvia: no levantar más suspicacias sobre el
manejo de los millonarios recursos públicos justo cuando Marta Sahagún era cuestionada por el
posible desvió de recursos federales a su fundación privada Vamos México y aparecían los
primeros indicios de los negocios de los hermanos Bribiesca, quienes se estaban beneficiando
a través del gasto público ya fuera mediante gestores de contratos de adquisiciones u obras
públicas”. Sostiene el perredista.
Al inicio de la actual LX Legislatura, en agosto de 2006, la fracción del PRI no encontró utilidad
política a la revisión de las cuentas de Fox, “pero en tiempos electorales parece que se trata de
denostar al adversario”, añade Trejo.
Tres años antes, al arranque de la LIX Legislatura, la coordinación del PRI en la Cámara de
Diputados recayó en Elba Esther Gordillo, quien meses después entró en conflicto con el
dirigente nacional de su entonces partido, Roberto Madrazo Pintado; la maestra fue removida
del cargo y sustituida por Emilio Chuayffet.
Gordillo había logrado colocar en las principales comisiones a gente cercana. Por ejemplo, en la
presidencia de la Comisión de Presupuesto había colocado a Francisco Rojas, y le puso de
apoyo a Francisco Suárez Dávila, al maestro José Ángel Ibáñez Montes y al exboxeador Jorge
Kahwagi.
Maniobra electoral
Aunque su primer objetivo fue revisar y dictaminar las cuentas públicas de 2001, 2002 y 2003,
Buendía Tirado tardó un año en llevar al pleno la revisión del primer año de gobierno foxista, la
cual fue aprobada el 21 de abril de 2005 a pesar de contener “observaciones” de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) por 334 mil millones de pesos.
La actual legislatura se encontró con que sólo se había dictaminado y aprobado la cuenta
pública de 2001 de Vicente Fox; el PRD presentó varias excitativas para que se revisaran las
cuentas pendientes, al igual que Manuel Cárdenas de Nueva Alianza: no prosperaron.
Trejo detalla que cada vez que se exigía la revisión al actual presidente de la comisión, el
panista Raúl Padilla Orozco, “se abría un impasse para no discutirlas; y el PRI no daba
argumentos a su negativa, simplemente lo iban postergando”.
La estrategia del PRD, agrega, fue promover un dictamen a favor de la aprobación de las
cuentas públicas, e incluso logró que el 1 de septiembre de 2008 fueran aprobadas en comisión
las cuentas de 2002, 2003 y 2004, así como un avance de la de 2005.
Una fuente del PRI revela que el coordinador priista, Emilio Gamboa Patrón, retrasó la discusión
lo más que pudo. Incluso, “a trastienda se empezó a agendar un acuerdo económico entre
todos los coordinadores para sacar las cuentas pendientes y que éstas aparecieran entre las
varias reformas o aprobaciones en paquete que se dan al finalizar la legislatura.
“La verdad es que la aprobación por unanimidad de los dictámenes en la comisión, el 1 de
septiembre de 2008, fue una trampa y el PAN se confió dejando que algunos de sus
legisladores no asistieran”, revela la misma fuente priista.
Trejo acepta que los seis años de retraso en la revisión no tienen consecuencias económicas
como para resarcir los efectos negativos, “pero el juicio político y el de la historia ya se está
dando”.
Manejo escandaloso
Cuando la ASF realizó la revisión de la cuenta pública 2002 detectó observaciones por 77 mil
millones de pesos y en la de 2003 por 48 mil millones de pesos.
Carlos Altamirano, diputado del PRD que participó en la elaboración del dictamen, aclaró que
“esos dictámenes se hicieron tarde, con poca información, basados únicamente en el contenido
de la ASF y sin una verdadera confrontación con los verdaderos ejecutores del gasto”.
Según el análisis, Fox incurrió en manejo “discrecional y abusivo” del presupuesto, y subejerció
y transfirió recursos que la Cámara de Diputados no aprobó. Por ejemplo, en 2002 “movió” a su
antojo 173 mil millones de pesos.
Para 2003 fueron 136 mil millones de pesos que afectaron y redujeron 89% el presupuesto de
apoyo a madres jóvenes; a niños migrantes en 62%, a pueblos indígenas 58% y al hospital de
la mujer en el Distrito Federal en 51%.
La revisión destaca tres aspectos que denotan la discrecionalidad con que Fox manejó los
recursos y de los cuáles, a la fecha, se ignora su uso y destino final.
El primero: los fideicomisos “privados” creados por el secretario de Hacienda, Francisco Gil
Díaz, y que por la forma en que se constituyeron no se puede tener acceso a las cuentas.
Según el reporte, hasta 2003 Fox contaba con mil 353 fideicomisos los cuales tenían o tienen
(no se tiene la certeza) un monto en activos por 662 mil millones de pesos. De éstos, 497 mil
402 millones de pesos corresponde a 801 fideicomisos vigentes y 164 mil 605 millones de
pesos a 552 no vigentes.
Trejo explica que ni la ASF ni la Cámara de Diputados saben dónde está ese dinero ni qué es lo
que está financiando o financiaron, “porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación
determinó que, como su carácter es privado –aunque hayan sido creados y se manejen con
recursos públicos–, no se pueden revisar debido al secreto fiduciario”.
Un ejemplo claro es el de ISOSA, la empresa creada por Francisco Gil Díaz para administrar el
pago del llamado Derecho de Trámite Aduanero (DTA). La ASF determinó que los 5 mil 561
millones de pesos que obtuvo en 2001 no fueron depositados en la Tesorería de la Federación.
La SHCP alegó que, por tratarse de un fideicomiso privado, no tenía por qué entregarlos a la
hacienda federal. A pesar de ello, la ASF recomendó enterar esos recursos, pero el gobierno
foxista no le hizo caso.
En 2002 ocurrió lo mismo, pero el monto de lo no entregado a la federación fue por 2 mil
millones de pesos; y para 2003 la suma alcanzó 2 mil 585 millones de pesos.
Otro aspecto que destacaron los diputados y la propia ASF en las cuentas de 2002 y 2003 fue
el ingreso de 70 mil millones de dólares por excedentes petroleros, “de los cuales nunca se
rindieron cuentas y nadie supo en dónde quedaron o en qué se gastaron”.
El tercer aspecto que destacaron los legisladores fue la triangulación de recursos federales a la
Fundación Vamos México de Marta Sahagún, primero vocera y después esposa de Vicente
Fox.
Como muestra, el diputado Trejo recuerda que en esos años, el fideicomiso Transforma México
de la Lotería Nacional autorizó un donativo de 3 millones de pesos a la Fundación Vamos
México, pero luego de los señalamientos de la ASF tuvo que ser cancelado.
En la cuenta pública de 2003, la ASF informó que Transforma México donó a diversas
instituciones 84 millones de pesos, pero “no cumplió con las disposiciones normativas
aplicables de administración, ejecución y control, ya que se otorgaron donativos a instituciones
y asociaciones que presentaron irregularidades en su comprobación”. De hecho, recomendó la
desaparición de dicho fideicomiso, lo cual ocurrió hasta 2005.
++++++++++
Despojo con el aval de Calderón*
Francisco Castellanos y Rodrigo Vera
En un capítulo más de impunidad que involucra a los gobiernos panistas, y con la omisión o
Complacencia de las autoridades del estado de Michoacán, un tribunal agrario ha fallado en tres
ocasiones consecutivas en favor de Cosme Mares, el presunto prestanombres del expresidente
Vicente Fox que está a punto de apropiarse de los terrenos de la bahía de El Tamarindillo para
construir ahí residencias de lujo. Sobre los ejidatarios renuentes a venderle a Mares pesa el
abandono de la justicia, mientras son víctimas de acoso y hasta amenazas de muerte, pero
están dispuestos a defenderse hasta con la violencia.
COAHUAYANA, MICH.- Muchos en esta región le temen a ese fuereño alto y corpulento,
malencarado, que suele llegar en aparatosas camionetas, custodiado siempre por un enjambre
de amigos y guardaespaldas. Es Cosme Mares, el empresario guanajuatense que cada vez
está más cerca de ganar una desigual batalla jurídica que le permitirá arrebatar a los
campesinos la paradisíaca bahía de El Tamarindillo, donde planea construir lujosas residencias
privadas para el expresidente Vicente Fox y sus amigos cercanos.
El temor no es para menos: Cosme es descrito como un tipo de cuidado y viene ahora con todo
el respaldo del presidente Felipe Calderón.
Los tribunales y las más altas autoridades del país, entre ellas el procurador agrario, Rocendo
González Patiño, le están dando la razón al empresario en sus litigios para apropiarse de la
bahía, al considerarlo como un “ejidatario” que “legalmente” ya puede realizar inversiones en
este tramo de costa enclavado en los límites de Michoacán con Colima.
Sólo falta que, así sea mediante la presión y el hostigamiento, el supuesto prestanombres de
Fox logre comprar el área de la bahía que todavía sigue en manos de algunos ejidatarios y
posesionarios renuentes a venderle.
Dámaso Mendoza, asentado en un lote de la bahía donde construyó la única casa que hay en
El Tamarindillo, comenta preocupado:
“Cosme Mares no me ha dejado en paz. Está terco en que le venda mi terreno. He recibido
muchas presiones suyas. Hasta amenazas de muerte. En dos ocasiones envió gente para que
tumbara las puertas de mi casa y quitara la tubería de cobre, escarbando las paredes. Puse
demandas contra él que no prosperaron.”
–¿Cosme le propuso personalmente que le venda su terreno?
–Sólo en una ocasión que nos reunimos en un restaurante de Colima. Eso fue muy al principio,
en 2004. Él llegó al aeropuerto en un avión de la Presidencia de la República. Lo acompañaban
su esposa (Josefina Hernández) y unos licenciados. Me dijo que mi casa estorbaba ahí, que era
un feo pegoste que iba a contrastar con las lujosas residencias que piensa construir en la bahía.
–¿Planea Cosme levantar un desarrollo turístico?
–No, turístico no. Planea más bien un desarrollo privado de superlujo, muy exclusivo. Para puro
poderoso y millonario. Hasta me mostró los planos: 12 residencias a lo largo de los casi 700
metros de longitud que tiene la bahía. Al frente, cada una con su piscina mirando al mar,
después la construcción y, al fondo, áreas de jardines y palmeras.
–¿Le dijo para quién serían esas residencias?
–Sí, me comentó que para Vicente Fox sería una residencia de tres niveles, con un mirador en
la parte más alta, cerca del club de playa. Otra residencia para el propio Cosme y una más para
su cuñado Rubén Hernández, el hermano de su esposa. También tendría la suya Florencio
Salazar, que fue el secretario de la Reforma Agraria de Fox. Lo mismo que (José Luis) Luege
Tamargo, en ese tiempo a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat). Además, tres industriales de Guanajuato tendrían sus residencias. Fueron los
únicos que mencionó.
–¿Por qué se negó usted a venderle?
–Porque me ofreció muy poco: millón y medio de pesos por mi terreno de 3 mil metros
cuadrados, con su casa de dos cuartitos. Ni loco le voy a vender. También me niego porque veo
que los ejidatarios y posesionarios no vamos a recibir ningún beneficio. No va a ganar nada la
región.
“Fox y sus amigos serían los únicos beneficiados. Quieren adueñarse de esta bahía que tiene la
arena más fina de toda la costa michoacana, con un agua azul turquesa y tan quieta como si
fuera una alberca, rodeada de cerros siempre verdes.”
El litigio
Perteneciente a los bastos terrenos del ejido El Ticuiz, que actualmente aglutina a 325
ejidatarios, El Tamarindillo se parceló en la parte baja que da al mar, mediante un sorteo entre
los ejidatarios realizado a principios de los ochenta. Fueron 50 los ejidatarios que obtuvieron
entonces sus respectivos lotes de playa y hoy son posesionarios. El actual objetivo de Cosme
Mares es irse apropiando de esos terrenos.
Cosme es uno de los amigos de Fox, al que apoyó en su campaña presidencial y en la
remodelación de sus ranchos de Guanajuato. Desde que llegó a la zona, el empresario logró
granjearse a las autoridades ejidales, al grado de que el 7 de diciembre de 2003, en una
asamblea del ejido para delimitar la asignación de tierras ejidales y el reconocimiento de
derechos, lo registraron a él y a su cuñado, Rubén Hernández Haas, como “ejidatarios” de El
Tamarindillo.
A Cosme se le asignó la “parcela número 430”. Luego se dijo –sin que hasta la fecha se haya
comprobado con documentación– que por ese mismo tiempo compró 265 hectáreas de la bahía
en 25 millones de pesos (Proceso 1470).
Uno de los mayores obstáculos que enfrenta el guanajuatense es que la asamblea de 2003 aún
es impugnada por un grupo de ejidatarios, ya que en el acta aparecieron las firmas de 18
personas que ya habían fallecido, y cuatro firmas más de personas que estaban presas en
Estados Unidos, entre otras anomalías.
Las actas de defunción y otras pruebas que documentan las irregularidades fueron entregadas
por los inconformes al Tribunal Unitario Agrario número 38, de Colima, que llevó el caso. En tres
ocasiones el tribunal ha validado la asamblea y, con ello, los derechos ejidales de Cosme
Mares. Y tres veces los ejidatarios inconformes han interpuesto amparos. El último fallo del
tribunal fue el 13 de agosto del año pasado.
Sólo que el pasado 6 de marzo el procurador agrario, Rocendo González Patiño, intervino
públicamente en la disputa: declaró que Cosme Mares es un ejidatario con todos sus derechos
en ese núcleo agrario. En una entrevista con el diario La Jornada, González Patiño dijo que la
Procuraduría Agraria busca “el acercamiento” entre empresarios y ejidatarios.
–¿El asunto de El Tamarindillo está concluido? –le preguntó el diario.
–Jurídicamente no hay problema. Ha habido infinidad de aceptaciones de nuevos miembros en
ejidos del país.
Proceso solicitó una entrevista a González Patiño para que ampliara su postura, pero se negó.
Para los ejidatarios de El Ticuiz, los fallos del tribunal y ahora las inusitadas declaraciones del
procurador evidencian que, con Felipe Calderón, Cosme Mares sigue bajo el cobijo de la
Presidencia de la República.
El ejidatario Antonio Lúa comenta:
“Está mal lo que hace el procurador al apoyar a Cosme Mares, que sigue queriéndose apropiar
a la mala de El Tamarindillo. Él dice que ya le compró a 118 ejidatarios y que tiene los
documentos legales. Nosotros le decimos que no. Todavía a fines del año pasado, el mismo
Cosme nos dijo a un grupo de ejidatarios que él había comprado en bulto toda la bahía. ¡Eso no
se puede! Nunca ha aclarado qué terrenos son los suyos. ¿En qué va a parar todo? ¿En la
violencia? ¿En que a la brava nos defendamos? No queremos llegar a eso.”
Mariano Márquez, quien el 9 de septiembre interpuso el amparo ante el tercer fallo del tribunal,
dice por su parte:
“Cuando llegó aquí, Cosme Mares apantalló a medio mundo diciendo que venía en
representación del presidente Vicente Fox. Por eso estábamos felices cuando acabó el sexenio
foxista, pensábamos que las cosas cambiarían. Pero hoy vemos que no, que el presidente
Calderón está apoyando a Cosme Mares.
“Ese señor sigue moviéndose aquí con una influencia y una impunidad encabronada. Ningún
razonamiento legal de nosotros es válido para las autoridades agrarias. En cambio, éstas
apoyan las arbitrariedades de Cosme. Cualquiera se da cuenta que tiene todo el apoyo oficial.
–¿Qué harán si se vuelve a fallar a favor de Cosme?
–Recurriremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no nos queda de otra. ¿Qué otras
instancias pueden hacernos justicia? Hasta cartas le hemos enviado al presidente Calderón
pidiéndole su apoyo. Pero hoy comprobamos que está del lado de Cosme.
Cuando aún era presidente electo, en noviembre de 2006, los ejidatarios inconformes –que por
ese tiempo tomaron la bahía con pancartas de protesta– le enviaron una carta de seis páginas
a Calderón, para ponerlo al tanto del conflicto. Decía la misiva:
“Al agotarse las instancias legales y ver que la justicia inclina su balanza hacia los poderosos (la
familia Fox Sahagún), nos vemos en la necesidad de tomar los terrenos de El Tamarindillo, que
de manera arbitraria, con engaños, amenazas, tráfico de influencias, abuso de poder,
falsificación de documentos oficiales y triquiñuelas legaloides, nos obligaron a vender.”
Y agregaba que Florencio Salazar, secretario de la Reforma Agraria de Fox, e Isaías Rivera
Calderón, el procurador agrario de entonces, orquestaban el despojo, con el apoyo de los
dirigentes ejidales de El Ticuiz, a quienes lograron plegar de su lado.
Mariano Márquez menciona que Cosme lo sigue presionando: A principios de este año, una
mujer que no se identificó le advirtió que no le convenía oponerse a Cosme Mares, porque “él
es un empresario muy poderoso”.
Así son los métodos de Cosme, dice el ejidatario, quien asegura haber sido amenazado varias
veces. “Una vez llegaron con una cinta métrica y me dijeron: ‘Venimos a tomarte tus medidas
para hacerte tu caja de muerto’. A puro terror y engaño quiere adueñarse de nuestras playas”.
El protegido de Los Pinos –comenta– suele llegar directamente a la casa ejidal, un pequeño
inmueble de concreto de forma rectangular, al que se accede por un camino bordeado de
tupidos platanares.
Ya instalado ahí, Cosme reúne a las actuales autoridades del ejido El Ticuiz: Elías Campuzano,
presidente; Ibis Escalera, tesorero; Juvenal Valdovinos, a cargo del Consejo de Vigilancia…
Juntos planean estrategias, hacen planes para doblegar a los ejidatarios rejegos.
Después, el empresario invita a prolongadas comilonas en las “ramadas” de las playas de Boca
de Apiza o de San Telmo. Entre copa y copa, los contertulios ven bajar al sol en el horizonte
marino del Pacífico. Un grupo de mariachis ameniza los convivios.
Cuenta Mariano Márquez:
“En una ocasión, a finales del sexenio de Fox, Cosme invitó a Florencio Salazar a una de sus
comidas. El secretario de la Reforma Agraria llegó en una avioneta que aterrizó en una pista de
por aquí. Estuvieron brindando en las playas de Boca de Apiza, en la ramada de doña
Conchita.”
En una de esas visitas, en septiembre pasado, Cosme mandó llamar al contador José Valencia,
quien se encarga de llevarle sus asuntos legales a la señora María Luisa Villanueva, radicada
en Estados Unidos y posesionaria de un lote en El Tamarindillo que no ha querido venderle a
Cosme Mares.
José Valencia se presentó en la casa ejidal, donde ya lo esperaba Cosme y su gente. Le sugirió
que lo mejor era que su representada le vendiera.
“Yo le pregunté: ‘¿Cuánto ofreces?, pues tú eres el interesado’. Y él me respondió: ‘No, no, tú
ponle precio al terreno’. Y entonces le dije: ‘200 mil’. Vi que le brillaron los ojos de gusto. Luego
le aclaré: ‘Pero dólares, 200 mil dólares’. Se puso furioso y me respondió secamente:
‘¡Olvídate!’. Le dije que entonces no tenía caso seguir platicando, y me fui.
“Allá en Estados Unidos, al esposo de María Luisa le llegó un correo electrónico donde le dicen
que se cuide porque lo van a tronar. ¿Otra de las amenazas de Cosme? No sabemos. Pero él
así se maneja. Algunos ejidatarios tienen temor hasta de ir a la bahía, algún vigilante de Cosme
puede venadearlos desde los matorrales. Yo jamás iría solo al Tamarindillo. Cosme es un tipo
de cuidado.”
Hasta el momento, el amigo de Fox ha salido impune de las querellas en su contra. La más
reciente es una demanda penal del exalcalde de Coahuayana, Elías López Mendoza, debido a
que el empresario falsificó documentos del ayuntamiento con el fin de que la Semarnat le
otorgué una concesión de la parte de la bahía que es zona federal (Proceso 1651).
Ni siquiera la pasada legislatura del Congreso federal pudo poner alto a sus atropellos, pese a
que creó una subcomisión investigadora que indagó el caso. Para la exdiputada perredista Ana
Lilia Guillén, quien fue la encargada de esa subcomisión, el asunto es muy claro:
“Felipe Calderón está protegiendo los intereses de Fox. Hay acuerdos cupulares entre ellos. Y
Cosme es sólo el operador de Fox”, asegura Guillén, quien también demandó penalmente al
empresario.
Las quejas contra Cosme llamó la atención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Michoacán, que ya planea visitar Coahuayana para hablar con su alcalde y, más delante, abrir
una oficina en la zona.
El secretario de la Comisión, Antelmo Esparza, sólo espera que los ejidatarios pongan su queja
para intervenir de lleno: “En la comisión no actuamos por oficio, sino por queja. Nosotros
estamos interesados en ese asunto”.
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Una “narcobahía*
Francisco Castellanos y Rodrigo Vera
COAHUAYANA, MICH.- Pobladores de esta zona creen que, debido a su aislamiento, la bahía
de El Tamarindillo podría estar siendo utilizada todavía para introducir cargamentos de droga
que llegan por vía marítima, como ocurría sobre todo en los años noventa, cuando el Ejército
decomisó varias toneladas de cocaína que eran transportadas por embarcaciones de bajo
calado.
Comenta Mariano Márquez:
“Hay fuertes rumores de que en El Tamarindillo todavía se sigue descargando droga. Nosotros
no estamos en condiciones de comprobarlo. Pero a mí me ha tocado ver movimientos muy
sospechosos: de pronto veo camionetas que bloquean el único camino de terracería por el que
se llega a la bahía. Y entonces a nadie se le permite entrar.
“Hace unos meses, por ejemplo, vi que el camino estaba bloqueado por unos desconocidos que
traían camionetas Suburban. Y cerca de ahí, por la carretera costera, había patrullas de la
Federal de Caminos cuidando que nadie se acercara. Son cosas muy raras que no nos
explicamos, pero que atemorizan a la población.”
El lugareño agrega que, durante esos extraños operativos, son ahuyentados hasta los pastores
que andan en el monte con sus animales: “Les gritan que se vayan a otra parte, que no los
quieren ver cerca”.
–¿Y por la zona del mar?
–¡Igual! A los pescadores que andan en sus lanchas no los dejan arrimarse a la bahía. Son
precisamente los pescadores quienes han visto a esos barcos detenerse en la bahía. Ellos
dicen que son embarcaciones pequeñas, de donde descargan cajas que luego suben a
camionetas estacionadas a pie de playa. Esos movimientos se hacen por lo general en las
noches.
–¿No es exagerado pensar que se trate de narcotráfico?
–No, de ningún modo, pues ya otras veces los narcotraficantes han usado El Tamarindillo, por
ser la bahía que tiene las aguas más tranquilas en el tramo que corre de Manzanillo hasta
Acapulco. Cualquier barco se puede arrimar muy cerca de sus playas, a las que tapan unos
montes altos. Por su aislamiento, el lugar se presta para hacer cosas a escondidas. En una
ocasión se llegaron a decomisar tres toneladas de cocaína que entraron a tierra por la bahía.
Sabrá Dios cuántas toneladas más habrán entrado sin que nos diéramos cuenta.
Mariano Márquez se refiere a un operativo efectuado en julio de 1999, cuando el Ejército
incautó esa cantidad de droga y capturó a siete narcotraficantes, a quienes además les aseguró
tres camionetas y 20 armas de fuego de diferentes calibres, según publicó La Voz de
Michoacán el 20 de julio de ese año.
Refiere el periódico que la droga –valuada en más de 25 millones de dólares– “llegó en barco…
y en lanchas la acercaron hasta la playa”, después de lo cual fue cargada en las camionetas; se
trataba en total de “150 costales que contenían cada uno 10 ‘tabiques’ de cocaína”, informó
entonces el general Sergio Joel Bautista González, a la sazón encargado de la XXI Zona Militar.
El periódico indicó que dos años antes, en 1997, el Ejército ya había incautado en el mismo
lugar otras tres toneladas de cocaína.
Dámaso Mendoza, exalcalde de Coahuayana, menciona que el tráfico de droga en El
Tamarindillo se intensificó: “Se dio más intensamente de 199l a 1994, al grado de que era un
punto muy vigilado por el Ejército y la DEA”.
Más recientemente, en septiembre de 2007, elementos de la Marina interceptaron una
embarcación que transportaba más de dos toneladas de cocaína y que presuntamente se
dirigía a la bahía.
De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Marina, era un pequeño barco de 10 metros de
eslora que llevaba la droga en 119 costales. Se le detuvo en altamar, frente a una zona
conocida como Punta Lizardo.
Los narcotraficantes fueron identificados como Mario Carrasco Meras, Rodrigo Pulido Carrasco,
y los hermanos Leobardo y Bernardo Pulido Lombera.
Así, desde antes de que Cosme Mares se interesara por El Tamarindillo, la prensa local y los
pobladores ya la venían señalando como una peligrosa narcobahía, a la que aún se acercan
con cautela.
Asaltado por la duda, Mariano Márquez concluye:
“Todo está muy raro. ¿Por qué tanto interés de Cosme Mares en la bahía? ¿Por qué nos la
quieren arrebatar a la mala? ¿Por qué se siguen dando esos extraños movimientos por mar y
tierra? ¿Seguirá el narco con las manos metidas?...”
Daniel Lizárraga
En una suerte de ritual de traspaso de potestades para ejercer la opacidad, y muy
probablemente la corrupción, el último de los mandatarios del PRI, Ernesto Zedillo, donó al
primer presidente panista, Vicente Fox, más de 24 millones de pesos en un fideicomiso privado,
fondos cuyo destino se desconoce hasta ahora. En una replica casi de espejo, Felipe Calderón
tuvo a su disposición 130 millones de pesos, que gastó en banquetes, edecanes, estudios de
imagen... Estos hechos son exhibidos en La corrupción azul, trabajo de investigación con el cual
su autor, Daniel Lizárraga, reportero de Proceso, ganó el Premio Debate organizado por
Random House Mondadori. Con la autorización de esta casa editorial, reproducimos aquí partes
del Capítulo XI del libro, el cual empezará a circular esta semana.
El general Jesús Castillo chasqueó la lengua tras sorber una copa recién servida por alguno de
los meseros del Oxo Tower Restaurant, uno de los sitios más afamados en Londres cuando se
quiere celebrar algo especial. Sin embargo, este militar de rasgos indígenas con un mechón
blanco en el negro copete estaba absolutamente solo. Nadie compartió con él la botella de vino
tinto que seleccionó entre las más de 300 marcas existentes en ese sitio. La noche de ese
sábado 28 de enero de 2007, desde su mesa, a través de un ventanal de 360 grados, pudo
deleitarse con una vista inigualable del mítico río Támesis. Este restaurante fue construido en el
octavo piso de un edificio que data de finales del siglo XIX, aún en la época victoriana, justo
cuando transcurrieron algunas de las historias del detective más famoso del mundo, Sherlock
Holmes.
Apenas un par de meses atrás –el 30 de noviembre de 2006–, Felipe Calderón lo había
nombrado jefe del Estado Mayor Presidencial, uno de los puestos más altos que puede
alcanzarse dentro de la carrera de las armas en México. El anuncio se hizo ya por la noche de
ese día, cuando podían contarse con los dedos de las manos las horas que faltaban para saber
si el presidente electo rendiría protesta ante el Congreso de la Unión, superando las amenazas
de no dejarlo pasar lanzadas por los legisladores fieles al líder opositor Andrés Manuel López
Obrador .
Pero la incertidumbre sólo existió en las redacciones de los diarios o en la cabeza de los que
exigieron el voto por voto tras las disputadas elecciones. El general de brigada diplomado del
Estado Mayor Jesús Castillo no tenía dudas.
Durante semanas, a lo largo del período de transición gubernamental, junto con los jefes de
inteligencia militar diseñó un operativo quirúrgico que logró meter y sacar a Felipe Calderón de
San Lázaro sin que le tocaran un ojal, ni siquiera una uña de la mano derecha en la que luce la
sortija matrimonial.
Un platillo fuerte para cenar servido dentro del Oxo Tower Restaurant puede costar entre 20 y
30 libras –entre 500 y 700 pesos. Una botella de champaña va desde las 45 hasta las 300 libras
–unos 7 mil pesos. La capital británica es una de las ciudades más caras del mundo. Jesús
Castillo cumplía entonces con su primera gira de trabajo por Europa acompañando a Felipe
Calderón.
El sueldo de JC –como le llaman sus subalternos– es como una carta sin abrir dentro del
sistema de transparencia, ya que los miembros del Estado Mayor no figuran en la nómina de
Los Pinos ni tampoco aparecen en la información pública difundida por la Secretaría de la
Defensa Nacional. Esos oficiales son como una burbuja dentro de las Fuerzas Armadas. El
investigador universitario José Luis Piñeiro los ha definido como “militares de terciopelo”.
A diferencia de sus antecesores, JC, un militar al que no se le dan las relaciones públicas,
jamás se acerca a los secretarios. Nunca sonríe en público, al menos en las horas de trabajo.
Se mantiene aislado, siempre hablando por teléfono, en su mundo. Tenso. Los escoltas de
Calderón reciben sus instrucciones por medio del chícharo metido en sus oídos. Desconfía de
todos. De un día para otro mandó retirar el estrado de los ventanales del salón Adolfo López
Mateos.
El jefe del Estado Mayor en el último gobierno del PRI, Armando Tamayo, designó a JC como
jefe de seguridad de Calderón hasta que el IFE terminó el cómputo de los votos en la elección
de 2006. Pero esta repentina designación no significó mandar al general Castillo a presentarse
ante el equipo del presidente electo en el desamparo o en la orfandad. Estaba ahí para cumplir
órdenes y detrás de él, el peso de un cuerpo de militares formado desde 1824. No, no estaba
allí para pedir que le dieran dinero ni armas.
Vigilancia
La mañana del viernes 22 de septiembre de 2006, mientras el aún mandatario Vicente Fox
estaba de gira por Sonora y Calderón desahogaba una agenda privada, en la Secretaría de
Hacienda recibieron un oficio enviado por la Presidencia para que liberaran 20 millones de
pesos que serían entregados al Estado Mayor.
La Cámara de Diputados ya había aprobado antes un fondo de 150 millones para la transición.
Ahora se trataba de entregar el dinero etiquetado para los militares.
La Cámara de Diputados aceptó entregar 20 millones de pesos más al Estado Mayor para que
los utilizara sólo durante el período de transición, aun cuando ya le habían inyectado un
presupuesto de 470 millones para que cumpliera con sus tareas durante todo 2006. Según su
reglamento interno, bastaba con una orden de Vicente Fox para que el Estado Mayor protegiera
a cualquier persona.
La Auditoría Superior de la Federación –organismo vinculado a la Cámara de Diputados– no
incluyó a los militares en sus revisiones de la cuenta pública de 2006. A los legisladores nunca
se les ocurrió pedir cuentas de lo que ellos mismos consintieron.
En 63 días, Jesús Castillo y los hombres bajo su mando derrocharon 91% de esos 20 millones
de pesos. El día que Calderón logró rendir protesta ante el Congreso de la Unión, al Estado
Mayor le restaban sólo 1 millón 605 mil 630 pesos con dos centavos. No tuvieron topes ni
techos en sus gastos. Ellos se autovigilaron por medio de una auditoría practicada por su
Contraloría y Ayudantía General. El reporte fue sin novedad en el frente.
Si resulta difícil encontrar algún país en el que se otorgue una bolsa de recursos públicos para
el ganador de las elecciones, como si se tratase de la herencia del príncipe que va al trono,
resulta prácticamente imposible ubicar, aun entre las naciones más poderosas, que se destine
una partida especial para que una élite militar cuide al presidente electo.
El período de transición de Barack Obama en Estados Unidos fue de dos meses y 16 días. Los
fondos públicos vigilados por el Congreso fueron de alrededor de 5 millones de dólares y no
viajó al extranjero, a diferencia de Felipe Calderón.
En México, dos años antes, el Estado Mayor gastó casi por completo 20 millones de pesos –
poco más de 2 millones de dólares al tipo de cambio de 2006– sólo para organizar giras, así
como para cuidar las espaldas de Calderón.
Cuentas borrosas
A Calderón, a su estrecho círculo de colaboradores, a los invitados especiales y a los jefes
militares les prepararon frecuentemente lomo esmedragal, una de las especialidades del
restaurante El Lago, en cuyas mesas lo sirven acompañado de papas al vapor, col morada y
salsa de queso cotija. Este sitio lo frecuentan los industriales y los ejecutivos. La diferencia es
que mientras ellos pagaron con su billetera, el Estado Mayor utilizó recursos públicos.
Vallas en el centro histórico de Morelia. Vallas alrededor del principal cuartel de guerra
calderonista. Calles cercadas alrededor del hotel Sheraton en la Ciudad de México. Guardias.
Casquetes cortos. Vallas que llegan casi al pecho. Vallas que llegan a la cintura. Pines en las
solapas con el escudo del Estado Mayor. Escoltas de casi dos metros. Detectores de metales.
Revisiones. Seguridad. Calderón entre algodones.
Nueva Imagen, una empresa ubicada en el barrio de Tláhuac, fue contratada por el Estado
Mayor para que colocara 500 vallas metálicas –equivalentes a mil metros lineales– en torno a
los lugares visitados por Felipe Calderón durante su viaje por Monterrey los días 29 y 30 de
octubre de 2006. Eso apareció en la factura 2980 por la que pagaron 149 mil 500 pesos. El
precio incluyó 30 mil pesos de mudanza.
Pero esa visita nunca existió.
El 29 de octubre fue domingo; el equipo de transición no tuvo actividades públicas. Al siguiente
día, Felipe Calderón estuvo en su despacho de la Ciudad de México. Nunca estuvo en
Monterrey.
Una tarde fui a buscar las oficinas de Nueva Imagen. Para llegar a ella hay que tener a la mano
un buen mapa y dos horas disponibles para sortear el tráfico de la Ciudad de México. En las
facturas entregadas por el Estado Mayor apareció la siguiente dirección: Manuel M. Flores 79,
colonia Zapotitlán.
A la mitad de la calle había un camión que tenía impreso sobre los costados un logotipo
azulado con las siglas NI. Un grupo de jóvenes con playeras negras estampadas con el mismo
dibujo bromeaban entre sí. Recargados sobre las bardas o sentados en las estrechas aceras
parecía que esperaban algo, cualquier cosa. Frente a ellos, sobre un portón vetusto,
descolorido, había sellos de clausura. La delegación Tláhuac impidió que la empresa siguiera
operando. Los inspectores reportaron que carecía de permiso de apertura para giro comercial.
El Estado Mayor Presidencial formó parte de la cartera de clientes de Nueva Imagen desde el
sexenio de Vicente Fox. Durante el período de transición siguieron trabajando con la burbuja
verde olivo. En la factura 2972 se describió el alquiler de otras 350 vallas para enviarlas hasta
Cancún, Quinta Roo, con el fin de atender una gira programada para el 26 y 27 de octubre de
2006. Esos días Felipe Calderón estaba en Canadá.
Las facturas por el alquiler de vallas aparecieron firmadas por el teniente coronel Eduardo León
Trawitz, subjefe de la Sección Quinta del Estado Mayor durante el gobierno foxista y
coordinador de seguridad con Felipe Calderón, por un global de 495 mil 625 pesos.
El EMP entregó un resumen de gastos lleno de generalidades: “Diversos igual a 544 mil 724
pesos con 52 centavos”. Las miles de facturas estaban en desorden, en paquetes amarrados
con ligas, dentro de una caja, sin algo que facilitara saber cómo gastaron en total 18 millones
394 mil 369 pesos entre el 27 de septiembre y el 30 de noviembre de 2006.
Delicatessen
Enterrados entre los paquetes de facturas, se asomó otro tipo de proveedores utilizados durante
el cambio de gobierno. La carne, los pescados, las cremas, los quesos y los abarrotes en
general los surtieron desde pequeños negocios dentro del mercado Martínez de la Torre,
ubicado en la popular colonia Guerrero de la Ciudad de México.
Abarrotes Los Gemelos ha ocupado durante algunos años el local 34, casi en una de las
esquinas del mercado, cerca de la entrada al metro Guerrero. Una señora canosa, con lápiz
sostenido detrás de la oreja, asomó la cara por detrás de latas y paquetes.
–¡Pásele, joven… qué le vamos a dar! –dijo, alisándose el mandil con las manos.
–¿Usted es proveedora del Estado Mayor? –pregunté al mismo tiempo que le mostraba una
factura por 19 mil pesos.
–No… yo no. Bueno, alguna vez hubo algo pero fueron mis hijos, los gemelos, pero eso ya
tiene tiempo. Ellos ya no trabajan.
–¿Pero la factura es de aquí?
–Sí, pero ellos ya no trabajan en esto.
–¿Los puedo encontrar por aquí?
–No… joven, ellos ya no trabajan; pero creo que sí, alguna vez nos compraron de la
Presidencia.
–¿Cómo le hicieron?
–No sé.
–¿Cómo le hacían para atender pedidos tan grandes?
–Mis hijos son los que saben de eso.
–¿Fue una licitación?
–Creo que algo así por el estilo, pero yo no recuerdo bien. Si quiere otra información del
mercado con mucho gusto le ayudo… ¿Va a llevar algo?
–No, gracias.
A nombre de abarrotes Los Gemelos hubo 56 facturas en las cuales alguien escribió, arriba a la
derecha, con letra de molde: “Vuelo”. El Estado Mayor Presidencial pagó por ellas 273 mil 600
pesos, sólo durante el período de transición.
Esas compras las adjudicaron al Grupo Aéreo de Transportes Presidenciales. Entre el 4 y el 15
de noviembre alguien ordenó a este pequeño local 236 kilos de huevo.
En esos días, el presidente electo hizo una gira por Hermosillo y luego viajó a Estados Unidos y
Canadá. Un par más de compras extrañas en ese local: 3 mil vasos para gelatina en 48 horas y
30 lotes de atún en 11 días.
Quienes hayan sido los jefes militares directamente encargados de manejar los 20 millones de
pesos destinados para el cambio de gobierno –cuyos nombres no aparecieron en los archivos
liberados por el IFAI– permitieron que esos recursos públicos incluso fueran utilizados para
surtirse de pastillas de menta (40 paquetes), chicles (32 cajas), dulces para aclarar la garganta
sabores miel y menta (90 paquetes), pistaches (50 lotes) y nuez de la India (50 paquetes).
No había semana, entre octubre y noviembre, que en abarrotes Los Gemelos dejaran de
entregar productos al Estado Mayor. Los números de serie de las facturas son continuos.
Bolsas de plástico negras. Cajas de clamato. Aromatizantes para baños. Frituras. Chiles. Cajas
de jugo Ades. Paquetes y paquetes de Ensure, un complemento alimenticio. Las papitas
Pringles fueron sus favoritas. Dulces napolitanos. En un solo día surtieron 69 kilos de chorizo
rojo vegetariano.
Dentro del mercado Martínez de la Torre no huele mal. En el pasillo donde venden carne fresca,
del día, para llevar a casa, quienes atienden visten batas blancas. En el local marcado con el
número 51 está otro de los proveedores del Estado Mayor Presidencial. Un hombre de piel
blanca, rubio, que clavaba delicadamente un largo cuchillo en un trozo de carne. Cada
rebanada la dejaba caer lentamente como si fuese un artesano. Sonreía.
El comisariato del Grupo Aéreo de Transportes Presidenciales pagó a JR Carnicería y Tocinería
54 mil 465 pesos distribuidos en 13 pedidos.
El jueves 12 de octubre de 2006, cuando Felipe Calderón hizo una gira por Monterrey para
presentar su Proyecto México 20-30, este pequeño negocio entregó a las puertas del hangar
presidencial 83 kilos entre cecina de res, cecina adobada, lomo de cerdo y filete de res.
Usualmente, un cuerpo de Guardias Presidenciales viajaba antes para tomar el control de los
sitios. El equipo de transición y los invitados especiales llegaban después a bordo de los
aviones oficiales. El TP-01 tiene 66 asientos y el TP-02 puede mover hasta 64 pasajeros.
A la mañana siguiente, Felipe Calderón decidió tomarse el día. Ese viernes sólo acudieron a la
casa de transición en San Francisco 1220 algunos de sus colaboradores como Juan Camilo
Mouriño, Ernesto Cordero y Eduardo Sojo. Al atardecer, ellos también se marcharon a
descansar. Ese día se pagó una factura de la empresa JR Carnicería y Tocinería por 4 mil 672
pesos, luego de que presuntamente entregaron en el hangar 30 kilos de costilla de res y 25 de
cecina de res para un vuelo.
Según puede interpretarse de las facturas, los jefes militares y los miembros de la cofradía
calderonista tuvieron una especial debilidad por el queso. De otra manera quizá no se
entendería que con una diferencia de sólo dos o tres días compraron constantemente a la
Súper Carnicería La Dalia entre dos y cuatro kilos de queso holandés Baby Edam, queso
español maduro, queso roquefort azul, queso manchego, queso norteño tipo sierra, queso
Oaxaca, queso provolone y lomo canadiense, entre otros . “Vuelo”, pusieron en las facturas.
Súper Carnicería La Dalia vendió al Estado Mayor 95 kilos de jamón de pierna marca San
Rafael entre el 23 y 25 de octubre de 2006. En cinco facturas les pagaron en total 28 mil 263
pesos.
Los recursos públicos alcanzaron para todo. A los militares encargados de velar por la
seguridad de Felipe Calderón se les pagaron decenas de cafés de Starbucks, golosinas
(mangongos, pica piñas y chamukitos) en las tiendas Oxxo, además de chicles y pastillas para
el aliento. Algunas notas provinieron de la zona de las Águilas, la casa de la familia presidencial,
o de Polanco, sitio predilecto para comer del equipo de transición coordinado por Juan Camilo
Mouriño. Según el resumen hecho público por el Estado Mayor, al término del cambio de
gobierno gastaron 4 millones 512 mil 581 pesos con 52 centavos en restaurantes y hospedajes.
En estos paquetes de comprobantes emergieron cientos de formatos especiales por medio de
los cuales pedían el reintegro de las propinas.
En eso no hicieron excepciones; lo mismo tramitaron la devolución de los 200 pesos que
dejaron a los meseros del comedor de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, durante una visita del presidente electo, que de cualquier pequeño negocio que les
quedara de paso, así fueran 10 pesos.
El general Jesús Castillo abandonó el Oxo Tower Restaurant poco antes de la media noche.
Desapareció en un abrir y cerrar de ojos de las personas que a lo lejos lo observaban. Unos
mendrugos de pan sobre el mantel fueron el único rastro que dejó. Mientras algunos turistas se
tomaban fotos en la terraza, a pesar del viento gélido que aún soplaba en la última semana de
enero en Londres, el jefe del Estado Mayor Presidencial salió sin hacer ruido. Como una
serpiente, se escabulló hasta los elevadores.
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Las malas cuentas*
Jesusa Cervantes
Primero fue la negociación política con Elba Esther Gordillo, después el acuerdo entre los
actuales coordinadores parlamentarios de PRI y PAN, Emilio Gamboa y Héctor Larios. Entre
todos ellos postergaron el juicio político al desempeño del gobierno de Vicente Fox, el cual se
realiza a través de la revisión de las cuentas públicas en la Cámara de Diputados.
Hoy, a dos meses y medio de las elecciones federales del 5 de julio próximo, el PRI decidió
sacar de la congeladora las irregularidades detectadas durante el sexenio foxista y, coordinados
con el PRD, lograron llevar el debate al pleno de la Cámara de Diputados donde, por primera
vez en la historia, dos cuentas públicas de un presidente de la República se rechazaron.
Durante seis años, la Cámara de Diputados evitó la revisión de la cuenta pública de 2002 y
2003 de Vicente Fox. Ángel Buendía Tirado, presidente de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública durante 2004-2006, revela que debido a un acuerdo político entre una fracción
del PRI con el PAN y el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz,
se evitó que la comisión cumpliera con su obligación.
En contravención al artículo 74 de la Carta Magna, el cual obliga a los diputados a revisar las
cuentas públicas al año siguiente de su aplicación, los legisladores postergaron lo que hoy
llaman “el juicio político” a Fox para no hacerlo durante su mandato.
Buendía, expresidente de la Comisión de Presupuesto encargada de elaborar el dictamen de la
cuenta pública, resume los obstáculos durante el último trienio de la administración foxista:
“El interés de Fox y el interés de la secretaria de Hacienda para que no se avanzara en la
revisión encontró eco en un importante grupo, por supuesto de panistas, pero también de
priistas.”
El diputado Pablo Trejo, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el
PRD, señala que PRI y PAN pretendieron no hacer el juicio político –que es en lo que se
traduce la revisión de la cuenta pública– siendo Fox presidente de la República.
“La intención de ambos grupos parlamentarios fue obvia: no levantar más suspicacias sobre el
manejo de los millonarios recursos públicos justo cuando Marta Sahagún era cuestionada por el
posible desvió de recursos federales a su fundación privada Vamos México y aparecían los
primeros indicios de los negocios de los hermanos Bribiesca, quienes se estaban beneficiando
a través del gasto público ya fuera mediante gestores de contratos de adquisiciones u obras
públicas”. Sostiene el perredista.
Al inicio de la actual LX Legislatura, en agosto de 2006, la fracción del PRI no encontró utilidad
política a la revisión de las cuentas de Fox, “pero en tiempos electorales parece que se trata de
denostar al adversario”, añade Trejo.
Tres años antes, al arranque de la LIX Legislatura, la coordinación del PRI en la Cámara de
Diputados recayó en Elba Esther Gordillo, quien meses después entró en conflicto con el
dirigente nacional de su entonces partido, Roberto Madrazo Pintado; la maestra fue removida
del cargo y sustituida por Emilio Chuayffet.
Gordillo había logrado colocar en las principales comisiones a gente cercana. Por ejemplo, en la
presidencia de la Comisión de Presupuesto había colocado a Francisco Rojas, y le puso de
apoyo a Francisco Suárez Dávila, al maestro José Ángel Ibáñez Montes y al exboxeador Jorge
Kahwagi.
Maniobra electoral
Aunque su primer objetivo fue revisar y dictaminar las cuentas públicas de 2001, 2002 y 2003,
Buendía Tirado tardó un año en llevar al pleno la revisión del primer año de gobierno foxista, la
cual fue aprobada el 21 de abril de 2005 a pesar de contener “observaciones” de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) por 334 mil millones de pesos.
La actual legislatura se encontró con que sólo se había dictaminado y aprobado la cuenta
pública de 2001 de Vicente Fox; el PRD presentó varias excitativas para que se revisaran las
cuentas pendientes, al igual que Manuel Cárdenas de Nueva Alianza: no prosperaron.
Trejo detalla que cada vez que se exigía la revisión al actual presidente de la comisión, el
panista Raúl Padilla Orozco, “se abría un impasse para no discutirlas; y el PRI no daba
argumentos a su negativa, simplemente lo iban postergando”.
La estrategia del PRD, agrega, fue promover un dictamen a favor de la aprobación de las
cuentas públicas, e incluso logró que el 1 de septiembre de 2008 fueran aprobadas en comisión
las cuentas de 2002, 2003 y 2004, así como un avance de la de 2005.
Una fuente del PRI revela que el coordinador priista, Emilio Gamboa Patrón, retrasó la discusión
lo más que pudo. Incluso, “a trastienda se empezó a agendar un acuerdo económico entre
todos los coordinadores para sacar las cuentas pendientes y que éstas aparecieran entre las
varias reformas o aprobaciones en paquete que se dan al finalizar la legislatura.
“La verdad es que la aprobación por unanimidad de los dictámenes en la comisión, el 1 de
septiembre de 2008, fue una trampa y el PAN se confió dejando que algunos de sus
legisladores no asistieran”, revela la misma fuente priista.
Trejo acepta que los seis años de retraso en la revisión no tienen consecuencias económicas
como para resarcir los efectos negativos, “pero el juicio político y el de la historia ya se está
dando”.
Manejo escandaloso
Cuando la ASF realizó la revisión de la cuenta pública 2002 detectó observaciones por 77 mil
millones de pesos y en la de 2003 por 48 mil millones de pesos.
Carlos Altamirano, diputado del PRD que participó en la elaboración del dictamen, aclaró que
“esos dictámenes se hicieron tarde, con poca información, basados únicamente en el contenido
de la ASF y sin una verdadera confrontación con los verdaderos ejecutores del gasto”.
Según el análisis, Fox incurrió en manejo “discrecional y abusivo” del presupuesto, y subejerció
y transfirió recursos que la Cámara de Diputados no aprobó. Por ejemplo, en 2002 “movió” a su
antojo 173 mil millones de pesos.
Para 2003 fueron 136 mil millones de pesos que afectaron y redujeron 89% el presupuesto de
apoyo a madres jóvenes; a niños migrantes en 62%, a pueblos indígenas 58% y al hospital de
la mujer en el Distrito Federal en 51%.
La revisión destaca tres aspectos que denotan la discrecionalidad con que Fox manejó los
recursos y de los cuáles, a la fecha, se ignora su uso y destino final.
El primero: los fideicomisos “privados” creados por el secretario de Hacienda, Francisco Gil
Díaz, y que por la forma en que se constituyeron no se puede tener acceso a las cuentas.
Según el reporte, hasta 2003 Fox contaba con mil 353 fideicomisos los cuales tenían o tienen
(no se tiene la certeza) un monto en activos por 662 mil millones de pesos. De éstos, 497 mil
402 millones de pesos corresponde a 801 fideicomisos vigentes y 164 mil 605 millones de
pesos a 552 no vigentes.
Trejo explica que ni la ASF ni la Cámara de Diputados saben dónde está ese dinero ni qué es lo
que está financiando o financiaron, “porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación
determinó que, como su carácter es privado –aunque hayan sido creados y se manejen con
recursos públicos–, no se pueden revisar debido al secreto fiduciario”.
Un ejemplo claro es el de ISOSA, la empresa creada por Francisco Gil Díaz para administrar el
pago del llamado Derecho de Trámite Aduanero (DTA). La ASF determinó que los 5 mil 561
millones de pesos que obtuvo en 2001 no fueron depositados en la Tesorería de la Federación.
La SHCP alegó que, por tratarse de un fideicomiso privado, no tenía por qué entregarlos a la
hacienda federal. A pesar de ello, la ASF recomendó enterar esos recursos, pero el gobierno
foxista no le hizo caso.
En 2002 ocurrió lo mismo, pero el monto de lo no entregado a la federación fue por 2 mil
millones de pesos; y para 2003 la suma alcanzó 2 mil 585 millones de pesos.
Otro aspecto que destacaron los diputados y la propia ASF en las cuentas de 2002 y 2003 fue
el ingreso de 70 mil millones de dólares por excedentes petroleros, “de los cuales nunca se
rindieron cuentas y nadie supo en dónde quedaron o en qué se gastaron”.
El tercer aspecto que destacaron los legisladores fue la triangulación de recursos federales a la
Fundación Vamos México de Marta Sahagún, primero vocera y después esposa de Vicente
Fox.
Como muestra, el diputado Trejo recuerda que en esos años, el fideicomiso Transforma México
de la Lotería Nacional autorizó un donativo de 3 millones de pesos a la Fundación Vamos
México, pero luego de los señalamientos de la ASF tuvo que ser cancelado.
En la cuenta pública de 2003, la ASF informó que Transforma México donó a diversas
instituciones 84 millones de pesos, pero “no cumplió con las disposiciones normativas
aplicables de administración, ejecución y control, ya que se otorgaron donativos a instituciones
y asociaciones que presentaron irregularidades en su comprobación”. De hecho, recomendó la
desaparición de dicho fideicomiso, lo cual ocurrió hasta 2005.
++++++++++
Despojo con el aval de Calderón*
Francisco Castellanos y Rodrigo Vera
En un capítulo más de impunidad que involucra a los gobiernos panistas, y con la omisión o
Complacencia de las autoridades del estado de Michoacán, un tribunal agrario ha fallado en tres
ocasiones consecutivas en favor de Cosme Mares, el presunto prestanombres del expresidente
Vicente Fox que está a punto de apropiarse de los terrenos de la bahía de El Tamarindillo para
construir ahí residencias de lujo. Sobre los ejidatarios renuentes a venderle a Mares pesa el
abandono de la justicia, mientras son víctimas de acoso y hasta amenazas de muerte, pero
están dispuestos a defenderse hasta con la violencia.
COAHUAYANA, MICH.- Muchos en esta región le temen a ese fuereño alto y corpulento,
malencarado, que suele llegar en aparatosas camionetas, custodiado siempre por un enjambre
de amigos y guardaespaldas. Es Cosme Mares, el empresario guanajuatense que cada vez
está más cerca de ganar una desigual batalla jurídica que le permitirá arrebatar a los
campesinos la paradisíaca bahía de El Tamarindillo, donde planea construir lujosas residencias
privadas para el expresidente Vicente Fox y sus amigos cercanos.
El temor no es para menos: Cosme es descrito como un tipo de cuidado y viene ahora con todo
el respaldo del presidente Felipe Calderón.
Los tribunales y las más altas autoridades del país, entre ellas el procurador agrario, Rocendo
González Patiño, le están dando la razón al empresario en sus litigios para apropiarse de la
bahía, al considerarlo como un “ejidatario” que “legalmente” ya puede realizar inversiones en
este tramo de costa enclavado en los límites de Michoacán con Colima.
Sólo falta que, así sea mediante la presión y el hostigamiento, el supuesto prestanombres de
Fox logre comprar el área de la bahía que todavía sigue en manos de algunos ejidatarios y
posesionarios renuentes a venderle.
Dámaso Mendoza, asentado en un lote de la bahía donde construyó la única casa que hay en
El Tamarindillo, comenta preocupado:
“Cosme Mares no me ha dejado en paz. Está terco en que le venda mi terreno. He recibido
muchas presiones suyas. Hasta amenazas de muerte. En dos ocasiones envió gente para que
tumbara las puertas de mi casa y quitara la tubería de cobre, escarbando las paredes. Puse
demandas contra él que no prosperaron.”
–¿Cosme le propuso personalmente que le venda su terreno?
–Sólo en una ocasión que nos reunimos en un restaurante de Colima. Eso fue muy al principio,
en 2004. Él llegó al aeropuerto en un avión de la Presidencia de la República. Lo acompañaban
su esposa (Josefina Hernández) y unos licenciados. Me dijo que mi casa estorbaba ahí, que era
un feo pegoste que iba a contrastar con las lujosas residencias que piensa construir en la bahía.
–¿Planea Cosme levantar un desarrollo turístico?
–No, turístico no. Planea más bien un desarrollo privado de superlujo, muy exclusivo. Para puro
poderoso y millonario. Hasta me mostró los planos: 12 residencias a lo largo de los casi 700
metros de longitud que tiene la bahía. Al frente, cada una con su piscina mirando al mar,
después la construcción y, al fondo, áreas de jardines y palmeras.
–¿Le dijo para quién serían esas residencias?
–Sí, me comentó que para Vicente Fox sería una residencia de tres niveles, con un mirador en
la parte más alta, cerca del club de playa. Otra residencia para el propio Cosme y una más para
su cuñado Rubén Hernández, el hermano de su esposa. También tendría la suya Florencio
Salazar, que fue el secretario de la Reforma Agraria de Fox. Lo mismo que (José Luis) Luege
Tamargo, en ese tiempo a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat). Además, tres industriales de Guanajuato tendrían sus residencias. Fueron los
únicos que mencionó.
–¿Por qué se negó usted a venderle?
–Porque me ofreció muy poco: millón y medio de pesos por mi terreno de 3 mil metros
cuadrados, con su casa de dos cuartitos. Ni loco le voy a vender. También me niego porque veo
que los ejidatarios y posesionarios no vamos a recibir ningún beneficio. No va a ganar nada la
región.
“Fox y sus amigos serían los únicos beneficiados. Quieren adueñarse de esta bahía que tiene la
arena más fina de toda la costa michoacana, con un agua azul turquesa y tan quieta como si
fuera una alberca, rodeada de cerros siempre verdes.”
El litigio
Perteneciente a los bastos terrenos del ejido El Ticuiz, que actualmente aglutina a 325
ejidatarios, El Tamarindillo se parceló en la parte baja que da al mar, mediante un sorteo entre
los ejidatarios realizado a principios de los ochenta. Fueron 50 los ejidatarios que obtuvieron
entonces sus respectivos lotes de playa y hoy son posesionarios. El actual objetivo de Cosme
Mares es irse apropiando de esos terrenos.
Cosme es uno de los amigos de Fox, al que apoyó en su campaña presidencial y en la
remodelación de sus ranchos de Guanajuato. Desde que llegó a la zona, el empresario logró
granjearse a las autoridades ejidales, al grado de que el 7 de diciembre de 2003, en una
asamblea del ejido para delimitar la asignación de tierras ejidales y el reconocimiento de
derechos, lo registraron a él y a su cuñado, Rubén Hernández Haas, como “ejidatarios” de El
Tamarindillo.
A Cosme se le asignó la “parcela número 430”. Luego se dijo –sin que hasta la fecha se haya
comprobado con documentación– que por ese mismo tiempo compró 265 hectáreas de la bahía
en 25 millones de pesos (Proceso 1470).
Uno de los mayores obstáculos que enfrenta el guanajuatense es que la asamblea de 2003 aún
es impugnada por un grupo de ejidatarios, ya que en el acta aparecieron las firmas de 18
personas que ya habían fallecido, y cuatro firmas más de personas que estaban presas en
Estados Unidos, entre otras anomalías.
Las actas de defunción y otras pruebas que documentan las irregularidades fueron entregadas
por los inconformes al Tribunal Unitario Agrario número 38, de Colima, que llevó el caso. En tres
ocasiones el tribunal ha validado la asamblea y, con ello, los derechos ejidales de Cosme
Mares. Y tres veces los ejidatarios inconformes han interpuesto amparos. El último fallo del
tribunal fue el 13 de agosto del año pasado.
Sólo que el pasado 6 de marzo el procurador agrario, Rocendo González Patiño, intervino
públicamente en la disputa: declaró que Cosme Mares es un ejidatario con todos sus derechos
en ese núcleo agrario. En una entrevista con el diario La Jornada, González Patiño dijo que la
Procuraduría Agraria busca “el acercamiento” entre empresarios y ejidatarios.
–¿El asunto de El Tamarindillo está concluido? –le preguntó el diario.
–Jurídicamente no hay problema. Ha habido infinidad de aceptaciones de nuevos miembros en
ejidos del país.
Proceso solicitó una entrevista a González Patiño para que ampliara su postura, pero se negó.
Para los ejidatarios de El Ticuiz, los fallos del tribunal y ahora las inusitadas declaraciones del
procurador evidencian que, con Felipe Calderón, Cosme Mares sigue bajo el cobijo de la
Presidencia de la República.
El ejidatario Antonio Lúa comenta:
“Está mal lo que hace el procurador al apoyar a Cosme Mares, que sigue queriéndose apropiar
a la mala de El Tamarindillo. Él dice que ya le compró a 118 ejidatarios y que tiene los
documentos legales. Nosotros le decimos que no. Todavía a fines del año pasado, el mismo
Cosme nos dijo a un grupo de ejidatarios que él había comprado en bulto toda la bahía. ¡Eso no
se puede! Nunca ha aclarado qué terrenos son los suyos. ¿En qué va a parar todo? ¿En la
violencia? ¿En que a la brava nos defendamos? No queremos llegar a eso.”
Mariano Márquez, quien el 9 de septiembre interpuso el amparo ante el tercer fallo del tribunal,
dice por su parte:
“Cuando llegó aquí, Cosme Mares apantalló a medio mundo diciendo que venía en
representación del presidente Vicente Fox. Por eso estábamos felices cuando acabó el sexenio
foxista, pensábamos que las cosas cambiarían. Pero hoy vemos que no, que el presidente
Calderón está apoyando a Cosme Mares.
“Ese señor sigue moviéndose aquí con una influencia y una impunidad encabronada. Ningún
razonamiento legal de nosotros es válido para las autoridades agrarias. En cambio, éstas
apoyan las arbitrariedades de Cosme. Cualquiera se da cuenta que tiene todo el apoyo oficial.
–¿Qué harán si se vuelve a fallar a favor de Cosme?
–Recurriremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no nos queda de otra. ¿Qué otras
instancias pueden hacernos justicia? Hasta cartas le hemos enviado al presidente Calderón
pidiéndole su apoyo. Pero hoy comprobamos que está del lado de Cosme.
Cuando aún era presidente electo, en noviembre de 2006, los ejidatarios inconformes –que por
ese tiempo tomaron la bahía con pancartas de protesta– le enviaron una carta de seis páginas
a Calderón, para ponerlo al tanto del conflicto. Decía la misiva:
“Al agotarse las instancias legales y ver que la justicia inclina su balanza hacia los poderosos (la
familia Fox Sahagún), nos vemos en la necesidad de tomar los terrenos de El Tamarindillo, que
de manera arbitraria, con engaños, amenazas, tráfico de influencias, abuso de poder,
falsificación de documentos oficiales y triquiñuelas legaloides, nos obligaron a vender.”
Y agregaba que Florencio Salazar, secretario de la Reforma Agraria de Fox, e Isaías Rivera
Calderón, el procurador agrario de entonces, orquestaban el despojo, con el apoyo de los
dirigentes ejidales de El Ticuiz, a quienes lograron plegar de su lado.
Mariano Márquez menciona que Cosme lo sigue presionando: A principios de este año, una
mujer que no se identificó le advirtió que no le convenía oponerse a Cosme Mares, porque “él
es un empresario muy poderoso”.
Así son los métodos de Cosme, dice el ejidatario, quien asegura haber sido amenazado varias
veces. “Una vez llegaron con una cinta métrica y me dijeron: ‘Venimos a tomarte tus medidas
para hacerte tu caja de muerto’. A puro terror y engaño quiere adueñarse de nuestras playas”.
El protegido de Los Pinos –comenta– suele llegar directamente a la casa ejidal, un pequeño
inmueble de concreto de forma rectangular, al que se accede por un camino bordeado de
tupidos platanares.
Ya instalado ahí, Cosme reúne a las actuales autoridades del ejido El Ticuiz: Elías Campuzano,
presidente; Ibis Escalera, tesorero; Juvenal Valdovinos, a cargo del Consejo de Vigilancia…
Juntos planean estrategias, hacen planes para doblegar a los ejidatarios rejegos.
Después, el empresario invita a prolongadas comilonas en las “ramadas” de las playas de Boca
de Apiza o de San Telmo. Entre copa y copa, los contertulios ven bajar al sol en el horizonte
marino del Pacífico. Un grupo de mariachis ameniza los convivios.
Cuenta Mariano Márquez:
“En una ocasión, a finales del sexenio de Fox, Cosme invitó a Florencio Salazar a una de sus
comidas. El secretario de la Reforma Agraria llegó en una avioneta que aterrizó en una pista de
por aquí. Estuvieron brindando en las playas de Boca de Apiza, en la ramada de doña
Conchita.”
En una de esas visitas, en septiembre pasado, Cosme mandó llamar al contador José Valencia,
quien se encarga de llevarle sus asuntos legales a la señora María Luisa Villanueva, radicada
en Estados Unidos y posesionaria de un lote en El Tamarindillo que no ha querido venderle a
Cosme Mares.
José Valencia se presentó en la casa ejidal, donde ya lo esperaba Cosme y su gente. Le sugirió
que lo mejor era que su representada le vendiera.
“Yo le pregunté: ‘¿Cuánto ofreces?, pues tú eres el interesado’. Y él me respondió: ‘No, no, tú
ponle precio al terreno’. Y entonces le dije: ‘200 mil’. Vi que le brillaron los ojos de gusto. Luego
le aclaré: ‘Pero dólares, 200 mil dólares’. Se puso furioso y me respondió secamente:
‘¡Olvídate!’. Le dije que entonces no tenía caso seguir platicando, y me fui.
“Allá en Estados Unidos, al esposo de María Luisa le llegó un correo electrónico donde le dicen
que se cuide porque lo van a tronar. ¿Otra de las amenazas de Cosme? No sabemos. Pero él
así se maneja. Algunos ejidatarios tienen temor hasta de ir a la bahía, algún vigilante de Cosme
puede venadearlos desde los matorrales. Yo jamás iría solo al Tamarindillo. Cosme es un tipo
de cuidado.”
Hasta el momento, el amigo de Fox ha salido impune de las querellas en su contra. La más
reciente es una demanda penal del exalcalde de Coahuayana, Elías López Mendoza, debido a
que el empresario falsificó documentos del ayuntamiento con el fin de que la Semarnat le
otorgué una concesión de la parte de la bahía que es zona federal (Proceso 1651).
Ni siquiera la pasada legislatura del Congreso federal pudo poner alto a sus atropellos, pese a
que creó una subcomisión investigadora que indagó el caso. Para la exdiputada perredista Ana
Lilia Guillén, quien fue la encargada de esa subcomisión, el asunto es muy claro:
“Felipe Calderón está protegiendo los intereses de Fox. Hay acuerdos cupulares entre ellos. Y
Cosme es sólo el operador de Fox”, asegura Guillén, quien también demandó penalmente al
empresario.
Las quejas contra Cosme llamó la atención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Michoacán, que ya planea visitar Coahuayana para hablar con su alcalde y, más delante, abrir
una oficina en la zona.
El secretario de la Comisión, Antelmo Esparza, sólo espera que los ejidatarios pongan su queja
para intervenir de lleno: “En la comisión no actuamos por oficio, sino por queja. Nosotros
estamos interesados en ese asunto”.
+++++++++++
Una “narcobahía*
Francisco Castellanos y Rodrigo Vera
COAHUAYANA, MICH.- Pobladores de esta zona creen que, debido a su aislamiento, la bahía
de El Tamarindillo podría estar siendo utilizada todavía para introducir cargamentos de droga
que llegan por vía marítima, como ocurría sobre todo en los años noventa, cuando el Ejército
decomisó varias toneladas de cocaína que eran transportadas por embarcaciones de bajo
calado.
Comenta Mariano Márquez:
“Hay fuertes rumores de que en El Tamarindillo todavía se sigue descargando droga. Nosotros
no estamos en condiciones de comprobarlo. Pero a mí me ha tocado ver movimientos muy
sospechosos: de pronto veo camionetas que bloquean el único camino de terracería por el que
se llega a la bahía. Y entonces a nadie se le permite entrar.
“Hace unos meses, por ejemplo, vi que el camino estaba bloqueado por unos desconocidos que
traían camionetas Suburban. Y cerca de ahí, por la carretera costera, había patrullas de la
Federal de Caminos cuidando que nadie se acercara. Son cosas muy raras que no nos
explicamos, pero que atemorizan a la población.”
El lugareño agrega que, durante esos extraños operativos, son ahuyentados hasta los pastores
que andan en el monte con sus animales: “Les gritan que se vayan a otra parte, que no los
quieren ver cerca”.
–¿Y por la zona del mar?
–¡Igual! A los pescadores que andan en sus lanchas no los dejan arrimarse a la bahía. Son
precisamente los pescadores quienes han visto a esos barcos detenerse en la bahía. Ellos
dicen que son embarcaciones pequeñas, de donde descargan cajas que luego suben a
camionetas estacionadas a pie de playa. Esos movimientos se hacen por lo general en las
noches.
–¿No es exagerado pensar que se trate de narcotráfico?
–No, de ningún modo, pues ya otras veces los narcotraficantes han usado El Tamarindillo, por
ser la bahía que tiene las aguas más tranquilas en el tramo que corre de Manzanillo hasta
Acapulco. Cualquier barco se puede arrimar muy cerca de sus playas, a las que tapan unos
montes altos. Por su aislamiento, el lugar se presta para hacer cosas a escondidas. En una
ocasión se llegaron a decomisar tres toneladas de cocaína que entraron a tierra por la bahía.
Sabrá Dios cuántas toneladas más habrán entrado sin que nos diéramos cuenta.
Mariano Márquez se refiere a un operativo efectuado en julio de 1999, cuando el Ejército
incautó esa cantidad de droga y capturó a siete narcotraficantes, a quienes además les aseguró
tres camionetas y 20 armas de fuego de diferentes calibres, según publicó La Voz de
Michoacán el 20 de julio de ese año.
Refiere el periódico que la droga –valuada en más de 25 millones de dólares– “llegó en barco…
y en lanchas la acercaron hasta la playa”, después de lo cual fue cargada en las camionetas; se
trataba en total de “150 costales que contenían cada uno 10 ‘tabiques’ de cocaína”, informó
entonces el general Sergio Joel Bautista González, a la sazón encargado de la XXI Zona Militar.
El periódico indicó que dos años antes, en 1997, el Ejército ya había incautado en el mismo
lugar otras tres toneladas de cocaína.
Dámaso Mendoza, exalcalde de Coahuayana, menciona que el tráfico de droga en El
Tamarindillo se intensificó: “Se dio más intensamente de 199l a 1994, al grado de que era un
punto muy vigilado por el Ejército y la DEA”.
Más recientemente, en septiembre de 2007, elementos de la Marina interceptaron una
embarcación que transportaba más de dos toneladas de cocaína y que presuntamente se
dirigía a la bahía.
De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Marina, era un pequeño barco de 10 metros de
eslora que llevaba la droga en 119 costales. Se le detuvo en altamar, frente a una zona
conocida como Punta Lizardo.
Los narcotraficantes fueron identificados como Mario Carrasco Meras, Rodrigo Pulido Carrasco,
y los hermanos Leobardo y Bernardo Pulido Lombera.
Así, desde antes de que Cosme Mares se interesara por El Tamarindillo, la prensa local y los
pobladores ya la venían señalando como una peligrosa narcobahía, a la que aún se acercan
con cautela.
Asaltado por la duda, Mariano Márquez concluye:
“Todo está muy raro. ¿Por qué tanto interés de Cosme Mares en la bahía? ¿Por qué nos la
quieren arrebatar a la mala? ¿Por qué se siguen dando esos extraños movimientos por mar y
tierra? ¿Seguirá el narco con las manos metidas?...”
*Tomados de la revista Proceso.
posted by Liberation at
8:49 a.m.
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