Lujambio en la ruta presidencial*

Tomados de La Jornada, ElFisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores.

áLVARO DELGADO

MÉXICO, D.F., 13 de abril (apro).- Empeñado en volver virtuoso lo que en la época priista le era deleznable, como las prácticas de defraudación electoral y ser jefe de gobierno y de partido simultáneamente –algo en lo que Germán Martínez reconoce que "se equivocó el panismo" durante casi siete décadas–, Felipe Calderón ha dado muestras varias de saberse investido de facultades extraordinarias para, entre otras cosas, designar a su sucesor.



Una desgracia aérea, cuyas auténticas causas siguen estando bajo el signo de la opacidad, le liquidó a Calderón su capricho de imponer a Juan Camilo Mouriño como candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) en el 2012, un empeño prematuro que de suyo tampoco vaticinaba éxito de llegar a la Presidencia de la República por las propias credenciales del prospecto.

Pero repuesto del duelo, y consciente de que los gobernadores que forman la Santísima Trinidad –Guanajuato, Morelos y Jalisco– han articulado un plan para controlar la sucesión y que alguno de ellos, notablemente Juan Manuel Oliva y Marco Antonio Adame, sea el candidato presidencial, Calderón ha hecho una jugada con la que les ha arrebatado la iniciativa y les ha enviado el mensaje de que él es el "gran elector".

Muerto Mouriño, el mejor de los prospectos a nivel de gabinete era Ernesto Cordero –y nada más–, y en el PAN sólo el propio Germán Martínez. Parece broma y a muchos los mueve a risa, pero ambos no sólo ambicionan y creen tener merecimientos para aspirar a suceder a Calderón, sino que éste, con la lógica de facción con la que actúa, se los ha hecho sentir.

Ambos están en condiciones de desventaja frente a los gobernadores: en los tres estados, aun con sus líos internos, es muy probable, en contraste con otras entidades, que obtengan triunfos importantes, pero Martínez es el responsable de ganar al menos los 207 diputados que hoy tiene el PAN –sería un fracaso si son menos–, y Cordero compartiría la responsabilidad en tanto que es el brazo asistencial del gobierno con repercusiones en el partido.

Aun así, el propio Calderón sabe que los dos –y los gobernadores–, frente a lo complicado de la sucesión en 2012, muy escasas posibilidades tendrían, sobre todo por los rivales de los otros partidos en la elección constitucional: Enrique Peña Nieto o Manlio Fabio Beltrones, por el PRI, y Andrés Manuel López Obrador o Marcelo Ebrard por la izquierda.

Por eso la incorporación de Alonso Lujambio Irazábal como secretario de Educación Pública representa para Calderón retomar el control de la sucesión presidencial, porque se trata de un personaje que reúne cualidades que, para el PAN y su actual "jefe máximo", tienen un muy buen potencial político, aunque en los hechos represente todo lo contrario de lo que predica.

Para empezar no es militante ni activo ni adherente del PAN, y el plan es apostar por candidatos "ciudadanos" que, sin tener credencial de miembro, comparten los principios y proyectos de ese partido, como el propio Lujambio lo demuestra.

En segundo lugar, Lujambio tienen experiencia en el servicio público: fue consejero en el Instituto Federal Electoral (IFE) que, pese a que no quiso profundizar en el financiamiento extranjero de la campaña de Vicente Fox, ha resultado el menos faccioso, y fue integrante del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), a cuya presidencia llegó mediante el apoyo de Calderón para, precisamente, servirle para ocultar información sustantiva.

En tercer lugar, y como en las elecciones la personalidad de los prospectos es, también, un elemento a considerar, Lujambio es joven y guapo, y en la clase política se habla de que la del 2012 será una contienda de guapos. Es grotesco, pero así es.

De manera que la incorporación de Lujambio al gabinete le da a Calderón la posibilidad de manejar la designación del candidato presidencial del PAN, que tampoco quiere decir que le resulte exitosa, sobre todo por su propio antecedente y porque los gobernadores de El Yunque saben hacer tantas trapacerías como él y sus lugartenientes.

Y aun cuando pudiera resultar exitosa su operación como gran elector, Calderón tampoco puede garantizar que Lujambio, su delfín, finalmente se imponga.

Pero para eso falta que Lujambio sea algo más que un maniquí que no sale del corredor Coyoacán-Polanco-Santa Fe y empiece a conocer el territorio nacional. Y, desde luego, que acredite que no será –como se prevé­– un empleado servil de Elba Esther Gordillo, como su antecesora.



Apuntes

La Organización Nacional del Yunque, el entramado político-ideológico-paramilitar que infesta al PAN –y también al PRI–, está siendo sujeta de investigación en Estados Unidos, donde el Archivo de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) –una organización no gubernamental con sede en The George Washington University– solicitó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) todos los documentos relacionados con las actividades de esta organización en Guanajuato, durante los años setenta. También solicitó información sobre los organismos de fachada de El Yunque, como el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO), Juventud Inconforme Positiva, Frente Universitario Anticomunista (FUA), Desarrollo Humano Integral AC (DHIAC) y de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Apenas el mes pasado, Delores M. Nelson, coordinadora de Información y Privacidad de la CIA, se negó a entregar cualquier documento relacionado con la organización argumentando motivos de seguridad nacional y lineamientos de clasificación de la propia agencia que datan de 1949. Sin embargo, NSA prepara una apelación para desclasificar la información, lo que pondrá a prueba el memorando presidencial sobre la Ley de Libertad de Información, firmado por Barack Obama un día después de asumir el cargo, que reestablece el supuesto de divulgación para documentos solicitados a través de la Ley de Transparencia de Estados Unidos.

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.


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Trampolín transparente*


JOHN M. ACKERMAN

El salto de Alonso Lujambio a la Secretaría de Educación Pública (SEP) es simultáneamente poco ético y de cuestionable legalidad. Demuestra que lo que menos le interesa a este político es la transparencia y la institucionalidad democrática del país.

El artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos prohíbe tajantemente que los servidores públicos, durante un año después de ejercer su cargo, reciban “donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones” de parte de cualquier persona física o moral que haya estado “directamente vinculada, regulada o supervisada por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo”. Como comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Lujambio fue el responsable de regular, “revisar”, “vigilar” y “establecer los lineamientos” para la aplicación de la ley de transparencia en la administración pública federal. Hoy, el exregulador ha aceptado un jugoso cargo de parte del titular del ente regulado, Felipe Calderón Hinojosa.

Algunos han dicho que el paso de Lujambio a la SEP es tan grave como si el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) se incorporara al gobierno federal como secretario de Gobernación. Algo similar ya ocurrió cuando el exconsejero Juan Molinar Horcasitas aceptó ser subsecretario de Gobernación con Vicente Fox.

Pero el conflicto de intereses en que incurre Lujambio es aún más burdo. Es como si Leonardo Valdés pasara del IFE a presidir un partido político nacional o como si Eduardo Pérez Motta, titular de la Comisión Federal de Competencia, aceptara dirigir una de las empresas de Carlos Slim. Saltos de ese tipo provocan un daño irreparable a la institucionalidad del país.

Como comisionado del IFAI, Lujambio destacó por su empeño en defender la opacidad del gobierno federal. A partir de interpretaciones exageradas de la ley, sistemáticamente buscó pretextos para negar el acceso ciudadano a la información pública. Su posición en los recientes debates con respecto a la aplicación del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, así como sobre el alcance de la reserva por motivos de seguridad nacional y el concepto de “datos personales”, son apenas algunos ejemplos de su desempeño.

Como presidente del IFAI, llevó a la institución a la pérdida de legitimidad pública. Sistemáticamente se negó a realizar una declaración pública de intereses o a excusarse de casos que involucraban a su amigo Felipe Calderón. Canceló el programa Comunidades, que pretendía acercar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y el IFAI a diversos grupos marginados. Vetó personalmente la participación de expertos y académicos “incómodos” en los eventos y actividades organizadas por el IFAI. Impulsó la reforma al artículo sexto constitucional, pero posteriormente participó en la elaboración de una contrarreforma a la LFTAIPG y dejó vencer el transitorio de la reforma constitucional sin emitir protesta alguna.

Hoy, al abandonar el IFAI en un momento sumamente complicado, Lujambio traiciona la poca confianza que le quedaba entre la comunidad protransparencia. El próximo 11 de septiembre de 2009 concluirán los períodos de los comisionados Juan Pablo Guerrero y Alonso Gómez Robledo. Jacqueline Peschard llegó a la institución hace apenas dos años, y ahora que probablemente encabece la institución tendrá poco tiempo para estudiar a fondo los diversos recursos de revisión.

La mayor parte del peso institucional entonces caerá sobre María Marván. Cuando fungió como comisionada presidenta condujo la institución con visión y arrojo, pero recientemente se había venido plegando a la línea gubernamental que transmitía Lujambio. Habría que recordar también los propios deseos de Marván de utilizar el IFAI como trampolín, al inscribirse en el proceso de selección de los consejeros electorales del IFE hace poco más de un año.

Actualmente el IFAI resuelve más de 120 recursos de revisión por semana y cada comisionado está permanentemente investigando y dictaminando entre 200 y 300 casos. Si el Poder Ejecutivo no propone rápidamente los reemplazos de Lujambio, Guerrero y Gómez Robledo, la carga de trabajo para Marván y Peschard podría triplicarse de la noche a la mañana, con la consecuente disminución de la calidad y el rigor del trabajo del instituto de transparencia.

De acuerdo con la LFTAIPG, el presidente de la República es quien designa directamente a todos y cada uno de los comisionados. No se precisa ni de convocatorias públicas o de procesos de auscultación de ningún tipo. El Senado tiene derecho de objetar los nombramientos, pero si esta instancia no actúa rápido, el nombramiento automáticamente queda en firme. Los partidos de oposición tendrían que estar muy atentos para no permitir que Calderón nombre otros más de sus leales en el instituto responsable de transparentar su gestión.

Una vía para lograr este fin sería que los grupos parlamentarios del PRD y el PRI en el Congreso de la Unión modificaran la forma de nombramiento de los comisionados aun antes de que el Presidente enviara su propuesta para el reemplazo de Lujambio. El Senado, no el Ejecutivo Federal, debería ser la instancia a cargo del nombramiento de los integrantes del pleno del IFAI. Tanto la reforma al artículo sexto constitucional como la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente abren la puerta para una reforma con estas características.

En su posicionamiento personal en contra de la reelección de Lujambio como comisionado presidente del IFAI hace un año, el comisionado Juan Pablo Guerrero realizó una afirmación visionaria: “En las condiciones actuales, el IFAI corre el riesgo de burocratizarse, de ser una institución más en el concierto de la comunidad gubernamental obsesionada con la supervivencia armónica con el resto, por encima del servicio a la sociedad. Me parece que en la defensa de garantías fundamentales, como el derecho a saber, los órganos garantes no pueden tener ni tregua ni agenda política”.

Ojalá que nuestros representantes populares eviten que el IFAI sea una baja más en la crisis generalizada que cada día más defrauda la confianza ciudadana en nuestras instituciones públicas.

http://www.johnackerman.blogspot.com/

*Tomado de la revista Proceso.