Cómplices del que se dijo "de las manos limpias"
Tomados de La Jornada, Helguera y Hernández y El Universal, Helioflores.
Tomados de La Jornada, Helguera y hernández y El Universal, Helioflores.En el México de la impunidad y los negocios al amparo del poder todo es posible. Desde que el ratero Carlos Salinas de Gortari imponga gobernador en Nuevo León, hasta el que hombre más rico de América Latina, Carlos Slim se apropie de la mayor empresa mexicana: Pemex.
Desde hace meses la revista en línea Reporte Índigo a presentado semana a semana el perfil de quienes se adueñaron de la “seguridad” del país y a qué intereses sirven. Los grandes empresarios que impusieron al pelele Felipe Calderón Hinojosa en Los Pinos son lo que también colocaron a sus empleados en los puestos clave del espionaje y la “seguridad” nacionales.
La reciente caída del avión donde murieron Juan Camilo Mouriño, José Luis Santiago Vasconcelos y otras 12 personas más se inscribe dentro de la lucha por el control de la riqueza del país, de su usufructo y del reparto de las migajas entre los políticos del PAN, PRI y la Nueva Izquierda de Los Chuchos del PRD.
En las entregas –publicadas también en la revista Proceso- se reseñan y exhiben capítulos del libro más reciente de la periodista Anabel Hernández titulado: Los cómplices del presidente, donde señala los manejos turbios de dos de las insignias de usurpador –que en campaña política se hacía llamar el de las “manos limpias”- Calderón Hinojosa: Juan Camilo Mouriño y Genaro García Luna.
Las mismas describen como generales se reunieron con Mouriño antes de que el espurio designara a García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública federal, para informarles de que gente cercana a él tenían negocios con personajes del crimen organizado y narcotraficantes. También se denuncia que la mayoría de los contratos –70%- firmados por las empresas familiares del fallecido Mouriño habían sido firmado en los últimos dos años, es decir desde que el pelele Calderón Hinojosa asaltó Los Pinos.
En seguida los materiales al respecto publicados por la revista Proceso.
Desde hace meses la revista en línea Reporte Índigo a presentado semana a semana el perfil de quienes se adueñaron de la “seguridad” del país y a qué intereses sirven. Los grandes empresarios que impusieron al pelele Felipe Calderón Hinojosa en Los Pinos son lo que también colocaron a sus empleados en los puestos clave del espionaje y la “seguridad” nacionales.
La reciente caída del avión donde murieron Juan Camilo Mouriño, José Luis Santiago Vasconcelos y otras 12 personas más se inscribe dentro de la lucha por el control de la riqueza del país, de su usufructo y del reparto de las migajas entre los políticos del PAN, PRI y la Nueva Izquierda de Los Chuchos del PRD.
En las entregas –publicadas también en la revista Proceso- se reseñan y exhiben capítulos del libro más reciente de la periodista Anabel Hernández titulado: Los cómplices del presidente, donde señala los manejos turbios de dos de las insignias de usurpador –que en campaña política se hacía llamar el de las “manos limpias”- Calderón Hinojosa: Juan Camilo Mouriño y Genaro García Luna.
Las mismas describen como generales se reunieron con Mouriño antes de que el espurio designara a García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública federal, para informarles de que gente cercana a él tenían negocios con personajes del crimen organizado y narcotraficantes. También se denuncia que la mayoría de los contratos –70%- firmados por las empresas familiares del fallecido Mouriño habían sido firmado en los últimos dos años, es decir desde que el pelele Calderón Hinojosa asaltó Los Pinos.
En seguida los materiales al respecto publicados por la revista Proceso.
Intocable y solapado
ANABEL HERNáNDEZ
A pesar de los escándalos empresariales del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y de la desconfianza inicial del Ejército hacia el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el presidente Felipe Calderón los mantuvo como los hombres más influyentes en sus primeros dos años de gobierno. La violenta muerte de Mouriño, el martes 4, acabó con una tríada que se integró en 2006 con miras a ganar la Presidencia con recursos legales e ilegales. Autora de Fin de fiesta en Los Pinos y coautora de La familia presidencial. El gobierno del cambio bajo sospecha de corrupción, ambas obras dedicadas a exponer las tropelías de Vicente Fox y de Marta Sahagún y sus hijos, la periodista Anabel Hernández describe ahora, en Los cómplices del presidente, las maniobras tortuosas y corruptas de Mouriño y García Luna, en asociación con Calderón. Con autorización de la editorial Random House Mondadori y de la escritora, reproducimos fragmentos de los capítulos "Los 167 contratos de JC", que describe los negocios personales y familiares del que fue hombre preferido del actual presidente, y "El guionista", dedicado a García Luna y su equipo, presuntos responsables de abuso de poder y protección a narcotraficantes y secuestradores.
Anabel Hernández
Los generales
Faltaban unas semanas para el 1 de diciembre de 2006 y en el restaurante Sir Winston Churchill's de Polanco, algunos de los generales en activo más destacados de este país tuvieron un encuentro con Juan Camilo Mouriño, entonces coordinador general del fideicomiso para apoyar el cambio de administración del Ejecutivo federal.
Aún no estaba definido quién sería el secretario de la Defensa Nacional. En los primeros lugares de la lista estaban los genera-les de división Juan Alfredo Oropeza Garnica, Tomás Ángeles Dahuajare y Guillermo Galván Galván.
Felipe Calderón le había delegado a Juan Camilo depurar las listas de candidatos para integrar su gabinete y, aunque fue el pro-pio Felipe quien dio la última palabra, el visto bueno de Mouriño tenía peso y mucho. Varios candidatos a secretarios de Estado y subsecretarios tuvieron entrevistas con Iván en una casa ubicada en Lomas de Chapultepec, en una calle paralela a Paseo de la Reforma.
Pero esa noche el cónclave en el Churchill's tenía otro pro-pósito. Los hombres con insignias de águila y dos o tres estrellas se encontraban ahí reunidos con un motivo aún más importante: desenmascarar al entonces director de la Agencia Federal de Inves-tigación (AFI), Genaro García Luna, y a su equipo. Los mili-tares, que desconocían los antecedentes de la relación de García Luna con Calderón y Mouriño, estaban muy preocupados por la extrema cercanía del excoordinador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) con el equipo del presidente electo.
Durante todo el sexenio de Vicente Fox muchos generales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) escucharon un sin-número de rumores respecto a García Luna y su gente. Les preocupaba por supuesto la vertiente relacionada con la protección a secuestradores, pero mucho más la relacionada con la protección al cártel de Sinaloa. Para el delicado encuentro que iban a sostener con Mouriño iban bien pertrechados. Las áreas de inteligencia militares habían hecho su trabajo. Se afirma que le presentaron a Juan Camilo una serie de fotografías en las que aparecía el equipo cercano de García Luna -el que hoy controla a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)- acompañado de narco-traficantes del cártel de Sinaloa, entre ellos los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva.
También le habrían presentado la transcripción de llama-das telefónicas entre el grupo de García Luna y narcotraficantes mientras pactaban y cobraban. Su petición era que esa información llegara a las manos del presidente de la República. En esos días era insistente el rumor de que García Luna quedaría al frente del Cisen y que Jorge Tello Peón -uno de sus mentores- sería secretario de Seguridad Pública. Los generales querían prevenir a Calderón antes de tomar la decisión.
Su intención, según se explica, era no volver a tener que lidiar con el mismo grupo que durante el sexenio de Fox, para ellos, comprometió seriamente la independencia de la AFI -la policía ministerial responsable de la investigación de delitos y cumplimiento de órdenes de aprehensión- de los intereses del crimen organizado. ¿Qué haría si quedaba al frente del Cisen?
El 30 de noviembre de 2006, Calderón dio a conocer los nombres de quienes integrarían el gabinete de Seguridad de su gobierno. Como secretario de la Defensa Nacional nombró al general de división Guillermo Galván Galván; como secretario de la Marina al almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza; como procurador general de la República a Eduardo Medina Mora; y como secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna. La noticia calló como balde de agua fría para los militares que habían entregado pruebas a Juan Camilo Mouriño.
García Luna no sólo fue designado secretario, sino que también se le permitió llegar con todo su equipo, muchos de los que aparecían en las fotografías y transcripciones. Con lo que no contaban los generales es que dinero mata honorabilidad. Cuando menos ante los ojos de este gobierno, y el hombre del dinero fue quien apadrinó la llegada de García Luna al gabinete.
Antes de que Calderón terminara de designar a quienes serían secretarios de Estado se llevaría a cabo una reunión entre Carlos Slim Helú, Lorenzo Servitje, Lorenzo Zambrano y Fernando Senderos, entre otros empresarios, con Juan Camilo Mouriño.
En lugar de Zambrano llegó Jorge Tello Peón, subsecretario de Seguridad Pública a inicios del sexenio de Vicente Fox. Durante su cargo se fugó Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, justo unas horas después de que hiciera una visita al penal. Días después de la fuga presentó su renuncia por motivos personales. Práctica-mente desde entonces es responsable de la seguridad del grupo Cemex y de su dueño, Lorenzo Zambrano.
El segundo hombre más rico del mundo tampoco fue; mandó a su sobrino Héctor Slim Seade, quien ya para entonces era el nuevo director general de Telmex. Amigo íntimo de García Luna, Héctor apareció en la reunión acompañando a Tello Peón.
Tello Peón dijo que él no podía aceptar la invitación a ser secretario de Seguridad Pública por cuestiones de salud, pero en su lugar recomendó a su pupilo García, quien esa noche tuvo oportunidad, con su cortísimo léxico, de convencer a los empresarios. El apoyo de los Slim fue crucial. Lo sigue siendo ahora.
Felipe Calderón y el país han pagado las consecuencias de esa decisión a un muy alto costo. Con todas las pruebas que existen hoy contra García Luna y su equipo, a Servitje y Senderos no se les quita el mal sabor de boca de haber sido engañados esa noche. No, García no era el súper policía que dijeron que era.
Desde el inicio del sexenio, la relación entre el Ejército Mexicano y la SSP fue mala. Entre las dos entidades había una muralla infranqueable de desconfianza e incomprensión. A las dos semanas de haber tomado posesión, el 11 de diciembre de 2006, Calderón anunció el inicio de su supuesta "guerra" contra el narcotráfico.
La primera acción fue la llamada Operación Conjunta Michoacán. El estado de donde es originario Calderón se convirtió en 2006 en uno de los más violentos. Se habían efectuado más de 500 ejecuciones, incluidas 13 decapitaciones. (...)
El secretario de la Defensa Nacional apenas cruza palabra con García Luna, quien ha sido el artífice hasta ahora de la estrategia de la lucha contra el narcotráfico, convirtiendo a la Sedena en una reticente dama de compañía.
Hoy García Luna tiene el control de la AFI, de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de las Fuerzas Federales de Apoyo (FFA) y va por más. Con su propuesta de policía única quiere ser él quien designe a los secretarios de Seguridad Pública de cada estado y de cada municipio. Y quiere el control de la Policía Fiscal y la Migratoria. Quiere todo. Los militares, con las pruebas que tienen en su poder, están molestos no sólo por la voracidad de García Luna, sino por la permisividad de Los Pinos. Será por eso que al grupo que controla a la SSP comienzan a llamarle "el megacártel".
A tan sólo 100 días de gobierno, el presidente Calderón comenzó a lidiar con dos guerras: la de afuera y la de adentro. Las hondas diferencias entre la Sedena y la SSP se hicieron sentir desde el inicio. Conforme pasaron los días aumentaron las diferencias y desconfianzas entre las dos entidades, hasta ahora ejes principales de la no estrategia contra la delincuencia. En las altas esferas militares se habla de que la desconfianza de la Sedena hacia el secretario de Seguridad y sus colaboradores cercanos no sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado considerablemente.
En el campo de batalla, el Ejército tampoco se siente a gusto con el desgaste que comenzaron a sentir en su indefinido papel en la lucha contra el narcotráfico. Participan en estrategias en las que no tienen mucha injerencia. De hecho, la batuta la lleva García Luna, apoyado hasta ahora por el presidente Calderón.
Desde el inicio del sexenio, García Luna propuso la creación de una policía única para todo el país que tuviera las funciones no sólo de prevención, sino también de combate e incluso investigación de delitos. La Sedena nunca ha estado de acuerdo en la nueva policía nacional concentrada en manos de un solo hombre. Mucho menos si ese hombre se llama Genaro García Luna. Tampoco están de acuerdo algunos gobernadores, como el de Sonora, Eduardo Bours; la perredista Amalia García, de Zacatecas; Enrique Peña Nieto, del Estado de México, y Natividad González Parás, de Nuevo León. (...)
En el marco de esas primeras disputas a mediados de 2007 se comenzó a filtrar la existencia de "la lista de Osiel", en la que presuntamente el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén, del cártel del Golfo, habría dado los nombres de políticos y servidores públicos involucrados con el narco. Ello empeoró la ya de por sí descompuesta relación entre la Sedena y la SSP. Pasaron de los desencuentros al pleito frontal. Literalmente los elementos del Ejército y la SSP sienten que están durmiendo con el enemigo mientras el narcotráfico sigue tomando fuerza en el territorio nacional. Hay menos detenidos que en años anteriores y las ejecuciones en la calle siguen a la orden del día. (...)
Fuentes militares de la PGR y la DEA me confirmaron la existencia de dicha lista, la cual estaría en manos del FBI. En la llamada "lista de Osiel" aparecen los nombres de un exgobernador y dos gobernadores, todos de extracción priista, de la frontera norte. Cabe señalar que el hermano de uno de los gobernado-res en activo aparece en las investigaciones que realiza la PGR en torno a la presencia de la esposa de Osiel Cárdenas Guillén en el fraccionamiento Country La Silla, en Monterrey, Nuevo León. Se señala que también está el exgobernador de Oaxaca José Murat, y el actual mandatario del estado, Ulises Ruiz. (...)
En la supuesta "lista de Osiel" también salió a relucir el nombre de Nicolás Suárez Valenzuela, coordinador general de Inteligencia para la Prevención del Delito de la PFP de diciembre de 2000 a mayo de 2005. El día de la fuga de El Chapo Guzmán, Suárez Valenzuela acompañó a Tello Peón en una visita al penal antes de que el narcotraficante del cártel de Sinaloa se fugara. Por cierto, otro de los funcionarios de la SSP que el día de la fuga visitó Puente Grande fue Humberto Martínez González, entonces director general de Servicios Técnicos de la PFP, otro de los viejos maestros de García Luna. Actualmente es director general de Apoyo Técnico de la PFP.
En la lista también aparecen otros tres nombres clave en el equipo de García Luna: Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Investigación Policial en la AFI y actual coordinador general de Inteligencia para la Prevención del Delito; Javier Garza Palacios, exdirector general de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Investigación, actualmente agregado de la Embajada de México en Colombia, y Armando Espinosa de Benito, exdirector de Crimen Organizado de la AFI.
En diciembre de 2005, durante la gestión de García Luna al frente de la AFI, el periódico The Dallas Morning News dio a conocer un video en el que presuntos elementos de la agencia torturan a integrantes del brazo armado del cártel del Golfo, y revelan la presumible protección de la dependencia al Chapo Guzmán. (...)
Cabe señalar que el Ejército Mexicano no fue el único en vetar a García Luna. También la Conferencia del Episcopado Mexicano encabezada por Carlos Aguiar Retes.
-Yo quisiera creer que esta lucha que está dando el presidente en contra del crimen organizado es sincera. Quisiera creer, pero cada vez me cuesta más trabajo por la serie de denuncias que le han hecho al presidente -señala en entrevista José Antonio Ortega.
"Como la que hizo la Iglesia católica por conducto de la conferencia episcopal; eso me lo dijo a mí don Carlos Aguiar, quien le había denunciado las corruptelas de Genaro García Luna, no me dijo cuáles, y que tuvo que pagar un costo político por su denuncia."
-¿Cuándo ocurrió la denuncia de Aguiar?
-No sé cuándo, me lo platicó cuando fui a desayunar con él. Le hablé de mi entrevista con el general secretario Guillermo Galván Galván, y le comenté lo de Genaro García Luna. El secretario de la Defensa me dijo que él tenía más información del involucramiento de Genaro García Luna con el crimen organizado, que siguiera adelante, que tuviera valor, y me alentó para que se lo dijera al presidente. Entonces, en ese momento, don Carlos Aguiar se rió y dijo: "Yo ya se lo dije y tuve que pagar un costo político".
El nombramiento de Genaro García Luna no sólo no fue bienvenido por el Ejército y la Iglesia, sino por los narcotraficantes rivales del cártel de Sinaloa.
Historia de una guerra
(...) En la carta enviada por Los Zetas (a un alto funcionario del gobierno federal) se afirma que el año pasado se dio una alianza entre Carrillo Fuentes y ese grupo armado. A principios de 2008, los brazos de esa alianza se extendieron hasta los poderosos y sanguinarios hermanos Beltrán Leyva por una traición.
En enero de 2008 llegó al penal de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco, un nuevo huésped, Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, detenido el 26 de ese mes por el Ejército Mexicano y la PGR sin un solo disparo, en Culiacán, Sinaloa. Con el traje color caqui de uso reglamentario, la barba recién rasurada, el casquete corto y la tez medio lívida, El Mochomo lucía harto distinto. El hombre responsable de repartir los sobornos entre servidores públicos federa-les, estatales y municipales durante el sexenio de Vicente Fox estaba muy molesto. Y su hermano Arturo Beltrán Leyva mucho más.
Se afirma que el día que El Mochomo fue detenido no iba armado hasta los dientes, como suele hacerlo, porque no se dirigía a hacer la guerra sino el amor; iba a encontrarse con una de sus parejas sentimentales. Muy pocos sabían dónde se iba a encontrar con ella, y que no estaría preparado para un enfrentamiento, mucho menos para su detención. La única explicación a la repentina detención que tenían los Beltrán Leyva era una traición por parte de sus socios y de las autoridades a quienes pagaban protección. Contrario a lo que la Procuraduría General de la República dijo, la caída de Alfredo Beltrán Leyva, más que debilitar, fortaleció al Chapo Guzmán, el primer beneficiario de su detención.
De acuerdo con información interna de la PGR, Marcos Arturo Beltrán Leyva y sus hermanos: Alfredo, Héctor, Mario y Carlos formaban parte de la Federación; que los Beltrán hayan pertenecido a ella bajo ninguna circunstancia los convierte en miembros del mismo cártel, señalan los expertos en el tema; eran más bien socios circunstanciales.
Juntos eran muy poderosos, invencibles, máxime si contaban con el presunto respaldo del gobierno federal. Los Beltrán Leyva fueron escalando posiciones dentro de la Federación hasta estar en un nivel superior que Guzmán Loera, lo cual comenzó a provocar recelos por parte del Chapo.
Su ascenso, afirman las fuentes consultadas, se debió a que lograron establecer un vínculo directo con la Presidencia de la República, encabezada por Vicente Fox. En el sexenio pasado Nahum Acosta, el coordinador de giras presidenciales, fue encarcelado, acusado de dar información privilegiada a los Beltrán Leyva. Eso significó que el Chapo Guzmán ya no era el único vehículo de acercamiento de los capos con el gobierno foxista, como lo fue desde su fuga. (...)
En la guerra entre los capos, en las narcomantas que cuelgan en las sedes de sus batallas, ha habido acusaciones directas al gobierno federal de proteger al cártel de Sinaloa, acusaciones que llegan hasta el propio presidente Felipe Calderón. En los círculos militares hay una gran preocupación. Presumen que Genaro García Luna y su equipo siguen protegiendo al cártel de Sinaloa y esto puede ser entendido por los capos del otro bando como una protección del Estado a ese grupo. Sus embestidas podrían comenzar a focalizarse contra el propio gobierno federal por-que creen que es un "actor" más en la guerra, no combatiendo al narcotráfico de manera objetiva sino parcial, como un aliado del grupo contrario.
A lo largo de 2008 ha habido una serie de informaciones que hacen pensar que por parte del cártel del Golfo y sus aliados podrían existir atentados contra altos funcionarios del gobierno federal.
"El guionista"
Quienes conocen a Genaro García Luna lo describen como un hombre soberbio, intolerante e impulsivo que a lo largo de los años, como ejemplo de uno de los productos más acabados del viejo sistema priista, conoce el inestimable valor del autocontrol, la discreción, la simulación y el arte de estar en el momento indicado a la hora indicada. Es muy eficiente en cuestiones de inteligencia y espionaje. La gran pregunta es para quién está en servicio su talento.
Parece un hombre razonable, firme pero calmado. Sin embargo, cuando se sale de sus casillas es totalmente irascible, grita, levanta la voz, se le enciende el rostro y se atropella más. Cuando está así suele tomar decisiones equivocadas. Genaro García Luna no es el mejor policía que existe, pero sin duda es un gran guionista y un auténtico director de escena experto en recrear historias, hacer montajes y crear escenarios para cada ocasión, dependiendo del público que lo esté observando. Lo hace igual en su vida privada que en su actuar público.
En el aspecto privado García Luna es muy reservado, pocos entran en su círculo íntimo porque en el fondo es un hombre inseguro. Tiene un severo problema para articular ideas. Es tartamudo y cuando logra conectar palabras es prácticamente imposible entender lo que dice porque las arrastra. Por eso en sus comparecencias públicas luce nervioso, suda. Y en las conversaciones privadas trata de evitar lo más posible sostener una conversación. Está casado con una mujer a quien se describe como una persona sencilla. Tienen dos hijos: Genaro y Luna.
Una de las pasiones de Genaro son los autos, gusto que compartía con su excolaborador Igor Labastida Calderón, asesinado el 26 de junio pasado. Oficialmente, según su declaración patrimonial, posee una Land Rover Discovery modelo 2004, con un valor de 617 mil pesos, y dos Mustang clásicos 1966 y 1970.
Vivió su juventud en la calle de Herón número 6, colonia Primero de Mayo, en la delegación Venustiano Carranza, una colonia popular del Distrito Federal, por la que atraviesa el Eje 2 Norte.
Actualmente García Luna vive en una residencia nueva en la exclusiva colonia de Jardines de la Montaña, al sur de la capital, en donde, según la información de corredores de bienes raíces, una casa con las características de la de Genaro no cuesta menos de 700 mil dólares. Se trata de una casa blanca y portón verde, de dos y medio niveles, un garage para cuatro automóviles y un sótano en la planta baja. Lo que más llama la atención es quizá el techo de vidrio en forma de triángulo que corona la entrada principal de la residencia.
El 31 de marzo de 2007, García Luna recibió en mangas de camisa a sus colaboradores más cercanos en una comida familiar. Sólo estaban los integrantes de su equipo y el secretario de Seguridad Pública del DF, Joel Ortega. Hubo taquitos, cerveza y tequila.
La casa donde vive no está registrada en ninguna de sus declaraciones patrimoniales de los últimos cinco años. En mayo de 2008 declaró ser propietario de dos casas compradas a crédito, una de 862 mil 800 pesos, y otra de 2 millones 350 mil pesos. Por el valor registrado se deduce que no es la casa en la que vive en Jardines de la Montaña.
Además posee una extensa propiedad en Cuautla, Morelos -de reciente adquisición-, en donde suele pasar los fines de semana. Aunque muchos de los miembros de su equipo se dejan ver con joyas y hacen públicas propiedades lujosas, García Luna se maneja con bajo perfil.
El secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón es capaz de invertir tiempo y dinero con tal de encontrar minuciosamente el esquema en el que salga mejor librado, tanto en su vida personal como profesional. Por ejemplo, consciente de su problema para expresar sus ideas, lo cual hacía que sus reuniones sociales fueran muy difíciles de sobrellevar, creó un set en el sótano de Jardines de la Montaña, para evitar tener que hablar.
Convirtió su sótano en un video bar, cuyas paredes llenas de pantallas, potentes bocinas y luces multicolores hacen imposible el diálogo. Así los invitados no tienen que lidiar con la pésima dicción del anfitrión y su escasa elocuencia, ni tampoco hay oportunidad para que reparen mucho en ello. En diciembre de 2007 organizó una reunión con sus hombres más cercanos. El disc jockey de la tarde fue el propio Genaro García Luna, quien escondido detrás de la consola de sonido se libró de tener que entablar conversación.
Creó un peculiar ambiente para los asistentes a la reunión. Puso música y videos acordes con las edades de sus invitados y con las distintas modas musicales que han vivido. Tras la ruidosa consola, el único diálogo que García Luna entablaba con los asistentes era nest, monosílabo que anunciaba un nuevo video y una nueva canción. Cuando alguno de sus invitados se preparaba para marcharse, el secretario de Seguridad Pública lo detenía poniéndole una música o un video especial para él.
En las cuestiones de trabajo, también es muy bueno para montar escenarios. En más de una ocasión se percibió que ejecutaba operativos de rescate de secuestrados justo en momentos clave, como la muerte del secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta.
Curiosamente ese mismo día, 21 de septiem-bre de 2005, como por arte de magia después de dos meses de secuestro, sus elementos rescataron al entrenador del Cruz Azul, Rubén Omar Romano.
Cómo olvidar el caso de la francesa Florence Cassez, acusada de pertenecer a una banda de secuestradores. En febrero de 2006, García Luna y el entonces subprocurador de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, tuvieron que reconocer públicamente que las impactantes escenas de la aprehensión de dicha banda fueron fabrica-das para los noticiarios televisivos. A raíz de ello se habló de que el rescate de Rubén Omar Romano, que fue transmitido en televisión el día de la muerte de Martín Huerta, se habría dado en circunstancias iguales.
El Guionista ha sabido hacerse querer. Se afirma que con la exprimera dama Marta Sahagún llegó a tener una muy buena relación, era uno de sus "consentidos". Así mismo cuando el exprocurador general de la República Rafael Macedo de la Concha regresó de haber sido enviado como agregado militar en la Embajada de México en Italia, García Luna le organizó la fiesta de bienvenida.
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Vínculos GarcíaLuna- "El Mayo"
RICARDO RAVELO
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, considerado intocable y "funcionario consentido" de Felipe Calderón, ha mantenido en su círculo más cercano a numerosos funcionarios acusados de tener vínculos con el narcotráfico, en particular con El Mayo Zambada. Una investigación realizada por agentes inconformes con la unificación policiaca asegura -en una carta enviada al Congreso de la Unión y de la cual Proceso obtuvo copia- que en octubre pasado numerosos hombres armados interceptaron al funcionario en carretera y desarmaron a los miembros de su escolta mientras un alto capo le advertía: "Este es el primero y último aviso para que sepas que sí podemos llegar a ti si no cumples con lo pactado...". El documento agrega que, entonces, el funcionario se retiró del lugar durante cuatro horas para negociar con el capo...
Con sus poderosos tentáculos y su habilidad para corromper policías e infiltrarse en las instituciones responsables de combatir el narcotráfico -incluida la Secretaría de la Defensa Nacional-, Ismael Zambada García, El Mayo, cuenta con amplios controles dentro de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que encabeza Genaro García Luna, cuyos principales colaboradores -algunos de ellos actualmente arraigados- son acusados de hallarse al servicio del personaje al que hoy se considera jefe máximo del cártel de Sinaloa.
Dueño de fincas y haciendas, intocable en Sinaloa -su feudo-, Zambada García dispone de amplias redes de complicidades en las áreas más importantes de la PGR, como la SIEDO, y en la SSP, donde varios funcionarios de primer nivel son investigados por servir al capo que, siguiendo el ejemplo de Amado Carrillo -del que por varios años fue socio-, transformó su rostro con una cirugía plástica.
También intocable y considerado como "el funcionario consentido" del presidente Felipe Calderón, García Luna no parece escapar de las redes tendidas en la SSP tanto por Zambada García como por los hermanos Beltrán Leyva, estos últimos separados del cártel de Sinaloa tras la ruptura derivada de la aprehensión de Alfredo Beltrán, El Mochomo, en enero pasado.
Así lo establece una investigación sobre los presuntos vínculos entre García Luna y las células de Zambada García y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, realizada por policías inconformes con el proyecto de unificación de las corporaciones federales.
En una indagación de campo, reforzada con antecedentes y revelaciones que supuestamente hizo la propia escolta de García Luna, los agentes policiacos reconstruyeron un episodio ocurrido el 19 de octubre pasado en el estado de Morelos, el cual narran en una carta enviada a las cámaras de Diputados y de Senadores con el fin de exhibir, según dicen, lo peligroso que significa otorgarle mayor poder a la SSP, pues buena parte de sus altos mandos policiacos, afirman, están al servicio del narcotráfico.
El documento detalla:
...El pasado 19 de octubre del año en curso (...) el actual secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna y su escolta, integrada por aproximadamente 27 elementos, (...) en la carretera Cuernavaca a Tepoztlán fue interceptado o citado por alto capo de las drogas que se acompañaba de un indeterminado número de pistoleros o sicarios en aproximadamente 10 vehículos Suburban blindados, sin que la escolta del funcionario en mención hiciera nada por protegerlo, al parecer por una orden verbal de éste (García Luna).
La misiva que hoy se encuentra en manos de los legisladores -y una copia de la cual fue entregada a Proceso- agrega que los miembros de la escolta de García Luna, por órdenes "del alto capo de las drogas", fueron despojados de sus armas y permanecieron con los ojos vendados durante "aproximadamente cuatro horas".
Los agentes que conocieron el hecho, y cuyos nombres se omiten por temor a represalias, sostienen en el documento que aquella voz "del alto capo" le dijo a García Luna:
Este es el primero y último aviso para que sepas que sí podemos llegar a ti si no cumples con lo pactado.
Asegura el escrito que, después de esas palabras del capo, García Luna se retiró "abandonando a sus escoltas a su suerte, sin saber la dirección que tomó y lo que hizo durante esas cuatro largas horas, tiempo en que pudo entrevistarse en un lugar más cómodo y distinto al que fueron los supuestos hechos".
Y, en otro punto, la carta señala:
No debe pasar desapercibido que el secretario funcionario en cuestión es un experto actor del engaño, pues debe recordarse que en fechas pasadas elaboró un circo en torno a un secuestro en el que estuvo supuestamente involucrada una mujer francesa en el poblado del Ajusco, D.F., donde citó a un medio televisivo de comunicación masiva, y (...) pudo manipular a toda su escolta haciéndoles creer que lo sucedido fue un amedrentamiento (levantón) por parte de algún capo de la droga, y lo que en realidad sucedió fue una cita concertada con ese supuesto capo.
De acuerdo con las investigaciones que realiza la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), buena parte de los funcionarios más cercanos a García Luna parecen contaminados por el narcotráfico, pues desde el sexenio de Vicente Fox, y de manera más acusada en la actual administración, han surgido evidencias de que la SSP es una de las instituciones más infiltradas por el cártel de Sinaloa y otras bandas delictivas.
Por ejemplo, Édgar Enrique Bayardo del Villar, exinspector adscrito a la Sección de Operaciones de la Policía Federal Preventiva, fue puesto a disposición de la SIEDO por servir, presuntamente, a Zambada García. Cercano a García Luna, con un sueldo no mayor a los 26 mil pesos mensuales, Enrique Bayardo pasó de la pobreza a una prosperidad fulgurante.
Conforme a la investigación de los hechos, donde también aparecen implicados los agentes de la PFP Jorge Cruz Méndez y Fidel Hernández, Bayardo del Villar posee hoy dos residencias con un valor conjunto cercano a los 9 millones de pesos.
De un día para otro, rompió la estrechez de sus limitaciones económicas y se compró automóviles BMW, Mercedes Benz y una Cherokee blindada. Se gastó 12 millones de pesos en estas adquisiciones y, al igual que sus residencias, las pagó de contado.
Otra pieza de esta red que presuntamente se halla al servicio de los hermanos Jesús e Ismael El Mayo Zambada -dentro del primer círculo de confianza de Genaro García Luna- es Gerardo Garay Cadena, excomisionado de la PFP, quien el pasado 1 de noviembre renunció a su cargo para ponerse voluntariamente "a disposición de las autoridades", aunque de inmediato fue arraigado por la SIEDO.
Dentro de las pesquisas, los reflectores se enderezan también hacia otros funcionarios ligados a Garay Cadena. Uno de ellos es Francisco Navarro, jefe de Operaciones Especiales de la SSP, con amplios controles en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, reconocido como uno de los mayores centros de operaciones de entrada de droga y salida de dinero del narcotráfico.
Dentro de este grupo que, según la PGR, brindaba protección a El Mayo Zambada, aparece igualmente Luis Cárdenas Palominos, "el brazo derecho" de García Luna, quien no fue arraigado pero sigue siendo citado a declarar a la SIEDO. Otros altos mandos de la SSP y de la PFP bajo arraigo son los agentes Jorge Cruz Méndez y Fidel Hernández García.
En la denuncia entregada al Congreso de la Unión, en particular a las comisiones de Seguridad y Justicia -donde se impulsa el proyecto de unificar a las policías federales que, según se afirma, quedará resuelto este año-, los agentes de la AFI aseguran que García Luna está incorporando a la PFP y a la SSP personal con antecedentes penales y vínculos con el crimen organizado.
En la mayoría de los casos, dicen, se advierte inexperiencia e improvisación en tareas de investigación sobre las actividades del crimen organizado que, de acuerdo con Edgardo Buscaglia, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), abarca 25 tipos de delitos, como el narcotráfico, el contrabando, el secuestro y la trata de personas.
En su denuncia, los agentes abordan también la corrupción y el desorden que privan en la dependencia que controla García Luna. Dicen que el personal convocado para abandonar la AFI e incorporarse a la Policía Federal no había cumplido cuatro años en sus cargos policiacos y que se dio prioridad a recomendados e incondicionales, así como a "amistades y amantes de altos funcionarios".
Varias de las denuncias y advertencias de los agentes pueden confirmarse inclusive en los hechos más recientes. Por ejemplo, dos días después de la renuncia de Gerardo Garay, el 3 de noviembre, García Luna nombró como comisionado interino de la PFP a Rodrigo Esparza Cisterna, cuya historia es tan larga como turbia.
En 1993, cuando Rodrigo Esparza era delegado de la PGR en Sinaloa, brotaron los primeros rebullicios por su presunta relación con Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, entonces acérrimo rival de los hermanos Arellano Félix, jefes del cártel de Tijuana.
De acuerdo con el oficio DGPDSC/UEA/1938/2005, fechado el 12 de agosto de 2005, obtenido mediante una solicitud informativa al Instituto Federal de Acceso a la Información (folio 0001700181305), Esparza fue acusado de actuar contra la administración de la justicia.
Dicha imputación quedó registrada en el proceso penal 159/93, derivado de la averiguación previa 3423/93. El 28 de junio de 1993 fue aceptada la competencia planteada por el juez tercero de Distrito del Ramo Penal del Distrito Federal, y luego se le dictó auto de formal prisión.
Mediante añagazas jurídicas, el auto de formal prisión fue revocado el 23 de agosto de 1993, de modo que, en menos de tres meses, Esparza vio sepultado su expediente con el sobreseimiento de su caso. No obstante estos antecedentes, ahora Rodrigo Esparza es el brazo derecho de García Luna en la PFP.
Un retrato del poder
El Mayo Zambada era regordete y mofletudo, pero un día Vicente y Amado Carrillo, quienes se sometieron a cirugías plásticas en la clínica Santa Mónica de la Ciudad de México -el nosocomio donde falleció Amado Carrillo en 1997-, le sugirieron cambiar su fisonomía y aceptó.
Zambada bajó entonces de peso y se redujo las mejillas, con lo que su rostro se volvió rígido y un poco alargado por el estiramiento facial. Cuando José Luis Santiago Vasconcelos era titular de la SIEDO, agentes federales tuvieron acceso, durante un cateo en una de sus múltiples propiedades, a una fotografía donde Zambada García luce rejuvenecido y esbelto. La foto se guardó en los archivos relacionados con el cártel de Juárez, organización a la que pertenecía El Mayo.
Intocable por décadas, Ismael Zambada ha mostrado su poderío y su capacidad de infiltrarse crecientemente en las instituciones durante los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón: más de 35 agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la SIEDO eran sus empleados, y cada uno recibía entre 350 y 400 mil dólares mensuales por filtrarle información sobre expedientes consignados y averiguaciones previas en curso contra miembros de su organización.
Ya en el gobierno de Vicente Fox, el cártel de Sinaloa llegó hasta la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde a través de Arturo González Hernández, El Chaky, fueron cooptados varios altos mandos del Ejército que operaban los sistemas de telecomunicaciones y le avisaban con antelación qué días y horas se realizarían operativos militares.
Además, El Mayo Zambada tenía el control de la policía de Sinaloa, y altos jefes militares cuidaban su integridad física y sus negocios. La impunidad y su poder eran de tal magnitud que, en diciembre de 2005, en el rancho El Mezquite, se organizó una posada amenizada por la banda Ilusión. A la fiesta llegó Zambada García. Corrieron ríos de alcohol, se distribuyeron fuertes dosis de cocaína y se lanzaron disparos al aire.
Esto atrajo la atención de un sector del Ejército Mexicano afincado en Sinaloa que solicitó una orden de cateo para entrar al rancho. Debido a que, inusualmente, esa orden tardó horas en obsequiarse, Zambada García tuvo tiempo de abandonar el sitio protegido por policías e irse tranquilamente a su escondite, una amurallada fortaleza cuyos accesos y veredas están permanentemente vigiladas por su gente.
En mayo de 2007, la Oficina para el Control de Propiedades Extranjeras del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que seis empresas y 12 personas en México son parte de la red financiera de Ismael El Mayo Zambada.
El reporte estadunidense indica que la exesposa de Zambada, Rosario Niebla Cardoza, así como sus cuatro hijas -María Teresa, Miriam Patricia, Mónica del Rosario y Modesta Zambada Niebla-, juegan un papel clave en los negocios sucios de El Mayo, pues cumplen una función "clave en la propiedad y control de las empresas" del capo.
Tras la ruptura entre los hermanos Beltrán Leyva y El Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa -quizá en su momento de esplendor la empresa criminal más poderosa de América Latina- sufrió una merma en su poder, pero no está abatido.
Según datos de la SSP y de la PGR, los Beltrán alargaron sus tentáculos: penetraron en la SIEDO, en la PGR y en buena parte de las comandancias regionales del Ejército, además de aliarse con Los Zetas y con el cártel de Juárez, cuyo jefe actual es Vicente Carrillo, El Viceroy.
Zambada García y Joaquín Guzmán mantienen la unidad, y a ese grupo están sumados Ignacio Nacho Coronel y los hermanos Cázares Salazar.
Este clan de las drogas sufrió una baja reciente: apenas el pasado 17 de octubre fue detenido en la Ciudad de México Jesús Zambada García, El Rey, hermano de El Mayo que tenía fama de ser discreto.
Hasta el año 2007, Jesús Zambada no estaba considerado como un capo de estatura mayor ni por los organismos de inteligencia de Estados Unidos, pero tras su captura el procurador Eduardo Medina Mora lo calificó como una de las cabezas más importantes en la red de lavado de dinero de El Mayo Zambada.
Otro hecho aludió al verdadero poder de El Rey Zambada: En Culiacán, Sinaloa, fue colocada una manta cerca del Congreso estatal que derrumbó la tesis de que Jesús Zambada García era un operador menor. La leyenda decía:
Chapo Guzmán, matan a tu hijo y sigues siendo amigo de los asesinos. No tienes vergüenza, cómo te ha cambiado Nachito Coronel, te mangonea a su antojo y todo porque te mantenga. Inteligente El Rey Zambada: ustedes matando municipales, estatales y ministeriales, y él bajando efedrina y cocaína en el aeropuerto de la Ciudad de México.
En octubre -mes en el que supuestamente fue interceptado en Morelos García Luna, según la denuncia de los agentes-, arreciaron los golpes contra la estructura de El Mayo Zambada. Fueron cateados por policías federales los ranchos Quinta La Paloma y Los Alpes, localizados en Acaxochitlán, Hidalgo. La propiedad de las instalaciones fue atribuida por la SIEDO a El Rey Zambada.
A El Mayo Zambada le habían asestado el 18 de septiembre un golpe financiero con el decomiso de 26 millones de dólares, dinero que tenía guardado en una casa de seguridad y perfectamente acomodado en cajas de huevo.
A pesar de los golpes recibidos por el cártel de Sinaloa y no obstante la división que sufrió con la separación de los hermanos Beltrán, la organización sigue boyante en el tráfico de drogas: controla puertos y aeropuertos, y mantiene aliados en altos niveles de la SSP que, según la misiva enviada por los policías federales al Congreso, "están obligados a cumplir con los acuerdos pactados".
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Aquel carpetazo...
ALEJANDRO GUTIéRREZ
Ante la sospecha de que el desastre aéreo en que murió Ramón Martín Huerta, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), fue un sabotaje del crimen organizado, su hermano José de Jesús Martín Huerta solicitó inútilmente coadyuvar en las investigaciones de la PGR.
Y no sólo fracasó en su intento, sino que recibió "presiones e intimidación" de Luis Felipe Castro Sánchez, secretario particular de su hermano en la Subsecretaría de Gobernación y en la SSP, además de que se le impidió el acceso al expediente y a los peritajes por órdenes del compadre de Ramón, el entonces procurador Daniel Cabeza de Vaca, actual
subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Las sospechas de José de Jesús se fortalecieron cuando, el 18 de octubre de ese mismo año, Cabeza de Vaca dio por concluidos los peritajes y reiteró que fue un accidente, la misma versión difundida por el gobierno a las pocas horas de ocurrido el siniestro.
El abogado José Antonio Ortega Sánchez, representante legal de José de Jesús Martín Huerta, refiere lo anterior en entrevista con Proceso y advierte:
"Este antecedente del desafortunado manejo de la crisis provocada por la muerte de Ramón Martín Huerta y sus acompañantes exige llegar a la verdad en las causas del desplome del avión en el que murieron el secretario Juan Camilo Mouriño, el exsubprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, sus colaboradores y algunos ciudadanos."
En la entrevista, realizada el miércoles 5, el abogado José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Social, recuerda que este semanario (edición 1512) destacó la premura con que el titular de la PGR insistía en que lo ocurrido el 21 de septiembre de 2005 fue "accidente", pese a que aún estaban en curso las investigaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, así como el hecho de que el caso fue reservado, durante 10 años, por razones de seguridad nacional.
Salvador María Lizana Paulín, entonces presidente del Colegio de Pilotos, advertía que "un dictamen serio" requiere meses de investigación y debe ser resultado de la información y opinión de varios grupos de trabajo, al igual que de peritajes de los motores de la aeronave colapsada, que en ese caso tenían escasas dos semanas de haber sido enviados a Estados Unidos, donde se fabricó el helicóptero.
A las 10:25 horas del 21 de septiembre de 2005, el secretario de la SSP federal abordó en el Campo Marte un helicóptero Bell 412, matrícula XCPF1, de la Policía Federal Preventiva (PFP), para viajar rumbo al penal de La Palma, en un trayecto que duraría 35 o 40 minutos.
Al exgobernador de Guanajuato lo acompañaban el comisionado de la PFP, general Tomás Valencia Ángeles; el tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Antonio Bernal; cuatro colaboradores más; el piloto Habacuc de León Galicia y el copiloto Rafael Esquivel Arreguín.
La aeronave nunca llegó al penal de máxima seguridad, desde meses atrás convulsionado por los cárteles de la droga, en particular el del Golfo, encabezado por Osiel Cárdenas Guillén. El secretario iba al acto de inicio del funcionamiento de la Fuerza de Seguridad Penitenciaria.
Tras 25 minutos de vuelo, el helicóptero se estrelló en la parte alta del cerro conocido como La Cima, localizado en San Miguel Mimiapan, municipio de Xonacatlán, Estado de México.
Una semana después, el 28 de septiembre, José de Jesús Martín Huerta envió al procurador Cabeza de Vaca un oficio donde le solicitó "en los términos del artículo 20 constitucional la coadyuvancia en la averiguación previa correspondiente".
A las 19:00 horas del día 30, José de Jesús recibió una llamada telefónica de Luis Felipe Castro Sánchez, secretario particular de Ramón Martín Huerta -primero en la Subsecretaría de Gobernación y luego en la SSP-, quien lo estuvo presionando durante 30 minutos para que se desistiera de la coadyuvancia.
"Le dijo, entre otras cosas, que sus abogados manipulaban la información del accidente de Ramón Martín Huerta para presionar otro asunto, y que teníamos malos antecedentes y vinculaciones criminales", relata al reportero Ortega Sánchez.
Luis Felipe Castro le manifestó a José de Jesús "que la coadyuvancia iba a afectar la salud de su madre y la tranquilidad de su familia. Le dijo, además, que el procurador (Cabeza de Vaca) estaba muy molesto con él por haber presentado la coadyuvancia y que (José de Jesús) tenía algunos negocios pendientes por resolver y se podían afectar", prosigue el abogado, y aclara:
"Esa acción del secretario particular de Ramón Martín Huerta fue para presionar, intimidar e impedir que José de Jesús pudiera ejercer un derecho que legalmente le correspondía."
Luego de la muerte de Ramón Martín Huerta, Castro Sánchez ocupó la dirección general de coordinación con instancias del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y durante el gobierno de Felipe Calderón es el titular de la Dirección del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE. En ambas responsabilidades ha estado bajo las órdenes de Miguel Ángel Yunes, quien fue subsecretario de SSP con Martín Huerta.
"Se ocultó toda la información"
En diciembre de 2005, el abogado José Antonio Ortega y el procurador Daniel Cabeza de Vaca realizaron un encuentro en la oficina que éste tenía en la Procuraduría General de la República (PGR), donde abordaron el tema de la coadyuvancia en la investigación de la tragedia del helicóptero de la PFP.
Ortega le hizo ver al procurador la conveniencia de la coadyuvancia, para "que yo aporte mi opinión, porque tú no conoces el asunto ni lo has leído; a ti te informan (los subalternos), y si el asunto está como tú dices, vas a quedar tranquilo tú y va a quedar tranquilo mi cliente".
-Me parece bien. Yo te tengo toda la confianza. Tu opinión me va a resultar buena. Consulta la averiguación en (la delegación de la PGR de) Toluca; habla con el delegado y él te la va a mostrar toda -le respondió el titular de PGR, según refiere Ortega.
-¿Así de fácil? -preguntó el abogado.
-Así de fácil, sólo avísale a mi secretario particular antes de que vayas a ir, para que te esperen y consultes lo que quieras -respondió el funcionario.
Pero, señala ahora el abogado, "nunca, jamás nos dieron acceso al expediente; nunca recibieron una sola de nuestras llamadas los colaboradores de Cabeza de Vaca. Fue un vil engaño. Fue una medida para distraer y se ocultó toda la información de manera celosa".
Considera que la muerte de Ramón Martín Huerta y sus acompañantes se dio en un contexto de descomposición en los penales federales de máxima seguridad, a causa de la corrupción auspiciada por los líderes del narcotráfico recluidos.
Pero también en medio de una serie de denuncias de colusión con el crimen organizado, como el ofrecimiento que recibieron los cárteles de la droga sobre "la venta de la (plaza) de la comandancia de la PFP en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en la cantidad de 3.5 millones de dólares", para apoyar sus operaciones delictivas.
El propio Consejo Nacional para la Seguridad Pública y la Justicia Social había presentado a la SSP, en febrero de 2005, una denuncia en el sentido de que una persona que dijo ser "cuñado del secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta", ofrecía la plaza de la PFP en el AICM (Proceso 1500).
Una investigación de la dependencia arrojó que dicho personaje no tenía parentesco con el titular de la SSP, pero nunca se actuó contra él aunque se sabía su identidad. Inclusive, las indagaciones revelaron que no sólo se vendía la plaza del AICM (a 5 millones de dólares, no a 3.5, como decía la denuncia), sino que también estaba en "venta" la misma plaza de la comandancia de la PFP en otros aeropuertos de los estados.
El caso pasó a manos de la PGR, indica Ortega, aun cuando nunca se actuó al respecto, y la muerte del titular de la SSP se produjo dos meses después de que se hizo pública la infiltración en los aeropuertos...
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La siguiente colaboración fue tomada del periódico La Jornada.
El tribunal de la impunidad
John M. Ackerman
Con la coronación de Jesús Ortega como presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha validado una vez más la creciente desconfianza social en nuestras autoridades electorales. Al dar un espaldarazo a la impunidad, los magistrados atizan la conflictividad política y envían a una parte importante de la izquierda de nuevo a las calles.
La elección para la presidencia del PRD fue a todas luces un cochinero. Aun los magistrados electorales aceptan que 22 por ciento de las casillas presentaron irregularidades suficientemente graves para ameritar su anulación, y a esta cifra habría que agregar otro 5 por ciento de casillas que ni siquiera fueron instaladas. Sin embargo, tal como lo hizo en la calificación de la elección presidencial de 2006, el tribunal declaró sin más que estas irregularidades no fueron “determinantes” en el resultado de la elección. Increíblemente, tomó esta decisión sin abrir un solo paquete electoral o realizar diligencias especializadas para averiguar hasta dónde las anomalías pudieron haber afectado el cómputo.
El tribunal consideró que la notoria presencia de casillas irregulares por sí misma no afectaba la certeza de la elección. Siguiendo esta lógica, también podría ser perfectamente válida una elección en la que se anularan 50, 70 u 80 por ciento de las casillas. Incluso, este tribunal muy probablemente llegaría a validar una elección con 99 por ciento de casillas impugnadas, siempre y cuando quedara un par de ellas no cuestionadas. Si continuamos por este camino, pronto podríamos encontrarnos ante el inverosímil escenario de tener un presidente de la República electo por un solo voto.
Esta laxitud de cara a evidentes ilegalidades implica un indudable retroceso en la historia de la justicia electoral en el país. Durante la época de oro del tribunal, los magistrados construyeron la tesis de la “nulidad abstracta” que sostuvo que era factible anular una elección cuando existieran violaciones a los principios constitucionales en materia electoral e inclusive en el caso de que las irregularidades no estuvieran contempladas explícitamente en la legislación como causales de nulidad. Anteponiendo una valiosa defensa del espíritu democrático, este argumento fue utilizado para anular las elecciones de Tabasco, entre otras.
Ahora, con los fallos de la elección presidencial de 2006 y del proceso interno del PRD, pareciera que el tribunal se encuentra construyendo una jurisprudencia exactamente inversa, que podríamos bautizar como la causal de la “validez abstracta”.
Tal tesis argumentaría que toda elección es válida, independientemente de que se acrediten graves violaciones a los principios constitucionales e incluso en el caso de que existan disposiciones legales que explícitamente exijan la anulación de una elección. Esta nueva tesis también justificaría la molicie y pasividad de la justicia electoral en la investigación y el esclarecimiento de los resultados.
Pero además de validar un cochinero, los magistrados también se impusieron a los más de un millón de militantes que emitieron su sufragio en la elección del PRD. Los integrantes del pleno del tribunal fácilmente pudieron haber devuelto el expediente a las instancias partidarias para que ahondaran en sus investigaciones y esclarecieran ellas mismas los cómputos. No obstante, desde un enfoque eminentemente paternalista, decidieron “darle certeza” al PRD y ser ellos los encargados de nombrar al máximo dirigente del partido. Tal exceso del TEPJF contrasta de manera sospechosa con su franca pasividad respecto de la investigación de las irregularidades y la posibilidad de un nuevo recuento de la votación.
Los magistrados también abdicaron a su responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Constitución al validar sin más la referencia a la “determinancia” incluida en el reglamento de elecciones del PRD. Un reglamento de un partido político nunca se puede colocar por encima de la Constitución y los principios rectores de certeza y legalidad. También habría que recordar que la nueva redacción del artículo 99 de la Carta Magna ya otorga al tribunal la atribución de inaplicar disposiciones legales que contradigan la Constitución.
Los magistrados no han dudado en ejercer este poder en otros casos, por ejemplo cuando validaron la candidatura de Jorge Hank Rhon en Baja California (aun antes de las reformas al artículo 99) o cuando defendieron la inmovilidad de los consejeros y magistrados electorales hace unos meses. La negativa a hacerlo en el caso del partido del sol azteca demuestra que las señoras y señores magistrados tienen un doble rasero.
Con este fallo, el TEPJFl apuesta políticamente a Jesús Ortega y de paso expide una licencia de impunidad a todos los partidos y actores políticos, a ser usada en las elecciones de 2009.
En el México de la impunidad y los negocios al amparo del poder todo es posible. Desde que el ratero Carlos Salinas de Gortari imponga gobernador en Nuevo León, hasta el que hombre más rico de América Latina, Carlos Slim se apropie de la mayor empresa mexicana: Pemex.
Desde hace meses la revista en línea Reporte Índigo a presentado semana a semana el perfil de quienes se adueñaron de la “seguridad” del país y a qué intereses sirven. Los grandes empresarios que impusieron al pelele Felipe Calderón Hinojosa en Los Pinos son lo que también colocaron a sus empleados en los puestos clave del espionaje y la “seguridad” nacionales.
La reciente caída del avión donde murieron Juan Camilo Mouriño, José Luis Santiago Vasconcelos y otras 12 personas más se inscribe dentro de la lucha por el control de la riqueza del país, de su usufructo y del reparto de las migajas entre los políticos del PAN, PRI y la Nueva Izquierda de Los Chuchos del PRD.
En las entregas –publicadas también en la revista Proceso- se reseñan y exhiben capítulos del libro más reciente de la periodista Anabel Hernández titulado: Los cómplices del presidente, donde señala los manejos turbios de dos de las insignias de usurpador –que en campaña política se hacía llamar el de las “manos limpias”- Calderón Hinojosa: Juan Camilo Mouriño y Genaro García Luna.
Las mismas describen como generales se reunieron con Mouriño antes de que el espurio designara a García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública federal, para informarles de que gente cercana a él tenían negocios con personajes del crimen organizado y narcotraficantes. También se denuncia que la mayoría de los contratos –70%- firmados por las empresas familiares del fallecido Mouriño habían sido firmado en los últimos dos años, es decir desde que el pelele Calderón Hinojosa asaltó Los Pinos.
En seguida los materiales al respecto publicados por la revista Proceso.
Desde hace meses la revista en línea Reporte Índigo a presentado semana a semana el perfil de quienes se adueñaron de la “seguridad” del país y a qué intereses sirven. Los grandes empresarios que impusieron al pelele Felipe Calderón Hinojosa en Los Pinos son lo que también colocaron a sus empleados en los puestos clave del espionaje y la “seguridad” nacionales.
La reciente caída del avión donde murieron Juan Camilo Mouriño, José Luis Santiago Vasconcelos y otras 12 personas más se inscribe dentro de la lucha por el control de la riqueza del país, de su usufructo y del reparto de las migajas entre los políticos del PAN, PRI y la Nueva Izquierda de Los Chuchos del PRD.
En las entregas –publicadas también en la revista Proceso- se reseñan y exhiben capítulos del libro más reciente de la periodista Anabel Hernández titulado: Los cómplices del presidente, donde señala los manejos turbios de dos de las insignias de usurpador –que en campaña política se hacía llamar el de las “manos limpias”- Calderón Hinojosa: Juan Camilo Mouriño y Genaro García Luna.
Las mismas describen como generales se reunieron con Mouriño antes de que el espurio designara a García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública federal, para informarles de que gente cercana a él tenían negocios con personajes del crimen organizado y narcotraficantes. También se denuncia que la mayoría de los contratos –70%- firmados por las empresas familiares del fallecido Mouriño habían sido firmado en los últimos dos años, es decir desde que el pelele Calderón Hinojosa asaltó Los Pinos.
En seguida los materiales al respecto publicados por la revista Proceso.
Intocable y solapado
ANABEL HERNáNDEZ
A pesar de los escándalos empresariales del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y de la desconfianza inicial del Ejército hacia el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el presidente Felipe Calderón los mantuvo como los hombres más influyentes en sus primeros dos años de gobierno. La violenta muerte de Mouriño, el martes 4, acabó con una tríada que se integró en 2006 con miras a ganar la Presidencia con recursos legales e ilegales. Autora de Fin de fiesta en Los Pinos y coautora de La familia presidencial. El gobierno del cambio bajo sospecha de corrupción, ambas obras dedicadas a exponer las tropelías de Vicente Fox y de Marta Sahagún y sus hijos, la periodista Anabel Hernández describe ahora, en Los cómplices del presidente, las maniobras tortuosas y corruptas de Mouriño y García Luna, en asociación con Calderón. Con autorización de la editorial Random House Mondadori y de la escritora, reproducimos fragmentos de los capítulos "Los 167 contratos de JC", que describe los negocios personales y familiares del que fue hombre preferido del actual presidente, y "El guionista", dedicado a García Luna y su equipo, presuntos responsables de abuso de poder y protección a narcotraficantes y secuestradores.
Anabel Hernández
Los generales
Faltaban unas semanas para el 1 de diciembre de 2006 y en el restaurante Sir Winston Churchill's de Polanco, algunos de los generales en activo más destacados de este país tuvieron un encuentro con Juan Camilo Mouriño, entonces coordinador general del fideicomiso para apoyar el cambio de administración del Ejecutivo federal.
Aún no estaba definido quién sería el secretario de la Defensa Nacional. En los primeros lugares de la lista estaban los genera-les de división Juan Alfredo Oropeza Garnica, Tomás Ángeles Dahuajare y Guillermo Galván Galván.
Felipe Calderón le había delegado a Juan Camilo depurar las listas de candidatos para integrar su gabinete y, aunque fue el pro-pio Felipe quien dio la última palabra, el visto bueno de Mouriño tenía peso y mucho. Varios candidatos a secretarios de Estado y subsecretarios tuvieron entrevistas con Iván en una casa ubicada en Lomas de Chapultepec, en una calle paralela a Paseo de la Reforma.
Pero esa noche el cónclave en el Churchill's tenía otro pro-pósito. Los hombres con insignias de águila y dos o tres estrellas se encontraban ahí reunidos con un motivo aún más importante: desenmascarar al entonces director de la Agencia Federal de Inves-tigación (AFI), Genaro García Luna, y a su equipo. Los mili-tares, que desconocían los antecedentes de la relación de García Luna con Calderón y Mouriño, estaban muy preocupados por la extrema cercanía del excoordinador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) con el equipo del presidente electo.
Durante todo el sexenio de Vicente Fox muchos generales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) escucharon un sin-número de rumores respecto a García Luna y su gente. Les preocupaba por supuesto la vertiente relacionada con la protección a secuestradores, pero mucho más la relacionada con la protección al cártel de Sinaloa. Para el delicado encuentro que iban a sostener con Mouriño iban bien pertrechados. Las áreas de inteligencia militares habían hecho su trabajo. Se afirma que le presentaron a Juan Camilo una serie de fotografías en las que aparecía el equipo cercano de García Luna -el que hoy controla a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)- acompañado de narco-traficantes del cártel de Sinaloa, entre ellos los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva.
También le habrían presentado la transcripción de llama-das telefónicas entre el grupo de García Luna y narcotraficantes mientras pactaban y cobraban. Su petición era que esa información llegara a las manos del presidente de la República. En esos días era insistente el rumor de que García Luna quedaría al frente del Cisen y que Jorge Tello Peón -uno de sus mentores- sería secretario de Seguridad Pública. Los generales querían prevenir a Calderón antes de tomar la decisión.
Su intención, según se explica, era no volver a tener que lidiar con el mismo grupo que durante el sexenio de Fox, para ellos, comprometió seriamente la independencia de la AFI -la policía ministerial responsable de la investigación de delitos y cumplimiento de órdenes de aprehensión- de los intereses del crimen organizado. ¿Qué haría si quedaba al frente del Cisen?
El 30 de noviembre de 2006, Calderón dio a conocer los nombres de quienes integrarían el gabinete de Seguridad de su gobierno. Como secretario de la Defensa Nacional nombró al general de división Guillermo Galván Galván; como secretario de la Marina al almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza; como procurador general de la República a Eduardo Medina Mora; y como secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna. La noticia calló como balde de agua fría para los militares que habían entregado pruebas a Juan Camilo Mouriño.
García Luna no sólo fue designado secretario, sino que también se le permitió llegar con todo su equipo, muchos de los que aparecían en las fotografías y transcripciones. Con lo que no contaban los generales es que dinero mata honorabilidad. Cuando menos ante los ojos de este gobierno, y el hombre del dinero fue quien apadrinó la llegada de García Luna al gabinete.
Antes de que Calderón terminara de designar a quienes serían secretarios de Estado se llevaría a cabo una reunión entre Carlos Slim Helú, Lorenzo Servitje, Lorenzo Zambrano y Fernando Senderos, entre otros empresarios, con Juan Camilo Mouriño.
En lugar de Zambrano llegó Jorge Tello Peón, subsecretario de Seguridad Pública a inicios del sexenio de Vicente Fox. Durante su cargo se fugó Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, justo unas horas después de que hiciera una visita al penal. Días después de la fuga presentó su renuncia por motivos personales. Práctica-mente desde entonces es responsable de la seguridad del grupo Cemex y de su dueño, Lorenzo Zambrano.
El segundo hombre más rico del mundo tampoco fue; mandó a su sobrino Héctor Slim Seade, quien ya para entonces era el nuevo director general de Telmex. Amigo íntimo de García Luna, Héctor apareció en la reunión acompañando a Tello Peón.
Tello Peón dijo que él no podía aceptar la invitación a ser secretario de Seguridad Pública por cuestiones de salud, pero en su lugar recomendó a su pupilo García, quien esa noche tuvo oportunidad, con su cortísimo léxico, de convencer a los empresarios. El apoyo de los Slim fue crucial. Lo sigue siendo ahora.
Felipe Calderón y el país han pagado las consecuencias de esa decisión a un muy alto costo. Con todas las pruebas que existen hoy contra García Luna y su equipo, a Servitje y Senderos no se les quita el mal sabor de boca de haber sido engañados esa noche. No, García no era el súper policía que dijeron que era.
Desde el inicio del sexenio, la relación entre el Ejército Mexicano y la SSP fue mala. Entre las dos entidades había una muralla infranqueable de desconfianza e incomprensión. A las dos semanas de haber tomado posesión, el 11 de diciembre de 2006, Calderón anunció el inicio de su supuesta "guerra" contra el narcotráfico.
La primera acción fue la llamada Operación Conjunta Michoacán. El estado de donde es originario Calderón se convirtió en 2006 en uno de los más violentos. Se habían efectuado más de 500 ejecuciones, incluidas 13 decapitaciones. (...)
El secretario de la Defensa Nacional apenas cruza palabra con García Luna, quien ha sido el artífice hasta ahora de la estrategia de la lucha contra el narcotráfico, convirtiendo a la Sedena en una reticente dama de compañía.
Hoy García Luna tiene el control de la AFI, de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de las Fuerzas Federales de Apoyo (FFA) y va por más. Con su propuesta de policía única quiere ser él quien designe a los secretarios de Seguridad Pública de cada estado y de cada municipio. Y quiere el control de la Policía Fiscal y la Migratoria. Quiere todo. Los militares, con las pruebas que tienen en su poder, están molestos no sólo por la voracidad de García Luna, sino por la permisividad de Los Pinos. Será por eso que al grupo que controla a la SSP comienzan a llamarle "el megacártel".
A tan sólo 100 días de gobierno, el presidente Calderón comenzó a lidiar con dos guerras: la de afuera y la de adentro. Las hondas diferencias entre la Sedena y la SSP se hicieron sentir desde el inicio. Conforme pasaron los días aumentaron las diferencias y desconfianzas entre las dos entidades, hasta ahora ejes principales de la no estrategia contra la delincuencia. En las altas esferas militares se habla de que la desconfianza de la Sedena hacia el secretario de Seguridad y sus colaboradores cercanos no sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado considerablemente.
En el campo de batalla, el Ejército tampoco se siente a gusto con el desgaste que comenzaron a sentir en su indefinido papel en la lucha contra el narcotráfico. Participan en estrategias en las que no tienen mucha injerencia. De hecho, la batuta la lleva García Luna, apoyado hasta ahora por el presidente Calderón.
Desde el inicio del sexenio, García Luna propuso la creación de una policía única para todo el país que tuviera las funciones no sólo de prevención, sino también de combate e incluso investigación de delitos. La Sedena nunca ha estado de acuerdo en la nueva policía nacional concentrada en manos de un solo hombre. Mucho menos si ese hombre se llama Genaro García Luna. Tampoco están de acuerdo algunos gobernadores, como el de Sonora, Eduardo Bours; la perredista Amalia García, de Zacatecas; Enrique Peña Nieto, del Estado de México, y Natividad González Parás, de Nuevo León. (...)
En el marco de esas primeras disputas a mediados de 2007 se comenzó a filtrar la existencia de "la lista de Osiel", en la que presuntamente el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén, del cártel del Golfo, habría dado los nombres de políticos y servidores públicos involucrados con el narco. Ello empeoró la ya de por sí descompuesta relación entre la Sedena y la SSP. Pasaron de los desencuentros al pleito frontal. Literalmente los elementos del Ejército y la SSP sienten que están durmiendo con el enemigo mientras el narcotráfico sigue tomando fuerza en el territorio nacional. Hay menos detenidos que en años anteriores y las ejecuciones en la calle siguen a la orden del día. (...)
Fuentes militares de la PGR y la DEA me confirmaron la existencia de dicha lista, la cual estaría en manos del FBI. En la llamada "lista de Osiel" aparecen los nombres de un exgobernador y dos gobernadores, todos de extracción priista, de la frontera norte. Cabe señalar que el hermano de uno de los gobernado-res en activo aparece en las investigaciones que realiza la PGR en torno a la presencia de la esposa de Osiel Cárdenas Guillén en el fraccionamiento Country La Silla, en Monterrey, Nuevo León. Se señala que también está el exgobernador de Oaxaca José Murat, y el actual mandatario del estado, Ulises Ruiz. (...)
En la supuesta "lista de Osiel" también salió a relucir el nombre de Nicolás Suárez Valenzuela, coordinador general de Inteligencia para la Prevención del Delito de la PFP de diciembre de 2000 a mayo de 2005. El día de la fuga de El Chapo Guzmán, Suárez Valenzuela acompañó a Tello Peón en una visita al penal antes de que el narcotraficante del cártel de Sinaloa se fugara. Por cierto, otro de los funcionarios de la SSP que el día de la fuga visitó Puente Grande fue Humberto Martínez González, entonces director general de Servicios Técnicos de la PFP, otro de los viejos maestros de García Luna. Actualmente es director general de Apoyo Técnico de la PFP.
En la lista también aparecen otros tres nombres clave en el equipo de García Luna: Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Investigación Policial en la AFI y actual coordinador general de Inteligencia para la Prevención del Delito; Javier Garza Palacios, exdirector general de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Investigación, actualmente agregado de la Embajada de México en Colombia, y Armando Espinosa de Benito, exdirector de Crimen Organizado de la AFI.
En diciembre de 2005, durante la gestión de García Luna al frente de la AFI, el periódico The Dallas Morning News dio a conocer un video en el que presuntos elementos de la agencia torturan a integrantes del brazo armado del cártel del Golfo, y revelan la presumible protección de la dependencia al Chapo Guzmán. (...)
Cabe señalar que el Ejército Mexicano no fue el único en vetar a García Luna. También la Conferencia del Episcopado Mexicano encabezada por Carlos Aguiar Retes.
-Yo quisiera creer que esta lucha que está dando el presidente en contra del crimen organizado es sincera. Quisiera creer, pero cada vez me cuesta más trabajo por la serie de denuncias que le han hecho al presidente -señala en entrevista José Antonio Ortega.
"Como la que hizo la Iglesia católica por conducto de la conferencia episcopal; eso me lo dijo a mí don Carlos Aguiar, quien le había denunciado las corruptelas de Genaro García Luna, no me dijo cuáles, y que tuvo que pagar un costo político por su denuncia."
-¿Cuándo ocurrió la denuncia de Aguiar?
-No sé cuándo, me lo platicó cuando fui a desayunar con él. Le hablé de mi entrevista con el general secretario Guillermo Galván Galván, y le comenté lo de Genaro García Luna. El secretario de la Defensa me dijo que él tenía más información del involucramiento de Genaro García Luna con el crimen organizado, que siguiera adelante, que tuviera valor, y me alentó para que se lo dijera al presidente. Entonces, en ese momento, don Carlos Aguiar se rió y dijo: "Yo ya se lo dije y tuve que pagar un costo político".
El nombramiento de Genaro García Luna no sólo no fue bienvenido por el Ejército y la Iglesia, sino por los narcotraficantes rivales del cártel de Sinaloa.
Historia de una guerra
(...) En la carta enviada por Los Zetas (a un alto funcionario del gobierno federal) se afirma que el año pasado se dio una alianza entre Carrillo Fuentes y ese grupo armado. A principios de 2008, los brazos de esa alianza se extendieron hasta los poderosos y sanguinarios hermanos Beltrán Leyva por una traición.
En enero de 2008 llegó al penal de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco, un nuevo huésped, Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, detenido el 26 de ese mes por el Ejército Mexicano y la PGR sin un solo disparo, en Culiacán, Sinaloa. Con el traje color caqui de uso reglamentario, la barba recién rasurada, el casquete corto y la tez medio lívida, El Mochomo lucía harto distinto. El hombre responsable de repartir los sobornos entre servidores públicos federa-les, estatales y municipales durante el sexenio de Vicente Fox estaba muy molesto. Y su hermano Arturo Beltrán Leyva mucho más.
Se afirma que el día que El Mochomo fue detenido no iba armado hasta los dientes, como suele hacerlo, porque no se dirigía a hacer la guerra sino el amor; iba a encontrarse con una de sus parejas sentimentales. Muy pocos sabían dónde se iba a encontrar con ella, y que no estaría preparado para un enfrentamiento, mucho menos para su detención. La única explicación a la repentina detención que tenían los Beltrán Leyva era una traición por parte de sus socios y de las autoridades a quienes pagaban protección. Contrario a lo que la Procuraduría General de la República dijo, la caída de Alfredo Beltrán Leyva, más que debilitar, fortaleció al Chapo Guzmán, el primer beneficiario de su detención.
De acuerdo con información interna de la PGR, Marcos Arturo Beltrán Leyva y sus hermanos: Alfredo, Héctor, Mario y Carlos formaban parte de la Federación; que los Beltrán hayan pertenecido a ella bajo ninguna circunstancia los convierte en miembros del mismo cártel, señalan los expertos en el tema; eran más bien socios circunstanciales.
Juntos eran muy poderosos, invencibles, máxime si contaban con el presunto respaldo del gobierno federal. Los Beltrán Leyva fueron escalando posiciones dentro de la Federación hasta estar en un nivel superior que Guzmán Loera, lo cual comenzó a provocar recelos por parte del Chapo.
Su ascenso, afirman las fuentes consultadas, se debió a que lograron establecer un vínculo directo con la Presidencia de la República, encabezada por Vicente Fox. En el sexenio pasado Nahum Acosta, el coordinador de giras presidenciales, fue encarcelado, acusado de dar información privilegiada a los Beltrán Leyva. Eso significó que el Chapo Guzmán ya no era el único vehículo de acercamiento de los capos con el gobierno foxista, como lo fue desde su fuga. (...)
En la guerra entre los capos, en las narcomantas que cuelgan en las sedes de sus batallas, ha habido acusaciones directas al gobierno federal de proteger al cártel de Sinaloa, acusaciones que llegan hasta el propio presidente Felipe Calderón. En los círculos militares hay una gran preocupación. Presumen que Genaro García Luna y su equipo siguen protegiendo al cártel de Sinaloa y esto puede ser entendido por los capos del otro bando como una protección del Estado a ese grupo. Sus embestidas podrían comenzar a focalizarse contra el propio gobierno federal por-que creen que es un "actor" más en la guerra, no combatiendo al narcotráfico de manera objetiva sino parcial, como un aliado del grupo contrario.
A lo largo de 2008 ha habido una serie de informaciones que hacen pensar que por parte del cártel del Golfo y sus aliados podrían existir atentados contra altos funcionarios del gobierno federal.
"El guionista"
Quienes conocen a Genaro García Luna lo describen como un hombre soberbio, intolerante e impulsivo que a lo largo de los años, como ejemplo de uno de los productos más acabados del viejo sistema priista, conoce el inestimable valor del autocontrol, la discreción, la simulación y el arte de estar en el momento indicado a la hora indicada. Es muy eficiente en cuestiones de inteligencia y espionaje. La gran pregunta es para quién está en servicio su talento.
Parece un hombre razonable, firme pero calmado. Sin embargo, cuando se sale de sus casillas es totalmente irascible, grita, levanta la voz, se le enciende el rostro y se atropella más. Cuando está así suele tomar decisiones equivocadas. Genaro García Luna no es el mejor policía que existe, pero sin duda es un gran guionista y un auténtico director de escena experto en recrear historias, hacer montajes y crear escenarios para cada ocasión, dependiendo del público que lo esté observando. Lo hace igual en su vida privada que en su actuar público.
En el aspecto privado García Luna es muy reservado, pocos entran en su círculo íntimo porque en el fondo es un hombre inseguro. Tiene un severo problema para articular ideas. Es tartamudo y cuando logra conectar palabras es prácticamente imposible entender lo que dice porque las arrastra. Por eso en sus comparecencias públicas luce nervioso, suda. Y en las conversaciones privadas trata de evitar lo más posible sostener una conversación. Está casado con una mujer a quien se describe como una persona sencilla. Tienen dos hijos: Genaro y Luna.
Una de las pasiones de Genaro son los autos, gusto que compartía con su excolaborador Igor Labastida Calderón, asesinado el 26 de junio pasado. Oficialmente, según su declaración patrimonial, posee una Land Rover Discovery modelo 2004, con un valor de 617 mil pesos, y dos Mustang clásicos 1966 y 1970.
Vivió su juventud en la calle de Herón número 6, colonia Primero de Mayo, en la delegación Venustiano Carranza, una colonia popular del Distrito Federal, por la que atraviesa el Eje 2 Norte.
Actualmente García Luna vive en una residencia nueva en la exclusiva colonia de Jardines de la Montaña, al sur de la capital, en donde, según la información de corredores de bienes raíces, una casa con las características de la de Genaro no cuesta menos de 700 mil dólares. Se trata de una casa blanca y portón verde, de dos y medio niveles, un garage para cuatro automóviles y un sótano en la planta baja. Lo que más llama la atención es quizá el techo de vidrio en forma de triángulo que corona la entrada principal de la residencia.
El 31 de marzo de 2007, García Luna recibió en mangas de camisa a sus colaboradores más cercanos en una comida familiar. Sólo estaban los integrantes de su equipo y el secretario de Seguridad Pública del DF, Joel Ortega. Hubo taquitos, cerveza y tequila.
La casa donde vive no está registrada en ninguna de sus declaraciones patrimoniales de los últimos cinco años. En mayo de 2008 declaró ser propietario de dos casas compradas a crédito, una de 862 mil 800 pesos, y otra de 2 millones 350 mil pesos. Por el valor registrado se deduce que no es la casa en la que vive en Jardines de la Montaña.
Además posee una extensa propiedad en Cuautla, Morelos -de reciente adquisición-, en donde suele pasar los fines de semana. Aunque muchos de los miembros de su equipo se dejan ver con joyas y hacen públicas propiedades lujosas, García Luna se maneja con bajo perfil.
El secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón es capaz de invertir tiempo y dinero con tal de encontrar minuciosamente el esquema en el que salga mejor librado, tanto en su vida personal como profesional. Por ejemplo, consciente de su problema para expresar sus ideas, lo cual hacía que sus reuniones sociales fueran muy difíciles de sobrellevar, creó un set en el sótano de Jardines de la Montaña, para evitar tener que hablar.
Convirtió su sótano en un video bar, cuyas paredes llenas de pantallas, potentes bocinas y luces multicolores hacen imposible el diálogo. Así los invitados no tienen que lidiar con la pésima dicción del anfitrión y su escasa elocuencia, ni tampoco hay oportunidad para que reparen mucho en ello. En diciembre de 2007 organizó una reunión con sus hombres más cercanos. El disc jockey de la tarde fue el propio Genaro García Luna, quien escondido detrás de la consola de sonido se libró de tener que entablar conversación.
Creó un peculiar ambiente para los asistentes a la reunión. Puso música y videos acordes con las edades de sus invitados y con las distintas modas musicales que han vivido. Tras la ruidosa consola, el único diálogo que García Luna entablaba con los asistentes era nest, monosílabo que anunciaba un nuevo video y una nueva canción. Cuando alguno de sus invitados se preparaba para marcharse, el secretario de Seguridad Pública lo detenía poniéndole una música o un video especial para él.
En las cuestiones de trabajo, también es muy bueno para montar escenarios. En más de una ocasión se percibió que ejecutaba operativos de rescate de secuestrados justo en momentos clave, como la muerte del secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta.
Curiosamente ese mismo día, 21 de septiem-bre de 2005, como por arte de magia después de dos meses de secuestro, sus elementos rescataron al entrenador del Cruz Azul, Rubén Omar Romano.
Cómo olvidar el caso de la francesa Florence Cassez, acusada de pertenecer a una banda de secuestradores. En febrero de 2006, García Luna y el entonces subprocurador de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, tuvieron que reconocer públicamente que las impactantes escenas de la aprehensión de dicha banda fueron fabrica-das para los noticiarios televisivos. A raíz de ello se habló de que el rescate de Rubén Omar Romano, que fue transmitido en televisión el día de la muerte de Martín Huerta, se habría dado en circunstancias iguales.
El Guionista ha sabido hacerse querer. Se afirma que con la exprimera dama Marta Sahagún llegó a tener una muy buena relación, era uno de sus "consentidos". Así mismo cuando el exprocurador general de la República Rafael Macedo de la Concha regresó de haber sido enviado como agregado militar en la Embajada de México en Italia, García Luna le organizó la fiesta de bienvenida.
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Vínculos GarcíaLuna- "El Mayo"
RICARDO RAVELO
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, considerado intocable y "funcionario consentido" de Felipe Calderón, ha mantenido en su círculo más cercano a numerosos funcionarios acusados de tener vínculos con el narcotráfico, en particular con El Mayo Zambada. Una investigación realizada por agentes inconformes con la unificación policiaca asegura -en una carta enviada al Congreso de la Unión y de la cual Proceso obtuvo copia- que en octubre pasado numerosos hombres armados interceptaron al funcionario en carretera y desarmaron a los miembros de su escolta mientras un alto capo le advertía: "Este es el primero y último aviso para que sepas que sí podemos llegar a ti si no cumples con lo pactado...". El documento agrega que, entonces, el funcionario se retiró del lugar durante cuatro horas para negociar con el capo...
Con sus poderosos tentáculos y su habilidad para corromper policías e infiltrarse en las instituciones responsables de combatir el narcotráfico -incluida la Secretaría de la Defensa Nacional-, Ismael Zambada García, El Mayo, cuenta con amplios controles dentro de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que encabeza Genaro García Luna, cuyos principales colaboradores -algunos de ellos actualmente arraigados- son acusados de hallarse al servicio del personaje al que hoy se considera jefe máximo del cártel de Sinaloa.
Dueño de fincas y haciendas, intocable en Sinaloa -su feudo-, Zambada García dispone de amplias redes de complicidades en las áreas más importantes de la PGR, como la SIEDO, y en la SSP, donde varios funcionarios de primer nivel son investigados por servir al capo que, siguiendo el ejemplo de Amado Carrillo -del que por varios años fue socio-, transformó su rostro con una cirugía plástica.
También intocable y considerado como "el funcionario consentido" del presidente Felipe Calderón, García Luna no parece escapar de las redes tendidas en la SSP tanto por Zambada García como por los hermanos Beltrán Leyva, estos últimos separados del cártel de Sinaloa tras la ruptura derivada de la aprehensión de Alfredo Beltrán, El Mochomo, en enero pasado.
Así lo establece una investigación sobre los presuntos vínculos entre García Luna y las células de Zambada García y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, realizada por policías inconformes con el proyecto de unificación de las corporaciones federales.
En una indagación de campo, reforzada con antecedentes y revelaciones que supuestamente hizo la propia escolta de García Luna, los agentes policiacos reconstruyeron un episodio ocurrido el 19 de octubre pasado en el estado de Morelos, el cual narran en una carta enviada a las cámaras de Diputados y de Senadores con el fin de exhibir, según dicen, lo peligroso que significa otorgarle mayor poder a la SSP, pues buena parte de sus altos mandos policiacos, afirman, están al servicio del narcotráfico.
El documento detalla:
...El pasado 19 de octubre del año en curso (...) el actual secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna y su escolta, integrada por aproximadamente 27 elementos, (...) en la carretera Cuernavaca a Tepoztlán fue interceptado o citado por alto capo de las drogas que se acompañaba de un indeterminado número de pistoleros o sicarios en aproximadamente 10 vehículos Suburban blindados, sin que la escolta del funcionario en mención hiciera nada por protegerlo, al parecer por una orden verbal de éste (García Luna).
La misiva que hoy se encuentra en manos de los legisladores -y una copia de la cual fue entregada a Proceso- agrega que los miembros de la escolta de García Luna, por órdenes "del alto capo de las drogas", fueron despojados de sus armas y permanecieron con los ojos vendados durante "aproximadamente cuatro horas".
Los agentes que conocieron el hecho, y cuyos nombres se omiten por temor a represalias, sostienen en el documento que aquella voz "del alto capo" le dijo a García Luna:
Este es el primero y último aviso para que sepas que sí podemos llegar a ti si no cumples con lo pactado.
Asegura el escrito que, después de esas palabras del capo, García Luna se retiró "abandonando a sus escoltas a su suerte, sin saber la dirección que tomó y lo que hizo durante esas cuatro largas horas, tiempo en que pudo entrevistarse en un lugar más cómodo y distinto al que fueron los supuestos hechos".
Y, en otro punto, la carta señala:
No debe pasar desapercibido que el secretario funcionario en cuestión es un experto actor del engaño, pues debe recordarse que en fechas pasadas elaboró un circo en torno a un secuestro en el que estuvo supuestamente involucrada una mujer francesa en el poblado del Ajusco, D.F., donde citó a un medio televisivo de comunicación masiva, y (...) pudo manipular a toda su escolta haciéndoles creer que lo sucedido fue un amedrentamiento (levantón) por parte de algún capo de la droga, y lo que en realidad sucedió fue una cita concertada con ese supuesto capo.
De acuerdo con las investigaciones que realiza la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), buena parte de los funcionarios más cercanos a García Luna parecen contaminados por el narcotráfico, pues desde el sexenio de Vicente Fox, y de manera más acusada en la actual administración, han surgido evidencias de que la SSP es una de las instituciones más infiltradas por el cártel de Sinaloa y otras bandas delictivas.
Por ejemplo, Édgar Enrique Bayardo del Villar, exinspector adscrito a la Sección de Operaciones de la Policía Federal Preventiva, fue puesto a disposición de la SIEDO por servir, presuntamente, a Zambada García. Cercano a García Luna, con un sueldo no mayor a los 26 mil pesos mensuales, Enrique Bayardo pasó de la pobreza a una prosperidad fulgurante.
Conforme a la investigación de los hechos, donde también aparecen implicados los agentes de la PFP Jorge Cruz Méndez y Fidel Hernández, Bayardo del Villar posee hoy dos residencias con un valor conjunto cercano a los 9 millones de pesos.
De un día para otro, rompió la estrechez de sus limitaciones económicas y se compró automóviles BMW, Mercedes Benz y una Cherokee blindada. Se gastó 12 millones de pesos en estas adquisiciones y, al igual que sus residencias, las pagó de contado.
Otra pieza de esta red que presuntamente se halla al servicio de los hermanos Jesús e Ismael El Mayo Zambada -dentro del primer círculo de confianza de Genaro García Luna- es Gerardo Garay Cadena, excomisionado de la PFP, quien el pasado 1 de noviembre renunció a su cargo para ponerse voluntariamente "a disposición de las autoridades", aunque de inmediato fue arraigado por la SIEDO.
Dentro de las pesquisas, los reflectores se enderezan también hacia otros funcionarios ligados a Garay Cadena. Uno de ellos es Francisco Navarro, jefe de Operaciones Especiales de la SSP, con amplios controles en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, reconocido como uno de los mayores centros de operaciones de entrada de droga y salida de dinero del narcotráfico.
Dentro de este grupo que, según la PGR, brindaba protección a El Mayo Zambada, aparece igualmente Luis Cárdenas Palominos, "el brazo derecho" de García Luna, quien no fue arraigado pero sigue siendo citado a declarar a la SIEDO. Otros altos mandos de la SSP y de la PFP bajo arraigo son los agentes Jorge Cruz Méndez y Fidel Hernández García.
En la denuncia entregada al Congreso de la Unión, en particular a las comisiones de Seguridad y Justicia -donde se impulsa el proyecto de unificar a las policías federales que, según se afirma, quedará resuelto este año-, los agentes de la AFI aseguran que García Luna está incorporando a la PFP y a la SSP personal con antecedentes penales y vínculos con el crimen organizado.
En la mayoría de los casos, dicen, se advierte inexperiencia e improvisación en tareas de investigación sobre las actividades del crimen organizado que, de acuerdo con Edgardo Buscaglia, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), abarca 25 tipos de delitos, como el narcotráfico, el contrabando, el secuestro y la trata de personas.
En su denuncia, los agentes abordan también la corrupción y el desorden que privan en la dependencia que controla García Luna. Dicen que el personal convocado para abandonar la AFI e incorporarse a la Policía Federal no había cumplido cuatro años en sus cargos policiacos y que se dio prioridad a recomendados e incondicionales, así como a "amistades y amantes de altos funcionarios".
Varias de las denuncias y advertencias de los agentes pueden confirmarse inclusive en los hechos más recientes. Por ejemplo, dos días después de la renuncia de Gerardo Garay, el 3 de noviembre, García Luna nombró como comisionado interino de la PFP a Rodrigo Esparza Cisterna, cuya historia es tan larga como turbia.
En 1993, cuando Rodrigo Esparza era delegado de la PGR en Sinaloa, brotaron los primeros rebullicios por su presunta relación con Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, entonces acérrimo rival de los hermanos Arellano Félix, jefes del cártel de Tijuana.
De acuerdo con el oficio DGPDSC/UEA/1938/2005, fechado el 12 de agosto de 2005, obtenido mediante una solicitud informativa al Instituto Federal de Acceso a la Información (folio 0001700181305), Esparza fue acusado de actuar contra la administración de la justicia.
Dicha imputación quedó registrada en el proceso penal 159/93, derivado de la averiguación previa 3423/93. El 28 de junio de 1993 fue aceptada la competencia planteada por el juez tercero de Distrito del Ramo Penal del Distrito Federal, y luego se le dictó auto de formal prisión.
Mediante añagazas jurídicas, el auto de formal prisión fue revocado el 23 de agosto de 1993, de modo que, en menos de tres meses, Esparza vio sepultado su expediente con el sobreseimiento de su caso. No obstante estos antecedentes, ahora Rodrigo Esparza es el brazo derecho de García Luna en la PFP.
Un retrato del poder
El Mayo Zambada era regordete y mofletudo, pero un día Vicente y Amado Carrillo, quienes se sometieron a cirugías plásticas en la clínica Santa Mónica de la Ciudad de México -el nosocomio donde falleció Amado Carrillo en 1997-, le sugirieron cambiar su fisonomía y aceptó.
Zambada bajó entonces de peso y se redujo las mejillas, con lo que su rostro se volvió rígido y un poco alargado por el estiramiento facial. Cuando José Luis Santiago Vasconcelos era titular de la SIEDO, agentes federales tuvieron acceso, durante un cateo en una de sus múltiples propiedades, a una fotografía donde Zambada García luce rejuvenecido y esbelto. La foto se guardó en los archivos relacionados con el cártel de Juárez, organización a la que pertenecía El Mayo.
Intocable por décadas, Ismael Zambada ha mostrado su poderío y su capacidad de infiltrarse crecientemente en las instituciones durante los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón: más de 35 agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la SIEDO eran sus empleados, y cada uno recibía entre 350 y 400 mil dólares mensuales por filtrarle información sobre expedientes consignados y averiguaciones previas en curso contra miembros de su organización.
Ya en el gobierno de Vicente Fox, el cártel de Sinaloa llegó hasta la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde a través de Arturo González Hernández, El Chaky, fueron cooptados varios altos mandos del Ejército que operaban los sistemas de telecomunicaciones y le avisaban con antelación qué días y horas se realizarían operativos militares.
Además, El Mayo Zambada tenía el control de la policía de Sinaloa, y altos jefes militares cuidaban su integridad física y sus negocios. La impunidad y su poder eran de tal magnitud que, en diciembre de 2005, en el rancho El Mezquite, se organizó una posada amenizada por la banda Ilusión. A la fiesta llegó Zambada García. Corrieron ríos de alcohol, se distribuyeron fuertes dosis de cocaína y se lanzaron disparos al aire.
Esto atrajo la atención de un sector del Ejército Mexicano afincado en Sinaloa que solicitó una orden de cateo para entrar al rancho. Debido a que, inusualmente, esa orden tardó horas en obsequiarse, Zambada García tuvo tiempo de abandonar el sitio protegido por policías e irse tranquilamente a su escondite, una amurallada fortaleza cuyos accesos y veredas están permanentemente vigiladas por su gente.
En mayo de 2007, la Oficina para el Control de Propiedades Extranjeras del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que seis empresas y 12 personas en México son parte de la red financiera de Ismael El Mayo Zambada.
El reporte estadunidense indica que la exesposa de Zambada, Rosario Niebla Cardoza, así como sus cuatro hijas -María Teresa, Miriam Patricia, Mónica del Rosario y Modesta Zambada Niebla-, juegan un papel clave en los negocios sucios de El Mayo, pues cumplen una función "clave en la propiedad y control de las empresas" del capo.
Tras la ruptura entre los hermanos Beltrán Leyva y El Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa -quizá en su momento de esplendor la empresa criminal más poderosa de América Latina- sufrió una merma en su poder, pero no está abatido.
Según datos de la SSP y de la PGR, los Beltrán alargaron sus tentáculos: penetraron en la SIEDO, en la PGR y en buena parte de las comandancias regionales del Ejército, además de aliarse con Los Zetas y con el cártel de Juárez, cuyo jefe actual es Vicente Carrillo, El Viceroy.
Zambada García y Joaquín Guzmán mantienen la unidad, y a ese grupo están sumados Ignacio Nacho Coronel y los hermanos Cázares Salazar.
Este clan de las drogas sufrió una baja reciente: apenas el pasado 17 de octubre fue detenido en la Ciudad de México Jesús Zambada García, El Rey, hermano de El Mayo que tenía fama de ser discreto.
Hasta el año 2007, Jesús Zambada no estaba considerado como un capo de estatura mayor ni por los organismos de inteligencia de Estados Unidos, pero tras su captura el procurador Eduardo Medina Mora lo calificó como una de las cabezas más importantes en la red de lavado de dinero de El Mayo Zambada.
Otro hecho aludió al verdadero poder de El Rey Zambada: En Culiacán, Sinaloa, fue colocada una manta cerca del Congreso estatal que derrumbó la tesis de que Jesús Zambada García era un operador menor. La leyenda decía:
Chapo Guzmán, matan a tu hijo y sigues siendo amigo de los asesinos. No tienes vergüenza, cómo te ha cambiado Nachito Coronel, te mangonea a su antojo y todo porque te mantenga. Inteligente El Rey Zambada: ustedes matando municipales, estatales y ministeriales, y él bajando efedrina y cocaína en el aeropuerto de la Ciudad de México.
En octubre -mes en el que supuestamente fue interceptado en Morelos García Luna, según la denuncia de los agentes-, arreciaron los golpes contra la estructura de El Mayo Zambada. Fueron cateados por policías federales los ranchos Quinta La Paloma y Los Alpes, localizados en Acaxochitlán, Hidalgo. La propiedad de las instalaciones fue atribuida por la SIEDO a El Rey Zambada.
A El Mayo Zambada le habían asestado el 18 de septiembre un golpe financiero con el decomiso de 26 millones de dólares, dinero que tenía guardado en una casa de seguridad y perfectamente acomodado en cajas de huevo.
A pesar de los golpes recibidos por el cártel de Sinaloa y no obstante la división que sufrió con la separación de los hermanos Beltrán, la organización sigue boyante en el tráfico de drogas: controla puertos y aeropuertos, y mantiene aliados en altos niveles de la SSP que, según la misiva enviada por los policías federales al Congreso, "están obligados a cumplir con los acuerdos pactados".
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Aquel carpetazo...
ALEJANDRO GUTIéRREZ
Ante la sospecha de que el desastre aéreo en que murió Ramón Martín Huerta, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), fue un sabotaje del crimen organizado, su hermano José de Jesús Martín Huerta solicitó inútilmente coadyuvar en las investigaciones de la PGR.
Y no sólo fracasó en su intento, sino que recibió "presiones e intimidación" de Luis Felipe Castro Sánchez, secretario particular de su hermano en la Subsecretaría de Gobernación y en la SSP, además de que se le impidió el acceso al expediente y a los peritajes por órdenes del compadre de Ramón, el entonces procurador Daniel Cabeza de Vaca, actual
subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Las sospechas de José de Jesús se fortalecieron cuando, el 18 de octubre de ese mismo año, Cabeza de Vaca dio por concluidos los peritajes y reiteró que fue un accidente, la misma versión difundida por el gobierno a las pocas horas de ocurrido el siniestro.
El abogado José Antonio Ortega Sánchez, representante legal de José de Jesús Martín Huerta, refiere lo anterior en entrevista con Proceso y advierte:
"Este antecedente del desafortunado manejo de la crisis provocada por la muerte de Ramón Martín Huerta y sus acompañantes exige llegar a la verdad en las causas del desplome del avión en el que murieron el secretario Juan Camilo Mouriño, el exsubprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, sus colaboradores y algunos ciudadanos."
En la entrevista, realizada el miércoles 5, el abogado José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Social, recuerda que este semanario (edición 1512) destacó la premura con que el titular de la PGR insistía en que lo ocurrido el 21 de septiembre de 2005 fue "accidente", pese a que aún estaban en curso las investigaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, así como el hecho de que el caso fue reservado, durante 10 años, por razones de seguridad nacional.
Salvador María Lizana Paulín, entonces presidente del Colegio de Pilotos, advertía que "un dictamen serio" requiere meses de investigación y debe ser resultado de la información y opinión de varios grupos de trabajo, al igual que de peritajes de los motores de la aeronave colapsada, que en ese caso tenían escasas dos semanas de haber sido enviados a Estados Unidos, donde se fabricó el helicóptero.
A las 10:25 horas del 21 de septiembre de 2005, el secretario de la SSP federal abordó en el Campo Marte un helicóptero Bell 412, matrícula XCPF1, de la Policía Federal Preventiva (PFP), para viajar rumbo al penal de La Palma, en un trayecto que duraría 35 o 40 minutos.
Al exgobernador de Guanajuato lo acompañaban el comisionado de la PFP, general Tomás Valencia Ángeles; el tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Antonio Bernal; cuatro colaboradores más; el piloto Habacuc de León Galicia y el copiloto Rafael Esquivel Arreguín.
La aeronave nunca llegó al penal de máxima seguridad, desde meses atrás convulsionado por los cárteles de la droga, en particular el del Golfo, encabezado por Osiel Cárdenas Guillén. El secretario iba al acto de inicio del funcionamiento de la Fuerza de Seguridad Penitenciaria.
Tras 25 minutos de vuelo, el helicóptero se estrelló en la parte alta del cerro conocido como La Cima, localizado en San Miguel Mimiapan, municipio de Xonacatlán, Estado de México.
Una semana después, el 28 de septiembre, José de Jesús Martín Huerta envió al procurador Cabeza de Vaca un oficio donde le solicitó "en los términos del artículo 20 constitucional la coadyuvancia en la averiguación previa correspondiente".
A las 19:00 horas del día 30, José de Jesús recibió una llamada telefónica de Luis Felipe Castro Sánchez, secretario particular de Ramón Martín Huerta -primero en la Subsecretaría de Gobernación y luego en la SSP-, quien lo estuvo presionando durante 30 minutos para que se desistiera de la coadyuvancia.
"Le dijo, entre otras cosas, que sus abogados manipulaban la información del accidente de Ramón Martín Huerta para presionar otro asunto, y que teníamos malos antecedentes y vinculaciones criminales", relata al reportero Ortega Sánchez.
Luis Felipe Castro le manifestó a José de Jesús "que la coadyuvancia iba a afectar la salud de su madre y la tranquilidad de su familia. Le dijo, además, que el procurador (Cabeza de Vaca) estaba muy molesto con él por haber presentado la coadyuvancia y que (José de Jesús) tenía algunos negocios pendientes por resolver y se podían afectar", prosigue el abogado, y aclara:
"Esa acción del secretario particular de Ramón Martín Huerta fue para presionar, intimidar e impedir que José de Jesús pudiera ejercer un derecho que legalmente le correspondía."
Luego de la muerte de Ramón Martín Huerta, Castro Sánchez ocupó la dirección general de coordinación con instancias del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y durante el gobierno de Felipe Calderón es el titular de la Dirección del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE. En ambas responsabilidades ha estado bajo las órdenes de Miguel Ángel Yunes, quien fue subsecretario de SSP con Martín Huerta.
"Se ocultó toda la información"
En diciembre de 2005, el abogado José Antonio Ortega y el procurador Daniel Cabeza de Vaca realizaron un encuentro en la oficina que éste tenía en la Procuraduría General de la República (PGR), donde abordaron el tema de la coadyuvancia en la investigación de la tragedia del helicóptero de la PFP.
Ortega le hizo ver al procurador la conveniencia de la coadyuvancia, para "que yo aporte mi opinión, porque tú no conoces el asunto ni lo has leído; a ti te informan (los subalternos), y si el asunto está como tú dices, vas a quedar tranquilo tú y va a quedar tranquilo mi cliente".
-Me parece bien. Yo te tengo toda la confianza. Tu opinión me va a resultar buena. Consulta la averiguación en (la delegación de la PGR de) Toluca; habla con el delegado y él te la va a mostrar toda -le respondió el titular de PGR, según refiere Ortega.
-¿Así de fácil? -preguntó el abogado.
-Así de fácil, sólo avísale a mi secretario particular antes de que vayas a ir, para que te esperen y consultes lo que quieras -respondió el funcionario.
Pero, señala ahora el abogado, "nunca, jamás nos dieron acceso al expediente; nunca recibieron una sola de nuestras llamadas los colaboradores de Cabeza de Vaca. Fue un vil engaño. Fue una medida para distraer y se ocultó toda la información de manera celosa".
Considera que la muerte de Ramón Martín Huerta y sus acompañantes se dio en un contexto de descomposición en los penales federales de máxima seguridad, a causa de la corrupción auspiciada por los líderes del narcotráfico recluidos.
Pero también en medio de una serie de denuncias de colusión con el crimen organizado, como el ofrecimiento que recibieron los cárteles de la droga sobre "la venta de la (plaza) de la comandancia de la PFP en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en la cantidad de 3.5 millones de dólares", para apoyar sus operaciones delictivas.
El propio Consejo Nacional para la Seguridad Pública y la Justicia Social había presentado a la SSP, en febrero de 2005, una denuncia en el sentido de que una persona que dijo ser "cuñado del secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta", ofrecía la plaza de la PFP en el AICM (Proceso 1500).
Una investigación de la dependencia arrojó que dicho personaje no tenía parentesco con el titular de la SSP, pero nunca se actuó contra él aunque se sabía su identidad. Inclusive, las indagaciones revelaron que no sólo se vendía la plaza del AICM (a 5 millones de dólares, no a 3.5, como decía la denuncia), sino que también estaba en "venta" la misma plaza de la comandancia de la PFP en otros aeropuertos de los estados.
El caso pasó a manos de la PGR, indica Ortega, aun cuando nunca se actuó al respecto, y la muerte del titular de la SSP se produjo dos meses después de que se hizo pública la infiltración en los aeropuertos...
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La siguiente colaboración fue tomada del periódico La Jornada.
El tribunal de la impunidad
John M. Ackerman
Con la coronación de Jesús Ortega como presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha validado una vez más la creciente desconfianza social en nuestras autoridades electorales. Al dar un espaldarazo a la impunidad, los magistrados atizan la conflictividad política y envían a una parte importante de la izquierda de nuevo a las calles.
La elección para la presidencia del PRD fue a todas luces un cochinero. Aun los magistrados electorales aceptan que 22 por ciento de las casillas presentaron irregularidades suficientemente graves para ameritar su anulación, y a esta cifra habría que agregar otro 5 por ciento de casillas que ni siquiera fueron instaladas. Sin embargo, tal como lo hizo en la calificación de la elección presidencial de 2006, el tribunal declaró sin más que estas irregularidades no fueron “determinantes” en el resultado de la elección. Increíblemente, tomó esta decisión sin abrir un solo paquete electoral o realizar diligencias especializadas para averiguar hasta dónde las anomalías pudieron haber afectado el cómputo.
El tribunal consideró que la notoria presencia de casillas irregulares por sí misma no afectaba la certeza de la elección. Siguiendo esta lógica, también podría ser perfectamente válida una elección en la que se anularan 50, 70 u 80 por ciento de las casillas. Incluso, este tribunal muy probablemente llegaría a validar una elección con 99 por ciento de casillas impugnadas, siempre y cuando quedara un par de ellas no cuestionadas. Si continuamos por este camino, pronto podríamos encontrarnos ante el inverosímil escenario de tener un presidente de la República electo por un solo voto.
Esta laxitud de cara a evidentes ilegalidades implica un indudable retroceso en la historia de la justicia electoral en el país. Durante la época de oro del tribunal, los magistrados construyeron la tesis de la “nulidad abstracta” que sostuvo que era factible anular una elección cuando existieran violaciones a los principios constitucionales en materia electoral e inclusive en el caso de que las irregularidades no estuvieran contempladas explícitamente en la legislación como causales de nulidad. Anteponiendo una valiosa defensa del espíritu democrático, este argumento fue utilizado para anular las elecciones de Tabasco, entre otras.
Ahora, con los fallos de la elección presidencial de 2006 y del proceso interno del PRD, pareciera que el tribunal se encuentra construyendo una jurisprudencia exactamente inversa, que podríamos bautizar como la causal de la “validez abstracta”.
Tal tesis argumentaría que toda elección es válida, independientemente de que se acrediten graves violaciones a los principios constitucionales e incluso en el caso de que existan disposiciones legales que explícitamente exijan la anulación de una elección. Esta nueva tesis también justificaría la molicie y pasividad de la justicia electoral en la investigación y el esclarecimiento de los resultados.
Pero además de validar un cochinero, los magistrados también se impusieron a los más de un millón de militantes que emitieron su sufragio en la elección del PRD. Los integrantes del pleno del tribunal fácilmente pudieron haber devuelto el expediente a las instancias partidarias para que ahondaran en sus investigaciones y esclarecieran ellas mismas los cómputos. No obstante, desde un enfoque eminentemente paternalista, decidieron “darle certeza” al PRD y ser ellos los encargados de nombrar al máximo dirigente del partido. Tal exceso del TEPJF contrasta de manera sospechosa con su franca pasividad respecto de la investigación de las irregularidades y la posibilidad de un nuevo recuento de la votación.
Los magistrados también abdicaron a su responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Constitución al validar sin más la referencia a la “determinancia” incluida en el reglamento de elecciones del PRD. Un reglamento de un partido político nunca se puede colocar por encima de la Constitución y los principios rectores de certeza y legalidad. También habría que recordar que la nueva redacción del artículo 99 de la Carta Magna ya otorga al tribunal la atribución de inaplicar disposiciones legales que contradigan la Constitución.
Los magistrados no han dudado en ejercer este poder en otros casos, por ejemplo cuando validaron la candidatura de Jorge Hank Rhon en Baja California (aun antes de las reformas al artículo 99) o cuando defendieron la inmovilidad de los consejeros y magistrados electorales hace unos meses. La negativa a hacerlo en el caso del partido del sol azteca demuestra que las señoras y señores magistrados tienen un doble rasero.
Con este fallo, el TEPJFl apuesta políticamente a Jesús Ortega y de paso expide una licencia de impunidad a todos los partidos y actores políticos, a ser usada en las elecciones de 2009.
posted by Liberation at
4:28 p.m.
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