También los expertos de la derecha coinciden: la propuesta del pelele es violatoria de la Constitución

Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Al ir avanzando las posiciones en el “debate” sobre la privatización del petróleo que se lleva a cabo en la Cámara de Senadores queda muy claro que a la derecha del PRIAN se le terminaron los argumentos, pero como nunca los han tenido, es más evidente la repetición de los mismos en distintas voces.

En la sesión de hoy se llegó al grado de decir que todas las leyes son constitucionales, ya que es la Suprema Corte la que determina la inconstitucionalidad de alguna de ellas. Por ello, dicen, es ocioso hablar de inconstitucionalidad y no deberá formar parte del “debate”. Otra barbaridad es que los levantadedos autonombrados “legisladores” afirmaron que tienen la obligación de “interpretar” la Constitución y si ellos consideran que no se violenta la Constitución todo está perfecto y no hay mayor problema con ello.

Entre sus “argumentos más sólidos” está el que ya en la actualidad se permiten los contratos con la iniciativa privada, así que de qué se quejan. El doctor en derecho Raúl Carrancá y Rivas da el siguiente ejemplo: “es como si dijeran, le estamos robando desde hace 20 años ¿entonces de qué se queja?”

Con el cinismo que caracteriza al PRIAN ahora pretenden que no hay más que debatir, pues todo está dicho y no hay ni el más mínimo asomo de violación a la Constitución, porque si así fuera –con voz estentórea- todos nos opondríamos, ya que nadie quiere violentar la ley.

En las palabras es así, en los hechos es muy diferente. Quien pronunció tal acalorado discurso en defensa de la Constitución fue Fauzi Hamdan, ex senador del PAN y gran amigo de la coyota Diego Fernández de Cevallos. Ambos interpusieron sendos amparos contra la ley que les prohíbe fumar en lugares públicos. Ambos son traficantes de influencias, mientras fueron levantadedos también sirvieron de cabilderos y ganaron juicios a favor de particulares en contra del erario público. Es palabras llanas cobraron al pueblo por quitarle el dinero.

No es la primera vez que los panistas sienten escozor al pronunciarse en el Senado lo que nunca quieren oir. A saber: que el pelele Felipe Calderón Hinojosa es usurpador y su desgorbierno es de facto. Que el desgobierno pirata es neoliberal y protege a los poderosos, que el “debate” fue ganado en las calles por la ciudadanía en contra de los deseos del PRIAN. En respuesta la derecha se van a los extremos, desde afirmar que los “debates” ya estaban pactados desde antes, hasta decir que el hecho no tiene mayor importancia. En ese mismo tenor Hamdan –defensor de grandes restaurantes en contra de la ley de protección a los no fumadores- asegura que Pemex está al borde del colapso, pues en 9 meses la producción decayó 12 por ciento y si se toma en cuenta que la exploración en aguas profundas tardaría seis años, nada más imagínense. Para él la negligencia, corrupción y despilfarro de los desgobiernos del PRIAN no están en la mesa de discusión, es más son cosas del pasado, ahora lo importante es sacar a la paraestatal de hoyo en que ellos la metieron y la única manera es privatizar.

Para semejantes ladrones no hay más propuesta que la del pelele Calderón Hinojosa. Se le puede hacer cambios cosméticos, pero no hay más propuestas que discutir es la única: privatizar o la catástrofe.

Una de las parte rescatables del “debate” de hoy es que la mayoría de los ponentes a favor de las reformas de espurio Calderón Hinojosa aseguran que varios de los artículos son claramente violatorios de la Constitución y otros más están muy cercanos a ese caso. Así es que hasta los de casa estiman que el mamotreto enviado por el usurpador es –aunque sea en parte- violatorio de la Constitución.



A continuación un análisis tomado de la revista Proceso.




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La guerra perdida

josé gil olmos

México, D.F., 21 de mayo (apro).- La desesperación de Felipe Calderón para gobernar es evidente. No ha cumplido ni siquiera dos años y se le nota desanimado, pues las cosas no le han salido nada bien, principalmente en la guerra contra el narcotráfico en la que centró su atención desde el principio al usar indebidamente al Ejército.

El desaliento Calderón lo muestra en irritabilidad, en enojo, tratando de echarle la culpa a todos – medios, ciudadanía, partidos políticos, etc--, de lo que pasa en el país, eludiendo la responsabilidad inherente que tiene como primer mandatario.

Al fracaso en la lucha contra el crimen organizado, a Calderón se le suma también la derrota a su reforma petrolera que, en los primeros debates realizados en el Senado de la República, ha salido bastante vapuleada. Nadie, ni sus defensores, han logrado ofrecer argumentos convincentes de las bondades de dicha reforma. Todo lo contrario, los argumentos en contra que señalan las intensiones de modificar Pemex para beneficio de inversionistas nacionales y extranjeros, han pesado más sin que los puedan refutar.

Esto ha provocado el enojo de Calderón en una magnitud similar a las reacciones que ha tenido a las críticas hechas contra su decisión de meter al Ejército en la guerra contra el narcotráfico.

Una de estas reacciones, que tendrá repercusiones internacionales, es la presión que tuvo para que saliera del país el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Amérigo Incalcaterra.

Resulta que el diplomático italiano se atrevió a decir que era inoportuno y peligroso meter al Ejército en esta lucha contra los cárteles de la droga porque los militares están preparados sólo combatir a un enemigo utilizando la fuerza y no para realizar labores policiales, con la protección de los derechos humanos que esto implica.

Las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de los soldados en distintos retenes instalados en Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y otros estados, así como los casos en los que ha habido muertos civiles por errores cometidos por los militares, han puesto al descubierto que el representante de la ONU tenía razón en sus observaciones.

Sin embargo, en lugar de reconocer los yerros cometidos, el gobierno de Calderón ha mostrado su disgusto presionando para que Incalcaterra deje el país, como lo hará a partir de este viernes.

Pero si los calderonistas piensan que esto es un logro, cometen otro grave error porque a nivel internacional reflejan una imagen de intolerancia y de incumplimiento en su obligación para con la salvaguarda de los derechos humanos en México.

El gobierno de Calderón tiene muchos frentes abiertos y no ha podido resolver ni uno solo. La promesa de ser el presidente del empleo quedo precisamente en eso: en una promesa de campaña. El cambio que anunció al entrar a Los Pinos tampoco se ha cumplido y sigue basando su fuerza política en la alianza con la maestra Elba Esther Gordillo. De hecho a esta alianza le apuesta para que su partido, el PAN, gane la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones de 2009. Los derechos humanos sufren una grave crisis y la pobreza se está acentuando frente al aumento en los precios de la canasta básica.

Además, su equipo de gobierno sigue sin dar un buen resultado, y el caso más patético es el de Juan Camilo Mouriño, quien parece un muerto viviente en la Secretaría de Gobernación. Son hombres y mujeres tan grises que difícilmente podrían ser recordados por la ciudadanía.

Nadie desea que a Calderón le vaya mal. Sería una torpeza pensarlo porque, aunque carezca de legitimidad absoluta, tiene a su cargo las labores de jefe del Ejecutivo y sus errores los pagamos todos.

El punto está en que no ha cumplido el papel ni la responsabilidad de presidente de la República y, al igual que Fox, los problemas del país lo han rebasado y no se ven posibilidades para que pueda hacer algo digno por el que pueda ser recordado.