Mayoría en "debate" está en contra de la privatización o de capital privado en Pemex

Tomadas del Canal del Congreso

Comenzó la transmisión del “debate” promocionado por el Senado de la República con exposiciones claras y con las mismas marrullerías del PRIAN y del Partido Verde. La sorpresa la dio Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano al defender su postura de que la propuesta del pelele Felipe Calderón Hinojosa es clara y notoriamente violatoria de la Constitución pues, entre otras cosas, impone contratos de riesgo disfrazados con otro nombre.

Cárdenas Solórzano indicó que la iniciativa abre la entrada de capital privado en la refinación y transportación del petróleo, ambos hechos prohibidos por la Carta Magna. Con esta exposición quedó enfrentado al menos en el foro con el impuesto presidente del PAN Germán (Mentiras) Martínez quien nada más recitó la misma cantaleta oficial y hasta intentó dar “clases” de historia al historiador del Colegio de México, Lorenzo Meyer. Algo que resultó patético, y antes de que Meyer pudiera refutarlo, fue el propio Cárdenas quien salió al paso y evidenció que el panista no es más que un ignorante picapleitos, no en balde su maestreo fue la coyota Diego Fernández de Cevallos.

El dueño del Partido Verde Jorge Emilio González, mejor conocido como el “Niño Muerde” usó su intervención para elucubrar sobre el desarrollo de energías alternativas, pero sin propuestas concretas, sólo dijo que el proyecto de ley que hace unos día presentó ese partido patito ordena a secretarías federales que investiguen y desarrollen lo anterior. Claro que nada dijo sobre estar en contra de la privatización de Pemex, todo lo contrario se dijo muy a favor de ello, pero que también entre la iniciativa privada en la generación de energía eléctrica –para que se reduzca el precio de la misma argulló- como en el caso de la “granja eólica” que inauguró el traficante de influencias que funge como secretario de Gobernación del gobierno usurpador, Juan Camilo Mouriño. La respuesta de Cárdenas Solórzano fue contundente: no. La postura del político corrupto es la misma que utilizó cuando en Cancún solicitó a un posible constructor dos millones de dólares para otorgarle el permiso de hacer un hotel en una zona protegida por la ley. El “chamaco” no cambia. Dice el refrán que perro que come huevos, no aprende aunque le quemen el hocico.

La dirigente del PRI fue más cauta. Como su tirada es controlar el próximo año la bancada de ese partido en la Cámara de Diputados dijo que el PRI rechaza la privatización de Pemex, pero no ahondó en los temas espinosos de la propuesta del usurpador Calderón Hinojosa. Experta en la retórica dejó en la ambigüedad la postura del tricolor. Lo único claro –al menor en palabras- es que no están a favor de privatizar la renta petrolera. Veremos en los hechos.

Por su parte Agustín Ortiz Pinchetti fue presentado por el senador priísta Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía, como periodista y escritor, pero el aludido aclaró que iba en forma personal, pero también tenía la encomienda de leer un posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador, que así estaba pactado y era sabido por los senadores que lo habían invitado. Los temas tocados en el texto de López Obrador es conocido por la resistencia civil pacífica, pero agrega que en los próximos días se dará a conocer una propuesta para la reforma de Pemex que contemplará su modernización, autonomía y motor de desarrollo económico para el país, sin privatizarlo.

Estuvo presente la evolución histórica del petróleo en México por parte del historiador Lorenzo Meyer, quien expuso de manera clara y brillante que el petróleo representa para los mexicanos una condición de nacionalidad e identidad, como los símbolos patrios, por lo que no es deseable que se descalifique la posición nacionalista de quienes defienden la soberanía del país. También ilustró la manera en que el petróleo fue siendo cada vez más imprescindible en regímenes priístas. Su postura causaría una respuesta enconada del investigador y profesor del CIDE, Carlos Elizondo Mayer-Sierra.

La segunda parte del “debate” incluyó también al investigador de la UNAM y ex funcionario federal, David Ibarra, quien complementó lo expuesto por Lorenzo Meyer y abundó en tecnologías, carencias y fortalezas de Pemex, rechazando con ello que la paraestatal no pueda con sus propios recursos y personal remontar su caótica situación actual, sin necesidad de privatizar o recurrir a capital privado para ello.

El único ponente de este segundo grupo que estuvo a favor de la privatización y de incluso reformar la Constitución en esos temas fue Carlos Elizondo Mayer-Serra, quien abiertamente dijo que se tendrá que hacer lo que se tenga que hacer para que Pemex, sea fortalecido. Claro que para él el camino más viable es la privatización, pues de forma falaz deslizó los mitos de siempre: que la iniciativa privada lo puede mejorar todo. Dijo que las empresas de la paraestatal que mejor desempeño tienen es donde hay capital privado. Luego apuntó sus baterías contra Lorenzó Meyer y su postura sobre el nacionalismo y la defensa nacional de Pemex. Mayer-Serra insistió como gubernamental que es que el petróleo seguiría siendo de los mexicanos y que sólo se tomarían ejemplos como los de Brasil o Noruega.

Fue rebatido de manera inmediata por Ortiz Pinchetti, quien aplaudió que al menos se dijera con claridad que la propuesta del gobierno espurio es privatizadora y que en el fondo esa es la intención. Mayer-Serra rechazó tal cosa, pues dijo fue en calidad de ciudadano y no como parte, ni vocero del gobierno. Pero hojeando su vitae vitae podemos saber quien es el joven investigador del CIDE.

Cursó la licenciatura en Relaciones Internacionales en El Colegio de México. Es maestro y doctor en Ciencia política por la Universidad de Oxford, Inglaterra. Desde 1991 es maestro e investigador del CIDE en la División de Estudios Políticos de la que fue o es director.

De 2004 hasta el final del sexenio fue embajador de México ante la OCDE, designado por el traidor y ladrón Vicente Fox Quesada. Ese dato es mas que elocuente. Esa es toda su experiencia laboral y científica, con ello a cuestas pertenece al selecto grupo de “vacas sagradas” nivel III del Sistema Nacional de Investigadores. Son los que se encargan de aprobar a que investigadores van los recursos del CONACYT, los únicos fondos gubernamentales destinados a ese rubro en el país, y son unos cuantos. A algunos de ellos les ha costado toda una vida de trabajo, con un extenso currículum de decenas o cientos de publicaciones que avalan tal nivel. No fue el caso de Mayer-Serra que con sus escasas 9 publicaciones ya lo logró. Su historia laboral y académica describen de cuerpo entero al ideólogo de los panistas, en primer lugar del pelele Felipe Calderón Hinojosa.





El siguiente material fue tomado de la revista Proceso.



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“Crimen político” del panismo

Patricia Dávila

El asesinato del dirigente campesino Armando Villarreal en el estado de Chihuahua revela hasta qué punto se entreveran los mayores problemas del país: la crisis del campo, la política energética y la impunidad. Otros líderes, acosados judicialmente, consideran que el gobierno federal pretende intimidarlos con el crimen, pero advierten que no dejarán de luchar por precios más justos en electricidad, diesel y fertilizantes.

CHIHUAHUA, CHIH.- El asesinato del dirigente de la organización campesina Agrodinámica Nacional A.C., Armando Villarreal Martha, cometido el pasado 14 de marzo en el municipio de Casas Grandes, fue sólo el inicio de una escalada represiva en el estado, pues desde entonces han sido detenidos otros 12 dirigentes, 11 más han tenido que ampararse y sobre otros 40 pesan órdenes de aprehensión.

Con esa ofensiva el gobierno federal pretende intimidar a la organización para que no retome la denuncia que Villarreal Martha iba a interponer días antes de su muerte contra Petróleos Mexicanos (Pemex), señalan otros representantes de la organización, como Pedro Vázquez, de Guanajuato, y Clemente Márquez, de Zacatecas.

Sin embargo, sostienen que no les queda otra salida, ya que Pemex vende a 298 dólares la tonelada de amoniaco –sustancia que se utiliza en la fabricación de fertilizantes– a grandes empresas distribuidoras como Masagro, Tepeyac y Aprodifer, para que éstas lo revendan a los campesinos en 830 dólares por tonelada.

“El alto costo de los fertilizantes no es por culpa del mercado, sino por una mala política pública del gobierno federal, porque él mantiene su decisión en cuanto a que Pemex mantenga paradas casi todas sus plantas para la elaboración de amoniaco”, escribió el dirigente en un documento titulado El amoniaco en México: una concesión a particulares sin reforma energética. Gran fraude al campo.

Antes de esta protesta, Villarreal Martha ya había impugnado la política energética federal al impulsar la suspensión de pagos por energía eléctrica en más de 5 mil pozos de agua en el país, en protesta contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y participó en movilizaciones contra los altos precios del diesel.

A consecuencia de esas acciones, el dirigente enfrentó 16 procesos judiciales, por los cuales estuvo encarcelado en total un año y ocho meses.

Después del asesinato, los integrantes de su organización han sufrido intentos de secuestro, demandas judiciales y detenciones policiacas al margen de la ley, sobre todo en los estados en que el movimiento se ha consolidado, como Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila y Durango.

Por todos estos factores, los dirigentes de Aerodinámica Nacional y el diputado local perredista Víctor Quintana, dirigente del Frente Democrático Campesino (FDC) en Chihuahua, señalan que la ejecución de Armando Villarreal es un crimen político cuyo autor intelectual es el gobierno federal.

Consideran que el asesinato a tiros del dirigente de 50 años de edad es un “mensaje intimidatorio” para los campesinos que participan en movimientos de resistencia civil en contra de la política federal en las materias agrícola y energética.

Cerco judicial

El 10 de abril de 2001, pocos meses después de que Vicente Fox asumiera la Presidencia de la República, Villarreal Martha encabezaba el Comité Pro Mejoramiento del Agro, que nació para defender los intereses de los campesinos en los temas de la electricidad y el diesel.

En ese entonces, inició la suspensión de pagos a la CFE en 2 mil 800 pozos de agua ubicados en Chihuahua, lo que implicó dejar de cubrir un adeudo de 1 millón 600 mil pesos. El mismo año, el líder campesino denunció públicamente la política federal hacia el campo y organizó la toma de aduanas y puentes internacionales.

Por esos actos, en el Juzgado Sexto de Distrito se le fincaron los delitos de motín, lesiones, daños en propiedad ajena, amenazas cumplidas y robo calificado. El 8 de julio de 2002 fue recluido en el penal de Ciudad Juárez, donde permaneció un año y ocho meses. Quedó en libertad en enero de 2004.

En entrevista, Sergio Conde Varela, abogado defensor de Armando Villarreal, dice que “los levantamientos campesinos incomodaban al gobierno; lo consideraban enemigo y sentían que atentaba contra la seguridad interior de la nación, contemplada en el artículo 20 fracción VI de la Constitución”.

La presión política era tal, prosigue, que él “ya le daba enter a la computadora para que salieran los amparos. Después del asesinato de Armando se tramitaron 13 amparos de campesinos contra acusaciones de ataques a las vías generales de comunicación, derivadas de las manifestaciones públicas que hacen”.

Esos 13 juicios a los que se refiere Conde involucran a campesinos originarios del municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en donde radicaba y fue asesinado Villarreal. El 12 de noviembre de 2007, prosigue el abogado, la PGR inició la averiguación previa por delitos “contra el consumo y la riqueza nacional” en contra de Jorge Armando Vega Carvajal, los hermanos Leopoldo y Eloy Baca Prieto, Alfredo y Humberto Quezada Chávez, Baltazar Prieto Piñón, Hector Prieto Baca, Imelda Morales Lozano y Leobardo Prieto Baz.

Para evitar que los encarcelaran, Conde Varela interpuso varios recursos de amparo: el 90/2008 ante el Juzgado Noveno de Distrito de Ciudad Juárez, a favor de Alfredo Quezada Chávez; el 89/2008 en el mismo juzgado para Eloy Baca Prieto; y otro ante el Juzgado Séptimo de Distrito contra la orden de detención de Leobardo Prieto Baz.

A pesar de eso se dictaron órdenes de aprehensión contra Eloy Baca Prieto, Alfredo y Humberto Quezada Chávez, Leopoldo Baca Prieto y Jorge Armando Vega Carvajal, todos por robo (uso y aprovechamiento de energía eléctrica). A ellos se les sigue el juicio 58/2008, excepto a Jorge Armando Vega Carbajal, a quien se le fijó una caución de 35 mil pesos.

El abogado Sergio Conde afirma que el antecedente de estos juicios fue el instaurado contra Armando Villarreal en 2002 ante el Juzgado Sexto de Distrito (el número 8/2002, por robo de energía eléctrica), del cual salió absuelto.

Además de los anteriores juicios, el abogado enfrentó las averiguaciones previas contra los campesinos Víctor Gaytán Aguilar, David Gómez Orrantia y Jorge Porras Loya, a quienes se les instruye proceso por lesiones inferidas a Moisés Ricardo Caraveo, empleado de la CFE. El caso, registrado con el número de expediente 160/2007, se lleva en el Juzgado Noveno de Distrito, donde se les dictó auto de formal prisión a los acusados.

Además, prosigue Conde, en diciembre de 2007 el campesino Ismael González Escárcega, del ejido Monterde, municipio de Guazapares, fue procesado por oponerse a la ejecución de cortes de luz (expediente 144/005), pero fue liberado por falta de elementos en enero pasado.

Dentro del expediente judicial (240/2005-V) de la Policía Federal Preventiva contra Villarreal, se enjuició también al expresidente del Comisariado Ejidal del municipio de Ascensión, Chihuahua, Mario Armendáriz, quien está sujeto a proceso ante el Cuarto Tribunal Unitario en Chihuahua por ataques a las vías generales de comunicación.

El pasado 14 de marzo a las 11 de la mañana el abogado Sergio Conde presentó la solicitud de amparo a favor de Armando Villarreal por una demanda referente a la movilización que realizó el 28 de octubre de 2006. Seis horas después del trámite, el dirigente campesino fue emboscado y acribillado cuando iba en su camioneta, que manejaba uno de sus hijos.

Para Conde Varela –quien fue secretario del ayuntamiento de Ciudad Juárez cuando Francisco Barrio fue presidente municipal– la represión campesina inició durante el sexenio de Vicente Fox, con la detención de Armando Villarreal en 2001.

Agrega que cuando el PAN cerraba los puentes cada tres días en 1986, para este partido se trataba de “mítines democráticos”, pero cuando Villarreal hizo lo mismo fue acusado por el gobierno panista de “motín criminal”. La diferencia entre mitin y motín es una letra y muchos años de cárcel, señala.

En su opinión, el propósito del gobierno federal era acabar con Villarreal a como diera lugar, como puede comprobarse por las numerosas irregularidades jurídicas en los expedientes que le abrían las autoridades. Y da un ejemplo:

El 4 de marzo de 2005, el agente del Ministerio Público federal José Luis Barra Limón envió a la delegación de la PGR en el estado un oficio en el que señala que se le aseguró a Armando Villarreal “un costal dentro del cual se encuentran cuatro paquetes en forma rectangular y de tamaño similar, elaborados estos con cinta color gris, conteniendo cada uno de ellos un vegetal verde y seco, el cual cuenta con las características propias de la marihuana”.

Conde Varela se hizo cargo. “Cuando llegué al juzgado –relata– les dije que me enseñaran el costal. El juez no lo encontró, dijo que había sido un error. Se lo estaban cargando”.

Cacería

Después del asesinato del líder, las órdenes de aprehensión contra campesinos se multiplicaron. El 3 de abril a las seis de la tarde, Cipriana Jurado Herrera, dirigente del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, fue interceptada prácticamente en la puerta de su casa de Ciudad Juárez por tres elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que iban a bordo de dos vehículos.

Ella cuenta en entrevista: “Yo pedía las identificaciones (de los agentes) y me acusaron de resistirme al arresto. Me agarraron y me subieron por la fuerza al carro. Ahí escuché que iban a detener a Carlos Chávez, igual que a mí, por el delito de ataques a las vías de comunicación en una manifestación del 8 de octubre de 2005”.

Alcanzó a comunicarse con el diputado perredista Víctor Quintana por teléfono celular. “Le dije que me llevaban detenida y que iban por Carlos” (otro activista campesino), recuerda. El legislador le avisó a Chávez, y éste, que vive en Casas Grandes, relata:

Quintana “me dijo que no saliera, pero tuve miedo de que me fueran a asesinar igual que a Armando Villarreal y que fueran a buscarme a mi casa, poniendo en riesgo a mi familia. La mañana del viernes salí solo y, efectivamente, me estaban esperando. Antes de subir me preguntaron si yo iba a sustituir a Armando en el movimiento. Les dije que no. En ese momento me quedó claro que su asesinato fue un crimen político”.

Villarreal Martha, igual que Chávez, era originario de Casas Grandes y ambos iniciaron el movimiento de resistencia civil contra las altas tarifas de la CFE, así como los precios del diesel y los fertilizantes.

Días después, en el ejido Aldama de la misma entidad, fueron detenidos los campesinos Carlos Sergio Rubio Tarín, Roque y Jesús Rubio Márquez, Luis Rivas Rubio y Salvador Sinecio Porras, acusados de “robo a la nación” al negarse a pagar la electricidad a la CFE.

La orden de aprehensión también era para Miguel Rubio, quien falleció hace dos años, y para Rafael Candia, actualmente recluido en un asilo.

“Yo andaba en el rancho. Llegaron dos hombres y me dijeron que eran de la Sagarpa, que andaban buscando a Luis Rivas, que los llevara con él. Paré el tractor y me fui con ellos. Cuando llegamos con él, también lo subieron. Ahí ya sacaron las armas”, recuerda Roque Rubio:

Por su parte, Salvador Sinecio cuenta: “Eran como las 2:30 de la tarde, acababa de llegar del campo. Andaba ya en pantuflas. Llegó un compañero a preguntarme por qué una troca blanca traía a Luis. Estábamos platicando cuando llegan los policías. Me dijeron: ¡súbete! Pregunté cuál era el delito y (les pedí) que me dejaran poner mis zapatos y el sombrero, pero me suben a la camioneta y me mancuernan (esposan) con Chuy”.

Los agentes trasladaron a los tres hasta una gasolinera, donde ya los esperaban vehículos de la PGR con 15 encapuchados a bordo.

Entrevistados en Aldama, Roque, Luis y Salvador, coinciden: “Nosotros no nos negamos a pagar la luz a la CFE, simplemente pedimos que nos cobren lo justo, a 14 centavos el kilowatt/hora, como lo proponía Armando Villarreal. Tenemos recibos en donde se nos cobra hasta 250 mil pesos al mes. Esto es inaudito”.

Sin embargo, los trasladaron al Centro de Readaptación Social de Chihuahua, en donde los obligaron a desnudarse y a hacer cinco lagartijas cada uno, a pesar de que los tres son mayores de 70 años.

El movimiento contra los altos costos de la electricidad, el diesel y los fertilizantes, que Villarreal Martha impulsó en Chihuahua, se expandió rápidamente a otros estados. En Zacatecas, por ejemplo, se mantienen suspendidos los pagos por la energía eléctrica en mil 500 pozos.

Clemente Márquez, representante de Agrodinámica en esta entidad, afirma que los campesinos no esperan a ningún dirigente para reconectarse a los cables de alta tensión después de los cortes de la CFE, por lo que hace tres años también aquí se giraron órdenes de aprehensión por ataques a las vías generales de comunicación.

Entre otros, fueron detenidos el propio Márquez, así como el tesorero y el secretario de Agrodinámica, respectivamente Javier Romo Hernández y Lino López de la Cruz. Había más órdenes por el mismo motivo, pero la organización negoció que se suspendieran con Santiago Creel, entonces secretario de Gobernación.

Márquez también representa a campesinos de San Luis Potosí y Aguascalientes. En esta última entidad fue detenido José Rico, quien estuvo sujeto a proceso federal en dos ocasiones por reconectar la electricidad para su pozo.

Sin embargo, explica Márquez, en la región de La Laguna, en Coahuila y Durango, el dirigente Pedro Vázquez adoptó otra forma de resistencia civil: los campesinos se ampararon ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y ni la CFE ni la Secretaría de Hacienda pueden cobrarles.

Otro de los estados a los que el movimiento se difundió con mayor rapidez fue Guanajuato, donde la resistencia civil consiste en la suspensión de pagos por electricidad correspondientes a mil 200 pozos. En abril de 2003, 99% de los productores firmaron convenios de pago como parte del Acuerdo Nacional para el Campo, pero en menos de un año ya había nuevamente 9 mil deudores.

Ahí Pedro Vázquez tiene en contra tres órdenes de aprehensión por extorsión (supuestamente al obligar al personal de la CFE a reconectar pozos) y por obstaculizar la realización de obra pública. Con éstos, son seis los procesos judiciales que ha enfrentado.

Además, en marzo de 2006 intentaron secuestrar a su hija Teresa, quien estaba a bordo de una camioneta en Salamanca. Tres hombres la bajaron y la encañonaron con una pistola en el abdomen, pero la esposa de Vázquez, María Elena Ramírez, se encontraba cerca y logró impedir que se la llevaran.

Posteriormente, en octubre del año pasado, Pedro Vázquez iba a una reunión en Dolores Hidalgo cuando fue interceptado por agentes de la AFI, quienes lo subieron a una camioneta Suburban. “Conocí a uno de ellos –continúa–, era Ulises, delegado de la PGR en Salamanca. No me presentaron ninguna orden de aprehensión y yo les di el amparo que llevaba, pero él (Ulises) lo tiró por la ventana”.

En entrevista con la corresponsal en Guanajuato, Verónica Espinosa, Vázquez Martínez dijo que se reunió con Armando Villarreal un par de días antes de que fuera ejecutado en Nuevo Casas Grandes. Ambos asistieron a un foro organizado por el Tecnológico de Monterrey en su campus de la Ciudad de México, al que también asistió la senadora Yeidckol Polevnsky. A ella, Villarreal entregó la información que demuestra la dañina política de Pemex con el amoniaco para privilegiar a cuatro grandes empresas.

“Polevnsky le aseguró a Armando Villarreal que lo destaparían muy fuerte, pero a los dos días Armando fue asesinado. Intenté ponerme en contacto con la senadora, pero no me respondió”, asegura Vázquez. Proceso también solicitó a la senadora una entrevista, pero no la consiguió.

Pedro Vázquez recuerda que un par de semanas después de la “megamarcha” de organizaciones campesinas que desde diversos puntos del país arribaron al Zócalo capitalino el 31 de enero pasado, Villarreal le dijo por teléfono: “Las cosas se están poniendo de la chingada. Todas las puertas están cerradas”.