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lunes, mayo 12, 2008

Demostrada por enésima vez la condición de pelele de Felipe Calderón Hinojosa







Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

A un día de que comience la farsa oficial sobre el “debate” para privatizar Pemex el camino para el circo mediático esta pavimentado. Poco importa al gobierno usurpador incrementar el número de mentiras, pues éste es su principal activo político. No bastó que la comisión a modo –formada en Gobernación- declarara al confeso Juan Camilo Mouriño “inocente” del tráfico de influencias –que le reditúan millonarias ganancias-, sino que el entramado de impunidad llegó hasta el organismo –“autonombrado independiente”- del IFAI, encargado de garantizar el libre acceso a la información.

Nada más falso, pues fue tan burda la maniobra que un funcionario de ese organismo mintió con descaro al afirmar que no había ninguna solicitud para revisar la entrega o no por parte de Pemex de los contratos firmados por el traficante (de influencias o algo más) confeso. Pese a que fue pública la agenda del pasado miércoles 7 de mayo del IFAI donde se trataría el tema, que finalmente no se trató y de que el ciudadano del estado de Veracruz cuenta con folio de la misma.

Asimismo, queda demostrada la incapacidad del pelele Felipe Calderón Hinojosa para evitar la violencia generalizada en el país, complementada por las violaciones a los derechos humanos del ejército, encargado al menos oficialmente, de combatirla.

Qué decir del acarreo de miles de estudiantes al Auditorio Nacional, donde estaría presente el espurio Calderón Hinojosa, para tomarse la foto de la “aceptación popular”. El “regalo” colocado abajo del asiento de cada estudiante consistió en una memoria USB como gancho para que asistieran. También hubo el consabido sándwich y refresco. Finalmente el usurpador Calderón Hinojosa no se presentó al recinto, tal vez recordó que hace un año en el mismo lugar fue abucheado por becarios de la Fundación Telmex, acarreados ex profeso.

Para constatar la cercanía entre el hombre más poderoso de México, Carlos Slim y el pelele Calderón Hinojosa, tenemos la intervención de este último ante el presidente de Ecuador Rafael Correa para solicitarle que recibiera a su yerno Daniel Hajj, accionista mayoritario de América Móvil, dueña de la ecuatoriana Porta Celular. La intervención se debió a que Carlos Slim quería pagar por el refrendo de la concesión 306 millones de dólares en lugar de los 480 millones exigidos por el gobierno ecuatoriano. La amenaza de Slim fue salir del país y dejar al garete a los consumidores. El amago no fructificó y tras el rompimiento de las negociaciones, recurrió a su empleado: Calderón Hinojosa, pues oficialmente aportó a su campaña política en 2006 más de dos millones de pesos, para que concertara una nueva cita, pero con el presidente de Ecuador. De nada le sirvieron las “palancas” fuera de México y tuvo que pagar los 480 millones de dólares. Es clara pues la relación empleado, patrón entre el magnate y el pelele Calderón Hinojosa. ¿Hizo eso mismo con los padres de los jóvenes asesinados en Ecuador por el genocida Alvaro Uribe, presidente de Colombia? No, tuvo que venir el presidente de Ecuador Alvaro Correa a México, para que el espurio pronunciara algunas frases al respecto. Es más, aguantó que Uribe en suelo mexicano y en visita oficial llamara “terroristas”, sin hasta le momento haber presentado ninguna prueba, a los mexicanos que mando asesinar. ¿Cuál soberanía y Estado de derecho?





El siguiente material fue tomado de la revista Proceso.








Lo que Salinas olvidó

Jorge Carrasco Araizaga

La semana pasada, en su intento por reposicionarse política y mediáticamente, el expresidente Carlos Salinas de Gortari se valió de la desmemoria para erigirse en una suerte de dios que, omnipresente, todo lo descalifica, todo lo minimiza, todo lo juzga... Sus adulaciones fueron en cambio para otro personaje –Felipe Calderón, en efecto–, a quien califica como “reformador y modernizador”.

Como en sus mejores tiempos, con gran despliegue mediático, el expresidente Carlos Salinas de Gortari reapareció en la vida pública para defender “el ánimo reformador” de Felipe Calderón y arremeter contra lo que él mismo personificó: el neoliberalismo y el populismo.

El exmandatario pretendió dejar en el olvido el papel preponderante que jugó durante los ochenta en la liberalización de la economía de México y en el populismo de su Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), que encontró su máxima expresión en Chalco. Recurrió a la desmemoria y a una idea nada original, la de la década perdida, para criticar a sus primeros dos sucesores en la Presidencia de la República y al exjefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

La semana pasada, “el villano favorito”, como él mismo se definió cuando era objeto de acoso por parte del gobierno de Ernesto Zedillo, volvió a contar con los principales espacios en la prensa con entrevistas y reseñas a propósito de su libro La década perdida, el segundo que publica desde que salió de la Presidencia en 1994.

Su ofensiva contra Zedillo, Vicente Fox y López Obrador –“dos neoliberales y un populista”– contrastó con los elogios a Felipe Calderón, a quien le dio “todo el apoyo” por su “acción reformadora”. Hace dos décadas definió a su gobierno en esos términos: reformador y modernizador de la economía mexicana. Al igual que Calderón en 2006, Salinas asumió en 1988 la Presidencia en medio de una crisis de legitimidad.

En su nueva incursión en la vida pública, Salinas pretendió dejar en el olvido el uso populista que hizo de la pobreza, su intensa propaganda primermundista y la violencia política que marcó a su sexenio, Así la expansión del cártel del Golfo –uno de los grupos del narcotráfico más violentos del país–, el levantamiento zapatista en Chiapas contra su política neoliberal y el enriquecimiento millonario de su familia, entre otros hechos que hicieron de su sexenio uno de los más ominosos para la vida pública de México.

Los argumentos con los que ahora acomete contra Zedillo, Fox y López Obrador lo ponen a contracorriente de la historia, que registró a su administración como la que aceleró la transformación de una economía cerrada a una liberal. En el último año de su gobierno entró en vigor el Tratado de Libre Comercio en América del Norte (TLC), que fue aprobado en Estados Unidos como parte de su seguridad geoestratégica.

Nada original, el título de La década perdida utiliza la misma frase que a comienzos de la década pasada acuñó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para referirse al estancamiento económico padecido por la región en los ochenta por las políticas económicas de choque impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Privatizaciones al mayoreo

Antes de que llegara a la Presidencia, Salinas fue el principal encargado de instrumentar esas políticas en México. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, como titular de la desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto, entre 1982 y 1987, fue el gran impulsor de las primeras medidas de la liberalización de la economía mediante la privatización de empresas públicas y de la reducción arancelaria.

Durante su candidatura a la Presidencia se dedicó a promover lo que llamó “modernización de la economía”. Ya en el poder, sus reformas no fueron otra cosa que el aceleramiento de la desregulación y liberalización de la economía y el comercio.

Las reformas que impulsó se tradujeron en la privatización de más de mil empresas, la eliminación de licencias de importación, la puesta en marcha del acuerdo para la eliminación de aranceles con Estados Unidos y Canadá a 15 años –con devastadores impactos en la industria nacional– y el establecimiento de los precios de bienes y servicios según las normas del mercado. Al mismo tiempo, los salarios se comprimieron para mantener en orden la economía.

El gran apoyo a sus reformas y políticas económicas corrió por cuenta del sistema autoritario controlado por el PRI. Así lo reconoció en 1992, en plena discusión para la aprobación del TLC, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), uno de los grandes promotores, en Washington, del tratado comercial.

“Paradójicamente, todas esas políticas (de liberalización económica) requieren un Estado fuerte para implementarlas, pero al mismo tiempo limitan el poder tradicional y la fuerza de un régimen centralizado como el del PRI”, indica el CSIS en un estudio acerca del TLC titulado Invirtiendo en seguridad. Ayuda económica para propuestas no económicas.

Pero Salinas hizo de la privatización una fiesta para sus amigos. Fabricó millonarios a costa del patrimonio público. Les dejó los bancos, las siderúrgicas, minas de oro y plata, teléfonos, industrias de bienes y servicios. Así mismo, les vendió dos canales de la televisión pública, el 7 y el 13 que dieron origen a TV Azteca –en una operación en la que participó su hermano Raúl–, entre una muy larga lista de privatizaciones.

Pretendía crear una élite “competidora” a nivel mundial, pero lo que hizo fue concentrar la economía en unas cuantas manos. En 1987, cuando la revista Forbes comenzó a publicar la lista de los multimillonarios del mundo, un año antes del gobierno de Salinas, sólo figuraba la familia Garza Sada, de Monterrey. Al final del sexenio salinista, el número de mexicanos en esa minoría selecta se incrementó a 24.

En la primera mitad de su sexenio ya había vendido las empresas paraestatales más importantes: Telmex, a Carlos Slim; Minera Cananea, a Jorge Larrea; Aeroméxico, a Gerardo de Prevoisin; Mexicana, a Pablo Brener; Estructuras de Acero, a Carlos Hank –quien fue uno de sus mentores políticos e integrante de su gabinete como secretario de Agricultura–; Grupo DINA, a Raymundo Flores; la Unidad Industrial Torreón, a Grupo Peñoles, de Alberto Bailleres, dueño del Palacio de Hierro, y los bancos, a un grupo selecto de amigos.

Muchas de esas ventas, en especial las bancarias, acabaron en quiebras que durante el gobierno de Zedillo fueron asumidas como deuda pública mediante el Fondo Bancario para la Protección del Ahorro (Fobaproa).

Salinas dio los primeros pasos para la privatización de Pemex: reclasificó 15 productos petroquímicos que hasta agosto de 1989 –a escasos nueve meses de su gobierno– formaban parte de los 36 primarios cuya elaboración estaba reservada para el Estado. Con esa reclasificación, cedió a los intereses privados casi las tres cuartas partes de la industria petroquímica.

Desde entonces, esos productos que se obtienen a partir del gas natural o del petróleo crudo fueron producidos por empresas nacionales y extranjeras. Además, Salinas incrementó el porcentaje permitido para las empresas extranjeras en la producción de petroquímicos secundarios. Al final de su sexenio, como parte de las concesiones que otorgó para lograr el TLC, la petroquímica dejó de ser estratégica y reservada para el Estado mexicano.

El entonces secretario de Comercio, Jaime Serra Puche, jefe de las negociaciones del TLC, informó al final de éstas, en agosto de 1992: “Las disposiciones del TLC sobre energía eléctrica reconocen las nuevas oportunidades de inversión privada en México… en instalaciones de generación de electricidad para autoconsumo, cogeneración y producción independiente, al permitir a los inversionistas del TLC adquirir, establecer y operar plantas en esas actividades”.

La petroquímica y el sector eléctrico no fueron las únicas concesiones de Salinas a los estadunidenses para aprobar el TLC. Abrió la puerta para la participación de hasta 14% de Estados Unidos y Canadá en los bancos mexicanos hacia 2000. Zedillo terminó por abrir de par en par la puerta de los bancos y de extender a empresas europeas y asiáticas la generación de energía eléctrica.

En su afán por lograr la aprobación del TLC, Salinas se valió también de la crítica al régimen de Fidel Castro, aunque al final de su desgracia política el comandante lo cobijó en La Habana.

Entreguismo rampante

En plena euforia negociadora del TLC, en la cúspide de su poder político y control social, en marzo de 1992 definió la guía de su gobierno: el liberalismo social. En su ánimo de trascender, aseguró que se trataba de “nuestra idea histórica de país”, que es muy ajena al “estatismo absorbente” y al “neoliberalismo posesivo”. De ahí su crítica a Zedillo, Fox y López Obrador.

El liberalismo económico de Salinas terminó de configurarse después de la aprobación del TLC, en noviembre de 1993. A la siguiente semana de haber sido sancionado favorablemente por el Congreso estadunidense, Salinas envió al Congreso mexicano una cascada de reformas que terminó por cambiar la vida económica y social de México.

Entre estas modificaciones se incluyó el establecimiento en territorio nacional de filiales de bancos foráneos o de cadenas hoteleras extranjeras con playas propias, la autorización a trasnacionales para usufructuar la zona fronteriza, la construcción de ductos para transportación de crudo y derivados por parte de empresas extranjeras o el establecimiento de escuelas, de todos los niveles, con capital 100% extranjero.

Las medidas neoliberales impulsadas por Salinas, que tuvieron altos costos sociales, requirieron de paliativos neopopulistas, como concluyó en 1992 la entonces investigadora del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, en San Diego, Denise Dresser, actual profesora del ITAM y colaboradora de Proceso.

La investigación titulada Neopopulist solutions to neoliberal problems (Soluciones neopopulistas a problemas neoliberales) fue una monografía crítica del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), cuyo arranque y conclusión se dio en Chalco, estado de México.

Elaborado a partir de documentos oficiales, entrevistas con funcionarios de gobierno y del trabajo de campo, el trabajo académico no cuestionó tanto que el Pronasol se usara como un instrumento político, pues eso ocurre en la mayoría de las democracias.

“Lo que está particularmente mal con el Pronasol –plantea la investigación– es que se construye sobre y refuerza algunos de los defectos del sistema político del país. Pronasol se conduce directamente desde el bolsillo presidencial, sus beneficiarios son seleccionados con criterios personalistas y partidistas y, fundamentalmente, es inmune a cualquier medio democrático de control o responsabilidad.”

La investigadora añadió: “Pronasol no ha llevado a una mayor descentralización del poder, sino a un presidencialismo revitalizado. Salinas llegó al poder tras las faldas de un predecesor debilitado e inefectivo; su imagen se empañó más aún por los reclamos de fraude electoral.

“Poco después de su iniciación, Salinas ideó un estilo personal de gobierno, caracterizado por golpes espectaculares, drásticas decisiones y el uso selectivo de la fuerza para impresionar al público… Pronasol, como un vehículo esencial para el despliegue de la política simbólica, ha ayudado a Salinas en la crucial tarea de fortalecer a la Presidencia… (Proceso 828).”

Al final, Pronasol acabó sepultado por esos vicios, el derroche, la corrupción, obras abandonadas, desvíos e impunidad. Sus sucesores sólo le han cambiado de nombre, pero siguen sacando dividendos políticos.

El sexenio salinista pasó también como uno de los de mayor violencia política y corrupción. Fue uno de los más sangrientos vividos en el país hasta antes de la violencia desatada por las organizaciones de narcotráfico durante el gobierno de Fox.

Descomposición

Con Salinas no sólo ocurrió el magnicidio nunca aclarado de Luis Donaldo Colosio Murrieta, sino el asesinato de su excuñado y secretario general del PRI, Francisco Ruiz Massieu, y del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en Guadalajara.

En su sexenio, 250 perredistas fueron asesinados y en 1994 se reiniciaron los secuestros a personajes prominentes, como el del entonces banquero Alfredo Harp Helú.

Más todavía, Salinas dejó que estallara el conflicto armado en Chiapas a pesar de tener la información de los órganos de inteligencia civil y militar sobre las acciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). No quería que la difusión de esas actividades interfiriera en la aprobación del TLC.

El resultado fue que la entrada en vigor del tratado, el 1 de enero de 1994, se eclipsó con la declaración de guerra del EZLN al Estado mexicano. El mandatario reaccionó con una ofensiva militar de 12 días para atacar a los bastiones neozapatistas.

Ese año, el último de la administración salinista, fue uno de los más difíciles para el país. A la guerra en Chiapas y el secuestro de Harp Helú le siguió, el 23 de marzo, el magnicidio de Colosio, y en septiembre, el de Ruiz Massieu. Las investigaciones, iniciadas por Salinas y continuadas por Zedillo, estuvieron más dirigidas a ocultar que a esclarecer.

Con Salinas, el narcotráfico se enquistó en México; en particular se consolidó el cártel del Golfo, en Tamaulipas, donde los hermanos Salinas tenían intereses económicos. Fue tal el descontrol en seguridad y justicia que su gobierno ha sido el que más ocasiones (cinco) ha cambiado de procuradores, en un siglo de existencia de la Procuraduría General de la República.

Su hermano “incómodo”, Raúl, quedó atrapado por el asesinato de Ruiz Massieu y en los escándalos de enriquecimiento durante el sexenio de Salinas. Pasó 10 años acusado del homicidio. En junio de 2005 fue exonerado.

Identificado por la prensa estadunidense como “mister 10 per cent”, por el porcentaje que presumiblemente cobraba por sus gestiones ante empresarios, Raúl fue el actor central de otro drama de la familia Salinas: la disputa de más de 100 millones de dólares que le fueron confiscados por el gobierno suizo, bajo la acusación de lavado de dinero.

Después de una década de litigios, esos recursos, supuestamente reunidos como parte de un fondo creado por empresarios cercanos a los Salinas –Carlos Peralta, Carlos Hank Rhon y Roberto González Barrera– están por ser regresados a México.

La prensa internacional que tanto cultivó en su gobierno, terminó por exhibir el escándalo por el enriquecimiento de su familia y atestiguar su pronunciada caída, cuando “el error de diciembre” de 1994 lo dejó fuera de la presidencia de la Organización Mundial de Comercio, que sintió le pertenecía por ser el campeón mundial del liberalismo.