“Reforma”: más desintegración de PEMEX*

Tomado de La Jornada, Hernández.

Antonio Gershenson
gershen@servidor.unam.mx

Ya se han dado antes pasos hacia la desintegración de Pemex. Al separarse en organismos descentralizados que se reparten las funciones básicas, no sólo se duplican estructuras administrativas y conjuntos de funcionarios, sino que se establece una relación comercial entre unas y otras. El mayor absurdo: Pemex Exploración y Producción (PEP) le vende a Pemex Refinación (PR) petróleo crudo, y además a precios que no se basan en el costo real, en lo que costó localizarlo y sacarlo en México, sino en precios de fuera del país. De un costo de producción estimado en unos siete dólares por barril, a más de 100 dólares de valor de las exportaciones mexicanas.

Esto hace que haya una apariencia de baja o nula rentabilidad en algunos organismos, que deben “pagar” muy altos precios, y ha dado pretexto para el cierre de plantas y la suspensión de líneas de producción. Ahora, el problema se agrava con los intentos de reforma, o mejor dicho contrarreforma, porque a los organismos divididos se les quiere quitar la exclusividad de funciones que irían a empresas trasnacionales. Por ejemplo, si PR tiene una apariencia de baja productividad, qué quedará de ella si las nuevas refinerías van a ser trasnacionales y le van a vender gasolina, diesel y otros productos refinados a Pemex Refinación, a precios suficientemente altos como para garantizar la rentabilidad y un gran negocio para la trasnacional que tenga la refinería.

La trasnacional también podrá construir, poseer y operar ductos y almacenes, tanto para el crudo que reciba de la filial PEP, o de su contratista, como para entregar a PR en los lugares necesarios los productos refinados. Los fragmentos de Pemex estarían aún más separados entre sí, ya ni siquiera tratarían entre sí, sino con trasnacionales privadas. Estos cambios están propuestos a los artículos tercero y cuarto de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo.

En cuanto a PEP, empresas privadas contratadas se encargarían de su trabajo. Podrán ser contratadas por adjudicación directa en toda una serie de casos, algunos fáciles de “fabricar”. Si se aprueba el paquete de reformas legales petroleras en discusión, puede incluso haber entrega del crudo del contratista al dueño de la refinería… y puede resultar que sea la misma trasnacional la que opere exploración, producción, ductos, almacenes y refinerías. Como ya las gasolineras son operadas por particulares, una trasnacional puede controlar desde la boca del pozo petrolero hasta la boca del tanque de gasolina.

De por sí ha sido grave el desmembramiento de Pemex y el establecimiento forzado de relaciones comerciales entre sus entidades. Con estas medidas privatizadoras se agravaría la situación.

Queremos señalar que la tendencia internacional, en general, es en el sentido opuesto. A veces nos ponen como ejemplo a la estatal noruega Statoil, queriendo decir que puede haber una empresa pública y eficiente. Pero no dicen la otra parte. Hay allá una integración de empresas petroleras estatales, no un desmembramiento como aquí. El primero de octubre del año pasado se consumó la fusión de Statoil y la rama de petróleo y gas de la también estatal Norsk Hydro. Se formó la Statoil-Hydro. Pero como resultado de la fusión, el gobierno noruego quedó con 62.5 por ciento de las acciones de la nueva empresa. Y hay decisiones importantes que requieren mayoría superior a dos tercios. El Parlamento de ese país, al aprobar la fusión, la condicionó a que el gobierno comprara acciones suficientes para llegar a tener 67 por ciento de las acciones, o sea más de los dos tercios. En febrero, la ministra del petróleo de Noruega anunció que ya se estaba procediendo a la compra de acciones en cuestión de la empresa integrada, con dinero de los excedentes petroleros.

No sólo procede oponerse a estos nuevos pasos que se proponen en la iniciativa, tanto por ser privatizadores como por ser anticonstitucionales, como por desintegrar aún más a la industria petrolera del país. Procede también llevar, por los conductos legalmente establecidos, propuestas de cambios a las leyes, en este caso la Ley Orgánica de Pemex y la mencionada ley reglamentaria, volviendo a integrar a Pemex en una sola entidad pública y respetando la exclusividad de la nación que se desprende del artículo 27 de la Constitución.



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Pemex, ¿empresa inconstitucional?*

Arnaldo Córdova

Desde que el PAN propuso a quienes debatirán en el Senado en defensa de la reforma de Calderón sobre el petróleo, quedó bastante clara la estrategia argumentativa que seguirán ante sus adversarios. Todos ellos, con la excepción notable del paisano Germán Martínez Cázares (no sé qué podrá hacer en el debate), han expuesto puntos de vista más o menos similares: desprestigiar a Pemex como un monopolio contrario al espíritu del 28 y del 26 constitucionales, que promueven la libre competencia y la iniciativa de los privados. A ello se refirió Héctor Fix Fierro en un coloquio en su instituto.

No tendrán ideas quienes defienden las reformas propuestas por Calderón, pero abundan en ocurrencias. El artículo 27 está bien, según ellos. Lo que no está bien es la Ley Reglamentaria en materia de petróleo vigente que, desde su versión de 1958, confiere a Pemex la tarea de encargarse de la “industria petrolera”, en toda su cadena productiva y comercializadora. Dicho concepto no existe en el 27 ni en el 28. El 27 nos habla sólo de “producto”, el que no implica que, ya no digamos Pemex (que es un ente inexistente en el texto constitucional), sino incluso la Nación, titular propietaria del recurso, deba encargarse de toda la cadena productiva y menos aún de la comercializadora.

Todos hablan de “conceptos” y algunos han advertido que su alegato se funda en una interpretación de las palabras “exactas” de la Carta Magna. Hasta ahora, sólo han hablado de dos: el producto y la industria petrolera. El maestro Eduardo García Máynez escribió dos obritas, Lógica del concepto jurídico (1959) y Lógica del juicio jurídico (1955), que resultan esenciales para entender a cabalidad la argumentación jurídica y el análisis de toda ley. El concepto es una definición de un tópico jurídico (por ejemplo, producto en petróleo). Toda ley está hecha de conceptos. El juicio es un método que liga entre sí los diferentes conceptos. A través de él, podemos entender lo que quiere decir una ley en los conceptos que la integran, interpretándolos en su conjunto.

No se qué tan duchos sean los que van a debatir a favor de la reforma en filosofía del derecho y en lógica jurídica, pero creo que podrán entender con facilidad. Todos los grandes juristas de nuestro tiempo están de acuerdo en las observaciones que, en su época, hizo Emilio Betti (Interpretazione della legge e degli atti giuridici, 1949, y Teoria generale della interpretazione, 1955) acerca de cómo interpretar una ley y, sobre todo, una Constitución. Coincidiendo con García Máynez, Betti señala que interpretar sólo las palabras es un anticuado y muy limitado modo de entender un ordenamiento jurídico. Hay que ver siempre el conjunto de la ley y, más todavía, de la Constitución, para saber lo que realmente dicen. Hay letra, pero hay, ante todo, espíritu, sentido.

Veamos ahora su idea de producto. En mis lecturas de economía política he aprendido que el producto es la coronación del proceso productivo. Adam Smith lo reducía a la ganancia, pero sus sucesores, David Ricardo y Karl Marx, lo corrigieron pues, sobre todo el primero, hicieron notar que había que saber lo que el producto había costado en tiempo de trabajo. Es absurdo separar el producto de su cadena productiva. Todo este lío es porque el 27 dice que “la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos” (del subsuelo, incluido el petróleo).

Los defensores de la reforma dicen que el 27 no dice que la Nación deba encargarse de todo el proceso productivo y sugieren que los artículos 28 y 26, siempre promotores fieles de la iniciativa privada, indican que partes de la cadena productiva deben encargarse a particulares. Olvidan decirnos en qué parte la Constitución dice, literalmente, eso. Olvidan que el 28 habla de un sector estratégico que es el petrolero que debe quedar en exclusiva para la Nación. También que el 26 refrenda ese concepto y que, si se interpretan los tres artículos, junto con el 25, todos en conjunto, resulta un juicio jurídico que les será muy difícil de admitir, pero también de rebatir: se trata de un recurso natural (no sólo de un producto) que pertenece a la Nación y que la Nación misma explotará, “en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva”.

Dicha ley dice que será a través de Pemex. Esa ley podría decir que se hará también a través de otros sujetos jurídicos, como lo proponen las iniciativas de Calderón; pero, si llegaran a aprobarse, entrarían en contradicción flagrante con la Constitución, porque en ningún lado ésta dice que los privados podrán llevar a cabo la explotación de “esos productos”. Y bien interpretada (mediante juicios jurídicos y no mediante sólo conceptos o palabras), por lo demás, más bien afirma que es una riqueza nacional que debe ser explotada en su beneficio sólo por la Nación. Explotación, en el sentido que da la Carta Magna, no es un aprovechamiento cualquiera, como lo ven los defensores de la reforma, sino, precisamente, un proceso productivo que resulta en un producto.

Como lo dije antes, lo que de verdad están planteando es la tesis de que Pemex es un ente “inconstitucional” (el término no se les ha ocurrido, pero razonan en ese sentido). No lo puede ser si la Ley Reglamentaria lo instituye y ésta deriva del 27. Pero ellos dicen que es un monopolio. El 28 dice que no será monopolio, porque no entra en la concurrencia de negocios. Eso no lo entienden. Habrá también que recordarles que el 26 establece que los sectores estratégicos son una palanca esencial de la planificación nacional y que su función como tales es primordial en la economía. Aparte sus críticas al pésimo desempeño de Pemex como empresa, lo que están diciendo es que no se justifica constitucionalmente y hay que desaparecerla.

Pregonan que se apoyan ante todo en la Constitución, pero su credo es el que expresó en su último artículo mi amigo Enrique Krauze: “El problema está en la sutil suplantación que el Estado ha hecho de la nación: para todos los efectos prácticos, quien tiene la propiedad del petróleo no es la nación, sino el Estado, que delega la propiedad en el gobierno en turno… La ‘propiedad’ de la nación es letra muerta”. Así es: no creen en la Constitución que sigue siendo, según ellos, “letra muerta”, aunque ahora la evoquen para sus fines privatizadores.



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Bolivia: lo que está en juego*

Guillermo Almeyra

El referendo secesionista de Santa Cruz, en efecto, fue una media derrota de la derecha, ya que entre la abstención, los votos en blanco no nulos o los votos contrarios, la mitad del electorado rechazó la maniobra. Pero fue también una victoria del golpismo ya que el gobierno no tuvo ni una posición firme ni única ante la votación ilegal y, sobre todo, porque la derecha mantuvo su ofensiva con su política de hechos de fuerza consumados, estimulando así no sólo a los referendos sucesivos de otros departamentos, sino también toda clase de presiones y complots subversivos.

Porque no hay que engañarse sobre lo que está en juego. El objetivo de la derecha no es tanto la secesión de la Media Luna (esa sería su posición de repliegue, si se mantuviese sin cambios el empate catastrófico actual) cuanto la reconquista del poder político en Bolivia, aprovechando a fondo el poder económico, social, mediático y cultural que no ha perdido. O sea, busca una Bolivia unida, pero dominada por la minoría capitalista, blanca y racista, después de aplastar a “la indiada” sublevada y que pretende la igualdad.

Todos los esfuerzos políticos y mediáticos de esa derecha van dirigidos a ganar o neutralizar una parte de las clases medias urbanas cholas o mestizas y, sobre todo, a la parte uniformada y armada de las mismas (los mandos medios y altos de las fuerzas armadas). Lo que Bolivia enfrenta hoy es, por tanto, un intento prolongado de golpe, con una parte pública –los referendos, las manifestaciones, las proclamas de los diarios– y otra clandestina, visitando cuarteles y la embajada de Estados Unidos, donde se está tejiendo la tela de araña de una sangrienta dictadura.

Evo Morales, como Salvador Allende, no enfrenta a una oposición democrática que acepte el marco constitucional, sino a un bloque golpista de las clases dominantes –la principal fuerza capitalista– y el imperialismo, protector de aquéllas. Y, si no construye una relación de fuerzas políticas y sociales que le permita aplastar a los golpistas antes de que se fortalezcan demasiado, podría caer como Allende o como cayó la República española ante los sublevados fascistas, aunque combata amparándose en la Constitución, la voluntad mayoritaria, las leyes y la justicia.

Es urgentísimo por consiguiente tomar la ofensiva política y social, dar objetivos claros y la impresión de que el gobierno está unido sin vacilaciones detrás de su obtención, dar a los oprimidos los medios materiales para su autodefensa (lo cual, además, meterá miedo a los aventureros conspiradores y les hará pensar mejor en su propio futuro), dirigir un esfuerzo político especial hacia las bases de las fuerzas armadas y hacia las clases medias urbanas y rurales para hacerles ver que la derecha amenaza la independencia del país y su soberanía sobre los recursos naturales.

Es falso que si gana la derecha deberá esperar quince años antes de reformar la Constitución. Para los golpistas en potencia, ésta es un pedazo de papel mojado, es nula y nulos son también los derechos y conquistas de los indígenas mayoritarios y de todos los oprimidos y explotados, y en el caso de una victoria derechista, sólo posible derrotando sangrientamente a las mayorías, los parlamentarios y miembros del gobierno actual no pasarían a la oposición sino a los cementerios o, con mucha suerte, al exilio. La lucha que Estados Unidos encara e impone es a muerte y los racistas capaces de esclavizar indios hablan de derechos (para ellos), pero se los niegan a todos.

Por tanto, al mismo tiempo que se lleva a cabo una vasta reforma agraria y el referendo sobre la cantidad de hectáreas que pueda tener un terrateniente, como hizo Lázaro Cárdenas, que no era socialista, en los años 30, hay que dar a los campesinos armas modernas y organización militar para defender la democracia y no depender sólo de un puñado de simbólicos Ponchos Rojos mal armados, sino de enteros batallones obreros y campesinos con poder de fuego, porque “la Constitución es sólo un pedazo de papel que está en la boca de un cañón”. Para evitar la guerra civil, si aún se pudiese, hay que demostrar no temerla y, además, meterle al enemigo un sano miedo sobre su desenlace.

El gobierno indígena y popular está a la cabeza de un Estado que aún es capitalista y en el que el poder económico y la hegemonía están en las manos de sus enemigos de clase y en ese Estado las clases se enfrentan con violencia y en desorden al igual que las instituciones. Evo no tiene realmente el gobierno de la sociedad ni mucho menos el poder, que requiere además ganar el consenso activo de las mayorías y elevar su conciencia a un nivel colectivo superior. Todavía está tratando de unir a las etnias-clase oprimidas en un proyecto de transformación nacional.

Pero éste exige romper los poderes locales oligárquicos y desarmar sus fuerzas de choque apelando para eso a las leyes y la Constitución y a los organismos legales destinados a la represión de los delitos, reforzados si es necesario por la ciudadanía en armas, por una Guardia Nacional que podría acompañar a unidades militares en esta tarea. Esta no es la hora del apaciguamiento ni de la conciliación en pos del sueño imposible de la unidad nacional. Unos bolivianos –la oligarquía– no sólo no quieren unirse con los otros, sino que también los consideran inferiores, animales, “llamas”. Es la hora de la organización, de los objetivos claros y precisos, de conseguir para las clases populares bolivianas “el monopolio de la violencia legítima” y legal contra sus explotadores, casi siempre extranjeros, pero con séquito en sectores de clase media local, del aplastamiento en el huevo mismo, antes de que éste haga eclosión, de la inmunda bestia civicomilitar golpista incubada por la embajada yanqui.

*Tomados del periódico La Jornada.