Mafia política que controla México
Tomado de La Jornada, cinismo e impunidad juntos.
Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores.
La lucha interna no es por ideas, ideales o plataformas políticas, sino por algo más mundano: el dinero y la cercanía con el poder que generará... más dinero. El rumbo del país, el bienestar ciudadano o el de México les tiene sin cuidado. Las legislaciones a modo realizadas por los tres partidos han arrojado un Frankenstein que lo9s mexicanos tenemos que pagar con nuestros impuestos sin recibir ningún beneficio y sí todos los perjuicios. Quien tenga un partido político así sea de membrete como el Verde Ecologista, Nueva Alianza, Convergencia, PT, o Alternativa, gozará de perrogativas –en español quiere decir dinero constante y sonante- anuales de acuerdo al número de votantes que haya conseguido. Mediante una truculenta serie de “fórmulas” el dinero año con año aumenta, aunque el numero de los que acudan a las urnas disminuya, garantizando así un gigantesco negocio para aquellos que se “sacrifican por el bienestar del pueblo”.
Es tal es cinismo de estos sátrapas que antes de cada elección dicen y prometen muchas cosas y luego son el menor rubor dicen lo contrario. El pelele Felipe Calderón Hinojosa a 40 días de haber asaltado Los Pinos viajó a Puebla, donde en compañía del góber precioso de Puebla Mario Marín prometió a un a comunidad empobrecida de la sierra, piso de cemento y techo de láminas, además de salud, agua potable, caminos y drenaje. A casi dos años de ello la comunidad sólo cuenta con drenaje, de lo demás nada.
En campaña electoral el espurio Calderón Hinojosa prometió que el góber precioso pagaría con “todo el peso de la ley” los delitos cometidos en contra de la periodista Lidya Cacho, pero 40 días después de que usurpara la presidencia lo que hizo fue reunirse con él. Ahora a casi dos años de esos hechos, repitió ayer en Puebla con el cinismo que le es fiel, que los mayores enemigos de México son los criminales y la pobreza. Junto a él en la mesa de honor estaba el góber precioso Mario Marín gozando de la impunidad que le brinda el PAN. A cientos de kilómetros la comunidad que visitó al inicio del gobierno usurpador, sigue esperando que cumpla su palabra. No lo hará porque carece de ella, al igual que del honor y dignidad para dirigir un país, ya no hablemos de capacidad, experiencia y honestidad.
A continuación materiales tomados de la revista Proceso.
http://www.proceso.com.mx/
La nueva alianza
José Gil Olmos
En el PRI las pugnas no se agotan en la coyuntura, pues los grupos que aspiran a controlar el partido ya tienen la mira en los comicios de 2009 y de 2012. Sin embargo, un dato llama la atención: mientras Manlio Fabio Beltrones pierde fuerza, Beatriz Paredes comienza a tejer una alianza estratégica con la profesora Elba Esther Gordillo, quien prepara su retorno al PRI, del que fue expulsada en julio de 2006.
La disputa por el control del PRI tomó nuevos bríos en las últimas semanas a raíz del debate sobre la reforma energética. Pero más allá de esta coyuntura, los priistas buscan posicionarse con miras a las elecciones intermedias de 2009 y a las federales de 2012.
Varios son los grupos que buscan la hegemonía, entre éstos el del coordinador en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, así como el de la actual presidenta del partido, Beatriz Paredes, y el del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto. Pero no debe descartarse a la profesora Elba Esther Gordillo quien, según su exasesor Noé Rivera, prepara su retorno al partido del que fue expulsada el 14 de julio de 2006.
Rivera preside la Asociación Ciudadana del Magisterio, organismo registrado ante el Instituto Federal Electoral (IFE) en 2002 como agrupación política y conformado por más de 152 mil maestros que militan en el PRI e intentan restarle fuerza a Gordillo en el SNTE. Desde hace dos años, Rivera ha documentado las corruptelas y abusos de poder de la maestra.
En entrevista, asegura que, en su afán por apoderarse del PRI, Gordillo busca una alianza estratégica con Beatriz Paredes, con quien incluso, afirma, ya tuvo una reunión hace un mes. Ambas acordaron crear una “secretaría de educación” dentro del propio Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista, proyecto en el cual trabajan directamente los extitulares de la SEP Miguel Limón Rojas y Miguel González Avelar.
Dice que él se enteró de ese encuentro debido a que representantes de la cúpula priista lo buscaron para invitarlo a formar una estructura magisterial a favor de Beatriz Paredes, puesto que Asociación Ciudadana del Magisterio es la única organización de profesores reconocida en el PRI desde febrero de 2006, según el acuerdo firmado por el entonces dirigente del partido, Mariano Palacios Alcocer.
Incluso, afirma, le ofrecieron darle un lugar privilegiado en las candidaturas para diputados federales con la condición de que se pusiera de acuerdo con el yerno de Elba Esther Gordillo, el subsecretario de Educación Básica Fernando González, quien va a financiar el proyecto. Rivera afirma que rechazó la propuesta.
De lograrse esta alianza, sostiene, Paredes contaría con el apoyo real del magisterio e incluso ganaría fuerza en la Cámara de Diputados. Dice que la propia Paredes comentó en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI que su propósito es llegar a la Cámara de Diputados en la próxima legislatura y convertirse en la coordinadora de la bancada para restarle peso político al senador Manlio Fabio Beltrones y, al mismo tiempo, intentar neutralizar a Andrés Manuel López Obrador si éste busca una diputación federal para 2009.
Así mismo, explica que a la maestra le urge fortalecerse políticamente por varias razones: la remoción de Miguel Ángel Jiménez como coordinador de la bancada del Partido Nueva Alianza (Panal) en la Cámara de Diputados, lo que provocó una crisis en ese partido, cuyo control se disputan ahora las hijas de la maestra Maricruz Montelongo y Mónica Arreola, y la inconformidad de 20 de los 57 secretarios seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por el desplazamiento del senador Rafael Ochoa como dirigente del magisterio.
Este es el peor escenario que ha enfrentado la maestra en su historia de líder sindical, dice Rivera, e insiste en que ello se debe a que Elba Esther Gordillo está jugando en dos pistas, como lo hizo en las elecciones de 2000 y 2006: de un lado está con el presidente Felipe Calderón y del otro busca una alianza estratégica con la actual dirigencia del PRI.
La intención de la maestra, advierte el dirigente de la Asociación Ciudadana del Magisterio, es detener las aspiraciones presidenciales del senador Manlio Fabio Beltrones, a quien en el último Consejo Nacional Extraordinario del SNTE, celebrado el pasado 3 de abril en el Estado de México, Gordillo calificó como el “enemigo número uno” del magisterio, como lo hizo con Roberto Madrazo en la campaña presidencial de 2006.
El grupo Beltrones
El excoordinador de Prospectiva del CEN del PRI, Federico Berruelo, asegura que en el seno de ese partido hay por lo menos cuatro grupos que no sólo debaten en torno a la iniciativa de reforma energética, sino que buscan también el control del organismo: el de Beltrones; el de Beatriz Paredes; el de los madracistas, llamado Expresión y Propuesta. Foro de Discusión Libre y Plural; y el de los gobernadores, entre los que destaca Enrique Peña Nieto.
De todos ellos, el que predomina y controla al partido en este momento es el de Manlio Fabio Beltrones, asegura Berrueto. Y expone: fue el senador por Sonora quien negoció la nueva composición del Instituto Federal Electoral y limitó la compra de spots de los candidatos en radio y televisión; así mismo, es él quien ha llevado la batuta en las negociaciones con el presidente Felipe Calderón en los principales temas de la agenda legislativa, como la reforma del sector energético.
Además, Beltrones ha sabido hacer alianzas entre los diversos sectores del partido y tiene presencia en el PRI. Mantiene buenas relaciones, por ejemplo, con el dirigente del sector campesino, el senador Heladio Ramírez, lo mismo que con el secretario de acción política de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves.
En vísperas de que los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) tomaran el Congreso, Beltrones declaró que arreglar las diferencias internas en el PRI era “cuestión de método y de que la mayoría se ponga de acuerdo”; también descartó que fueran a pagar costos negativos si se aprueba la iniciativa de reforma energética.
–¿Cómo van a ponerse de acuerdo con los grupos de diputados que están en contra? –le preguntaron los reporteros.
–Esto se tiene que agotar a través del debate. Yo estoy convencido de que el PRI debe consensuar hacia adentro su posición sobre una reforma en el sector energético, y sobre todo que nadie dude que la iniciativa, tal como viene del presidente, no se puede aprobar y que tiene que sufrir severas modificaciones, porque existen algunos que no la quieren votar; otros que la quieren tal cual, y una corriente mayor, a la que yo pertenezco, que la queremos modificar para beneficio del país.
–¿Cree usted que en el futuro este asunto cobrará más importancia?
–Creo que la ciudadanía puede cobrar facturas a quienes no tomen decisiones.
–A usted lo fortalece este debate porque muchas de las ideas que tiene la iniciativa fueron propuestas suyas, ¿no?
–Por eso tengo que ser congruente si como grupo parlamentario nos opusimos a que se reformara el artículo 27 constitucional y que no hubiera contratos de riesgo, es decir, no poner ni una gota de petróleo en manos privadas.
–¿Políticamente a usted lo apuntala todo este debate?
–Yo siento que lo que sucede es que cada vez la gente nota más quién tiene deseo de hacer cosas y quién no, quién es eficaz en su trabajo y quién no. Pues eso va marcando ciertas diferencias entre los políticos.
El retroceso
La toma de las tribunas del Senado y de San Lázaro por parte de los legisladores del FAP restó fuerza a Beltrones. Tan es así que Beatriz Paredes, quien se había mantenido al margen de la discusión sobre la reforma energética, organizó una reunión urgente en Toluca, el pasado 11 de abril, en la que participaron 10 gobernadores, representantes de otros cinco mandatarios y los coordinadores parlamentarios.
En ese encuentro se acordó que los gobernadores tendrían un peso en las negociaciones y el derecho a ser escuchados por los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa, y en el Senado, Manlio Fabio Beltrones.
Federico Berruelo asegura que esta situación puede resultarle costosa al sonorense, sobre todo si se considera que él basa su fortaleza precisamente en la división de las fuerzas políticas, así como en la debilidad de los gobernadores en el Poder Legislativo.
El entrevistado sostiene que esta correlación de fuerzas tendrá que cambiar después de las elecciones de 2009, pues con la renovación de la Cámara de Dipu-tados algunos gobernadores que tienen aspiraciones presidenciales, como el mexiquense Enrique Peña Nieto, el veracruzano Fidel Herrera y el coahuilense Humberto Moreira, aumentarán su presencia en las cámaras a través de un mayor número de legisladores.
Además, dice que Beatriz Paredes será quien palomee la lista de los candidatos a diputados y es ella la que se perfila como la coordinadora de la bancada de los diputados priistas en la próxima Legislatura, lo que equilibrará los contrapesos que ahora están a favor de Beltrones.
Dice Berrueto: “Beatriz Paredes tiene como objetivo la parte electoral, por eso no está disputando a Manlio Fabio Beltrones la hegemonía del PRI, sino que está concentrada en la estrategia electoral, porque sabe que su fortaleza depende de que el partido gane en 2009.
“Lo importante es saber si Beatriz Paredes será la coordinadora de los dipu-tados en la próxima Legislatura y cuál será su relación con los diputados de los gobernadores. Si hay entendimiento (con ellos) no sólo va a haber un PRI fuerte, sino también unificado, lo cual le plantearía un mejor escenario para 2012.”
En este rejuego político, Berruelo prevé que la fuerza de Beltrones puede menguar, lo mismo que sus aspiraciones como candidato a la Presidencia de la República para 2012.
“Todo hace ver que el triunfo en la próxima elección presidencial no va a depender de la unidad del partido, sino de quién será el candidato postulado; en este sentido podemos anticipar que Manlio Fabio Beltrones no lo será por una razón: el PRI aprendió que con un mal candidato no gana”, afirma.
Ya lo vieron con Roberto Madrazo en 2006, dice el también maestro del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Y agrega: “Los priistas no van a querer repetir la misma historia y eso anula las posibilidades del exgobernador de Sonora”.
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Revela el EPR las casas de seguridad del gobierno
José Gil Olmos
Poco antes de que el EPR propusiera un diálogo al gobierno federal, y en respuesta a un cuestionario elaborado por Proceso, los altos mandos del grupo armado revelaron que durante la gestión de Felipe Calderón han desaparecido 30 líderes sociales y guerrilleros. Además identificaron, con sus direcciones, una decena de “casas de seguridad” en el DF presuntamente pertenecientes al Cisen y al Ejército, y en las cuales, afirman, sus compañeros pudieron haber sido torturados…
Por primera vez en su larga vida clandestina de cuatro décadas, los mandos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) –con orígenes en el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP)-Partido de los pobres (Pdlp), fundados en 1969– propusieron una mesa de diálogo con el gobierno federal.
El propósito: encontrar a sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 20 de mayo de 2007 después de haber sido detenidos por policías del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y entregados al Ejército, que los ha torturado para sacarles información, de acuerdo con las denuncias que, desde entonces, ha hecho el grupo armado.
Antes de hacer esa propuesta de diálogo, el EPR reveló a Proceso la ubicación de una decena de casas de seguridad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y del Ejército Mexicano en la Ciudad de México, donde posiblemente han mantenido cautivos a guerrilleros y dirigentes sociales como parte de la nueva guerra sucia que está desplegando el gobierno federal.
Al responder un cuestionario de Proceso que tardó dos semanas en devolver por razones de seguridad, el comité central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), Comandancia General del EPR, asegura que durante el gobierno de Felipe Calderón han desaparecido 30 líderes sociales, y sospecha que han sido torturados en las “cárceles clandestinas” mencionadas.
Dichas “cárceles” son departamentos, almacenes o casas ubicadas en colonias anexas al cerro del Ajusco o en medio de algunas colonias populares, que se caracterizan por tener protecciones al interior y no al exterior de las ventanas.
Respecto a las acusaciones de que se ha financiado con recursos del narcotráfico y a través de los secuestros, el EPR lo niega y dice que “es el Estado quien tiene estos vínculos” con el crimen organizado, auspiciado por políticos, policías y altos jefes militares.
Según el grupo guerrillero, existen bandas que reciben protección de militares y funcionarios, y en sus respuestas acusa directamente al actual director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, de ofrecer este blindaje en Veracruz.
La lista
El EPR cuenta con un grupo de militantes especializados en labores de contrainteligencia que dan seguimiento a las actividades de las dependencias encargadas de combatir la guerrilla. Son células especiales que dan “servicio de información”, como lo indican en el documento interno Curso de inteligencia PDPR-EPR (Proceso 1639).
Ante la pregunta de si han detectado casas de seguridad del Ejército o del Cisen que hayan utilizado para detener a sus compañeros desaparecidos, la dirigencia nacional del EPR menciona una lista de ellas en la Ciudad de México.
“En efecto, nuestro aparato de información e inteligencia tiene ubicadas infraestructura y estructura del aparato de inteligencia gubernamental, de las fuerzas represivas, de donde desde hace varios años se desplazan para reprimir a los luchadores sociales. No dudamos que esas casas sean utilizadas como cárceles clandestinas en donde estén o hayan sido llevados algunos de los desaparecidos”, explican los guerrilleros.
En juego de contrainteligencia, mencionan que una de esas casas se ubica en Barranca del Muerto número 516, al lado de la compañía Servimed, en la colonia Los Alpes, delegación Álvaro Obregón.
Otras dos se localizan muy cerca de ahí, en las calles de Otoño 507 y Estío 525, “de las cuales sale personal que tiene comunicación con la casa anterior”. Una más se halla en la colonia Merced Gómez, pero no dan de ella más datos, solamente que ahí se reúnen policías de la PFP, militares y elementos del Cisen, todos de civil.
“De estas casas, entre otras, salen equipos de cuatro individuos para posicionarse en áreas estratégicas de la ciudad para observar los movimientos de los luchadores sociales y ciudadanos que a ellos les parecen sospechosos”, describen los eperristas.
En la calle Concal, colonia Torres de Padierna, con el fin de planificar, se reú-nen otros grupos “con una persona que tiene una bodega de distribución de cerveza que es atendida por una mujer de aproximadamente 40 años de edad”, refieren los guerrilleros.
En la misma colonia, pero en la calle de Seye 27 esquina Xoccel, en el Club de Billares Red, existe otro centro de reunión que “puede también funcionar como casa de seguridad”, indican.
Otra presunta casa de este tipo la sitúan en la calle Volcán Kiska casi esquina con Volcán Ontake, lote 8, manzana 25, colonia El Mirador. Y una más en Prolongación de Dalia y Mirasol, San Pedro Mártir, delegación Tlalpan. “Es una esquina donde está un restaurante llamado ‘Churros Capuchino’. (Los agentes) Permanecen en la esquina Mirasol, utilizando taxis Volkswagen ecológicos o automóviles particulares de la marca Tsuru”.
Los eperristas identifican como centros de reunión y planeación de los órganos de seguridad, una casa en Pirineos 8, colonia Banjidal, Iztapalapa, con fachada mercantil, y una más en avenida Imán y Tlalpan, donde, afirman, se concentran 20 agentes “para distribuirse en sus zonas de espionaje”.
Según el EPR, todos esos elementos fueron dirigidos por el comandante de la AFI Francisco Garduño Juárez, y utilizan a jovencitas de 14 a 27 años como espías, induciéndolas al consumo de cocaína detrás del hospital Ángeles.
Revela el grupo guerrillero que han identificados al menos a 25 de estos agentes con sus nombres, direcciones y familias. Pero aseguran que de ninguna manera actuarán de manera personal porque ellos luchan sólo contra el régimen y, además, cuentan “con una ética revolucionaria” que les impide cobrarse personalmente los agravios.
Al hacer un recorrido por algunos de estos domicilios, los reporteros pudimos confirmar no sólo la existencia de esas casas y departamentos en las direcciones proporcionadas, sino también observar que en todas había barrotes internos en las ventanas, como en la casa de Barranca del Muerto, que a primera vista pareciera abandonada.
Además, algunas de esas presuntas “casas de seguridad” se encuentran en lugares apartados y solitarios, como las dos ubicadas en la colonia Torres de Padierna, a las faldas del Ajusco.
Desaparecidos del calderonismo
Los mandos del EPR denuncian que en el sexenio de Felipe Calderón continúan las prácticas de guerra sucia que los gobiernos priistas mantuvieron en los setenta, y no dudan en hacer cuentas: son 30 los líderes sociales y guerrilleros desaparecidos en la presente administración.
“Negamos categóricamente las versiones difundidas desde los diferentes aparatos de inteligencia militar y del Cisen que han deslizado la idea de que la desaparición de nuestros compañeros fue producto de ajustes de cuentas entre revolucionarios. Eso es totalmente falso y calumnioso, típica maniobra de los operativos psicológicos y de contrainformación, componente activo de la Guerra de Baja Intensidad (GBI), que pretende desacreditar nuestra lucha y el carácter revolucionario de ésta para justificar el asesinato de los más de 30 detenidos-desaparecidos que el gobierno de Calderón niega y de cuyos crímenes de lesa humanidad es responsable”, sostiene el EPR.
La dirigencia nacional de esa organización insiste en que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde mayo de 2007, siguen vivos y están en manos “de la parte más reaccionaria del Ejército Mexicano” que, asegura, es la que sostiene y apuntala al gobierno de Felipe Calderón.
En este sentido, rechaza las declaraciones de la Sedena, de la PGR y de la Secretaría de Gobernación en las que sostiene que no han registrado la detención de los dos militantes del EPR.
“Las respuestas oficiales sobre la detención de nuestros compañeros sólo han sido falacias. La declaración oficial y oficiosa de que el gobierno federal está investigando el paradero de nuestros compañeros sólo es una maniobra para ganar tiempo, para borrar toda evidencia y eludir mayores responsabilidades. ¿A qué oficiales y de qué rango protegen? ¿Qué temores les inquietan, al grado de que familiares de Felipe Calderón tienen protección del Estado Mayor Presidencial? La verdad tarde o temprano siempre la conoce el pueblo. Hoy niegan, como lo hicieron los priistas en el pasado, la desaparición de luchadores sociales. ¿Cuánto tiempo pasará para que se acepte la realidad y se finque responsabilidad a los criminales de Estado?”
El EPR también rechaza la declaración –hecha por otras organizaciones armadas– de que Cruz Sánchez y Reyes Amaya pudieron haber sido aprehendidos en un hotel de la ciudad de Oaxaca por policías del estado, a quienes miembros del grupo guerrillero les habrían filtrado la ubicación de sus compañeros.
“Hay quienes desde la clandestinidad han hecho aseveraciones de una supuesta infiltración que condujo a la detención de nuestros compañeros, a lo cual tenemos que decir que se equivocan rotundamente en sus análisis subjetivos porque están hechos sobre premisas falsas, dolosas y fantasiosas.”
E incluso advierten que ellos saben “quiénes contribuyeron a la detención” pero que los nombres y detalles los revelarán en el momento oportuno.
Aseveran que el gobierno de Calderón ha renovado las viejas prácticas contrainsurgentes a través del espionaje, los intentos de infiltración en organizaciones legales o clandestinas y la detención de luchadores sociales. Esto, con la idea de encontrar los hilos materiales que conduzcan a las diferentes direcciones del movimiento revolucionario.
Los gobiernos panistas –advierten los guerrilleros–, como lo hicieron en su tiempo los priistas, reciben apoyo financiero y tecnológico de Estados Unidos para combatir la guerrilla. Ejemplo de ello es el Plan México o Iniciativa Mérida, que “no hace más que legalizar y hacer pública dicha ayuda”.
De hecho, afirman que la asistencia militar estadunidense en la lucha contra el narcotráfico tiene una parte de lucha contrainsurgente, pues la organización táctica y operativa de la Marina, el Ejército, la AFI y la PFP, así como de las policías ministerial, estatal e intermunicipal, está diseñada a partir de los manuales de contrainsurgencia.
Pero todos esos esfuerzos del Estado, adelanta el EPR, serán inútiles pues los nuevos elementos de la guerrilla han asumido la ideología y los lineamientos político-militares del grupo armado, “lo que blinda la estructura en la que participan, reduciendo la posibilidad de golpes estratégicos”.
La narcopolítica
El pasado 31 enero, el general Justiniano González Betancourt, diputado del PAN y presidente de la Comisión de Defensa Nacional, dijo –durante una reunión de legisladores de su partido en San Miguel Regla, Hidalgo– que era probable que el EPR tuviera financiamiento del narcotráfico para obtener armas y municiones.
Posteriormente, a raíz de la muerte de cuatro mexicanos que se hallaban en el campamento de las FARC en Ecuador, junto con Lucía Morett –quien resultó herida y hoy se encuentra bajo la protección de Nicaragua-, hubo versiones de que el grupo guerrillero colombiano tenía vínculos con el EPR.
Los dirigentes eperristas dicen que esas “son versiones tendenciosas y mal intencionadas que están diseñadas en un contexto de la política contrainsurgente en su versión antiterrorista”.
Exponen que uno de sus principios políticos consiste en trabajar con sus propios recursos y capacidades bajo la idea de que “en México la revolución la hacemos los mexicanos”. No obstante, aclaran que esto no significa que no exista la solidaridad que se da entre revolucionarios, porque para el EPR la FARC “no es narcoguerrilla”.
En todo caso, los eperristas afirman que los señalamientos “irresponsables” de que los estudiantes muertos en el campamento de las FARC eran guerrilleros, son parte de una estrategia para justificar una nueva ofensiva de represión contra activistas políticos de la UNAM, el Politécnico y otras instituciones educativas.
Revira el EPR: “Es el Estado quien tiene vínculos con este fenómeno a través de los diferentes grupos de poder involucrados en estas actividades”.
Y da ejemplos.
“1. De todos los detenidos como presuntos narcotraficantes o integrantes de grupos delictivos, siempre sale a relucir que son o fueron integrantes de cuerpos policiacos o militares, teniendo nexos con los diferentes niveles de gobierno. De ahí que resulte baladí el argumento de (Eduardo) Medina Mora de que no hay policías malos, sino narcotraficantes infiltrados en la policía.
“2. Es del dominio público, (que) en la Depresión del Balsas, desde la XXI Zona Militar con sede en Morelia, Michoacán, se otorgan los permisos para la siembra de estupefacientes, siendo supervisadas las áreas sembradas por oficiales de la región militar con sede en Irapuato, Guanajuato. Los sembradíos que son destruidos obedecen a que no cubren la cuota económica establecida por dichos oficiales. Lo mismo sucede con la protección que da el Ejército Mexicano para la siembra de la amapola en el corredor de La Huacana, Michoacán, hacia el estado de Guerrero. Al igual que con la jurisdicción de la XLII Zona Militar con sede en Apatzingán.
“3. Las bandas dedicadas al tráfico de enervantes, emigrantes y trata de blancas en la región de Sotavento, Veracruz, están vinculadas a la protección que les proporciona Miguel Ángel Yunes Linares.
“4. En el estado de Guanajuato funcionarios y policías están involucrados en bandas delictivas que van desde el robo de vehículos hasta el narcomenudeo. Celaya y León son los ejemplos más ilustrativos.
“5. En el norte del país la historia se repite: policías y funcionarios de toda índole a cada rato quedan al descubierto como parte del fenómeno del narcotráfico y la corrupción.
“6. Lo mismo sucede en Oaxaca, Puebla, Chiapas, Sonora, Chihuahua y el resto del país: funcionarios de todos los niveles de gobierno están coludidos con éste fenómeno.”
El EPR precisa que ellos hablan por sí mismos, por nadie más, y que es falso que los grupos guerrilleros mexicanos tengan vínculos y financiamiento del narcotráfico, pues sólo son insinuaciones de “sesudos analistas o funcionarios de diferente nivel” encaminadas a fortalecer la campaña mediática de desprestigio que el gobierno de Calderón y los cuerpos de inteligencia orquestan para deslegitimar la lucha revolucionaria.
Niegan también que mantengan su lucha a través de asaltos bancarios o secuestros de empresarios, como lo hicieron sus predecesores en los años setenta y ochenta. Los mandos eperristas indican que desde el año 2000 establecieron como política “no recurrir a las acciones de expropiación” para hacerse de recursos.
Explican que a raíz del primer congreso del PDPR, realizado ese año, se aprobó como resolutivo “hacer la revolución a partir de los recursos y medios que aporte nuestro pueblo”.
Por eso, insisten, las versiones de asaltos y secuestros “constituyen una falacia, una calumnia, propaganda oficial que pretende desacreditar el carácter de nuestra lucha”.
Por último, los eperristas se deslindan de cualquier acto de este tipo que se haya cometido en su nombre o que pretenda atribuírsele.
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Desmiente el EPR contactos o negociación con el gobierno
josé gil olmos
* Reprueba versiones propaladas por Ciro Gómez Leyva y Carlos Ramírez
México, D.F., 5 de mayo (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) rechazó haber establecido contacto alguno y, menos aún, sostenido algún tipo de diálogo con el gobierno de Felipe Calderón.
También negó que la desaparición de sus dos compañeros, Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, fuese producto de un “ajuste de cuentas” entre la guerrilla.
“La desaparición de nuestros compañeros fue hecha por las fuerzas represivas del Estado mexicano, es un delito de lesa humanidad”, reiteró.
Del supuesto contacto con el gobierno, el EPR manifestó:
“Rechazamos categóricamente haber tenido o tener un contacto con institución alguna del gobierno federal, mucho menos negociar o pactar con el aparato represivo de inteligencia. Eso lo hemos establecido claramente en los comunicados de nuestra comandancia general el 24 y 28 de abril. Seguir insistiendo sobre este tema es doloso y termina siendo calumnioso”.
El EPR sostuvo que no dará un paso atrás en la búsqueda y exigencia de la presentación con vida de sus compañeros desaparecidos en Oaxaca desde mayo del 2007.
Sobre la comisión que propuso para lograr la aparición de sus compañeros, aclaró que ésta desarrollaría tareas de intermediación “y nada más”.
En un par de comunicados difundido este lunes, en los que criticó duramente las especulaciones de los periodistas Ciro Gómez Leyva y Carlos Ramírez, de quienes dice sus informes provienen del gobierno, el EPR reiteró que no negociará la libertad de sus cuadros políticos. Por el contrario, exigió la aparición con vida de sus compañeros desaparecidos porque, subrayó, se trata de un reclamo por la vida y la libertad.
En las dos misivas, el EPR confrontó a los periodistas que, coincidentemente, manejan el mismo argumento:
Que el EPR sólo ha creado el caso de la desaparición de sus dos compañeros para llamar la atención, puesto que sufre una crisis financiera severa y problemas de descomposición interna.
El grupo armado consideró “falso y calumnioso” sostener que otro grupo radical disidente de la guerrilla fuese el autor en la detención de sus compañeros.
Advirtió que se trata de una “maniobra de contra-información” de parte de los cuerpos de inteligencia militar y de la Marina, así como del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen).
El EPR también desmintió versiones de que se financie con la práctica del secuestro o de que reciba recursos de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Retó a Carlos Ramírez: “Si usted tiene evidencias de que estamos haciendo secuestros, asaltos y actividades delincuenciales, sería bueno que las presentara, porque nosotros sí podemos decirle que, por lo dicho, sus fuentes y esas ‘evidencias’ son las que difunde el Cisen y los grupos de inteligencia gubernamental, bajo la fantasía de que estamos monitoreados o infiltrados”.
Por otro lado, el EPR rechazó que se encuentre detrás de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y desmintió que Gabriel Alberto Cruz Sánchez sea el mismo personaje que aparece en algunos videos de actos de la APPO.
“La persona que aparece en la filmación mencionada no es nuestro compañero (…) sentimos mucho desilusionar a quienes festejaban tal ‘descubrimiento’. Es clara la maniobra de las autoridades judiciales el tratar de diluir su responsabilidad y, en una actitud ruin, acomodar el escenario para justificar tan reprobable crimen, porque a nuestros compañeros los detuvieron sin orden de aprehensión y sin flagrancia de delito. Que ahora la PGR y la PJE de Oaxaca digan que había una investigación sobre nuestros compañeros es aberrante”.
Y ante las aseveraciones del conductor Ciro Gómez Leyva en el sentido de que el EPR ya no ha hecho acciones militares porque está negociando, la guerrilla le respondió:
“Estas siempre obedecen a un análisis político de la realidad nacional, señor Ciro, somos revolucionarios y no sujetos militaristas irracionales”. Además, los insurgentes aseguraron que nunca actúan “por resentimiento o por venganza”.
Finalmente, el EPR pidió que se investigue a fondo al gobernador Ulises Ruiz, pues sostuvo que el priista tiene una clara responsabilidad en la desaparición de sus dos compañeros y ese es un hecho que busca ocultar el gobierno federal.
posted by Liberation at
9:47 a.m.
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