Gritan secuestro, los que mantienen secuestrado al país desde hace 25 años
Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.
Tomado del periódico Milenio.
La masiva participación contra la privatización de Pemex que se llevó a cabo ayer domingo en la Ciudad de México da cuenta de la importancia que el pueblo da al tema y de su decisión de defender el petróleo aún a costa de su seguridad personal. Como ha sido desde hace años –2005, con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador- las multitudinarias reuniones se llevan en calma, de forma pacífica y festiva. Además de que cuentan con la presencia de niños y personas de la tercera edad, que no tienen miedo –no hay ningún motivo para ello- a participar de forma abierta y conciente.
Ni los ataques a toda hora de los medios de desinformación electrónicos, ni las amenazas y exabruptos de "legisladores" a modo menguaron el ánimo de la ciudadanía que quería demostrar una vez más con su presencia que no está dispuesta a dejar que roben los recursos de los mexicanos.
Como ha sido la tónica de los medios impresos y electrónicos se minimizó el hecho hasta casi desaparecerlo. No importa que en las últimas semanas se hayan concentrado cientos de miles de ciudadanos para demostrar su apoyo a López Obrador en la defensa del petróleo. Tampoco las manifestaciones contra la desinformación de la principal televisora del país, Televisa, quien de esta manera viola la Constitución –derecho a la información, verídica y objetiva- y la concesión que se le otorgó. No es dueña, sólo tiene la señal en calidad de préstamo.
Como en esta ocasión no hubo ninguna acción que pudieran resaltar para no informar sobre lo relevante del mitin, del hecho noticioso, se limitaron a tomar una parte del discurso para continuar con el ataque. El Universal tituló su nota principal: AMLO embiste ahora a la Corte, Reforma en primera plana pero hasta abajo dice: Embiste AMLO contra medios y Milenio: Pide 82% a AMLO debate en el Congreso.
¿Dónde está la objetividad y el trabajo periodístico, cuando lo que se informa no corresponde con la realidad, o peor aún la tergiversa y la falsea? El ejemplo es el periódico Milenio, que toma de la encuesta de María de la Eras la respuesta que más le acomoda, la que está más con sus intereses, para desinformar. De seis preguntas cuatro fueron respondidas de forma mayoritaria con la afirmación de que la propuesta del pelele Felipe Calderón Hinojosa pretende privatizar de forma oculta a Pemex. Una quinta se refiere al desinterés por la compra de los "bonos de 100 pesos" de la paraestatal. Y la sexta se refiere a que la mayoría de los encuestados se pronunciaron porque se debata en el Congreso antes de que se tomen acciones como las efectuadas por los legisladores del Frente Amplio Progresista.
Cualquier estudiante de la carrera de comunicación sabe que la nota estaba por la privatización del petróleo, ese era el argumento de peso. Una inmensa mayoría piensa que se trata de privatizar de manera oculta el petróleo, ese dato contrasta con las versiones de los medios electrónicos y con el discurso del gobierno usurpador. ¿Entonces cual periodismo? Sólo ganas de fregar a toda costa.
La campaña desinformativa y de linchamiento no parará, como tampoco desistirá la resistencia civil pacífica acordada por la Convención Nacional Democrática, que ojo, no sólo aglutina a gente del FAP, sino a una amplia mayoría que defiende la posibilidad de un proyecto de izquierda que brinde en realidad una nueva forma de vida a todos los mexicanos y desaparezcan los privilegios de esas 300 familias –sí las de Azcárraga, las de Slim, las de Servitje, las de Roberto Hernández, las de Larrea, las de Salinas Pliego, las Aguirre, etc.- que mantienen secuestrado al país, a sus corruptas instituciones y lo más grave, a los millones de ciudadanos que lo habitan. Basta de cinismo, corrupción e impunidad.
La siguiente columna publicada el pasado sábado 12 de abril en el periódico La Jornada, amplia la información sobre las mentiras del pelele Calderón Hinojosa y su propuesta privatizadora.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/12/index.php?section=opinion&article=024o1eco
México SA
Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
■ Propuesta salino-zedillista para entregar a particulares actividades reservadas al Estado
Que con la "reforma" calderonista no se privatiza nada y que quien lo diga no sólo es un mentiroso, sino un enemigo de la nación (dixit de cualquiera de los funcionarios, legisladores y jilgueros a favor de la embestida privatizadora).
Tan sólido es el comentario que al revisar la propuesta del inquilino de Los Pinos para modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo por todas partes aparece el beneplácito calderonista para que el capital privado le clave el colmillo a la industria petrolera (en caso de que diputados y senadores obsequien el incondicional sí a la propuesta del michoacano).
Así, por cortesía del doctor Víctor Rodríguez Padilla (investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, especialista en temas energéticos y ex asesor del Senado de la República en esos menesteres) y del maestro José Luis Apodaca Villarreal (ex gerente general divisional de la CFE y ex asesor en el Congreso en el mismo tema) va un paseo (el primero hizo el análisis y el segundo lo envió a México SA) por las modificaciones "antiprivatizadoras" propuestas por el inquilino de Los Pinos en la citada iniciativa:
El sector privado podrá realizar el transporte y el almacenamiento de gas entre los pozos y las plantas de gas; el sector privado podrá realizar el transporte, almacenamiento y distribución de productos derivados del petróleo y del gas natural; el sector privado podrá realizar actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, productos petroleros y petroquímicos básicos.
Pemex y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo, con lo que crea la figura (como en la generación eléctrica) de "productores independientes de refinados".
El sector privado podrá construir, operar y ser propietario de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan. En el artículo cuarto se propone que la refinación se considere un servicio que puede prestar el sector privado, pero en el artículo tercero se le considera una explotación reservada a la nación. Se permiten refinerías, tanques y ductos privados.
El gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, se sujetará a las disposiciones aplicables de transporte, almacenamiento y distribución de gas. Se le da el mismo tratamiento a las distintas explotaciones de gas (asociado, no asociado al petróleo, asociado a mantos de carbón y metano de procesos químicos).
El sector privado podrá explorar y desarrollar los yacimientos transfronterizos contratado por Pemex. Ahora se explican las cuatro plataformas contratadas por la paraestatal. Se les darán a las compañías privadas. "Realizar los actos" –como establece la nueva redacción del artículo cuarto A– significa contratar a un privado.
En exploración y explotación petrolera: la propuesta no prohíbe que Pemex divida las asignaciones en bloques para repartir a las compañías, como se hizo con los contratos de servicios múltiples (cuenca de Burgos), de tal suerte que la Sener no podrá negarle a la paraestatal las asignaciones que le solicite. Esto significa que el sector privado podrá realizar actividades de exploración y desarrollo y por lo mismo producir hidrocarburos. Aquí están implícitos los contratos de riesgo.
Se prohíben dos formas de adquirir propiedad sobre los hidrocarburos, pero no se prohíben todas las demás. Por ejemplo, indexar el pago a las reservas descubiertas como propone el diputado priísta Eduardo Cervantes Andrade. En ese caso se generarían derechos de propiedad sobre los hidrocarburos en el subsuelo, es decir sobre los yacimientos. La posibilidad de comprometer las reservas se deja abierta en la ley y eso sí que interesará a las trasnacionales.
Los yacimientos transfronterizos también recibirán ese tratamiento: podrán ser explorados y desarrollados por un privado contratado por Pemex, y a cambio recibirán un pago en efectivo ligado a las reservas exploradas y descubiertas; la producción será entregada a la paraestatal para su comercialización (la venta de primera mano de crudo y gas es la única actividad exclusiva que Pemex conserva); sin embargo, la venta podría llevarla a cabo el privado del otro lado de la frontera de acuerdo con el esquema de unitización previsto en el tratado.
En la redacción del artículo séptimo desaparece la palabra "terrenos" y se remplaza por "áreas" para incluir zonas marinas (léase el "tesoro").
El artículo décimo propone apertura total en oleoductos y poliductos, y obliga a Pemex a brindar servicios al sector privado. Los privados ya no están al servicio de la paraestatal, sino al revés. Se "fortalece" a Pemex creando Pemex privados (excepto en las ventas de primera mano).
Más adelante, queda claro que prácticamente todas las actividades de la industria petrolera quedan abiertas a través de permisos (los cuales también se aplican a Pemex); además, se desregula y liberaliza toda la cadena del petróleo y gas natural corriente abajo, con excepción de las ventas de primera mano.
No establece restricciones a la integración vertical, por lo que podrán existir Pemex privados, es decir, empresas cuasi verticalmente integradas desde la exploración hasta la venta al consumidor final; la venta de crudo, así como la venta de primera mano de gas, petrolíferos y petroquímicos básicos queda reservada a Pemex. Todo lo demás está abierto ya sea mediante contrato o permisos; Pemex entregará la producción de gas, refinados y petroquímicos básicos al sector privado mediante contratos de abastecimiento.
En resumen, prácticamente todo lo que se propone en la iniciativa es inconstitucional combinando el "método Salinas" (productores independientes) y el "método Zedillo" (sacando actividades de lo que se considera industria petrolera y por lo tanto reservado a la nación).
Las rebanadas del pastel
Queda claro, pues, que lo de la privatización es una mentira.
A continuación un análisis tomado de la revista Proceso.
http://www.proceso.com.mx/
Debate sobre el aborto
raciel garrido
México, D.F., 11 de abril (apro).- El 26 de abril pasado, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) reformó el Código Penal local en lo referente al delito de aborto. Hasta antes de la reforma, el artículo 144 de dicho ordenamiento legal definía al aborto como la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. La sanción oscilaba de uno a tres años de prisión si lo hacía la mujer o mediaba su consentimiento.
A partir de la reforma, el aborto se define como la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación, lo cual viene a "despenalizar" la muerte provocada del producto acaecida antes de ese periodo.
Más aún, la reforma en comento redujo considerablemente la sanción privativa de libertad para la mujer que llegase a abortar. La pena va de los tres a los seis meses de prisión. Si el aborto lo causare un médico cirujano, enfermero o practicante, se le suspenderá en el ejercicio de su profesión.
Inconformes con las reformas, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpusieron acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juicio que aún está pendiente de resolución, y que tal vez se dirima en octubre (por cierto el día 31 de marzo, la Corte anunció que recibirá en audiencias públicas a las partes enfrentadas en este juicio).
Dos posiciones antagónicas subyacen en el debate: por una parte, la que considera al concebido no nacido como un ser humano y, por otra, la que afirma que este status se adquiere después de la décima segunda semana de embarazo, por ser el momento en la que se ha formado la corteza cerebral.
La embriología, la biología molecular y la bioética juegan un papel de primerísima importancia en el debate que tienen sobre la mesa los ministros de la SCJN.
Cifras que abarcan hasta enero de 2008, muestran que se han practicado 6 mil 400 abortos en el Distrito Federal, y sólo en 0.4% de los casos hubo alguna complicación, falleciendo una sola persona; y de la cifra total, aproximadamente 6% son personas que no radican en la capital de la República; es decir, el aborto se toma en su justa dimensión, ya que los opositores a esta medida planteaban la posibilidad de que la Ciudad de México se convertiría en el "paraíso" del aborto en el país, y los números muestran que no es así.
El beneficio social que trae consigo la despenalización del aborto es significativo: según cifras de la ONU, en países donde el aborto es legal, las tasas de mortalidad son de una por cada cien mil abortos, al contrario de donde se penaliza esta práctica, donde la cifra es mil veces mayor, esto es, mil por cada cien mil. (Y habría que considerar que en México se practican un millón 700 mil abortos al año, según cifras avaladas por el gobierno federal).
Pero hagamos un somero recorrido histórico. En la antigua Grecia, Platón (más que de aborto, habla del infanticidio) y Aristóteles propiciaron la práctica del aborto por cuestiones de salud social (aborto eugenésico) y por razones del buen desarrollo del Estado.
Aristóteles piensa ya en que la licitud del aborto lo marca la vida, la viabilidad e, implícitamente, este filósofo afirma que un feto es susceptible de ser abortado, pues no ha comenzado ni a sentir ni a vivir.
En Roma se consideraba al embrión o feto como parte de las entrañas de la embarazada, en consecuencia, el aborto no era calificado como un delito, pues si la mujer abortaba, no hacía otra cosa que disponer de su propio cuerpo. Algo similar a lo que en la actualidad alegan las organizaciones feministas.
Una sociedad que en su mayoría practica el catolicismo se encuentra en la disyuntiva del pecado que lleva aparejada la excomunión; pero, a decir de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, la mayoría de las mujeres que practican esta religión no piensan que cometen "pecado" al abortar, ya que al ser una decisión tomada a conciencia y con libre albedrío, y al ser éstas, cualidades superiores protegidas por la Iglesia, no se convierte en pecado; por tanto, no habría excomunión ni automática ni declarada.
Esto por lo que toca al factor religioso, que si no es lo que debe determinar una decisión de esta envergadura, sí es de tomarse en cuenta.
Además, cabe advertir que no debemos tener regresiones indeseables, ni asimilar nuestro sistema neorromanista al sistema jurídico-religioso del Islam, en el cual la religión es fuente de derecho, es decir, no hay fronteras entre el delito y el pecado, porque si así fuera en nuestro caso, entonces tomemos el Código Canónico como fuente de derecho sancionado por el Estado mexicano y que la Suprema Corte quede en manos de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Así mismo, siguiendo a un gran filósofo cristiano, Tomás de Aquino, afirmaremos hipotéticamente que se comete asesinato contra una persona, y que esta persona es tal hasta que tiene forma humana, no antes, es decir, hasta que su alma ha tomado posesión del cuerpo. El feto tiene vida vegetativa, de ninguna manera es vida humana.
Tomás de Aquino era partidario de la "animación retardada", cuya teoría la Iglesia católica había adoptado como doctrina, y que sólo fue sustituida por patrañas como la "animación inmediata". ¿Qué obispo se atrevería a excomulgar a Tomás de Aquino hoy?
Moralmente, los que apoyan la penalización del aborto argumentan el "respeto a la vida". Sí, hay que defender la vida. Pero el aborto no se hace por diversión, sino que se tiene que interrumpir el desarrollo de la vida por la conservación de otro ser humano, que es la madre; esto es, no es inmoral acabar con la vida en una circunstancia determinada.
El que comete aborto es un asesino, dicen para apoyar su penalización; pero "asesinato" es dar muerte a una persona humana, no a un feto. Al desarrollarse, el feto humano toma diferentes estructuras biológicas, es decir, en su evolución embrionaria, va alcanzando formas de pez, anfibio, mamífero inferior, antropoide y, evidentemente, nadie ha ido a parar a la cárcel por "asesinar" a un pez para comérselo.
Al pescar un pez no se está fomentando el amor a la muerte, sino la supervivencia del ser humano; al abortar, las mujeres no impulsan la muerte como forma de vida, si es que cabe ese contrasentido, sino que buscan su supervivencia.
Legalmente, la prohibición del aborto ha traído las mismas consecuencias que la prohibición de las drogas: violaciones a la ley que, al contrario de proteger la vida, han hecho que más vidas humanas se pierdan debido a su ineficacia y absurda prohibición. Además, impulsa la perpetración de otros delitos y de inmoralidades más complejas: abandono de niños, infanticidios, maltratos, hambre, desintegración familiar, etcétera.
El aborto es una cuestión de salud pública, de salud social, de importancia capital para el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres. Se ha demostrado que un país avanza y se democratiza en mayor medida en función de las libertades que se reconocen a las mujeres.
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