Otra batalla ganada contra la privatización de Pemex

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores.

La retahíla de insultos en contra de la resistencia civil pacífica, de la toma de las tribunas de las cámaras de senadores y diputados y de las manifestaciones en contra de la privatización de Pemex han subido de tono en la medida en que los poderes fácticos ven alejarse su anhelado sueño de apropiarse del tesoro petrolero.

La incapacidad, negligencia e ignorancia del pelele Felipe Calderón Hinojosa –una vez anulado su delfín, el corrupto Juan Camilo Mouriño- demuestra que los panistas sirven para ser oposición, pero nunca para gobernar y los hechos no dejan lugar a dudas. Lo que les interesa es el negocio, sí el negocio que los convertirá en los supermillonarios del 2012, de la misma forma en que formó su botín el ladrón y corrupto Vicente Fox Quesada.

Los que se autonombran pacíficos –bien calificados por el ciudadano común como fascíficos- son los que antes y ahora llaman a usar la violencia en contra de las manifestaciones libres y pacíficas. Les revienta que en el país existan millones de personas que perdieron la apatía y luego el miedo para defender sus derechos y poner un alto a tanto ratero de cuello blanco que escudado en la “política, las instituciones o la ley a modo” saquea a la nación con total impunidad y a la vista de todos.

De nueva cuenta este jueves la toma del Senado por senadores del Frente Amplio Progresista (FAP) y con los cercos ciudadanos de las brigadas de mujeres en defensa del petróleo impidieron que se pudiera sesionar y llevar a cabo de esa manera la máscarada en la que han convertido los “debates” sin debate del Senado.

Ante tal situación y por la decisión mostrada por la resistencia civil pacífica los que aún ayer amenazaban con que se irían por la libre en cuanto a la reforma energética, ahora plantean varias posibilidades de solución, desde que se abra el diálogo directo con el usurpador Felipe Calderón Hinojosa –el mafioso priísta Manlio Fabio Beltrones insiste en que el espurio le entre al ruedo y se ensucie aún más la manos puercas- o que la Comisión de Energía del Senado –la misma que dijo que sólo se discutiría 50 días- fije un amplio calendario que no contemple fechas fatales. Propuesta ésta última del hombrecito panista Santiago Creel Miranda.

¿Entonces, quién los entiende? O son unos revoltosos a los que hay que “sacar a patadas” o “romperles la madre” o son interlocutores válidos y sus demandas son razonables. Una vez que el PRI anunció que en este periodo de sesiones no se votaría la reforma energética y tratando de frenar la ola de indignación y el crecimiento del repudio –pese a la enorme publicidad oficial y oficiosa a favor de la venta de Pemex y al gigantesco linchamiento mediático- social por el nuevo fraude que se intenta hacer en contra de los intereses primordiales de todos los mexicanos. De todas formas sus intentos privatizadores fracasarán porque ya se cuenta con un gran número de ciudadanos concientes y dispuestos a arriesgar hasta su integridad física –hoy elementos femeniles de la Policía Federal Preventiva agredieron a las mujeres en resistencia- por defender el futuro de sus familias, que es el futuro de México.



Los siguientes materiales fueron tomados de la revista Proceso.




http://www.proceso.com.mx/




El secuestro


josé gil olmos

México, D.F., 16 de abril (apro).- Como en los viejos tiempos del PRI, en los últimos días hemos presenciado una campaña política en los medios acusando de “secuestro” a los legisladores del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia) que tomaron las tribunas del Senado y de la Cámara de Diputados. Alineados, los conductores no han dejado de repetir la consigna y, molestos, alegan que sus espacios están abiertos para todas las opiniones, cuando en realidad es todo lo contrario.

Por definición, el secuestro es el acto por el que se priva de libertad de forma ilegal a una persona o a grupo de personas durante un tiempo determinado con el objetivo de conseguir un rescate u obtener cualquier tipo de crédito político o mediático.

¿Es un secuestro lo que hicieron los legisladores del FAP el pasado jueves? En términos estrictos no se tipifica como un delito, sino más bien se trata de una acción política bien planeada --que puede ser repudiada por muchos-- a la que recurrieron los partidos políticos para detener la mal llamada reforma energética, porque no se trata de cambios para aprovechar todas las fuentes de energía, sino que sólo pretende allanar la entrada de las empresas privadas en la exploración y explotación del petróleo mexicano.

Para muchos, las acciones de los legisladores del PRD, PT y Convergencia son criticables porque significan actos de violencia en el lugar donde, se supone, se debe dialogar para resolver los problemas más apremiantes del país. “Nos da una imagen de país bananero”, alegan la mayoría de los comentarios que se escuchan en los medios.

Pero habría que preguntar si los otros partidos, PAN y PRI, principalmente, han estado a la altura de las circunstancias y han hecho buen uso de su envestidura parlamentaria. O si no han “secuestrado” su papel de representantes ciudadanos solamente para sacar provecho y trabajar para sus propios intereses personales y de grupo. ¿Quién es el secuestrador?, sería la pregunta.

Televisa y Televisión Azteca han ordenado a sus reporteros y a sus conductores de noticias –aunque algunos lo hacen por propia voluntad– a seguir una línea de denostación, antes que de crítica, contra el FAP y principalmente contra Andrés Manuel López Obrador. No los bajan de violentos y de transgredir las leyes.

En radio, los conductores de noticias siguen la misma tónica y, sin medir palabras, han comparado a los perredistas y a López Obrador con burros, perros, gatos y demás animales, incitando precisamente lo que tanto critican: la violencia.

Hay locutores como Oscar Mario Beteta, Joaquín López Dóriga, Leonardo Kurzio, Adela Micha, Pedro Ferriz De Con y Raúl Sánchez Carrillo, entre una larga lista, que en sus espacios informativos han tomado como única bandera exaltar la imagen de violencia de los seguidores de López Obrador y acusar a los legisladores de “secuestrar” los recintos legislativos. En algunos espacios de televisión, antes de llegar a la noticia política, han llegado a presentar hasta cinco noticias de asesinatos, enfrentamientos a balazos y peleas, condicionando a la audiencia.

Los conductores en radio leen decenas de comentarios que les manda la gente, donde también se reiteran los mismos argumentos y la misma línea discursiva, que usan como razones para sostener su verdad. Pero cuando se les llega a colar una llamada donde los critican, de inmediato cortan la comunicación alegando que los están ofendiendo, pues los acusan de parciales y oficialistas.

En contrapartida, López Obrador y sus seguidores, así como los legisladores del FAP, han denunciado la campaña que hay en contra de su movimiento y han exigido el derecho a la réplica.

El sábado pasado, miles de “adelitas”, como les llaman a las mujeres lopezobradoristas, se manifestaron frente a las instalaciones de Televisa exigiendo que tomaran en cuenta sus opiniones y denunciando la campaña que se ha desplegado en contra de su movimiento. Desde hace 20 años no se veía una manifestación de este tipo. Sólo en los tiempos de hegemonía absoluta del PRI hubo tales expresiones masivas en contra de la misma empresa y de su entonces conductor estrella: Jacobo Zabludowsky.

Hoy, la historia parece repetirse. La mayoría de los medios de comunicación y de sus conductores repiten el mismo papel de reproductores del discurso oficial y, más allá de la critica y del rechazo que puede haber en las acciones del FAP y de López Obrador, dejan de lado su responsabilidad de informar y sólo tratan de legitimar al gobierno en turno.

La advertencia del conductor del principal noticiero de Televisa, Joaquín López-Dóriga, hacia López Obrador, de que si le ocurre algo será su responsabilidad, refleja precisamente su falta de responsabilidad al manejar la información de la toma de la tribuna parlamentaria por parte del FAP. La acusación reiterada de que fue un secuestro y denostar la imagen de los seguidores del tabasqueño, parece más una campaña sucia que incita a la violencia y a la polarización, como la que usó el PAN en la campaña de 2006, que una labor informativa.

El derecho a la libre expresión no debe tener cortapisas. Eso no está a discusión. Pero el mismo derecho a expresarse lo tiene quien está detrás del micrófono que el ciudadano de la calle, que es quien, al final, reciente las decisiones que se toman en los recintos del poder.



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Botín económico, botín político

Carlos Acosta Córdova

No es lo que él hubiera deseado ni lo que hubiesen querido quienes lo llevaron al poder. Pero el presidente Calderón salvó la cara al presentar bajo su nombre un paquete de reformas legales que, de una o de otra manera, fortalecen a Petróleos Mexicanos como empresa, en una primera instancia, según

algunos analistas, y según sus críticos, lo convierten en el botín tan anhelado por la iniciativa privada, nacional y extranjera. Al mismo tiempo, Calderón y sus compañeros de viaje del Senado apostaron a que la crispación que iban a provocar será un mal inevitable pero pasajero que podrán aplacar con uno de los medicamentos que siempre están a su disposición: los medios de información domesticados.

No podrán venir las grandes petroleras trasnacionales a asociarse con Pemex y emprender la aventura de buscar “el gran tesoro mexicano” que hay en las profundidades del mar y llevarse parte de él, a través de contratos de riesgo. Tampoco podrán establecer modernas refinerías para procesar el crudo y encargarse ellas mismas de transportar, almacenar y comercializar los combustibles –gasolinas sobre todo– que produzcan. Cuando mucho, si se aprueba la propuesta gubernamental, serán simples maquiladoras.

No alcanzó la operación política del gobierno de Felipe Calderón para reformar la Constitución y las leyes secundarias a fin de darle un paso franco a las empresas privadas del país y extranjeras para intervenir en toda la cadena productiva de la industria petrolera nacional.

Sin embargo, bajo la lógica de “de lo perdido, lo que aparezca”, el gobierno tuvo la habilidad de confeccionar una propuesta de reforma energética que, si bien de menor alcance del que esperaba, le resultará un éxito si se aprueba: termina por quitarle las razones, si es que alguna tenía, al movimiento opositor de Andrés Manuel López Obrador, que se había reposicionado políticamente con el fantasma de la privatización de la industria petrolera; se congracia con el PRI –quedan intocados sindicato y excedentes petroleros para los gobernadores–, y el propio Calderón salva la cara: no presentar la iniciativa era reeditar el fracaso y la debilidad de Vicente Fox cuando, en su primer año de gobierno, intentó sacar una reforma fiscal, que nunca llegó, por la falta de operación política y la incapacidad para convencer de sus beneficios.

El mismo presidente admitió que la reforma presentada no es la que él hubiera deseado, pero sí la que es posible realizar, pues a su juicio “no tiene aristas que generen grandes controversias y evita lastimar la sensibilidad de muchos mexicanos”.

Y si bien no es la reforma que tanto encono y polarización causó, no es menor lo propuesto, así ya muchos la califiquen de reforma light, “chiquita” y “de poco alcance”.

Riesgos disfrazados

El presidente envió al Senado, el martes 8, un paquete de iniciativas que comprende una nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos –la cual sustituiría por completo a la vigente–, reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, una Ley de la Comisión del Petróleo, la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Destaca sobremanera la nueva ley orgánica, que apunta a darle mayor autonomía de gestión a Pemex para que opere realmente como empresa, con mejores prácticas de gobierno corporativo y, sobre todo, se le vaya liberando paulatinamente de todas las ataduras que hoy la tienen en el burocratismo e ineficiencia exacerbadas. Casualmente éste ha sido un tema en el que el Partido de la Revolución Democrática ha sido enfático, sobre todo en la legislatura pasada.

La idea es múltiple: fortalecer las facultades del Consejo de Administración, otorgarle flexibilidad en materia de adquisiciones y obra pública para proyectos relevantes, permitirle un manejo más libre de su deuda, incrementar gradualmente su facultad para aprovechar ingresos propios adicionales y darle flexibilidad para realizar ajustes presupuestales.

Para el exdirector de Pemex Francisco Rojas Gutiérrez, es “un adelanto el que el Ejecutivo haya enviado las iniciativas para modernizar a Pemex y su marco regulatorio, aunque no puede llamarse una reforma energética, ya que se limita a uno solo de los actores”. Es decir, dice, carece de un enfoque integral, de largo plazo; no incluye las energías alternativas y la manera en que el país deberá prepararse para la transición energética de los próximos 30 años, como sí lo están haciendo otros países.

Sin embargo, le parece correcto lo que propone la iniciativa gubernamental, en el sentido de precisar y ampliar las funciones de quienes coordinen, regulen y operen el sector petrolero; también la necesidad de un régimen fiscal diferente, la autonomía de gestión, financiera y operativa de Pemex, así como el gobierno corporativo, los consejeros independientes y la flexibilización en adquisiciones y obras, así como en los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de Pemex.

Aunque, dice Rojas, en la discusión de las iniciativas deberán precisarse o cambiarse algunas cosas, como el nombramiento de los consejeros independientes, que en los documentos oficiales sería prerrogativa del Ejecutivo, cuando tendría que ser del Congreso “a fin de garantizar plena imparcialidad y objetividad en la toma de decisiones”.

Como no pudo reformarse la Constitución para permitir las alianzas estratégicas con empresas privadas, nacionales y extranjeras, y los contratos de riesgo, el gobierno hábilmente, a decir de especialistas consultados por Proceso, le da la vuelta a esa reforma y propone contratos de “desempeño”, que no difieren gran cosa de los de riesgo.

El artículo 46 de la nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos dice: “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar contratos en los que se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad. Petróleos Mexicanos podrá condicionar a que el proyecto genere ingresos para cubrir los costos correspondientes, y podrá pactar incentivos tendientes a maximizar la eficacia o éxito de la obra o servicio, los cuales serán pagaderos únicamente en efectivo”.

Dice Francisco Rojas al respecto: Dichos contratos pueden ser “un instrumento que favorezca la acometida simultánea de proyectos diferentes, atrayendo empresas de servicios y constructoras que aporten innovaciones tecnológicas y mejores métodos de administración de proyectos”.

Pero insiste en que en la discusión deberá precisarse que en estos contratos no se margine a empresas nacionales desde las bases de licitación, como ha ocurrido, por ejemplo, en los contratos de mantenimiento de ductos. También debe ser obligatorio en los contratos el tema de la capacitación y entrenamiento de los técnicos y trabajadores de Pemex, “para asimilar tecnologías y prácticas modernas de operación y administración”; que se involucre obligatoriamente al Instituto Mexicano del Petróleo y centros de enseñanza superior para cerrar la brecha tecnológica, y que se establezca un mínimo creciente de componentes nacionales a fin de impulsar las cadenas productivas, como lo han hecho Brasil, Noruega y Rusia.

Apertura en refinación

Para el doctor en Economía Juan Moreno Pérez, asesor parlamentario del PRD que desde hace más de diez años coordina el análisis de los paquetes presupuestales que el gobierno envía a la Cámara de Diputados para sustentar sus programas económicos, lo que propone el artículo 46 de la nueva Ley Orgánica es, en el fondo, autorizar contratos de riesgo sin tener que cambiar la Constitución.

Explica: Cuando se pactan con la empresa contratada remuneraciones fijas o variables en función de los resultados y de lo que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad, se están compartiendo riesgos; lo mismo cuando la ley señala que los proyectos contratados con particulares, nacionales o extranjeros, estarán condicionados a que generen ingresos suficientes para cubrir los costos correspondientes.

Pero considera que trae incentivos correctos inexistentes, por ejemplo, con los esquemas actuales de Pidiregas: Pemex podrá pactar incentivos que lleven a maximizar la eficacia o el éxito de la obra o el servicio contratado. Es decir, si la empresa contratada se aplica y se esfuerza en proveer un servicio u obra eficientes, que incluso superen las metas pactadas, podrá tener un mayor beneficio económico.

Y la manera en que la iniciativa sortea las restricciones constitucionales, explica Juan Moreno, es cuando precisa que las obras y servicios contratados –que tendrán una normativa más flexible que las que imponen las leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas– serán pagaderos únicamente en efectivo. Es decir, Pemex no podrá pagar con petróleo, con parte de la renta petrolera, como sucede con las alianzas estratégicas.

Pero aun con las limitaciones que pudiera tener el nuevo esquema de contratos para proyectos de mayor complejidad y que requieran de tecnología de punta –como la exploración en aguas profundas, por ejemplo– es, dice el entrevistado, mucho mejor que el de los Pidiregas, en los que Pemex asume todo el riesgo y la empresa contratada siempre gana, sea buena o no su obra, cumpla en tiempo y forma o no con las metas, sea o no eficiente.

El de los Pidiregas es el esquema más lesivo de contratación que hay en el mundo. En México ha sido un mal negocio que tiene endeudado a Pemex, por ese concepto, con cerca de 50 mil millones de dólares, dice Juan Moreno.

Si se hubiera cambiado la Constitución, afirma, podría hacerse lo que hacen los países que exploran aguas profundas: asociarse, como lo hacen Cuba, Noruega, Brasil, Angola y Corea del Norte, entre otros, independientemente de ideologías, cultura, idiosincrasia, historia y sistemas políticos. “Porque es prácticamente suicida ir solos a aguas profundas, donde hay que invertir cantidades extraordinarias de dinero, con riesgos muy elevados, con rentas petroleras mucho menores porque los costos son más elevados”.

Pero algo se podrá hacer con los contratos nuevos que propone la iniciativa, dice, aunque reconoce que éstos tendrán que pasar por el filtro del debate en el Congreso y a nivel nacional, que necesariamente tendrá que darse para que salga una ley que convenza de sus virtudes.

Por otra parte, al exdirector de Pemex, Francisco Rojas, presidente de la priista Fundación Colosio, le sigue molestando la forma en que el gobierno trata el tema de las aguas profundas, en el sentido de que Pemex ni tiene la tecnología ni la capacidad de ejecución para trabajar en ellas.

Es precipitado, reitera, querer entrar ahora en ellas. Argumenta: Según la Secretaría de Energía, se tienen 100 mil millones de barriles en recursos prospectivos y reservas que permitirían sostener la producción actual 61 años, de los cuales 20% están en tirantes superiores a mil 500 metros; 10% en tirantes inferiores y 70% en aguas someras y tierra. Éstos últimos mantendrían la producción durante 43 años, suponiendo que no hubiera más descubrimientos.

“Entonces –dice– no hay necesidad de precipitarnos a mayores complejidades, costos, riesgos y asociaciones. Hay que darle tiempo a Pemex de reconstituir su planta técnica, asimilar tecnologías, contar con más recursos propios y decidir la conveniencia y ritmo de explotación de las aguas ultraprofundas”.

Además, critica, en la iniciativa “no se incluye como obligatoria la aplicación de la recuperación mejorada desde el inicio de la explotación del yacimiento, como sí lo hacen Estados Unidos, Canadá, Venezuela y otros países”. Incluir esa exigencia en la ley “permitiría alargar la vida útil de los yacimientos y aumentar el porcentaje de recuperación de hidrocarburos”.

Pero, sin duda, uno de los temas que serán más controvertidos es el de la apertura del ámbito de la refinación al sector privado, así sea limitada. Las modificaciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional permiten expresamente a Pemex contratar a “terceros” para actividades de refinación, en un esquema similar al de maquila, así como de transporte y almacenamiento de petrolíferos.

Es decir, empresas privadas, nacionales y extranjeras, podrán construir en el país refinerías y procesar el petróleo que Pemex les dé, pero ésta les comprará los productos finales –gasolinas, diesel y demás combustibles– y se encargaría de comercializarlos.

Con ello el gobierno pretende revertir la situación que tanto empeño ha tenido en publicitar como uno de los factores que debilitan más las finanzas de Pemex: la creciente importación, y cada vez más cara, de gasolinas –más del 40% de lo que se consume en el país es importado–, así como la que el propio gobierno califica de insuperable ineficiencia de las refinerías nacionales, que operan con tecnología e infraestructura obsoletas. Además de tener las refinerías en México, aquí se generarían los empleos y se pagarían los impuestos.

Para justificar la propuesta, el gobierno compara las utilidades de casi mil millones de dólares que obtuvo la refinería que Pemex tiene en asociación con la Shell en Texas con las pérdidas que arrojan las seis refinerías que hay en el país, con todo y que éstas trabajan con cinco veces más personal que las refinerías de Estados Unidos.

El mensaje, dice el especialista Juan Moreno, es: si Pemex crea las refinerías con sus propios recursos, es condenarla a seguir perdiendo, pues además de pagar excesivamente en mano de obra, carece de la tecnología necesaria y debe vender la gasolina más barata, pues el precio de la gasolina es muy sensible para la población. Mejor que las hagan los privados. De paso, deja fuera al sindicato y Pemex evita los controles presupuestales de Hacienda en materia de refinación.

Francisco Rojas ve en esta propuesta la parte más privatizadora y violatoria de la Constitución que hay en las iniciativas del gobierno de Felipe Calderón. Dice a Proceso: “Definitivamente estamos en contra de modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional para permitir, pretextando falta de capacidad, la participación privada en refinación, ductos y almacenamientos, pues se viola la Constitución, se regala el valor agregado del mercado interno en una forma no reconocida de privatización. Es, además, ofensiva para el gremio petrolero, que siempre ha sabido construir, operar y mantener refinerías y ductos”.

Si las refinerías de Pemex están mal y pierden, “es culpa de los malos administradores, de falta de recursos y del deseo de convertir a Pemex en monoexportador de crudo”. Cree Rojas que, de aprobarse la propuesta así como está, será un “negocio redondo para los privados, pero no para el país”, pues si aquellos le entran exigirán mínimo una tasa de utilidad no menor al 20%.

La noche del viernes, Cuauhtémoc Cárdenas abonó duramente en esa percepción. Calificó la iniciativa de Felipe Calderón de “entreguista” y llena de “subterfugios” que atropellan la Constitución. Pero realmente se enfocó en la parte de refinación. De aprobarse la iniciativa, dijo, se pondría en manos de intereses privados la refinación, el transporte por ductos, el almacenamiento y la distribución de hidrocarburos, y eso “sería una flagrante violación a la Constitución, y peor: hacerlo como plantea la iniciativa, a través de contratos de maquila o de permisos, sería remachar la violación, pues no por llamar maquila a una concesión o permiso, dejaría de producirse un serio atropello a la norma constitucional”.

Pero, otra vez, se adelantan vísperas y se calientan los ánimos anticipadamente. Se toman las iniciativas como ley aprobada, cuando todavía ni se discuten. Además de que el tema de las refinerías, caro al PRI –más por defensa de los intereses y privilegios del sindicato que por otra cosa–, es de los puntos planteados como susceptibles de ser cedidos en el proceso de negociación.

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Retroceso histórico


Álvaro Delgado

Para Lorenzo Meyer, las reformas energéticas propues-

tas por el presidente Felipe Calderón serán aprobadas porque ya fueron negociadas con el PRI. En entrevista con Proceso, el historiador afirma que este proyecto

no es más que la conclusión de una larga marcha de

la derecha que comenzó con el surgimiento del PAN en 1939 “y que ahora está queriéndole arrancar al cardenismo la joya de la corona”. En cambio, para el economista Rolando Cordera la derecha aún no ha ganado

la batalla…

Con el conjunto de iniciativas que envió al Congreso el martes 8, Felipe Calderón pretende, junto con sus patrocinadores del sector privado y sus aliados priistas, concluir la “larga marcha” de la derecha mexicana contra la principal herencia de la Revolución y de Lázaro Cárdenas: la nacionalización de la industria petrolera.

“Es una vuelta al Porfiriato”, advierte el historiador Lorenzo Meyer, quien afirma que el proyecto privatizador de Calderón, materializado en las iniciativas de reforma petrolera, forma parte de una “sistemática ofensiva contra los valores del cardenismo”, entre ellos el ejido y el combate a la desigualdad.

“Lo que ahora vemos no es más que la conclusión de una larga marcha que comenzó con el surgimiento del Partido Acción Nacional (PAN), en 1939, y ahora está queriéndole arrancar al cardenismo la joya de la corona”, expone el investigador, al dar dimensión histórica a la decisión de Calderón.

Meyer, autor de libros imprescindibles sobre la industria petrolera –como México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero (1917-1942), editado por El Colegio de México en 1968, y Petróleo y nación (1900-1987). La política petrolera en México, escrito junto con Isidro Morales y editado en 1990 por el Fondo de Cultura Económica (FCE)–, tiene la certeza de que las iniciativas serán aprobadas con el apoyo de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Nadie puede hacerse el tonto. Si la propuesta está es porque ya se negoció con el PRI. Si no se hubiera negociado, no envía esa propuesta. Hubieran hecho el ridículo y no esperan hacer el ridículo”, puntualiza el historiador, quien censura a Calderón por haber ensalzado, en su mensaje en cadena nacional, a Cárdenas y “destruir lo último que, de manera material, queda” de él.

“El hecho de que Felipe Calderón haya hablado de Lázaro Cárdenas es un homenaje del vicio a la virtud”, juzga el historiador, quien advierte de la repercusión histórica de la apertura al sector privado: Con cierta frivolidad o estupidez no se le da mayor importancia, pero esto es un negocio redondo. Los recursos que se van a obtener ahora abriendo la puerta al capital externo es a costa del futuro.”

En ese mismo sentido Rolando Cordera concluye, después de revisar las iniciativas enviadas por Calderón al Congreso, que efectivamente se pretende permitir la participación del sector privado en áreas que el artículo 27 constitucional reserva al Estado.

Autor junto con Carlos Tello de La disputa por la nación –un libro que, en 1981, planteó la confrontación entre los proyectos nacionalista y neoliberal– y El auge del petróleo: De la euforia al desencanto, editado en 1989, el economista disiente del historiador en cuanto a la aprobación segura de las iniciativas apoyadas por la derecha encabezada por Calderón.

“Hay una larga marcha de la derecha mexicana en la que se ha involucrado el panismo, en algunos casos incluso renegando de sus postulados, pero esa larga marcha no ha terminado ni creo que termine con una victoria que le sea útil al propio proyecto económico y social de la derecha.

“Da la impresión de que aquí había demasiada prisa porque la coalición de negociantes que apoyó al PAN y a Calderón, y antes a Vicente Fox, estaban ya hartos de tanta posposición. Pero les hicieron caso y se aventaron con esto, pero no significa que vayan a ganar. Yo, al contrario de Lorenzo, pienso que la moneda sigue en el aire en esta materia”, sostiene Cordera.

Participante junto con Meyer en el grupo de intelectuales que le exigen al gobierno de Calderón honrar su palabra de convocar a un amplio debate en la sociedad sobre la reforma energética, el economista cree que es posible evitar la aprobación.

Regreso al siglo XIX

En entrevistas por separado Meyer y Cordera examinan las repercusiones históricas y económicas de las iniciativas enviadas por Calderón al Congreso, el martes 8, que contradicen el compromiso gubernamental de concitar un debate previo, tal como lo plantearon la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles.

De hecho, fue a partir de esta convocatoria que un grupo de intelectuales decidió conformar un comité en defensa del petróleo, anunciado por Andrés Manuel López Obrador, el pasado 25 de marzo, en el Zócalo, que comenzó a reunirse para exigirle al gobierno “formas y métodos del debate”, tal como lo expusieron en su “Carta 1: ¿Qué es la privatización?”, firmada por 25 de ellos, que se han reunido en los domicilios del diplomático José María Pérez Gay y de la escritora Laura Esquivel.

Lorenzo Meyer, investigador de El Colegio de México y autor de Su majestad británica contra la Revolución Mexicana, 1900-1950. El fin de un imperio informal, es poco optimista en evitar la privatización del petróleo, pero es preciso, aclara, “dejar testimonio de que esto es una infamia”.

Para Meyer no hay duda: Se trata de liquidar la principal herencia de la Revolución y del cardenismo.

“En 1939 era imposible, pero con el paso del tiempo cada vez más la derecha pudo darle golpes a la herencia cardenista. Si tomamos como derecha al (priista) Miguel Alemán, que aunque no era panista parecía, tenemos entonces los ‘contratos riesgo’ de 1949-1951; luego la lucha constante contra el ejido y la creación de un México en donde la desigualdad volviera a privar, porque quizás es con Cárdenas cuando la desigualdad social recibe el golpe más duro, pero luego se vuelve a constituir en el hecho central de México. Así, hay una especie de ofensiva sistemática contra los valores que representó el general Cárdenas y el cardenismo.”

Dice Meyer: “Desde la derecha quieren darle un golpe más, no el último, porque todavía tendrían que cambiar el artículo 27 constitucional. Todavía no se atreven a tanto, no tienen la estatura para llegar a eso, pero están haciendo la labor de zapa”.

Por eso insiste en que Calderón ya pactó con el PRI: “Que quede alguien con el espíritu cardenista es poco importante, porque lo que pueden hacer desde dentro los militantes es nada, porque las cúpulas son las que cuentan. Y yo no veo a Manlio Fabio Beltrones como heredero del cardenismo”.

Por eso no queda mucho que hacer, ni siquiera desde el ámbito del grupo de intelectuales del que Meyer forma parte: “Nosotros no tenemos ningún poder político formal. Este grupo es, en última instancia, depositario de una idea de México, pero si el resto de México no la considera apropiada, qué cosa va a hacer uno, excepto expresar el rechazo y listo. Que quede por lo menos constancia histórica de que no todos los mexicanos fueron indiferentes, que no se tragaron el anzuelo o de plano iban abiertamente a contrariar esa que era la mejor herencia de la Revolución Mexicana”.

–En ese sentido, ¿hay una asunción de una derrota ante la derecha? –se le pregunta.

–Ese es mi caso. No puedo hacerme tonto. Es decir, la derecha ganó las elecciones de 2000, ganó las elecciones de 2006, tiene a todos los poderes fácticos, a todas las grandes concentraciones de capital, tiene a la mayoría de los medios de difusión, tiene a la Iglesia católica, tiene al Ejército Mexicano. ¿Qué más quiere? Tiene, desde luego, el apoyo exterior. Ya nada más falta que Dios venga y abiertamente les dé su apoyo.

Después de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) “se suicidó”, por el inacabado conflicto de su elección interna, Meyer afirma que lo único que queda es el movimiento que encabeza López Obrador.

“Todas las instituciones, incluyendo a los partidos –unos porque se han suicidado, otros porque están a la venta al mejor postor y otros porque son abiertamente de derecha– están yendo en una dirección y el movimiento social es lo único que queda. Y la guerrilla, pero también es francamente más simbólica que real.”

En ese sentido, dice, “toda la responsabilidad” está en López Obrador y en el movimiento que encabeza. “Es el único líder carismático en México, el único líder de izquierda capaz de mover masas, el único que mueve masas, porque, desde luego, la derecha mueve intereses, pero no masas. Y las masas sólo en muy contados momentos tienen importancia en la historia de México.

–¿Cuál es la dimensión histórica de la privatización de Calderón?

–Es una vuelta al porfiriato, a la situación original. El arranque de la privatización del petróleo es Manuel González, en 1884, pero la consolidación es responsabilidad, ciento por ciento, de Porfirio Díaz. Son sus leyes mineras y petroleras que culminan en la de 1909, en donde le dan la propiedad absoluta de la riqueza petrolera a los dueños de la superficie sin que haya ninguna obligación, nada en contraparte.

“Esa fue la primera privatización. Luego vino la segunda, con Miguel Alemán, con los contratos de riesgo; viene la tercera cuando ya se hacen los contratos de servicios múltiples, y esta vendría a ser la cuarta privatización.”

–¿Faltaría una quinta: la reforma al artículo 27?

–Sí, faltaría la quinta. Pero no creo que les haga mucha falta. Que Pemex saque el petróleo que pueda y, a partir de ahí, el interés privado hace todo lo demás: lo vende al exterior, lo refina, lo convierte en lo que sea y la renta petrolera se les va a ellos, dándole una parte al Estado para que éste no se moleste en hacer la reforma fiscal, no sea que se vayan a incomodar Telmex, Bimbo, Cemex o el montón de millones de mexicanos que viven en la economía informal y que no pagan nada de impuestos.

Las iniciativas de Calderón, advierte, ni siquiera tocan la voracidad de la élite administrativa y la corrupción del sindicato: “Es el corporativismo priista reciclado a favor del corporativismo panista. Y no los líderes petroleros, sino Elba Esther Gordillo. El PAN, en teoría, estaba comprometido en una lucha frontal contra el corporativismo, en la práctica es exactamente lo opuesto: Son cómplices”.

Por eso, dice que la responsabilidad de López Obrador es gigantesca: “Él tiene una gran confianza en el movimiento social, pero la prueba que le viene encima es enorme. ¿Cómo se va a oponer ese movimiento social a la brutalidad de la fuerza del Ejército, de la Policía Federal Preventiva, del México oficial armado? Al final de cuentas, detrás de toda decisión política está la fuerza y en este caso es más claro que nunca. Toda decisión gubernamental tiene la fuerza como última razón, pero en ésta es más evidente.

“Ya tomaron una decisión desde el momento del desafuero. Ese es el arranque. Ahí quedó claro: La evolución política de México no pasa por entregar, aunque sea como parte de un juego de alternancia, nada a la izquierda, a la izquierda real, claro, a esa cosa que queda ahorita en las estructuras del PRD sí, también puede negociar con ella, pero la de a deveras, no.”

Ante el panorama que aprecia adverso, Meyer aclara: “Nunca nada es definitivo, es el único consuelo que me queda. No fue definitiva la expropiación petrolera, no será definitiva su privatización”.

Calderón “se pasa de listo”

Por su parte, a Rolando Cordera no le queda duda de que las iniciativas pretenden burlar el artículo 27 constitucional: “Están destinadas a ir abriendo puertas para una mayor participación de la empresa privada en diferentes actividades de la industria, sin que se justifique ni técnica ni analíticamente, y me atrevería a decir que ni constitucionalmente”.

Añade: “Lo que me preocupa es que el gobierno se haya obstinado en una práctica que, sobre todo los panistas, decían querer erradicar de la arena política mexicana: Es la táctica del engaño y del juego del gallo y la gallina”.

Recuerda que Calderón, Kessel y Reyes Heroles convocaron a un diálogo nacional, previo a enviar una iniciativa, pero después el coordinador de los senadores panistas, Santiago Creel, dice que será el PAN el que la presente y luego, sin aviso, finalmente sí la envía el Ejecutivo.

“Calderón se quiso pasar de listo con todos nosotros. Vuelve a las mismas jugarretas a las que ya estábamos acostumbrados con el PRI”, censura Cordera. “Quién sabe a quién quiso engañar o sorprender, pero fue una falta de respeto a sus propios términos de gobierno por la vía de la discusión y la deliberación, que es de todos los gobiernos democráticos”.

–Pero esto acredita que van con todo.

–Yo no creo que estemos en México para eso y pienso que el propio debate que se va a tener que abrir se demostrará que no se pueden aprobar así las cosas. Y por otro lado, suponiendo que haya uso de la fuerza, sería una victoria muy costosa y casi me atrevería a decir que pírrica, porque tendría un efecto boomerang que negaría, de tajo, todas las promesas de los diferentes tesoros que andan por ahí sembrados.

“Va a haber una reacción de grupos muy grandes en el país, de diferente tipo, y esto va a crear condiciones de poca estabilidad y consecuentemente poco propicias para atraer la inversión del exterior que supuestamente están buscando con estas reformas.”

Inclusive, anota, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya recomendó que haya consenso: “Fíjese nada más cómo cambia el mundo. Saben que las disputas prácticamente en todo el planeta y particularmente en América Latina, es por el uso, disposición y control de los recursos naturales y particularmente los recursos que tienen que ver con la energía. Pensar que aquí podemos hacer caso omiso de lo que está ocurriendo en el resto del continente y en el resto del mundo es una ingenuidad autodestructiva”.

Cordera, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, recuerda también que en el mundo hay una crítica con implicaciones prácticas a lo que se denominó la revolución neoliberal o “la revolución de los ricos”, y eso debe tomarlo en cuenta el gobierno.

“Empeñarse en la versión más pueril, casi diría banal, del consenso de Washington y del canon neoliberal, es ir –aquí sí– contra los tiempos de la historia presente. A lo mejor imponen, porque sería imponer, estas iniciativas, pero no se corresponde a lo que está ocurriendo en buena parte del planeta y con el compromiso esencial que todos tenemos para dirimir nuestros proyectos.

“No. El código democrático supone deliberación y discusión, y no imposición ni jugarretas legislativas. Eso se daría si se da una operación fast track en esta materia. No está tan sencillo que lo logren, pero si lo logran será una victoria terriblemente costosa para quienes participen en ella.”

Por eso, insiste, no hay nada escrito en la aprobación de las iniciativas privatizadoras, que materializarían la victoria del PAN: “Esto aun cuando ha avanzado mucho la derecha que incluso ha cantado himnos de victoria, como su supuesta victoria cultural. No hay ninguna victoria cultural y menos de ellos. Es verdaderamente ridículo”.