La Reforma Energética
Mario Di Constanzo*
(Análisis y Comentarios)
a) Introducción
El pasado 8 de abril, Felipe Calderón envió a la Cámara de Senadores, el paquete de iniciativas que conforman la llamada Reforma Energética, dichas reformas involucran la modificación de 5 leyes secundarias que rigen a PEMEX.
Dichas iniciativas son:
La Nueva Ley Orgánica de PEMEX
La Reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo
Ley de La Comisión del Petróleo
Ley de la Comisión Reguladora de Energía
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
.
Por esta razón y con el objeto de contribuir al debate nacional convocado y solicitado por nuestro Presidente Legitimo y por los legisladores del Frente Amplio Progresista, la Secretaria de la Hacienda Pública, presenta el análisis y los comentarios sobre el Proyecto de la Nueva Ley Orgánica de PEMEX.
Es pertinente advertir que como se verá a lo largo de los análisis que se estarán publicando, la Reforma Energética enviada al Senado por Felipe Calderón, sólo pretende justificar la transferencia de la renta petrolera al capital privado, buscando “eludir” lo establecido en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reservan al Estado en forma exclusiva, entre otras, las áreas estratégicas del petróleo y demás hidrocarburos, así como la petroquímica básica.
Por ello, el no modificar el artículo 27 y demás disposiciones constitucionales relativas a petróleo y los hidrocarburos, no implica, ni mucho menos garantiza que la privatización del sector energético no esté presente en el paquete de iniciativas que Felipe Calderón envió al Congreso.
Del análisis y revisión de la iniciativa para crear la Nueva Ley Orgánica de PEMEX se observan grandes falsedades y contradicciones que ya forman parte del discurso gubernamental, de las que se puede concluir, que de ser aprobadas, sólo permitirían la transferencia de la renta petrolera a los privados, acentuando los problemas y vicios existentes en PEMEX por lo que se debilitaría más a esta empresa paraestatal.
Así la Secretaria de la Hacienda Pública pone a su disposición, este documento y los invita respetuosamente a sumarse a la resistencia civil pacífica, para defender este patrimonio de los mexicanos.
Al mismo tiempo les informa que en los próximos días continuara publicando los análisis y comentarios del resto del paquete que conforma la llamada Reforma Energética.
Asimismo les recuerda que el 19 de noviembre de 2007, nuestro Presidente, el Lic. Andrés Manuel López Obrador presentó la propuesta para rescatar al Sector Energético Nacional, en dicha propuesta se establecen los lineamientos para que sin la necesidad de entregar ésta patrimonio al capital privado, nuestro país utilice al petróleo como una verdadera palanca del desarrollo nacional.
b) Nueva Ley Orgánica de Pemex:
De acuerdo a la exposición motivos de la iniciativa se observa que se busca lo siguiente:
1. Fortalecer el régimen de gobierno corporativo en la paraestatal;
2. Regular sus esquemas de operación y ampliar las posibilidades y alcances de su actuación, para hacerla más eficiente, y
3. Reforzar y diversificar los mecanismos de control y supervisión.
b.1) Modificaciones al Régimen de Gobierno Corporativo de PEMEX:
Hasta ahora Pemex es dirigido por un Consejo de Administración (Órgano de Gobierno) que se integra por 6 representantes del Gobierno incluyendo al Presidente y por 5 representantes del Sindicato, para ser 11 en total.
Dentro de los 6 representantes del Gobierno, se encuentran, los Secretarios de; Energía, quién además es el Presidente del Consejo de Administración, y los de Hacienda, Economía, Comunicaciones y Transportes, SEMARNAT, así como por un representante de la Presidencia de la República, que actualmente es el Jefe de la Oficina de la Presidencia.
Cabe destacar que este Consejo de Administración, cuenta también actualmente con la figura de un Comisario que es el representante de la Secretaria de la Función Pública y a su vez es el Titular del Órgano Interno de Control de la empresa.
Aquí conviene mencionar que por lo pronto, es este Consejo de Administración y los anteriores quiénes por lo pronto tendrían, que rendir cuentas sobre la situación por la que atraviesa PEMEX, ya que hasta ahora son ellos los que han tomado las decisiones.
Mas aún, la conformación actual del Consejo de Administración, conlleva la existencia de una multiplicidad de vicios, que están muy alejados de las Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo..
Así por ejemplo el hecho de que el Secretario de Hacienda sea parte del Consejo de Administración genera un grave conflicto de interés, pues mientras la Secretaria de Hacienda es quién determina año con año la carga fiscal de PEMEX o su superávit primario, en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, es también el Secretario de Hacienda integrante del Consejo de Administración.
El conflicto de interés existe ya que los integrantes del Consejo de Administración deben velar en primer lugar por el interés de la empresa, que es propiedad de la nación y no del Gobierno Federal, pero también en el caso particular del Secretario de Hacienda, habría que preguntarse si en las sesiones del Consejo cuando se toca el tema de la carga fiscal de PEMEX, el apoya su disminución o su incremento, ya que a el mismo en su papel de titular de Hacienda le toca definir la política tributaria del país.
Es decir, el asiste a las juntas de Consejo para cuidar los intereses de la empresa o de las finanzas públicas, por ello el no puede defender los intereses de la empresa, en virtud de su responsabilidad de obtener ingresos para las arcas nacionales.
Este tipo de situaciones no son corregidas por la iniciativa ya que la propuesta busca tan sólo añadir “4 consejeros profesionales” que serían designados por el propio Ejecutivo Federal; - dos de ellos, serían representantes del “Estado” y otros 2 serían “consejeros externos”, en virtud de que sólo trabajarían de tiempo parcial.
Contrario a lo que establece la iniciativa, estos consejeros no son autónomos puesto que en primer lugar serán designados por el propio Ejecutivo Federal (o sea que le deberán el nombramiento) y en segundo lugar la propia iniciativa establece que “dos de los consejeros profesionales que se proponen trabajarán de tiempo completo en la paraestatal, por lo tanto, se considerarán como representantes del Estado”.
Esto resulta igualmente falso, ya que no representan al Estado, puesto que Estado y Gobierno Federal no son sinónimos, aquí no hay que olvidar que serán designados por el Ejecutivo Federal, y no por representantes del Estado, ya que para ser representantes del Estado, se requeriría de un proceso de designación en el que interviniesen los Poderes que conforman al Estado y también a la sociedad, y no sólo por dedazo del Ejecutivo Federal.
Más aún, los requisitos y método de designación que la iniciativa establece para ser Consejero Profesional de tiempo completo o de tiempo parcial son exactamente los mismos, y no son diferentes a los que ya existen para los Consejos de Administración de otros Organismos del “Estado”.
Igualmente hacia el interior del Consejo de Administración de PEMEX, no existe una diferencia fundamental con los actuales integrantes del Consejo de Administración de PEMEX, salvo por el hecho de que estos por el simple hecho de ser Secretarios de Estado automáticamente son integrantes del Consejo de Administración de PEMEX.
Esto queda claro en la iniciativa que establece lo siguiente: ” para garantizar la preparación y profesionalismo de los individuos que ocupen estos cargos, se fijan, además de impedimentos específicos, ciertos requisitos mínimos que deben cubrir, tales como ser mexicanos por nacimiento, contar con estudios profesionales y haberse desempeñado de manera destacada en su profesión o trabajo.”
La iniciativa establece que el voto estos “Consejeros Profesionales” tendrán un peso importante en la toma de decisiones, de hecho señala textualmente que: “Cualquier determinación que adopte el órgano colegiado requerirá del voto favorable de al menos dos consejeros profesionales.”
Sin embargo la iniciativa también establece que de no ser así, la decisión se tendrá que posponer por única vez, para la siguiente sesión donde deberá aprobarse por mayoría simple, ya que textualmente establece que: “el asunto deberá posponerse por única ocasión a la siguiente sesión, en la que tendrá que aprobarse por mayoría simple”. Es decir que en esta situación ya no existe el peso importante de los consejeros profesionales en la toma de decisiones.
Otro punto importante es que en la iniciativa se fortalecen las facultades del Consejo de Administración para la creación de otros organismos subsidiarios de PEMEX, sin perjuicio de su autonomía de gestión.
Esto implica que el nuevo Consejo de Administración puede en determinado momento crear más empresas subsidiarias de PEMEX, con lo que se incrementaría aún más la desintegración de las cadenas productivas de por si ya muy desintegradas.
La iniciativa enviada al Senado, amplia las facultades del Consejo de Administración; quedando a su cargo la conducción central y dirección estratégica de Petróleos Mexicanos, pero también las actividades relativas a , la programación, coordinación y evaluación estratégica institucional de sus actividades y las de sus organismos subsidiarios.
Esto significa que el Consejo de Administración se convierte en “juez y parte” al tener la dirección central y estratégica, pero al mismo tiempo la evaluación institucional de sus actividades.
Finalmente se establece que el Nuevo Consejo de Administración podrá crear cuantos comités técnicos requiera para su funcionamiento, sin embargo deberá invariablemente de contar con tres comités; el Comité de Transparencia y Auditoría, el Comité de Estrategia e Inversiones y el Comité de Remuneraciones.
El Comité de Transparencia y Auditoría:
En materia de transparencia, propondrá al Consejo de Administración los criterios para determinar la información que se considerará relevante sobre Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, al igual que las normas para su divulgación, asimismo, vigilará que se rindan los informes que la Ley obliga a Petróleos Mexicanos.
En materia de auditoría, tendrá entre otras funciones, las de dar seguimiento y evaluar el desempeño financiero y operativo general y por funciones de Petróleos Mexicanos, designar al auditor externo; proponer disposiciones en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios y enajenación de bienes, así como emitir opinión sobre la cuantificación de las reservas de hidrocarburos.
Esto puede parecer bastante atractivo y lógico, sin embargo la iniciativa añade que
“Por la relevancia de las funciones descritas, este Comité (el de transparencia y auditoría) estará integrado por tres consejeros profesionales, dos de los cuales deberán ser de tiempo parcial…”
Sin embargo en el artículo 11 de la iniciativa de la Nueva Ley Orgánica de PEMEX, se establece que, “al menos uno de los consejeros profesionales deberá ser experto en materia financiera, y formará parte del Comité de Transparencia y Auditoría”.
Esto abre la posibilidad para que por ejemplo, un Subsecretario de Hacienda, pueda ser Consejero Profesional y miembro del Comité de Transparencia.
Lo anterior en virtud de que no existe ninguna restricción para que esto no se pueda dar, dado que al menos en teoría un subsecretario de hacienda es considerado un experto en materia financiera, a la vez que puede ser consejero profesional de tiempo parcial, y el artículo 11 de la iniciativa no lo prohíbe.
Sin embargo existen muchos alicientes para que tanto el Secretario de Hacienda, como el propio Ejecutivo Federal tengan un “consejero incondicional y subordinado” en el Comité de Transparencia y Auditoría.
Es importante destacar que este Comité tendrá atribuciones muy importantes en materia de vigilancia, ya que la iniciativa establece que “La vigilancia, control y supervisión de cualquier entidad paraestatal es un factor fundamental para que el esquema de gobierno corporativo funcione de manera adecuada y responsable”.
Por ello de manera tendenciosa y confusa la iniciativa establece que:” Petróleos Mexicanos contará con un Comisario designado por el Ejecutivo Federal. Sus funciones principales serán rendir al Ejecutivo Federal un informe respecto de la veracidad, suficiencia y racionabilidad de la información presentada y procesada por el Consejo de Administración.” La iniciativa añade que: “Por otra parte, habrá el Comité de Transparencia y Auditoría al que se ha hecho referencia.
Es importante mencionar que esto no es nuevo, ya que en la actualidad el Consejo de Administración de PEMEX, cuenta ya con un Comisario, que precisamente representa a la Secretaria de la Función Pública y es designado por el Ejecutivo Federal.
Sin embargo y a pesar de la importancia que supuestamente se da a la vigilancia, transparencia y rendición de cuentas en PEMEX, la iniciativa vuelve a ser tremendamente contradictoria ya que se establece textualmente que:
“Todo lo anterior, sin perjuicio de las facultades que actualmente tiene la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control de la paraestatal para verificar la legalidad en la actuación de los servidores públicos y, en su caso, iniciar los procedimientos administrativos de responsabilidad.”
Sin embargo añade:
“ A este respecto cabe destacar que las tareas de la Secretaría de la Función Pública y del Órgano Interno de Control se circunscribirán a verificar el cumplimiento de la normativa aplicable y demás funciones que correspondan no vinculadas a la revisión del desempeño de Petróleos Mexicanos, o de las metas, objetivos, programas y controles de sus unidades.
Más aún, el Artículo 29, de la iniciativa establece textualmente que: “La Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control no podrán ejercer, en ningún caso, las facultades previstas en esta Ley para el Comité de Transparencia y Auditoría o el Comisario, salvo a solicitud expresa del citado Comité para que coadyuven con él, en el cumplimiento de las funciones que este último tiene encomendadas.
Esto en pocas palabras limita la facultad de revisión de la Secretaria de la Función Pública y excluye de esta fiscalización a la Auditoría Superior de la Federación, a la cual por cierto ni se menciona, lo que definitivamente conculca la facultad de supervisión por parte del Congreso y concentra toda la operación, fiscalización, evaluación y demás aspectos en el Ejecutivo Federal y en el Comité de Transparencia y Auditoría, y no en la Nación como lo quiere hacer parecer la iniciativa.
Por lo que se refiere a los otros dos Comités; el de Estrategia e Inversiones tendrá por función principal analizar el plan estratégico y el portafolio de inversiones de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.
Por su parte el Comité de remuneraciones asumirá la tarea de proponer al Consejo de Administración las remuneraciones del Director General y de los funcionarios de los tres niveles inmediatos inferiores a aquél, tomando en consideración el otorgamiento de incentivos con base en el desempeño y resultados medibles. Ambos comités serán presididos por un consejero profesional.
Lo anterior nuevamente conculca la facultad del Congreso para establecer las remuneraciones de los servidores públicos y nuevamente abre la posibilidad de que se asignen a estos funcionarios niveles de sueldo similares a los del Poder Judicial o como los Consejeros del IFE.
b.2) El Nuevo Régimen de Deuda y Presupuesto en Pemex:
Deuda:
Uno de los temas que más ha difundido Felipe Calderón dentro de las bondades de su iniciativa es que, con su aprobación se permitirá que PEMEX pueda manejar de manera autónoma sus decisiones de endeudamiento ya que el régimen actual sujeta a dicho organismo a controles estrictos y a múltiples autorizaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que ocasiona que la contratación y administración de su deuda no sea oportuna ni eficiente.
Por ello, la iniciativa busca liberar a la paraestatal de los trámites o autorizaciones intermedios ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en uso de su autonomía de gestión y en congruencia con el régimen de gobierno corporativo que se implementará, adopte las decisiones en esta materia que más beneficien al organismo y al país en general.
Desafortunadamente la iniciativa resulta mañosa y poco clara, ya que a pesar de que plantea que Petróleos Mexicanos proponga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que ésta apruebe, lineamientos específicos respecto de las características de su endeudamiento.
Proponiendo para ello, que la entidad pueda realizar las negociaciones y gestiones necesarias para acudir al mercado externo de dinero y capitales y contrate los financiamientos y la deuda que requiera, sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sólo con la obligación de registrar tales operaciones ante esa dependencia.
Por otro lado, la misma iniciativa, “ reserva a la Secretaria de Hacienda la facultad de ordenar que no se realice la operación de que se trate en caso de que pudiera perjudicar gravemente la estabilidad de los mercados financieros; incrementar el costo de financiamiento del sector público, o bien reducir las fuentes de financiamiento del mismo.
Así resulta obvio que ésta restricción mantiene la discrecionalidad de la Secretaria de Hacienda sobre el manejo de la deuda de PEMEX, limitando las decisiones del propio PEMEX sobre el manejo de su deuda,
Ya que resulta claro que PEMEX no podrá competir con las fuentes de financiamiento del propio gobierno quién siempre estará por arriba de PEMEX a través de la Secretaria de Hacienda.
Esto muestra una vez más la falsedad de la argumentación en cuanto a la “autonomía de PEMEX”.
Más aún, esta situación contraviene absolutamente la propuesta del Gobierno Legítimo que establece que en materia de deuda debemos comenzar a prepagar el saldo de Pidiregas, dicho prepago se puede financiar con emisión de bonos en los mercados internacionales, lo que generaría ahorros de cuando menos mil millones de dólares anuales tan sólo en intereses.
O bien el prepago lo lograríamos, si el gobierno adquiere reservas internacionales del Banco de México, logrando un ahorro en el costo de servicio de la deuda hasta de 2 mil millones de dólares en la contabilidad consolidada del sector público.
La señal que debemos dar al mundo es que la deuda de Pemex es una deuda de la Nación.
Sin embargo y contrariamente a lo que el Presidente Legítimo ha propuesto, la iniciativa que Felipe Calderón ha enviado al Congreso, conlleva el supuesto de que la deuda de PEMEX es de PEMEX y no de la Nación, lo que definitivamente incrementará el costo financiero de la deuda de PEMEX, dado que el endeudamiento de PEMEX no se asume como una deuda del país, es decir una deuda soberana.
Pero más grave aún resulta lo que la iniciativa establece en su página 14 ya que textualmente dice: “Todas las medidas señaladas harán que una de las entidades paraestatales más importantes de nuestro país pueda enfrentar de manera eficiente sus obligaciones y compromisos y, además, permitirá conocer la verdadera situación financiera de Petróleos Mexicanos.”
Ante esto debemos preguntarnos, ¿Cómo es posible que se este proponiendo una reforma a PEMEX, si no conocemos su verdadera situación financiera?, ya que esto si resulta demasiado grave.
Presupuesto:
En este tema la iniciativa vuelve a presentar una serie de contradicciones que revelan la falsedad en cuanto a la posibilidad de que PEMEX, pueda disponer de sus propios ingresos excedentes, ya que a pesar de que se señala que; ”se le otorga autonomía a PEMEX para disponer de los excedentes de ingresos propios que genere, así como para aprobar adecuaciones a su presupuesto, sin requerir de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Esta situación queda condicionada a que cumpla con su balance financiero, ya que la iniciativa lo establece claramente cuando se señala textualmente que: “siempre que cumpla con su meta de balance financiero” (pág. 16 de la iniciativa)
Es importante mencionar que el “balance financiero” es un condicionamiento que se le impone a PEMEX en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que se le obliga a mantener “en caja” o bien se le obliga a “no gastar” cierta cantidad de dinero, aunque PEMEX cuente con esos recursos, que además se los tiene que dar a guardar a la Secretaria de Hacienda.
Es decir y a manera de ejemplo, si PEMEX tiene ingreso de 1,000 pesos y gastos de 200 pesos, y se le impone una meta de 500 pesos de balance financiero, aunque PEMEX aparentemente cuente con 800 pesos (1,000-200) sólo puede gastar 300 pesos, ya que su meta de balance financiero es de 500 pesos.
Es obvio que la iniciativa resulta mentirosa en cuanto a la posibilidad de que PEMEX pueda utilizar sus ingresos excedentes, ya que siempre se le podrá obligar a no gastarlos, si se le imponen metas de balance financiero muy altas.
Lo anterior esta claramente establecido en el artículo 43 de la iniciativa que textualmente establece:
Artículo 43.- En el manejo de su presupuesto Petróleos Mexicanos se sujetará a las reglas siguientes:
I. Enviará anualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Secretaría de Energía, un escenario indicativo de sus metas de balance financiero para los siguientes cinco años;
II. Aprobará las adecuaciones a su presupuesto sin requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando cumpla con la meta anual de balance financiero y no incremente el presupuesto regularizable de servicios personales;
III. Con la aprobación del Consejo de Administración, podrá aumentar su gasto con base en sus excedentes de ingresos propios, sin requerir de la autorización a que se refiere el artículo 19, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, siempre y cuando cumpla con la meta anual de balance financiero y no incremente el presupuesto regularizable de servicios personales, y
IV. Autorizará sus calendarios de presupuesto y las modificaciones a los mismos, sin intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando cumpla con la meta anual de balance financiero.
De esta manera resulta claro, que la única diferencia con la situación actual es que ahora será la Secretaría de Energía la encargada de imponer el balance financiero y no la Secretaria de Hacienda. ¿ Dónde está la autonomía y dónde esta el papel del Comité de Estrategia e Inversiones?.
b.3) Los Bonos Ciudadanos:
Con una intención absolutamente demagógica, la iniciativa propone la posibilidad de que Petróleos Mexicanos emita bonos ciudadanos, cuyo objetivo es que dichos bonos estén a disposición de la población en general y puedan ser adquiridos por personas físicas mexicanas, directamente o a través de las administradoras de fondos para el retiro, fondos de pensiones y sociedades de inversión, así como por otros intermediarios financieros (bancos).
Es importante señalar que la iniciativa nuevamente es confusa y poco clara, ya que por un lado establece que los “bonos ciudadanos” no otorgarán derechos patrimoniales ni corporativos sobre Petróleos Mexicanos, por lo que la propiedad y control del organismo no se verán comprometidos en forma alguna, ni se afectaran el dominio o explotación del petróleo.
Esto quiere decir que dichos bonos, no son acciones de PEMEX, pues no otorgan ningún derecho sobre la empresa, sin embargo la propia iniciativa señala que” el Comisario del Consejo de Administración de PEMEX actuará a la vez como representante de los intereses de los tenedores de los bonos ciudadanos.
Esto es sumamente contradictorio, ya que si el bono ciudadano, no me da derechos sobre PEMEX, que caso tiene que exista “alguien” en el Consejo de PEMEX que vele por los intereses de las personas que tengan esos bonos.
Es claro que el Gobierno emite Certificados de la Tesorería (CETES) y no existe nadie en la Secretaria de Hacienda o en el Banco de México, que este cuidando los intereses de las personas que tienen CETES.
Lo mismo sucede con las personas que tienen indirectamente bonos del IPAB (BPAS) y no existe nadie en la Junta de Gobierno del IPAB que cuide los intereses de aquellos que tienen un BPA.
Así la única razón que existe para tener a alguien que cuide los intereses de las personas que tienen estos “bonos ciudadanos”, es que en la realidad estos bonos si otorguen derechos sobre PEMEX, lo que definitivamente contravendría la Constitución.
Asi el hecho de establecer que habrá un “cuidador de los intereses de las personas que tienen estos bonos” es simplemente para engañar y hacerle creer a la población en general, que va a ser dueña de una parte de PEMEX.
Ya que estos bonos ciudadanos, no son más que un CETE disfrazado, que otorgará un rendimiento que necesariamente dependerá de la inflación, y no podrá ser muy diferente al rendimiento e los CETES o de otros instrumentos de deuda.
Ya que al final, será otra manera de que PEMEX obtenga recursos para su operación, pagando un cierto rendimiento o tasa de interés.
Más aún el Articulo 41 de la iniciativa establece que será la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la que determinará como funcionarán estos “bonos ciudadanos”. Aquí conviene nuevamente preguntarnos ¿ Dónde está la autonomía y dónde esta el papel del Comité de Estrategia e Inversiones?.
Así el citado artículo establece textualmente lo siguiente:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará a través
de disposiciones de carácter general:
I. Las formas de adquisición por parte de las personas físicas y de los trabajadores mexicanos;
II. La adquisición por parte de las administradoras de fondos para el retiro, los fondos de pensiones y las sociedades de inversión para personas físicas, así como otros intermediarios financieros exclusivamente con el propósito de servir como formadores de mercados;
III. Las medidas necesarias para evitar la concentración en la tenencia de los títulos o su acaparamiento y que procuren el acceso al mayor número de mexicanos;
IV. Las características, montos, términos y condiciones del bono ciudadano y de las emisiones del mismo;
V. La mecánica de su operación en el mercado y el funcionamiento de un mercado secundario ágil y eficiente, y
VI. Los límites en la adquisición por parte de las instituciones financieras que funjan como formadores de mercado.
b.4) La Nueva Modalidad de llevar a cabo contratos de obra fomenta la corrupción y contraviene la Constitución:
La propuesta del gobierno enviada recientemente al Senado de la República, viola flagrantemente nuestra Constitución Política, ya que a pesar de que el Artículo 27 de nuestra Carta Magna, establece claramente que tratándose de petróleo, no puede haber concesiones ni contratos y, por lo tanto, sólo la Nación llevara a cabo su explotación.
Mediante una estrategia mentirosa e ilegal, están proponiendo reformar el artículo 4 de ley reglamentaria del 27 Constitucional, para que los privados, mediante un régimen de permisos administrativos, puedan participar en las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de los productos derivados de la refinación, del gas y de la petroquímica básica.
Pero también mañosamente y cobardemente la propuesta , establece en el artículo mencionado, que; Petróleos Mexicanos y sus Organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo.
Así, resulta claro que el propósito es dejar a PEMEX como simple proveedor de petróleo, es decir un abastecedor de primera mano, y privatizar toda la cadena de valor de la industria.
Esto, no sólo implica entregar nuestra renta petrolera, sino también regalar de toda la cadena de valor agregado de la industria.
También busca abrir paso a la corrupción y enriquecimiento de unos cuántos, como Juan Camilo Mouriño, ya que en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica de PEMEX que se propone, se permite que Petróleos Mexicanos pueda celebrar contratos sin licitación, o mediante adjudicación directa (como el contrato con Repsol).
Pero también, en estos contratos, se podrá establecer un pago variable, que podrá ser determinado después de la firma del contrato, es decir conforme se desarrolla el proyecto.
Esto desde luego, permitirá la mayor discrecionalidad posible, de los funcionarios rapaces que buscarán su beneficio personal, sin importarles la situación de la empresa.
*Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo de México.
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Análisis sobre Pemex, tomados del periódico La Jornada.
Pemex, empresa nacional
Arnaldo Córdova
Desde los tiempos del presidente Carranza, todos aquellos que colaboraron en la elaboración de nuestra rica legislación petrolera hasta los años del cardenismo, siempre pensaron en hacer efectiva, de un modo u otro, la doctrina constitucional de la propiedad nacional del subsuelo. A casi todos ellos les vino a la mente la necesidad de, un día, fundar una empresa petrolera que fuera del Estado revolucionario y que pudiera, no obstante el dominio abrumador de las empresas extranjeras en la industria, presentarse como competidora eficaz en la explotación de nuestros hidrocarburos. Abundan las sugerencias y hasta los proyectos claros.
Durante el breve periodo presidencial de Pascual Ortiz Rubio, finalmente, cuajó la idea de crear esa empresa nacional. Se llamó Petromex. Con Cárdenas se convirtió en Pemex. La idea que la informó era que sería una empresa que contrataría con el Estado la concesión para explotar hidrocarburos en el subsuelo. Se trataría de algo así como un ente separado, aunque público, del Estado. Esta empresa recibiría una concesión y contrataría con el Estado el uso de la superficie bajo la que se ubicaran los yacimientos dados en explotación. Ella debería pagar por ambos derechos.
Ya para fines de los veinte, México consumía el 40 por ciento de su producción petrolera, aunque ésta había disminuido notablemente. En ese momento eran ya una legión quienes pensaban que se debía expropiar la industria. Siempre me ha sorprendido que todos hayan pensado que para explotar el recurso se debiera crear una empresa nacional. ¿Por qué no pensaron en fundar una entidad pública, integrante del Estado (una Secretaría del Petróleo, por ejemplo), que se encargara de ello? Hubo quienes lo pensaron y lo dejaron por escrito. Creo que fue obra de nuestros fiscalistas (abogados todos) y de nuestros políticos: la industria era una mina excepcional de recursos para el Estado. El Estado, se decía entonces, no puede gravarse a sí mismo.
Cárdenas lo sabía muy bien y era por eso que hacía hincapié en el formidable papel como palanca del desarrollo del país de nuestra industria petrolera. Pemex sería el instrumento ideal para el propósito: una empresa y, como tal, un causante, y en triple banda: pagaría por la concesión del subsuelo, por el uso de la superficie y además reportaría su ingreso al fisco. Pemex se volvió un instrumento esencial de la política financiera del Estado.
Luego, apareció algo incomprensible: Pemex con una doble cara. Una, fue el ente encargado de extraer los hidrocarburos y comercializarlos para el Estado (por ello se le comenzaron a cobrar lo que simplemente se llama “derechos” y que es un 74 por ciento de su ingreso bruto total); otra, siguió siendo una compañía que debía pagar impuestos como cualquier privado. Esta historia me ha hecho pensar que cualquier reforma energética debería comenzar por definir qué clase de empresa nacional queremos y necesitamos.
Pemex, para mí, debería ser algo parecido al Eni (Ente Nazionale Idrocarburi) italiano, pero no lo mismo. Debería ser un organismo descentralizado (por lo tanto, autónomo y autogestivo) cuya misión sería encargarse de explotar, en los términos del 27, los hidrocarburos. Hablando de derechos reales, éstos deberían calcularse con base en el usufructo del subsuelo y en el uso de la superficie y distribuirse entre el Estado (Federación, estados y municipios) y el propio organismo descentralizado. Ninguno de esos derechos debería cobrarse a Pemex en una proporción mayor de la que se aplica a los privados por el usufructo del subsuelo y el uso de la superficie. Hablando de producción y comercializacion, Pemex debería pagar impuestos.
Para decirlo en breve: la reforma energética no debe enfocarse en ver adónde va a dar el botín, sino, esencial y totalmente, en saber qué clase de empresa nacional queremos. Ello va a requerir, tarde o temprano, de reformas al 27, porque hay que hacer de Pemex un sujeto constitucional. Creo que deberíamos pensar en una empresa como ente público; no podría ser una empresa, como las privadas, independiente del Estado y de su política de desarrollo nacional. Pemex debe concebirse como parte del Estado y sujeta a decisiones políticas. Sólo debe tener su propia administración y el Estado debe velar por su desarrollo integral. La compañía nacional debe estar puesta al servicio del desarrollo del país y dejar de ser saqueada por el fisco. Su relación con la empresa privada debe ser amplia, pero regida por el interés público. Pemex debe recurrir a los privados cuando necesite de sus servicios, pero debe sostenerse con sus propios recursos.
Si queremos hablar de reforma, hay que hablar del derecho constitucional contenido en los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Carta Magna. Lo demás son parámetros que aquí no sirven para maldita la cosa. Ni tampoco haremos reforma alguna que se base sólo en modificar leyes secundarias que, por lo general, van a chocar con la Constitución y, al final, abolirla. Hay que desconfiar de quienes pretenden llevar a cabo reformas tan sólo de las leyes, porque en derecho constitucional es bien sabido que no puede plantearse reforma alguna a ninguna ley que no tenga su fundamento en la Carta Magna. El que lo proponga, de entrada, está proponiendo violar la Constitución, lo que no debe permitirse.
Ni los panistas ni los priístas están pensando en nuestra empresa nacional. En lo que ellos piensan es en mantener a Pemex, como alguna vez le oí decir a Carlos Tello, como un instrumento cautivo de las finanzas públicas, como la famosa caja chica destinada a cubrir el gasto corriente del Estado. Eso, sin mencionar la colosal corrupción (la sindical incluida) de que ha sido víctima inerte. Ya Carstens lo escupió: ¡aguas!, si no hay reforma energética, vamos a aumentar los impuestos, a achicar el presupuesto y a eliminar partidas innecesarias (como el gasto social). A eso se reduce su concepción de la reforma energética. Con la agravante de que, inversiones mediando, proponen compartir el botín con los privados, nacionales y extranjeros. ¿Dinero para Pemex? Por supuesto, el que aporten los privados invitados, por lo que habrá que recompensarlos adecuadamente. ¿No suena eso al más elevado patriotismo y al sumo bien de México?
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Normal y constitucional, pero política
Rolando Cordera Campos
Como ha dicho Cuauhtémoc Cárdenas, en sus términos la iniciativa de Calderón para reformar Pemex es inaceptable. Lleva a contravenir y violar la Constitución y pone en peligro de abierta ruptura lo que queda del pacto que nos ha permitido sobrevivir como nación y alimentar sueños realistas de renovación democrática. Así de grave es la situación creada por la forma y el fondo de las propuestas presidenciales del martes, y así de firme debe ser la respuesta de los legisladores mexicanos y de sus partidos. Si de reformar se trata, hay veredictos históricos que respetar porque nos comprometen a todos, más allá de banderías políticas y ensueños ideológicos y, ahora, hay condiciones que cuidar y atender si además se quiere que la reforma refuerce y no violente el acuerdo democrático mínimo a que hemos podido llegar en estos duros y espesos años de tránsito.
La ocupación de las tribunas del Congreso debe coadyuvar a reponer el procedimiento, es decir, a organizar un debate nacional sin restricciones aunque acotado en su temática, conforme a tiempos y modos acordes no sólo con la normatividad de las cámaras sino con la trascendencia del asunto planteado tan precipitadamente por el gobierno. Por eso, reponer el procedimiento no termina en el reconocimiento elemental de que es en el Congreso donde debe decidirse; ahí en todo caso termina un proceso del que nuestra democracia se ha ocupado poco y hasta con desdén: el de una deliberación política que para ser democrática tiene que ser no sólo debidamente informada e ilustrada sino también y sobre todo popular, amplia, en la que la premisa originaria de la ciudadanía encarne en reglamentos y procedimientos que no traigan bajo la manga la arcaica astucia autoritaria de la que al parecer se quería echar mano para abrir paso a un fast-track legislativo (como el plazo de 10 o 12 días para realizar la discusión que se le atribuyó al presidente de la Comisión de Energía en el Senado (El Universal, 11/04/08) o la majadería del diputado Larios y asociados, para quien la discusión en realidad ha terminado, dadas las líneas ágata y horas tv y radio invertidas).
El presidente Calderón, a través de su secretaria Kessel y el director general de Pemex, se comprometió a un debate nacional. Luego, el senador Creel habló de que sería su bancada la encargada de presentar iniciativas de reforma energética. Unos días después, sin que nadie se enterara de su itinerario y agenda, Calderón, en cadena nacional, lanza ponencias como anteproyectos de reforma y le echa la responsabilidad al Congreso, mientras retoma la retórica del mago de Oz y ofrece oro a cambio del moro, haciendo eco de las amenazas de su secretario de Hacienda, quien a su vez se inspiró en el clásico de la temporada: o cooperan o cuello; o reforma energética o impuestos. Con un contexto así, no debería sorprender el predominio de la desconfianza y la confusión, donde la paranoia se torna protagonia rebelde y se desvanece la esperanza en un relevo deliberativo para la aporreada democracia procedimental que algunos confundieron con normalidad.
Para la izquierda organizada no queda más camino que reivindicar la política como condición sin la cual la movilización popular y nacional en curso está condenada a la disgregación, el desgaste, la pérdida de rumbo y al final otra decepción, más encono, provocación, y la represión por la que claman las ballerinas del estado de derecho para empezar a bailar un jarabe en su honor. Sin política no hay continuidad ni consistencia para el reclamo popular o la reivindicación del patrimonio como bien nacional y fundamento esencial de la evolución social.
La apertura a un debate digno de tal nombre admitida por los priístas la noche del viernes (La Jornada, 12/04/08) debe tomarse en serio y no desecharse como rutina nostálgica y facilona. Si en efecto tenemos entre manos una cuestión esencialmente nacional, debe reconocerse que no hay interpretaciones únicas ni posturas exclusivas y excluyentes en la defensa del interés nacional. Lo que hay, sin duda, es un rompecabezas con muchas piezas extraviadas en crisis mal encaradas y peor resueltas y cambios inconclusos; cambios que quisieron rematarse con la soberbia pueril de la alternancia foxiana que se quiso aterrizar en una democracia administrada por prefectos y damas de la caridad.
Se dirá que está en chino, con perdón para el pueblo de Confucio, pero no, es puro español y se llama política, no sólo “normal”, tan ansiada por la transitocracia, sino constitucional, la que se debate en la calle y por ahí y desde ahí fortalece las instituciones republicanas. Ni hablar, tenemos por delante mucho que inventar… y parlamentar.
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Algunos puntos del “paquete” privatizador
Antonio Gershenson
gershen@servidor.unam.mx
Ya se ha dicho mucho sobre el paquete privatizador, y la discusión seguirá. Vamos a abordar algunos puntos importantes, tratando de incluir elementos nuevos.
Aguas profundas. En la campaña previa al envío de las iniciativas de cambios a la legislación petrolera, se insistió en el “tesoro” que nos está esperando en el fondo de las aguas profundas del Golfo de México. A lo que ya se ha dicho, agregamos que un reciente informe de una consultora del ramo se refiere a las aguas profundas del Golfo. Pero a las de la parte estadunidense, la que ya se ha perforado hasta el cansancio y de la que no nos puede platicar cuentos de fantasía.
Primero, los nuevos hallazgos en esa región durante 2007 fueron los más bajos de la última década. Es más, equivalen a menos de la mitad de los que se tuvieron en el año inmediato anterior. Segundo, la exploración en esa área se ha encarecido. El monto promedio de reservas de crudo por cada perforación exploratoria en 2007 fue de 60 por ciento del promedio de los últimos 10 años. Tercero, personas familiarizadas con la actividad petrolera en la zona dicen que, con los altos costos y con los problemas que se presentan, sólo es rentable un proyecto si el hallazgo es de un yacimiento de veras importante.
En cambio, se han abandonado o semiabandonado yacimientos con buenas perspectivas, en tierra y en aguas no sólo de poca profundidad sino incluso en zonas costeras. En la región Marina Suroeste, donde está la zona litoral de Tabasco, que ha tenido exploraciones con 100 por ciento de éxitos, el número de perforaciones de desarrollo bajó de 19 en 2006, a 6 en 2007. Pero en Chicontepec, de 80 perforaciones en 2006 aumentaron a 168 en 2007, y todo para que toda la región norte, en la cual está Chicontepec, en 2008 haya producido sólo 2.8 por ciento del total nacional de petróleo crudo.
Contratos. En cuanto a los contratos, de por sí están prohibidos en la industria petrolera, en el artículo 27 de la Constitución. Pero a los que ya se han estado firmando se agregan facilidades... para los funcionarios. Los casos en que se permite la adjudicación directa, o sea, firmar el contrato sin concurso, son más que en las leyes vigentes. El procedimiento de licitación se puede clasificar como reservado “o confidencial”, para que sea más difícil que alguien los sorprenda en maniobras ilegales. El alcance de los contratos puede ser mayor. El ámbito de la exploración y explotación sería el principal de los nuevos contratos.
Hay un aspecto que nunca se había hecho público, hasta el envío del proyecto de reformas: refinerías privadas. Una empresa, de hecho extranjera, puede construirse su refinería, operarla y venderle la gasolina y demás refinados, que son mucho más caros que el petróleo crudo, a Pemex, todo esto mediante contratos. Algo así como los “productores externos” con la industria eléctrica “nacionalizada”.
Las empresas privadas también pueden construir y tener sus oleoductos, poliductos y gasoductos; sus almacenes; sus plantas procesadoras de gas, y distribuir refinados, petroquímicos e hidrocarburos en general. Con todo esto, sus refinerías y los contratos de la exploración y explotación de crudo y gas, una trasnacional se puede constituir como empresa integrada, a lo largo de todo el proceso del petróleo y el gas, desde la boca del pozo hasta la boca del tanque de gasolina.
Autonomía. La llamada autonomía dificulta aún más el control sobre las contrataciones. El consejo de administración, cuya mayoría de hecho viene del gobierno, fija reglas de los concursos y en general adjudicaciones, que ahora las fijan las leyes. Y los supuestamente imparciales, los fija el gobierno actual con la intención de que sigan después.
Al describir a Pemex en decadencia en cuanto a reservas, producción y otros aspectos, de hecho describen a los gobiernos panistas bajo cuya responsabilidad ocurrió todo esto. Y ahora quieren que la legislación los autorice a entregarlos a empresas extranjeras.
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Reforma energética, reforma constitucional
José Antonio Rojas Nieto
rojasags@yahoo.com.mx
¿De qué se trata la reforma energética que promueve el gobierno actual? De un cambio radical en la tradición constitucionalista de México. Se reinterpretan los artículos 27 y 28 de la Constitución. ¿Por qué y cómo? Porque en el artículo segundo de la propuesta de Ley Reglamentaria que formula el gobierno se dice: “Sólo la nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos que constituyen las áreas estratégicas de la industria petrolera en los términos del artículo siguiente…” (el tercero que cito enseguida).
¿Qué significa? Que al interior de la industria petrolera, el actual gobierno establece una diferenciación entre áreas estratégicas y áreas no estratégicas. ¿Para qué? Para reinterpretar la exclusividad que la Constitución otorga a la nación en materia petrolera, y reducirla solamente a las áreas estratégicas. ¿Cuáles serían éstas? De todas las señaladas en al actual artículo tercero de la Ley vigente (exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución, ventas de primera mano y de los productos que se obtengan de su refinación, y lo mismo para el gas natural y los petroquímicos básicos), se eliminan, por una parte, las del transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar la explotación y la elaboración del gas natural. Y, por otra, la de la distribución de derivados del petróleo, pues sólo se considera estratégica la distribución del curdo.
También se elimina la del transporte, almacenamiento y distribución de los petroquímicos básicos. En consecuencia, el nuevo artículo cuarto de la propuesta gubernamental permite que además de Pemex y sus organismos subsidiarios, otros organismos del sector social y privado puedan realizar las siguientes actividades: 1) transporte, almacenamiento y distribución de gas; 2) transporte, almacenamiento y distribución de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo; 3) transporte, almacenamiento y distribución de petroquímicos básicos. Es decir, se privatiza el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas natural, de refinados y de petroquímicos básicos. Se quita a la industria estatal y a la nación, sus vasos comunicantes, sus arterias y sus venas.
Pero –además– bajo el esquema de la tradicional maquila, se abre la refinación a los privados. Sí, también en el artículo cuarto de la nueva Ley Reglamentaria propuesta, se autoriza a Pemex para que contrate los servicios de refinación del petróleo, permitiendo asimismo, que quienes realicen esas tareas de refinación, puedan construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos (es muy curioso, por cierto, que no se abra a la maquila la producción de petroquímicos básicos). Todo esto –sin lugar a dudas– representa un cambio en el concepto de industria petrolera que –todavía hoy– señalan la Constitución y su Ley reglamentaria vigente. No sólo hay una redefinición conceptual de la industria y, en consecuencia, del mandato constitucional, sino –por curioso que parezca– una propuesta que contradice las tendencias petroleras internacionales.
En cuanto a lo primero, se nos conduce a una situación muy curiosa. La Constitución actual indica que la industria del petróleo, de los demás hidrocarburos y de la petroquímica básica es estratégica y que por ello mismo, debe haber exclusividad estatal.
Pero la propuesta de Ley Reglamentaria del actual gobierno dice que no, que sólo algunas partes son estratégicas. Se trata, evidentemente y al margen de que sea o no adecuado el razonamiento, de una corrección a la Constitución que, en todo caso, debiera hacerse directamente al texto constitucional. ¿Qué explica que no se haga así? ¿Por qué se elige modificar algunos artículos de su Ley Reglamentaria, incluso bajo el riesgo de que se dé cabida –con éxito– a una controversia constitucional?
La respuesta es muy simple. Porque según el 135 de la Constitución, para lo primero –modificar el texto constitucional– se requeriría el acuerdo de dos terceras partes de los asistentes a la sesión de las Cámaras (diputados y senadores) en que se decidiera. Y la decisión favorable de la mayoría de los Congresos locales de las entidades federativas.
En cambio, para modificar la Ley Reglamentaria del 27, sólo se necesita 50 por ciento más uno de los asistentes a la sesión del Congreso en la que se decida el cambio. Es obvio que el gobierno tiene sus cálculos. Con asistencia máxima, el PAN requeriría 45 diputados y 14 senadores más a favor de su propuesta (129 y 32, respectivamente, en caso de cambio constitucional). Y no necesitaría consultar a los Congresos locales. Pero además –aquí lo segundo– en aras de lograr la participación privada en la industria petrolera –así sea eludiendo y tergiversando el concepto constitucional tradicional– se contradicen los ánimos más sentidos de toda empresa petrolera. Las refinadoras o petroquímicas buscan tener reservas de crudo y de gas natural. Y las extractivas adentrarse lo más posible a la fases industriales para apropiarse de los enormes beneficios que proporciona, por una parte, refinar y comercializar gasolinas, turbosinas, diesel y gas licuado del petróleo y, por otra, producir y vender petroquímicos.
Este y cualquier gobierno tiene derecho a plantearle a la nación sus ideas y sus propuestas de cambio. ¡Sin duda! Pero no tiene derecho a engañar ni a ocultar la naturaleza y el alcance de esos cambios. Les aseguro que el gobierno actual lo está haciendo hoy.
Sí, hoy mismo con su propuesta de reforma energética. Hace muchos años escuché a una respetadísima y muy querida fundadora del PAN: “en nuestro partido –muchachos– sí, en nuestro partido, haremos todo, menos ser deshonestos y tramposos. Se los juro.” ¿Quién la recuerda? ¿Quién?
(Análisis y Comentarios)
a) Introducción
El pasado 8 de abril, Felipe Calderón envió a la Cámara de Senadores, el paquete de iniciativas que conforman la llamada Reforma Energética, dichas reformas involucran la modificación de 5 leyes secundarias que rigen a PEMEX.
Dichas iniciativas son:
La Nueva Ley Orgánica de PEMEX
La Reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo
Ley de La Comisión del Petróleo
Ley de la Comisión Reguladora de Energía
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
.
Por esta razón y con el objeto de contribuir al debate nacional convocado y solicitado por nuestro Presidente Legitimo y por los legisladores del Frente Amplio Progresista, la Secretaria de la Hacienda Pública, presenta el análisis y los comentarios sobre el Proyecto de la Nueva Ley Orgánica de PEMEX.
Es pertinente advertir que como se verá a lo largo de los análisis que se estarán publicando, la Reforma Energética enviada al Senado por Felipe Calderón, sólo pretende justificar la transferencia de la renta petrolera al capital privado, buscando “eludir” lo establecido en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reservan al Estado en forma exclusiva, entre otras, las áreas estratégicas del petróleo y demás hidrocarburos, así como la petroquímica básica.
Por ello, el no modificar el artículo 27 y demás disposiciones constitucionales relativas a petróleo y los hidrocarburos, no implica, ni mucho menos garantiza que la privatización del sector energético no esté presente en el paquete de iniciativas que Felipe Calderón envió al Congreso.
Del análisis y revisión de la iniciativa para crear la Nueva Ley Orgánica de PEMEX se observan grandes falsedades y contradicciones que ya forman parte del discurso gubernamental, de las que se puede concluir, que de ser aprobadas, sólo permitirían la transferencia de la renta petrolera a los privados, acentuando los problemas y vicios existentes en PEMEX por lo que se debilitaría más a esta empresa paraestatal.
Así la Secretaria de la Hacienda Pública pone a su disposición, este documento y los invita respetuosamente a sumarse a la resistencia civil pacífica, para defender este patrimonio de los mexicanos.
Al mismo tiempo les informa que en los próximos días continuara publicando los análisis y comentarios del resto del paquete que conforma la llamada Reforma Energética.
Asimismo les recuerda que el 19 de noviembre de 2007, nuestro Presidente, el Lic. Andrés Manuel López Obrador presentó la propuesta para rescatar al Sector Energético Nacional, en dicha propuesta se establecen los lineamientos para que sin la necesidad de entregar ésta patrimonio al capital privado, nuestro país utilice al petróleo como una verdadera palanca del desarrollo nacional.
b) Nueva Ley Orgánica de Pemex:
De acuerdo a la exposición motivos de la iniciativa se observa que se busca lo siguiente:
1. Fortalecer el régimen de gobierno corporativo en la paraestatal;
2. Regular sus esquemas de operación y ampliar las posibilidades y alcances de su actuación, para hacerla más eficiente, y
3. Reforzar y diversificar los mecanismos de control y supervisión.
b.1) Modificaciones al Régimen de Gobierno Corporativo de PEMEX:
Hasta ahora Pemex es dirigido por un Consejo de Administración (Órgano de Gobierno) que se integra por 6 representantes del Gobierno incluyendo al Presidente y por 5 representantes del Sindicato, para ser 11 en total.
Dentro de los 6 representantes del Gobierno, se encuentran, los Secretarios de; Energía, quién además es el Presidente del Consejo de Administración, y los de Hacienda, Economía, Comunicaciones y Transportes, SEMARNAT, así como por un representante de la Presidencia de la República, que actualmente es el Jefe de la Oficina de la Presidencia.
Cabe destacar que este Consejo de Administración, cuenta también actualmente con la figura de un Comisario que es el representante de la Secretaria de la Función Pública y a su vez es el Titular del Órgano Interno de Control de la empresa.
Aquí conviene mencionar que por lo pronto, es este Consejo de Administración y los anteriores quiénes por lo pronto tendrían, que rendir cuentas sobre la situación por la que atraviesa PEMEX, ya que hasta ahora son ellos los que han tomado las decisiones.
Mas aún, la conformación actual del Consejo de Administración, conlleva la existencia de una multiplicidad de vicios, que están muy alejados de las Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo..
Así por ejemplo el hecho de que el Secretario de Hacienda sea parte del Consejo de Administración genera un grave conflicto de interés, pues mientras la Secretaria de Hacienda es quién determina año con año la carga fiscal de PEMEX o su superávit primario, en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, es también el Secretario de Hacienda integrante del Consejo de Administración.
El conflicto de interés existe ya que los integrantes del Consejo de Administración deben velar en primer lugar por el interés de la empresa, que es propiedad de la nación y no del Gobierno Federal, pero también en el caso particular del Secretario de Hacienda, habría que preguntarse si en las sesiones del Consejo cuando se toca el tema de la carga fiscal de PEMEX, el apoya su disminución o su incremento, ya que a el mismo en su papel de titular de Hacienda le toca definir la política tributaria del país.
Es decir, el asiste a las juntas de Consejo para cuidar los intereses de la empresa o de las finanzas públicas, por ello el no puede defender los intereses de la empresa, en virtud de su responsabilidad de obtener ingresos para las arcas nacionales.
Este tipo de situaciones no son corregidas por la iniciativa ya que la propuesta busca tan sólo añadir “4 consejeros profesionales” que serían designados por el propio Ejecutivo Federal; - dos de ellos, serían representantes del “Estado” y otros 2 serían “consejeros externos”, en virtud de que sólo trabajarían de tiempo parcial.
Contrario a lo que establece la iniciativa, estos consejeros no son autónomos puesto que en primer lugar serán designados por el propio Ejecutivo Federal (o sea que le deberán el nombramiento) y en segundo lugar la propia iniciativa establece que “dos de los consejeros profesionales que se proponen trabajarán de tiempo completo en la paraestatal, por lo tanto, se considerarán como representantes del Estado”.
Esto resulta igualmente falso, ya que no representan al Estado, puesto que Estado y Gobierno Federal no son sinónimos, aquí no hay que olvidar que serán designados por el Ejecutivo Federal, y no por representantes del Estado, ya que para ser representantes del Estado, se requeriría de un proceso de designación en el que interviniesen los Poderes que conforman al Estado y también a la sociedad, y no sólo por dedazo del Ejecutivo Federal.
Más aún, los requisitos y método de designación que la iniciativa establece para ser Consejero Profesional de tiempo completo o de tiempo parcial son exactamente los mismos, y no son diferentes a los que ya existen para los Consejos de Administración de otros Organismos del “Estado”.
Igualmente hacia el interior del Consejo de Administración de PEMEX, no existe una diferencia fundamental con los actuales integrantes del Consejo de Administración de PEMEX, salvo por el hecho de que estos por el simple hecho de ser Secretarios de Estado automáticamente son integrantes del Consejo de Administración de PEMEX.
Esto queda claro en la iniciativa que establece lo siguiente: ” para garantizar la preparación y profesionalismo de los individuos que ocupen estos cargos, se fijan, además de impedimentos específicos, ciertos requisitos mínimos que deben cubrir, tales como ser mexicanos por nacimiento, contar con estudios profesionales y haberse desempeñado de manera destacada en su profesión o trabajo.”
La iniciativa establece que el voto estos “Consejeros Profesionales” tendrán un peso importante en la toma de decisiones, de hecho señala textualmente que: “Cualquier determinación que adopte el órgano colegiado requerirá del voto favorable de al menos dos consejeros profesionales.”
Sin embargo la iniciativa también establece que de no ser así, la decisión se tendrá que posponer por única vez, para la siguiente sesión donde deberá aprobarse por mayoría simple, ya que textualmente establece que: “el asunto deberá posponerse por única ocasión a la siguiente sesión, en la que tendrá que aprobarse por mayoría simple”. Es decir que en esta situación ya no existe el peso importante de los consejeros profesionales en la toma de decisiones.
Otro punto importante es que en la iniciativa se fortalecen las facultades del Consejo de Administración para la creación de otros organismos subsidiarios de PEMEX, sin perjuicio de su autonomía de gestión.
Esto implica que el nuevo Consejo de Administración puede en determinado momento crear más empresas subsidiarias de PEMEX, con lo que se incrementaría aún más la desintegración de las cadenas productivas de por si ya muy desintegradas.
La iniciativa enviada al Senado, amplia las facultades del Consejo de Administración; quedando a su cargo la conducción central y dirección estratégica de Petróleos Mexicanos, pero también las actividades relativas a , la programación, coordinación y evaluación estratégica institucional de sus actividades y las de sus organismos subsidiarios.
Esto significa que el Consejo de Administración se convierte en “juez y parte” al tener la dirección central y estratégica, pero al mismo tiempo la evaluación institucional de sus actividades.
Finalmente se establece que el Nuevo Consejo de Administración podrá crear cuantos comités técnicos requiera para su funcionamiento, sin embargo deberá invariablemente de contar con tres comités; el Comité de Transparencia y Auditoría, el Comité de Estrategia e Inversiones y el Comité de Remuneraciones.
El Comité de Transparencia y Auditoría:
En materia de transparencia, propondrá al Consejo de Administración los criterios para determinar la información que se considerará relevante sobre Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, al igual que las normas para su divulgación, asimismo, vigilará que se rindan los informes que la Ley obliga a Petróleos Mexicanos.
En materia de auditoría, tendrá entre otras funciones, las de dar seguimiento y evaluar el desempeño financiero y operativo general y por funciones de Petróleos Mexicanos, designar al auditor externo; proponer disposiciones en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios y enajenación de bienes, así como emitir opinión sobre la cuantificación de las reservas de hidrocarburos.
Esto puede parecer bastante atractivo y lógico, sin embargo la iniciativa añade que
“Por la relevancia de las funciones descritas, este Comité (el de transparencia y auditoría) estará integrado por tres consejeros profesionales, dos de los cuales deberán ser de tiempo parcial…”
Sin embargo en el artículo 11 de la iniciativa de la Nueva Ley Orgánica de PEMEX, se establece que, “al menos uno de los consejeros profesionales deberá ser experto en materia financiera, y formará parte del Comité de Transparencia y Auditoría”.
Esto abre la posibilidad para que por ejemplo, un Subsecretario de Hacienda, pueda ser Consejero Profesional y miembro del Comité de Transparencia.
Lo anterior en virtud de que no existe ninguna restricción para que esto no se pueda dar, dado que al menos en teoría un subsecretario de hacienda es considerado un experto en materia financiera, a la vez que puede ser consejero profesional de tiempo parcial, y el artículo 11 de la iniciativa no lo prohíbe.
Sin embargo existen muchos alicientes para que tanto el Secretario de Hacienda, como el propio Ejecutivo Federal tengan un “consejero incondicional y subordinado” en el Comité de Transparencia y Auditoría.
Es importante destacar que este Comité tendrá atribuciones muy importantes en materia de vigilancia, ya que la iniciativa establece que “La vigilancia, control y supervisión de cualquier entidad paraestatal es un factor fundamental para que el esquema de gobierno corporativo funcione de manera adecuada y responsable”.
Por ello de manera tendenciosa y confusa la iniciativa establece que:” Petróleos Mexicanos contará con un Comisario designado por el Ejecutivo Federal. Sus funciones principales serán rendir al Ejecutivo Federal un informe respecto de la veracidad, suficiencia y racionabilidad de la información presentada y procesada por el Consejo de Administración.” La iniciativa añade que: “Por otra parte, habrá el Comité de Transparencia y Auditoría al que se ha hecho referencia.
Es importante mencionar que esto no es nuevo, ya que en la actualidad el Consejo de Administración de PEMEX, cuenta ya con un Comisario, que precisamente representa a la Secretaria de la Función Pública y es designado por el Ejecutivo Federal.
Sin embargo y a pesar de la importancia que supuestamente se da a la vigilancia, transparencia y rendición de cuentas en PEMEX, la iniciativa vuelve a ser tremendamente contradictoria ya que se establece textualmente que:
“Todo lo anterior, sin perjuicio de las facultades que actualmente tiene la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control de la paraestatal para verificar la legalidad en la actuación de los servidores públicos y, en su caso, iniciar los procedimientos administrativos de responsabilidad.”
Sin embargo añade:
“ A este respecto cabe destacar que las tareas de la Secretaría de la Función Pública y del Órgano Interno de Control se circunscribirán a verificar el cumplimiento de la normativa aplicable y demás funciones que correspondan no vinculadas a la revisión del desempeño de Petróleos Mexicanos, o de las metas, objetivos, programas y controles de sus unidades.
Más aún, el Artículo 29, de la iniciativa establece textualmente que: “La Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control no podrán ejercer, en ningún caso, las facultades previstas en esta Ley para el Comité de Transparencia y Auditoría o el Comisario, salvo a solicitud expresa del citado Comité para que coadyuven con él, en el cumplimiento de las funciones que este último tiene encomendadas.
Esto en pocas palabras limita la facultad de revisión de la Secretaria de la Función Pública y excluye de esta fiscalización a la Auditoría Superior de la Federación, a la cual por cierto ni se menciona, lo que definitivamente conculca la facultad de supervisión por parte del Congreso y concentra toda la operación, fiscalización, evaluación y demás aspectos en el Ejecutivo Federal y en el Comité de Transparencia y Auditoría, y no en la Nación como lo quiere hacer parecer la iniciativa.
Por lo que se refiere a los otros dos Comités; el de Estrategia e Inversiones tendrá por función principal analizar el plan estratégico y el portafolio de inversiones de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.
Por su parte el Comité de remuneraciones asumirá la tarea de proponer al Consejo de Administración las remuneraciones del Director General y de los funcionarios de los tres niveles inmediatos inferiores a aquél, tomando en consideración el otorgamiento de incentivos con base en el desempeño y resultados medibles. Ambos comités serán presididos por un consejero profesional.
Lo anterior nuevamente conculca la facultad del Congreso para establecer las remuneraciones de los servidores públicos y nuevamente abre la posibilidad de que se asignen a estos funcionarios niveles de sueldo similares a los del Poder Judicial o como los Consejeros del IFE.
b.2) El Nuevo Régimen de Deuda y Presupuesto en Pemex:
Deuda:
Uno de los temas que más ha difundido Felipe Calderón dentro de las bondades de su iniciativa es que, con su aprobación se permitirá que PEMEX pueda manejar de manera autónoma sus decisiones de endeudamiento ya que el régimen actual sujeta a dicho organismo a controles estrictos y a múltiples autorizaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que ocasiona que la contratación y administración de su deuda no sea oportuna ni eficiente.
Por ello, la iniciativa busca liberar a la paraestatal de los trámites o autorizaciones intermedios ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en uso de su autonomía de gestión y en congruencia con el régimen de gobierno corporativo que se implementará, adopte las decisiones en esta materia que más beneficien al organismo y al país en general.
Desafortunadamente la iniciativa resulta mañosa y poco clara, ya que a pesar de que plantea que Petróleos Mexicanos proponga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que ésta apruebe, lineamientos específicos respecto de las características de su endeudamiento.
Proponiendo para ello, que la entidad pueda realizar las negociaciones y gestiones necesarias para acudir al mercado externo de dinero y capitales y contrate los financiamientos y la deuda que requiera, sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sólo con la obligación de registrar tales operaciones ante esa dependencia.
Por otro lado, la misma iniciativa, “ reserva a la Secretaria de Hacienda la facultad de ordenar que no se realice la operación de que se trate en caso de que pudiera perjudicar gravemente la estabilidad de los mercados financieros; incrementar el costo de financiamiento del sector público, o bien reducir las fuentes de financiamiento del mismo.
Así resulta obvio que ésta restricción mantiene la discrecionalidad de la Secretaria de Hacienda sobre el manejo de la deuda de PEMEX, limitando las decisiones del propio PEMEX sobre el manejo de su deuda,
Ya que resulta claro que PEMEX no podrá competir con las fuentes de financiamiento del propio gobierno quién siempre estará por arriba de PEMEX a través de la Secretaria de Hacienda.
Esto muestra una vez más la falsedad de la argumentación en cuanto a la “autonomía de PEMEX”.
Más aún, esta situación contraviene absolutamente la propuesta del Gobierno Legítimo que establece que en materia de deuda debemos comenzar a prepagar el saldo de Pidiregas, dicho prepago se puede financiar con emisión de bonos en los mercados internacionales, lo que generaría ahorros de cuando menos mil millones de dólares anuales tan sólo en intereses.
O bien el prepago lo lograríamos, si el gobierno adquiere reservas internacionales del Banco de México, logrando un ahorro en el costo de servicio de la deuda hasta de 2 mil millones de dólares en la contabilidad consolidada del sector público.
La señal que debemos dar al mundo es que la deuda de Pemex es una deuda de la Nación.
Sin embargo y contrariamente a lo que el Presidente Legítimo ha propuesto, la iniciativa que Felipe Calderón ha enviado al Congreso, conlleva el supuesto de que la deuda de PEMEX es de PEMEX y no de la Nación, lo que definitivamente incrementará el costo financiero de la deuda de PEMEX, dado que el endeudamiento de PEMEX no se asume como una deuda del país, es decir una deuda soberana.
Pero más grave aún resulta lo que la iniciativa establece en su página 14 ya que textualmente dice: “Todas las medidas señaladas harán que una de las entidades paraestatales más importantes de nuestro país pueda enfrentar de manera eficiente sus obligaciones y compromisos y, además, permitirá conocer la verdadera situación financiera de Petróleos Mexicanos.”
Ante esto debemos preguntarnos, ¿Cómo es posible que se este proponiendo una reforma a PEMEX, si no conocemos su verdadera situación financiera?, ya que esto si resulta demasiado grave.
Presupuesto:
En este tema la iniciativa vuelve a presentar una serie de contradicciones que revelan la falsedad en cuanto a la posibilidad de que PEMEX, pueda disponer de sus propios ingresos excedentes, ya que a pesar de que se señala que; ”se le otorga autonomía a PEMEX para disponer de los excedentes de ingresos propios que genere, así como para aprobar adecuaciones a su presupuesto, sin requerir de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Esta situación queda condicionada a que cumpla con su balance financiero, ya que la iniciativa lo establece claramente cuando se señala textualmente que: “siempre que cumpla con su meta de balance financiero” (pág. 16 de la iniciativa)
Es importante mencionar que el “balance financiero” es un condicionamiento que se le impone a PEMEX en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que se le obliga a mantener “en caja” o bien se le obliga a “no gastar” cierta cantidad de dinero, aunque PEMEX cuente con esos recursos, que además se los tiene que dar a guardar a la Secretaria de Hacienda.
Es decir y a manera de ejemplo, si PEMEX tiene ingreso de 1,000 pesos y gastos de 200 pesos, y se le impone una meta de 500 pesos de balance financiero, aunque PEMEX aparentemente cuente con 800 pesos (1,000-200) sólo puede gastar 300 pesos, ya que su meta de balance financiero es de 500 pesos.
Es obvio que la iniciativa resulta mentirosa en cuanto a la posibilidad de que PEMEX pueda utilizar sus ingresos excedentes, ya que siempre se le podrá obligar a no gastarlos, si se le imponen metas de balance financiero muy altas.
Lo anterior esta claramente establecido en el artículo 43 de la iniciativa que textualmente establece:
Artículo 43.- En el manejo de su presupuesto Petróleos Mexicanos se sujetará a las reglas siguientes:
I. Enviará anualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Secretaría de Energía, un escenario indicativo de sus metas de balance financiero para los siguientes cinco años;
II. Aprobará las adecuaciones a su presupuesto sin requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando cumpla con la meta anual de balance financiero y no incremente el presupuesto regularizable de servicios personales;
III. Con la aprobación del Consejo de Administración, podrá aumentar su gasto con base en sus excedentes de ingresos propios, sin requerir de la autorización a que se refiere el artículo 19, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, siempre y cuando cumpla con la meta anual de balance financiero y no incremente el presupuesto regularizable de servicios personales, y
IV. Autorizará sus calendarios de presupuesto y las modificaciones a los mismos, sin intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando cumpla con la meta anual de balance financiero.
De esta manera resulta claro, que la única diferencia con la situación actual es que ahora será la Secretaría de Energía la encargada de imponer el balance financiero y no la Secretaria de Hacienda. ¿ Dónde está la autonomía y dónde esta el papel del Comité de Estrategia e Inversiones?.
b.3) Los Bonos Ciudadanos:
Con una intención absolutamente demagógica, la iniciativa propone la posibilidad de que Petróleos Mexicanos emita bonos ciudadanos, cuyo objetivo es que dichos bonos estén a disposición de la población en general y puedan ser adquiridos por personas físicas mexicanas, directamente o a través de las administradoras de fondos para el retiro, fondos de pensiones y sociedades de inversión, así como por otros intermediarios financieros (bancos).
Es importante señalar que la iniciativa nuevamente es confusa y poco clara, ya que por un lado establece que los “bonos ciudadanos” no otorgarán derechos patrimoniales ni corporativos sobre Petróleos Mexicanos, por lo que la propiedad y control del organismo no se verán comprometidos en forma alguna, ni se afectaran el dominio o explotación del petróleo.
Esto quiere decir que dichos bonos, no son acciones de PEMEX, pues no otorgan ningún derecho sobre la empresa, sin embargo la propia iniciativa señala que” el Comisario del Consejo de Administración de PEMEX actuará a la vez como representante de los intereses de los tenedores de los bonos ciudadanos.
Esto es sumamente contradictorio, ya que si el bono ciudadano, no me da derechos sobre PEMEX, que caso tiene que exista “alguien” en el Consejo de PEMEX que vele por los intereses de las personas que tengan esos bonos.
Es claro que el Gobierno emite Certificados de la Tesorería (CETES) y no existe nadie en la Secretaria de Hacienda o en el Banco de México, que este cuidando los intereses de las personas que tienen CETES.
Lo mismo sucede con las personas que tienen indirectamente bonos del IPAB (BPAS) y no existe nadie en la Junta de Gobierno del IPAB que cuide los intereses de aquellos que tienen un BPA.
Así la única razón que existe para tener a alguien que cuide los intereses de las personas que tienen estos “bonos ciudadanos”, es que en la realidad estos bonos si otorguen derechos sobre PEMEX, lo que definitivamente contravendría la Constitución.
Asi el hecho de establecer que habrá un “cuidador de los intereses de las personas que tienen estos bonos” es simplemente para engañar y hacerle creer a la población en general, que va a ser dueña de una parte de PEMEX.
Ya que estos bonos ciudadanos, no son más que un CETE disfrazado, que otorgará un rendimiento que necesariamente dependerá de la inflación, y no podrá ser muy diferente al rendimiento e los CETES o de otros instrumentos de deuda.
Ya que al final, será otra manera de que PEMEX obtenga recursos para su operación, pagando un cierto rendimiento o tasa de interés.
Más aún el Articulo 41 de la iniciativa establece que será la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la que determinará como funcionarán estos “bonos ciudadanos”. Aquí conviene nuevamente preguntarnos ¿ Dónde está la autonomía y dónde esta el papel del Comité de Estrategia e Inversiones?.
Así el citado artículo establece textualmente lo siguiente:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará a través
de disposiciones de carácter general:
I. Las formas de adquisición por parte de las personas físicas y de los trabajadores mexicanos;
II. La adquisición por parte de las administradoras de fondos para el retiro, los fondos de pensiones y las sociedades de inversión para personas físicas, así como otros intermediarios financieros exclusivamente con el propósito de servir como formadores de mercados;
III. Las medidas necesarias para evitar la concentración en la tenencia de los títulos o su acaparamiento y que procuren el acceso al mayor número de mexicanos;
IV. Las características, montos, términos y condiciones del bono ciudadano y de las emisiones del mismo;
V. La mecánica de su operación en el mercado y el funcionamiento de un mercado secundario ágil y eficiente, y
VI. Los límites en la adquisición por parte de las instituciones financieras que funjan como formadores de mercado.
b.4) La Nueva Modalidad de llevar a cabo contratos de obra fomenta la corrupción y contraviene la Constitución:
La propuesta del gobierno enviada recientemente al Senado de la República, viola flagrantemente nuestra Constitución Política, ya que a pesar de que el Artículo 27 de nuestra Carta Magna, establece claramente que tratándose de petróleo, no puede haber concesiones ni contratos y, por lo tanto, sólo la Nación llevara a cabo su explotación.
Mediante una estrategia mentirosa e ilegal, están proponiendo reformar el artículo 4 de ley reglamentaria del 27 Constitucional, para que los privados, mediante un régimen de permisos administrativos, puedan participar en las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de los productos derivados de la refinación, del gas y de la petroquímica básica.
Pero también mañosamente y cobardemente la propuesta , establece en el artículo mencionado, que; Petróleos Mexicanos y sus Organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo.
Así, resulta claro que el propósito es dejar a PEMEX como simple proveedor de petróleo, es decir un abastecedor de primera mano, y privatizar toda la cadena de valor de la industria.
Esto, no sólo implica entregar nuestra renta petrolera, sino también regalar de toda la cadena de valor agregado de la industria.
También busca abrir paso a la corrupción y enriquecimiento de unos cuántos, como Juan Camilo Mouriño, ya que en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica de PEMEX que se propone, se permite que Petróleos Mexicanos pueda celebrar contratos sin licitación, o mediante adjudicación directa (como el contrato con Repsol).
Pero también, en estos contratos, se podrá establecer un pago variable, que podrá ser determinado después de la firma del contrato, es decir conforme se desarrolla el proyecto.
Esto desde luego, permitirá la mayor discrecionalidad posible, de los funcionarios rapaces que buscarán su beneficio personal, sin importarles la situación de la empresa.
*Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo de México.
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Análisis sobre Pemex, tomados del periódico La Jornada.
Pemex, empresa nacional
Arnaldo Córdova
Desde los tiempos del presidente Carranza, todos aquellos que colaboraron en la elaboración de nuestra rica legislación petrolera hasta los años del cardenismo, siempre pensaron en hacer efectiva, de un modo u otro, la doctrina constitucional de la propiedad nacional del subsuelo. A casi todos ellos les vino a la mente la necesidad de, un día, fundar una empresa petrolera que fuera del Estado revolucionario y que pudiera, no obstante el dominio abrumador de las empresas extranjeras en la industria, presentarse como competidora eficaz en la explotación de nuestros hidrocarburos. Abundan las sugerencias y hasta los proyectos claros.
Durante el breve periodo presidencial de Pascual Ortiz Rubio, finalmente, cuajó la idea de crear esa empresa nacional. Se llamó Petromex. Con Cárdenas se convirtió en Pemex. La idea que la informó era que sería una empresa que contrataría con el Estado la concesión para explotar hidrocarburos en el subsuelo. Se trataría de algo así como un ente separado, aunque público, del Estado. Esta empresa recibiría una concesión y contrataría con el Estado el uso de la superficie bajo la que se ubicaran los yacimientos dados en explotación. Ella debería pagar por ambos derechos.
Ya para fines de los veinte, México consumía el 40 por ciento de su producción petrolera, aunque ésta había disminuido notablemente. En ese momento eran ya una legión quienes pensaban que se debía expropiar la industria. Siempre me ha sorprendido que todos hayan pensado que para explotar el recurso se debiera crear una empresa nacional. ¿Por qué no pensaron en fundar una entidad pública, integrante del Estado (una Secretaría del Petróleo, por ejemplo), que se encargara de ello? Hubo quienes lo pensaron y lo dejaron por escrito. Creo que fue obra de nuestros fiscalistas (abogados todos) y de nuestros políticos: la industria era una mina excepcional de recursos para el Estado. El Estado, se decía entonces, no puede gravarse a sí mismo.
Cárdenas lo sabía muy bien y era por eso que hacía hincapié en el formidable papel como palanca del desarrollo del país de nuestra industria petrolera. Pemex sería el instrumento ideal para el propósito: una empresa y, como tal, un causante, y en triple banda: pagaría por la concesión del subsuelo, por el uso de la superficie y además reportaría su ingreso al fisco. Pemex se volvió un instrumento esencial de la política financiera del Estado.
Luego, apareció algo incomprensible: Pemex con una doble cara. Una, fue el ente encargado de extraer los hidrocarburos y comercializarlos para el Estado (por ello se le comenzaron a cobrar lo que simplemente se llama “derechos” y que es un 74 por ciento de su ingreso bruto total); otra, siguió siendo una compañía que debía pagar impuestos como cualquier privado. Esta historia me ha hecho pensar que cualquier reforma energética debería comenzar por definir qué clase de empresa nacional queremos y necesitamos.
Pemex, para mí, debería ser algo parecido al Eni (Ente Nazionale Idrocarburi) italiano, pero no lo mismo. Debería ser un organismo descentralizado (por lo tanto, autónomo y autogestivo) cuya misión sería encargarse de explotar, en los términos del 27, los hidrocarburos. Hablando de derechos reales, éstos deberían calcularse con base en el usufructo del subsuelo y en el uso de la superficie y distribuirse entre el Estado (Federación, estados y municipios) y el propio organismo descentralizado. Ninguno de esos derechos debería cobrarse a Pemex en una proporción mayor de la que se aplica a los privados por el usufructo del subsuelo y el uso de la superficie. Hablando de producción y comercializacion, Pemex debería pagar impuestos.
Para decirlo en breve: la reforma energética no debe enfocarse en ver adónde va a dar el botín, sino, esencial y totalmente, en saber qué clase de empresa nacional queremos. Ello va a requerir, tarde o temprano, de reformas al 27, porque hay que hacer de Pemex un sujeto constitucional. Creo que deberíamos pensar en una empresa como ente público; no podría ser una empresa, como las privadas, independiente del Estado y de su política de desarrollo nacional. Pemex debe concebirse como parte del Estado y sujeta a decisiones políticas. Sólo debe tener su propia administración y el Estado debe velar por su desarrollo integral. La compañía nacional debe estar puesta al servicio del desarrollo del país y dejar de ser saqueada por el fisco. Su relación con la empresa privada debe ser amplia, pero regida por el interés público. Pemex debe recurrir a los privados cuando necesite de sus servicios, pero debe sostenerse con sus propios recursos.
Si queremos hablar de reforma, hay que hablar del derecho constitucional contenido en los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Carta Magna. Lo demás son parámetros que aquí no sirven para maldita la cosa. Ni tampoco haremos reforma alguna que se base sólo en modificar leyes secundarias que, por lo general, van a chocar con la Constitución y, al final, abolirla. Hay que desconfiar de quienes pretenden llevar a cabo reformas tan sólo de las leyes, porque en derecho constitucional es bien sabido que no puede plantearse reforma alguna a ninguna ley que no tenga su fundamento en la Carta Magna. El que lo proponga, de entrada, está proponiendo violar la Constitución, lo que no debe permitirse.
Ni los panistas ni los priístas están pensando en nuestra empresa nacional. En lo que ellos piensan es en mantener a Pemex, como alguna vez le oí decir a Carlos Tello, como un instrumento cautivo de las finanzas públicas, como la famosa caja chica destinada a cubrir el gasto corriente del Estado. Eso, sin mencionar la colosal corrupción (la sindical incluida) de que ha sido víctima inerte. Ya Carstens lo escupió: ¡aguas!, si no hay reforma energética, vamos a aumentar los impuestos, a achicar el presupuesto y a eliminar partidas innecesarias (como el gasto social). A eso se reduce su concepción de la reforma energética. Con la agravante de que, inversiones mediando, proponen compartir el botín con los privados, nacionales y extranjeros. ¿Dinero para Pemex? Por supuesto, el que aporten los privados invitados, por lo que habrá que recompensarlos adecuadamente. ¿No suena eso al más elevado patriotismo y al sumo bien de México?
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Normal y constitucional, pero política
Rolando Cordera Campos
Como ha dicho Cuauhtémoc Cárdenas, en sus términos la iniciativa de Calderón para reformar Pemex es inaceptable. Lleva a contravenir y violar la Constitución y pone en peligro de abierta ruptura lo que queda del pacto que nos ha permitido sobrevivir como nación y alimentar sueños realistas de renovación democrática. Así de grave es la situación creada por la forma y el fondo de las propuestas presidenciales del martes, y así de firme debe ser la respuesta de los legisladores mexicanos y de sus partidos. Si de reformar se trata, hay veredictos históricos que respetar porque nos comprometen a todos, más allá de banderías políticas y ensueños ideológicos y, ahora, hay condiciones que cuidar y atender si además se quiere que la reforma refuerce y no violente el acuerdo democrático mínimo a que hemos podido llegar en estos duros y espesos años de tránsito.
La ocupación de las tribunas del Congreso debe coadyuvar a reponer el procedimiento, es decir, a organizar un debate nacional sin restricciones aunque acotado en su temática, conforme a tiempos y modos acordes no sólo con la normatividad de las cámaras sino con la trascendencia del asunto planteado tan precipitadamente por el gobierno. Por eso, reponer el procedimiento no termina en el reconocimiento elemental de que es en el Congreso donde debe decidirse; ahí en todo caso termina un proceso del que nuestra democracia se ha ocupado poco y hasta con desdén: el de una deliberación política que para ser democrática tiene que ser no sólo debidamente informada e ilustrada sino también y sobre todo popular, amplia, en la que la premisa originaria de la ciudadanía encarne en reglamentos y procedimientos que no traigan bajo la manga la arcaica astucia autoritaria de la que al parecer se quería echar mano para abrir paso a un fast-track legislativo (como el plazo de 10 o 12 días para realizar la discusión que se le atribuyó al presidente de la Comisión de Energía en el Senado (El Universal, 11/04/08) o la majadería del diputado Larios y asociados, para quien la discusión en realidad ha terminado, dadas las líneas ágata y horas tv y radio invertidas).
El presidente Calderón, a través de su secretaria Kessel y el director general de Pemex, se comprometió a un debate nacional. Luego, el senador Creel habló de que sería su bancada la encargada de presentar iniciativas de reforma energética. Unos días después, sin que nadie se enterara de su itinerario y agenda, Calderón, en cadena nacional, lanza ponencias como anteproyectos de reforma y le echa la responsabilidad al Congreso, mientras retoma la retórica del mago de Oz y ofrece oro a cambio del moro, haciendo eco de las amenazas de su secretario de Hacienda, quien a su vez se inspiró en el clásico de la temporada: o cooperan o cuello; o reforma energética o impuestos. Con un contexto así, no debería sorprender el predominio de la desconfianza y la confusión, donde la paranoia se torna protagonia rebelde y se desvanece la esperanza en un relevo deliberativo para la aporreada democracia procedimental que algunos confundieron con normalidad.
Para la izquierda organizada no queda más camino que reivindicar la política como condición sin la cual la movilización popular y nacional en curso está condenada a la disgregación, el desgaste, la pérdida de rumbo y al final otra decepción, más encono, provocación, y la represión por la que claman las ballerinas del estado de derecho para empezar a bailar un jarabe en su honor. Sin política no hay continuidad ni consistencia para el reclamo popular o la reivindicación del patrimonio como bien nacional y fundamento esencial de la evolución social.
La apertura a un debate digno de tal nombre admitida por los priístas la noche del viernes (La Jornada, 12/04/08) debe tomarse en serio y no desecharse como rutina nostálgica y facilona. Si en efecto tenemos entre manos una cuestión esencialmente nacional, debe reconocerse que no hay interpretaciones únicas ni posturas exclusivas y excluyentes en la defensa del interés nacional. Lo que hay, sin duda, es un rompecabezas con muchas piezas extraviadas en crisis mal encaradas y peor resueltas y cambios inconclusos; cambios que quisieron rematarse con la soberbia pueril de la alternancia foxiana que se quiso aterrizar en una democracia administrada por prefectos y damas de la caridad.
Se dirá que está en chino, con perdón para el pueblo de Confucio, pero no, es puro español y se llama política, no sólo “normal”, tan ansiada por la transitocracia, sino constitucional, la que se debate en la calle y por ahí y desde ahí fortalece las instituciones republicanas. Ni hablar, tenemos por delante mucho que inventar… y parlamentar.
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Algunos puntos del “paquete” privatizador
Antonio Gershenson
gershen@servidor.unam.mx
Ya se ha dicho mucho sobre el paquete privatizador, y la discusión seguirá. Vamos a abordar algunos puntos importantes, tratando de incluir elementos nuevos.
Aguas profundas. En la campaña previa al envío de las iniciativas de cambios a la legislación petrolera, se insistió en el “tesoro” que nos está esperando en el fondo de las aguas profundas del Golfo de México. A lo que ya se ha dicho, agregamos que un reciente informe de una consultora del ramo se refiere a las aguas profundas del Golfo. Pero a las de la parte estadunidense, la que ya se ha perforado hasta el cansancio y de la que no nos puede platicar cuentos de fantasía.
Primero, los nuevos hallazgos en esa región durante 2007 fueron los más bajos de la última década. Es más, equivalen a menos de la mitad de los que se tuvieron en el año inmediato anterior. Segundo, la exploración en esa área se ha encarecido. El monto promedio de reservas de crudo por cada perforación exploratoria en 2007 fue de 60 por ciento del promedio de los últimos 10 años. Tercero, personas familiarizadas con la actividad petrolera en la zona dicen que, con los altos costos y con los problemas que se presentan, sólo es rentable un proyecto si el hallazgo es de un yacimiento de veras importante.
En cambio, se han abandonado o semiabandonado yacimientos con buenas perspectivas, en tierra y en aguas no sólo de poca profundidad sino incluso en zonas costeras. En la región Marina Suroeste, donde está la zona litoral de Tabasco, que ha tenido exploraciones con 100 por ciento de éxitos, el número de perforaciones de desarrollo bajó de 19 en 2006, a 6 en 2007. Pero en Chicontepec, de 80 perforaciones en 2006 aumentaron a 168 en 2007, y todo para que toda la región norte, en la cual está Chicontepec, en 2008 haya producido sólo 2.8 por ciento del total nacional de petróleo crudo.
Contratos. En cuanto a los contratos, de por sí están prohibidos en la industria petrolera, en el artículo 27 de la Constitución. Pero a los que ya se han estado firmando se agregan facilidades... para los funcionarios. Los casos en que se permite la adjudicación directa, o sea, firmar el contrato sin concurso, son más que en las leyes vigentes. El procedimiento de licitación se puede clasificar como reservado “o confidencial”, para que sea más difícil que alguien los sorprenda en maniobras ilegales. El alcance de los contratos puede ser mayor. El ámbito de la exploración y explotación sería el principal de los nuevos contratos.
Hay un aspecto que nunca se había hecho público, hasta el envío del proyecto de reformas: refinerías privadas. Una empresa, de hecho extranjera, puede construirse su refinería, operarla y venderle la gasolina y demás refinados, que son mucho más caros que el petróleo crudo, a Pemex, todo esto mediante contratos. Algo así como los “productores externos” con la industria eléctrica “nacionalizada”.
Las empresas privadas también pueden construir y tener sus oleoductos, poliductos y gasoductos; sus almacenes; sus plantas procesadoras de gas, y distribuir refinados, petroquímicos e hidrocarburos en general. Con todo esto, sus refinerías y los contratos de la exploración y explotación de crudo y gas, una trasnacional se puede constituir como empresa integrada, a lo largo de todo el proceso del petróleo y el gas, desde la boca del pozo hasta la boca del tanque de gasolina.
Autonomía. La llamada autonomía dificulta aún más el control sobre las contrataciones. El consejo de administración, cuya mayoría de hecho viene del gobierno, fija reglas de los concursos y en general adjudicaciones, que ahora las fijan las leyes. Y los supuestamente imparciales, los fija el gobierno actual con la intención de que sigan después.
Al describir a Pemex en decadencia en cuanto a reservas, producción y otros aspectos, de hecho describen a los gobiernos panistas bajo cuya responsabilidad ocurrió todo esto. Y ahora quieren que la legislación los autorice a entregarlos a empresas extranjeras.
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Reforma energética, reforma constitucional
José Antonio Rojas Nieto
rojasags@yahoo.com.mx
¿De qué se trata la reforma energética que promueve el gobierno actual? De un cambio radical en la tradición constitucionalista de México. Se reinterpretan los artículos 27 y 28 de la Constitución. ¿Por qué y cómo? Porque en el artículo segundo de la propuesta de Ley Reglamentaria que formula el gobierno se dice: “Sólo la nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos que constituyen las áreas estratégicas de la industria petrolera en los términos del artículo siguiente…” (el tercero que cito enseguida).
¿Qué significa? Que al interior de la industria petrolera, el actual gobierno establece una diferenciación entre áreas estratégicas y áreas no estratégicas. ¿Para qué? Para reinterpretar la exclusividad que la Constitución otorga a la nación en materia petrolera, y reducirla solamente a las áreas estratégicas. ¿Cuáles serían éstas? De todas las señaladas en al actual artículo tercero de la Ley vigente (exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución, ventas de primera mano y de los productos que se obtengan de su refinación, y lo mismo para el gas natural y los petroquímicos básicos), se eliminan, por una parte, las del transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar la explotación y la elaboración del gas natural. Y, por otra, la de la distribución de derivados del petróleo, pues sólo se considera estratégica la distribución del curdo.
También se elimina la del transporte, almacenamiento y distribución de los petroquímicos básicos. En consecuencia, el nuevo artículo cuarto de la propuesta gubernamental permite que además de Pemex y sus organismos subsidiarios, otros organismos del sector social y privado puedan realizar las siguientes actividades: 1) transporte, almacenamiento y distribución de gas; 2) transporte, almacenamiento y distribución de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo; 3) transporte, almacenamiento y distribución de petroquímicos básicos. Es decir, se privatiza el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas natural, de refinados y de petroquímicos básicos. Se quita a la industria estatal y a la nación, sus vasos comunicantes, sus arterias y sus venas.
Pero –además– bajo el esquema de la tradicional maquila, se abre la refinación a los privados. Sí, también en el artículo cuarto de la nueva Ley Reglamentaria propuesta, se autoriza a Pemex para que contrate los servicios de refinación del petróleo, permitiendo asimismo, que quienes realicen esas tareas de refinación, puedan construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos (es muy curioso, por cierto, que no se abra a la maquila la producción de petroquímicos básicos). Todo esto –sin lugar a dudas– representa un cambio en el concepto de industria petrolera que –todavía hoy– señalan la Constitución y su Ley reglamentaria vigente. No sólo hay una redefinición conceptual de la industria y, en consecuencia, del mandato constitucional, sino –por curioso que parezca– una propuesta que contradice las tendencias petroleras internacionales.
En cuanto a lo primero, se nos conduce a una situación muy curiosa. La Constitución actual indica que la industria del petróleo, de los demás hidrocarburos y de la petroquímica básica es estratégica y que por ello mismo, debe haber exclusividad estatal.
Pero la propuesta de Ley Reglamentaria del actual gobierno dice que no, que sólo algunas partes son estratégicas. Se trata, evidentemente y al margen de que sea o no adecuado el razonamiento, de una corrección a la Constitución que, en todo caso, debiera hacerse directamente al texto constitucional. ¿Qué explica que no se haga así? ¿Por qué se elige modificar algunos artículos de su Ley Reglamentaria, incluso bajo el riesgo de que se dé cabida –con éxito– a una controversia constitucional?
La respuesta es muy simple. Porque según el 135 de la Constitución, para lo primero –modificar el texto constitucional– se requeriría el acuerdo de dos terceras partes de los asistentes a la sesión de las Cámaras (diputados y senadores) en que se decidiera. Y la decisión favorable de la mayoría de los Congresos locales de las entidades federativas.
En cambio, para modificar la Ley Reglamentaria del 27, sólo se necesita 50 por ciento más uno de los asistentes a la sesión del Congreso en la que se decida el cambio. Es obvio que el gobierno tiene sus cálculos. Con asistencia máxima, el PAN requeriría 45 diputados y 14 senadores más a favor de su propuesta (129 y 32, respectivamente, en caso de cambio constitucional). Y no necesitaría consultar a los Congresos locales. Pero además –aquí lo segundo– en aras de lograr la participación privada en la industria petrolera –así sea eludiendo y tergiversando el concepto constitucional tradicional– se contradicen los ánimos más sentidos de toda empresa petrolera. Las refinadoras o petroquímicas buscan tener reservas de crudo y de gas natural. Y las extractivas adentrarse lo más posible a la fases industriales para apropiarse de los enormes beneficios que proporciona, por una parte, refinar y comercializar gasolinas, turbosinas, diesel y gas licuado del petróleo y, por otra, producir y vender petroquímicos.
Este y cualquier gobierno tiene derecho a plantearle a la nación sus ideas y sus propuestas de cambio. ¡Sin duda! Pero no tiene derecho a engañar ni a ocultar la naturaleza y el alcance de esos cambios. Les aseguro que el gobierno actual lo está haciendo hoy.
Sí, hoy mismo con su propuesta de reforma energética. Hace muchos años escuché a una respetadísima y muy querida fundadora del PAN: “en nuestro partido –muchachos– sí, en nuestro partido, haremos todo, menos ser deshonestos y tramposos. Se los juro.” ¿Quién la recuerda? ¿Quién?
posted by Liberation at
7:07 a.m.
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