Alicia Pérez Duarte: desde la PGR y la Corte se protegió a pederastas*

Frente a la Torre de Pemex, manifestación en repudio por las intenciones del PRIAN de privatizar la industria energética nacional. 24 de febrero de 2008.

Tomado de La Jornada, Hernández.

Revela motivos por los cuales renunció a la fiscalía para delitos contra mujeres

Medina Mora ordenó que no se encausara a judiciales que torturaron a Lydia Cacho, afirma

Expresa su “decepción” por la actitud de la ministra Olga Sánchez Cordero ante el caso


Alfredo Méndez

Alicia Elena Pérez Duarte, ex fiscal de delitos contra mujeres de la Procuraduría General de la República (PGR), confirmó que su ex jefe Eduardo Medina Mora le ordenó, a finales de 2007, que detuviera la consignación de cinco policías judiciales que presuntamente torturaron a la periodista Lydia Cacho Ribeiro durante su detención en Cancún, Quintana Roo, y en su traslado a un penal en la ciudad de Puebla.

“El señor procurador Eduardo Medina Mora me dijo expresamente que me esperara (en referencia a que no ejercitara la acción penal), y en la espera, de pronto me quitaron el asunto (de la denuncia de Lydia Cacho) para mandárselo al fiscal para delitos contra periodistas”.

En entrevista exclusiva, la ex funcionaria refirió que desde octubre pasado ella y los agentes del Ministerio Público a su cargo concluyeron un proyecto de pliego de consignación que planeaba entregar, entre noviembre y diciembre, a un juez federal de la ciudad de México, pero “extrañamente” Medina Mora frenó el ejercicio de la acción penal contra los judiciales poblanos.

Pérez Duarte aseguró que su renuncia a la fiscalía especial fue para evitar ser una secuaz de “estos protectores de las redes de pornografía infantil, en las cuales el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia y sus cómplices protegieron no nada más a Kamel Nacif y a Jean Succar Kuri, sino a toda la red completa, que incluye las ciudades de Chihuahua, Tijuana, Mexicali y Cancún”.

Cuestionada respecto de si Medina Mora recibió presiones políticas para que le quitaran el caso de Lydia Cacho y lo enviara a la fiscalía especial para periodistas de la PGR, Pérez Duarte dijo: “No sé si el procurador recibió esas presiones, pero es evidente que sí, y es evidente porque cuando hablé con él, a principios de 2006, sobre el tema de la denuncia de Lydia Cacho, me dijo que subprocuradores y asesores de la PGR estaban de acuerdo en que debería seguir yo con la investigación del caso.

“Simplemente debía continuarla, porque Lydia, antes que nada, es mujer, y porque las víctimas que defiende son mujeres. Luego, para mí fue una sorpresa cuando hace dos meses el procurador le informa al fiscal de periodistas que era él, y no yo, el competente para continuar con esta indagatoria”, puntualizó.

Lydia Cacho fue detenida en Cancún el 16 de diciembre de 2005 por policías judiciales poblanos en cumplimiento a una orden de aprehensión librada en su contra por presunta difamación y calumnia en perjuicio del empresario textilero Kamel Nacif.

Un “Estado protector de mafias”

Durante 22 horas fue trasladada en un vehículo hasta la ciudad de Puebla. Pérez Duarte asegura que en ese tiempo dos judiciales amenazaron de muerte a Cacho y la sometieron a actos de tortura sicológica, pues esa había sido la consigna del llamado góber precioso y de su procuradora estatal, Blanca Laura Villeda. A su vez, Nacif le pidió a Mario Marín que actuara en contra de la periodista.

Entrevistada en la Casa de la Cultura de Coyoacán, adonde acudió a una mesa redonda en la que se analizó el caso de la red de pederastas revelada en 2005 por Lydia Cacho en su libro Los demonios del Edén, la doctora en derecho aseguró que renunció al cargo de fiscal para no ser cómplice de un Estado protector de mafias que fomentan la prostitución y pornografía infantiles.

Pérez Duarte dijo sentirse decepcionada del aparato de justicia mexicano que encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y fue implacable en su crítica hacia la ministra Olga Sánchez Cordero.

“Mi manifestación de profundo dolor por haber escuchado a una mujer que nos acompañó durante mucho tiempo en la lucha feminista por un México libre de violencia, y de repente oírla en la sesión de la Corte decir que sí hubo violaciones en el caso de Lydia, pero no en el sentido del artículo 97 constitucional (que se refiere a las violaciones graves de garantías). Eso lo viví como la traición de una amiga”, expresó.

A finales de 2007, la Corte analizó la petición que le hizo un año antes la Cámara de Diputados para que investigara si diversas autoridades de Puebla se confabularon en contra de Lydia Cacho en represalia porque puso al descubierto la existencia de una red de pederastas. Primero la Corte determinó, por mayoría de votos, que a los ministros no les correspondía investigar el tema de la pornografía infantil y la pederastia en México, pues eso sólo compete a la PGR.

Luego, en una votación de seis contra cuatro, el máximo tribunal optó por concluir que el caso de Lydia Cacho no representaba violaciones graves a sus derechos humanos.

*Tomado de La Jornada

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La verdad son los hechos y no su explicación*


Mario Di Costanzo

No cabe duda de que si algo ha sobrado a Felipe Calderón y a su equipo son las explicaciones y justificaciones de la situación por la que atraviesa el país, así como los anuncios de grandes proyectos que llevarán a México al tan anhelado crecimiento económico.

Y señalo lo anterior en virtud de que durante la semana que termina el autodenominado “presidente de la estabilidad y el empleo” anunció con bombo y platillo la asociación de Petróleos Mexicanos (Pemex) con la empresa Industrias Derivadas de Etileno (Idesa) para la construcción de una planta petroquímica que producirá etileno.

A decir de Felipe Calderón, el proyecto requerirá una inversión de mil millones de dólares y generará aproximadamente 6 mil quinientos empleos; sin embargo, omitió señalar que el anuncio no es más que la redición del malogrado Proyecto Fénix, el cual fue cancelado durante la administración de Vicente Fox.

Hay que recordar que el 13 de noviembre de 1996 se reformó la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, quedando especificados aquellos productos considerados como petroquímicos básicos, los cuales sólo podían ser producidos por la nación, y los secundarios, que podían ser producidos por particulares.

El etileno es un petroquímico que quedó definido como secundario, por lo que desde ese entonces está permitida su elaboración por parte de particulares.

Así fue como a Vicente Fox se le ocurrió que, dado que la ley permitía la elaboración privada de este petroquímico, fuese Pemex en asociación con particulares los que elaboraran dicho compuesto, el cual vale decir es el principal insumo para la elaboración de plásticos y otros petroquímicos.

Por ello, en mayo de 2003 Pemex Petroquímica inició la promoción del Proyecto Fénix, durante la cual identificó a 20 empresas potencialmente interesadas en ese proceso, y la culminó el 21 de octubre de 2004 con la selección de tres socios estratégicos en ese momento: Grupo Idesa, Indelpro y Nova Chemicals Corporation.

El proyecto no se concretó, entre otras cosas, porque Idesa e Indelpro nunca se pudieron poner de acuerdo sobre la ubicación del futuro complejo, ya que el primero pretendía desarrollarlo en Coatzacoalcos, Veracruz, mientras el segundo (filial de ALFA) proponía Altamira, Tamaulipas.

Sin embargo, gracias a esas discusiones trascendió que el principal obstáculo fue que entonces la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se negó a subsidiar el precio del gas que sería vendido al Proyecto Fénix para producir el etileno, porque se trataba de un subsidio de casi 300 millones de dólares anuales que recaería finalmente sobre los contribuyentes.

Por eso resulta lógico preguntarse por qué razón, si desde 1993 está permitida la elaboración de etileno para los particulares, ninguna empresa privada ha entrado a producirlo. Más aún, en la actualidad Petróleos Mexicanos es el único productor de etileno, controla el 100 por ciento del mercado y, a pesar de ello, Pemex Petroquímica cerró desde 2006 dos plantas productoras de etileno, una en Pajaritos y otra en Poza Rica.

Esto suena por demás absurdo, no sólo para muchos mexicanos, sino también para muchos ingenieros de Pemex que se preguntan las razones que llevan a una empresa a cerrar dos plantas productoras de un petroquímico que es insumo para fabricar plástico y del que son los únicos productores en el país.

¿Será que la verdadera razón de la asociación anunciada por Felipe Calderón entre Pemex e Idesa no es la creación de empleos o el desarrollo de infraestructura, sino más bien el interés de la empresa privada por obtener la materia prima (gas natural) para la producción de etileno a precios subsidiados, robarle el mercado a Petróleo Mexicanos y con ello continuar acabando con el potencial de ingresos en materia de petroquímica en el país?

En otras palabras, la asociación de Pemex con Idesa garantizará a ésta última la obtención gratuita del gas natural; o mejor dicho, la paraestatal pone el gas natural e Idesa se lleva las utilidades de la venta del etileno.

Peor aún si consideramos que Pemex cuenta con recursos suficientes para invertirlos en una nueva planta productora de etileno y que si acaso no los tuviera puede obtenerlos a través de financiamientos, ya que el mercado de su producto está garantizado, además de que no existen barreras de tecnología como se aduce en el caso de la perforación profunda.

Así, el proyecto anunciado por Felipe Calderón es en sí mismo el ejemplo más actual de lo que ha venido sucediendo en los últimos años en el sector energético del país: la materialización de una asociación delictuosa entre empresas privadas y gobierno contra el patrimonio de la nación. Es, en pocas palabras, la transferencia de la renta petrolera a los particulares, con el argumento de que se hace en beneficio de los mexicanos, olvidando que la verdad son los hechos y no las explicaciones.

Por ello debemos preguntarnos quién será el mayor beneficiario de esa asociación: ¿Pemex y los mexicanos o Idesa y sus accionistas?

Secretario de la hacienda pública del “gobierno legítimo”

*Tomado de La Jornada.