Protesta social ante militarización y venta del país

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

La embestida de la derecha del PRIAN en contra del bienestar de los más de 100 millones de mexicanos está en marcha. En los próximos días seguirá con mayor fuerza la propaganda oficial y oficiosa de los medios electrónicos de comunicación –los mismos que apoyaron el fraude electoral de 2006- para “justificar” que la venta de Pemex y la CFE son la única salida a todos los problemas del país.

Pero el movimiento de la sociedad iniciado antes de las elecciones presidenciales de 2006 y durante todo el año pasado está también por consolidarse en el país. Miles de campesinos de diversas regiones de México avanzan hacia la ciudad de México para concentrarse en una gigantesca manifestación de rechazo a la política neoliberal y la apertura de las fronteras a la libre importación de granos. Por otra parte se estima que un millón de trabajadores al servicio del Estado han interpuesto demandas de amparo en contra de la criminal Ley del ISSSTE que disminuye sus conquistas laborales y los obliga a una vejez de miseria. Cientos de miles más se aprestan a defender el petróleo como un bien nacional –de la misma forma en que cualquier país del mundo lo hace- y como promotor del desarrollo nacional.

Por otra parte, la estrategia del pelele Felipe Calderón Hinojosa, de militarizar al país y criminalizar la protesta social también avanza. El Baja California el ejército –de manera ilegal e inconstitucional- ha asumido las tareas de la policía y hace un llamado a la población a denunciar a delincuentes del crimen organizado. “Tenga usted la seguridad de que nosotros… sí vamos”, se lee en un panfleto. Pero ironías de la vida, durante el sexenio del traidor y ladrón Vicente Fox Quesada desertaron 150 mil militares, muchos de ellos se unieron al crimen organizado, ya sea como Zetas o como sicarios del narcotráfico.

Pese a ello el usurpador Calderón Hinojosa persiste en militarizar el país y colocar a miembros cercanos de sus pandilla en puestos claves para saquear las riquezas nacionales, vender lo que se pueda y hacer las fortunas de él, sus familiares y amigos, lo más rápido posible. En ese camino también se encuentran los intereses de los capos que controlan al PRI –Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones- y los Chuchos del PRD, con Jesús Ortega a la cabeza y la “Nueva Izquierda”, que sería mejor nombrarla como la vieja derecha de siempre.



En seguida un reportaje tomado de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx/

El caso Aristegui enfrenta a Televisa y PRISA

Jenaro Villamil

A raíz del escándalo que se produjo por la salida de Carmen Aristegui de W Radio, Televisa se apresuró a declarar que no ejerció presión ni censura contra la periodista. En su afán por deslindarse dejó público testimonio de que PRISA, su socio español, es el que determina el manejo del modelo editorial de la radiodifusora, lo cual, sin embargo, implica una violación a las leyes de México. Pero la confrontación entre ambos consorcios data de tiempo atrás y no se limita a cuestiones de contenidos ni de política informativa. Se trata de grandes intereses económicos y de una feroz competencia comercial al otro lado del Atlántico.

De manera inusitada y ante una creciente e irritada opinión pública, la censura a Carmen Aristegui en W Radio se transformó en menos de 15 días en el primer enfrentamiento público entre los dos gigantes de la comunicación en habla hispana, Grupo Televisa y el español Grupo PRISA, hasta ahora socios al 50% en Televisa Radio.

La disputa la inició Televisa. En apariencia, esta empresa busca deslindarse de cualquier tipo de presión o de intervención en la salida de Aristegui de la estación emblemática de la familia Azcárraga. Toda la responsabilidad se la achaca a PRISA.

Así se expresa desde la primera frase del comunicado que como inserción pagada publicó en diversos medios impresos:

“Grupo Televisa rechaza injerencia alguna en la terminación de la participación de Carmen Aristegui en W Radio”.

Líneas abajo explica:

“Desde la asociación de Grupo Televisa con Grupo PRISA en 2001, las decisiones editoriales en Televisa Radio se han acogido a los códigos y los lineamientos del consorcio español.

“Grupo Televisa subraya que en ningún momento recibió reclamo alguno a propósito de la cobertura de asuntos nacionales o de las opiniones expresadas en el noticiero conducido por Carmen Aristegui.

“Así mismo, Grupo Televisa reitera que nunca funcionario alguno de esta empresa hizo contacto con Carmen Aristegui para sugerir la inclusión o exclusión o el tratamiento de tema alguno, ni intervenir en las decisiones editoriales del noticiero, incluso cuando entrañaban algún interés empresarial para Televisa.

“Naturalmente, Grupo Televisa tampoco presionó a Grupo PRISA para tratar de modificar la línea editorial del noticiero Hoy por Hoy o el contrato de Carmen Aristegui.”

Después de justificar la interrupción de la señal de Sky como una falla técnica “cuya superación exigía inversiones no rentables para la operación de ese canal”, Televisa niega que haya incurrido en actos de censura y deja toda la carga de la prueba a su socio español:

“Muchas de las voces que han manifestado su simpatía hacia Carmen Aristegui han comprobado personalmente ese compromiso al ejercer una libertad irrestricta en los espacios que sí son responsabilidad propia de Grupo Televisa.”

Con estas frases Televisa no sólo se deslindó de cualquier responsabilidad en cuanto a la salida de Aristegui; hizo saber que el manejo del “modelo editorial” en sus concesiones radiofónicas no estaba en sus manos, sino a cargo de funcionarios de una empresa extranjera, lo cual implica una clara violación a los artículos 14 y 31 de la Ley Federal de Radio y Televisión y al artículo 6 de la Ley de Inversión Extranjera.

El artículo 14 de la Ley Federal de Radio y Televisión excluye a los extranjeros de “las concesiones para usar comercialmente canales de radio y televisión, en cualesquiera de los sistemas de modulación, de amplitud o frecuencia”.

Expresamente, el artículo 31 de esta ley señala como una de las causales de revocación de las concesiones:

“IV. Enajenar, ceder o transferir, hipotecar, dar en garantía o en fideicomiso o gravar de cualquier modo, íntegra o parcialmente, la concesión y los derechos derivados de ella, el equipo transmisor, o los bienes afectos a su actividad, a gobierno, empresa o individuo extranjeros, o admitirlos como socios de la negociación concesionaria.”

El artículo 6 de la Ley de Inversión Extranjera mantiene los “servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión, distintos de televisión por cable” como una actividad “reservada de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusulas de exclusión de extranjeros”.

Inversión “neutra”

El comunicado de Televisa también replanteó el anuncio oficial de la sociedad entre ambos consorcios, formalizada el 15 de octubre de 2001. En aquella ocasión se anunció que Grupo PRISA compraba 50% de Radiópolis por 60 millones de dólares.

Ante la polémica generada por las violaciones señaladas y las distintas voces en el Congreso que pidieron explicaciones, tanto la Secretaría de Economía como los dos consorcios aclararon que se trataba de “inversión neutra” regulada en el título quinto de la Ley de Inversión Extranjera.

De acuerdo con esta figura, los inversionistas extranjeros con carácter “neutro” sólo tendrán derechos pecuniarios o corporativos “limitados a sus tenedores, sin conceder en ningún momento el control de la sociedad”.

Los artículos 19 y 20 de la Ley de Inversión Extranjera subrayan que para que haya inversión neutra mediante instituciones fiduciarias o por la vía bursátil, se deberá contar con autorización de la Secretaría de Economía. El artículo 18 indica que la inversión neutra “no se computará para determinar el porcentaje de inversión extranjera en el capital social de sociedades mexicanas”.

El comunicado oficial en torno a la sociedad entre Televisa y PRISA no menciona el término “inversión neutra”, pero tampoco estipuló un deslinde claro de las áreas editorial, comercial y administrativa.

Por el contrario, establece que “la creación de un grupo radiofónico entre Televisa y PRISA permitirá, mediante la gestión conjunta, mejorar la comercialización publicitaria, crear nuevas fórmulas de emisión tanto en el ámbito informativo como en el musical, en distribución local o en cadena, y maximizar el rendimiento de los recursos”.

Una perla de elogios mutuos se estableció en el siguiente párrafo:

“La excelencia y el liderazgo de PRISA en el mercado radiofónico español y la indiscutible posición de Televisa en el mercado mexicano son la mejor combinación para asegurar la consecución de ambiciosos objetivos en el mundo de la radiodifusión en México.”

Según el convenio firmado durante la visita de Vicente Fox a España en octubre de 2001, el manejo de la nueva empresa estaría compartido: el director general sería designado por el Consejo de Administración de Televisa a propuesta del grupo español, mientras que el manejo financiero lo realizaría una persona designada directamente por Televisa.

Javier Corral, uno de los protagonistas de aquella polémica sobre las violaciones legales al permitir la “inversión neutra” de PRISA, refiere que en aquella ocasión “pensábamos que la inversión española ayudaría a abrir los espacios informativos”, pero “ya nos dimos cuenta que son igual de cobardes que el peor de los nuestros porque navegan en el esquema de inversión neutra”.

“Es el peor de los mundos posibles para los comunicadores: la llamada inversión neutra”, sentencia Corral. Exsenador y duro crítico de la Ley Televisa, afirma que ahora le corresponde a las autoridades de Comunicaciones y Transportes pronunciarse ante lo expresado en el comunicado de Televisa.

Las diferencias

El silenciamiento de Aristegui fue precedido, en agosto pasado, por insistentes rumores sobre una ruptura de la sociedad entre PRISA y Televisa a raíz de la muerte de Jesús de Polanco, fundador del consorcio español, así como de las diferencias que ambos grupos tienen como competidores en la televisión ibérica. El consorcio español posee el Canal 4, de televisión abierta, y Televisa controla 40% de La Sexta, canal competidor.

La primera señal pública del distanciamiento entre ambos gigantes mediáticos fue descrita por el columnista Alberto Aguilar, el pasado 6 de agosto, en su columna Nombres, nombres y nombres de El Universal:

“La novedad es que, en breve, podría darse otro movimiento en ese negocio (la radio). Y es que Televisa, de Emilio Azcárraga Jean, analiza muy en serio el rompimiento de su sociedad con Grupo PRISA, fundado por el apenas desaparecido Jesús de Polanco.”

El especialista en negocios atribuyó el eventual rompimiento a los magros resultados comerciales. “Uno de los problemas es que Radiópolis prácticamente no ha crecido en sus ventas, que se ubican en unos 35 millones de dólares, que representan menos de 2% de los ingresos de Televisa”.

“Este año Radiópolis con Esmas han sido factores de pérdida en los resultados anuales de la televisora. Además, en lo informativo surgieron profundas diferencias en la línea editorial para el tratamiento del tema de la Ley de Radio y Televisión”, refirió Aguilar en referencia al descontento de la empresa de Azcárraga Jean por la cobertura en W Radio de la Ley Televisa y sus secuelas en la acción de anticonstitucionalidad.

Tres días después, el mismo columnista abundó sobre las diferencias entre las dos empresas:

“Los resultados del grupo radiofónico que lleva Javier Mérida Guzmán no han sido los más satisfactorios, considerando que sus ventas se ubican en 35 millones de dólares, apenas 0.9% del total de la facturación de la televisora de San Ángel.

“Los números no han evolucionado desde 2001, cuando se concretó la venta de 50% de Radiópolis a la hispana en 60 millones de dólares, y lo peor es que no se descarta que el balance cierre el año con pérdidas.

“Por si fuera poco, en lo informativo han surgido diferencias en lo editorial, al calor de la refriega de la Ley de Radio y Televisión, amén de que Televisa y PRISA son también rivales en la televisión española, uno como socio de la Sexta y el otro como dueño del Canal 4. La pregunta ahora es: ¿quién compraría a quién? Del lado de PRISA la restricción está en la Ley de Inversión Extranjera, puesto que su presencia se dio con capital neutro y sin derechos corporativos.

“Por lo que hace a Televisa, se sabe que ha manifestado su interés de preservar Radiópolis, origen de Televisa con Emilio Azcárraga Vidaurreta, abuelo de su actual presidente.”

Después de estos comentarios, extraoficialmente se difundió la versión de que PRISA buscó que su socia mexicana le comprara la parte correspondiente al 50% más lo invertido en cinco años de sociedad. Al parecer, no se llegó a ningún acuerdo por las resistencias de Televisa.

Pactos entre rivales

Sin embargo, no deja de haber suspicacia entre quienes conocen las formas en las que finalmente pactan Televisa y PRISA. Por lo pronto, algunos antecedentes en España reflejan que a pesar de que se encuentran en terrenos de competencia, tanto Televisa como PRISA han acabado por pactar. En ningún caso se ha tratado de una acusación de censura o de diferencias con un “modelo editorial”.

Televisa compite con Sogecable, la división de televisión de Grupo PRISA, mediante su participación en La Sexta, un canal televisivo que inició sus operaciones en marzo de 2006 y apenas tiene 5% de la audiencia. Televisa posee 40% de las acciones y el 60% restante pertenece al consorcio español Grupo Audiovisual de Medios de Producción (GAMP), integrado por MediaPro y Globomedia. El consorcio de Azcárraga Jean les garantizó a sus socios un financiamiento de 300 millones de euros para los próximos dos años de la operación.

A raíz de su incursión en la televisión abierta española, Televisa entró en conflicto con Sogecable, propietaria del Canal 4, por los derechos de transmisión televisiva de los equipos de futbol con mayor rating, el Real Madrid y el Barcelona.

En la prensa española se llegó a mencionar que La Sexta les ofreció entre 120 y 170 millones de euros por temporada a ambos clubes. Esto afectaba el arreglo previo que Sogecable tenía, por medio de Audiovisual Sport, para controlar los derechos de transmisión de la liga y copa españolas por cerca de 230 millones de euros anuales. Esta cantidad se repartía entre las televisiones autonómicas (60 millones), Canal Plus (40 millones), pago por evento de Digital Plus (100 millones) y operadores de cable y derechos internacionales (30 millones).

Según cita el especialista Javier Moreno en su colaboración a El Confidencial del 4 de agosto de 2006, “en Sogecable llegaron a la conclusión: ‘Si no puedes vencer a tu enemigo, alíate a él’. Por ello buscaron de urgencia el acuerdo con la productora para compartir los derechos de emisión”.

Otro caso de arreglo entre presuntos competidores fue documentado por las televisoras Antena 3 y Tele 5. Estas cadenas denunciaron a La Sexta y a Canal 4 de Sogecable por violar las leyes de competencia económica al pactar la reventa de los derechos sobre el Mundial de Futbol de Alemania a Canal 4. Se calcula que los socios de Televisa en La Sexta revendieron buena parte de los derechos sobre el Mundial de Futbol al Canal 4 por 25 millones de dólares.

El otro terreno espinoso en el que Televisa pretende competir con PRISA es en la edición de un periódico, El Público, que se presenta como competencia de El País, el rotativo de habla hispana de mayor tiraje. Como accionistas de aquel periódico participan los socios de Televisa en La Sexta.

El diario apareció a finales de septiembre de 2007, justo cuando comenzaba la batalla electoral española que desembocará en los comicios de marzo de 2008.