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viernes, diciembre 28, 2007

Condiciones de esclavitud laboral, marca registrada del PRIAN




Tomados de La Jornada, El Fisgón y Rocha.


El desempleo en México afecta en mayor medida a la población entre 14 y 34 años de edad, la que se considera el bono demográfico. Es decir, el que un país cuente con una población mayoritariamente joven, que generaría los recursos para un sistema de pensiones nacional. Pero sí este segmento es el que más padece el desempleo, el mentado bono se va al caño. Claro que a los poderes fácticos no les importa, pues en teoría ya resolvieron el problema al crear las afores, aumentar la edad para la jubilación y reducir las prestaciones a la misma.

Pero todo es papel, y así será, cuando los millones de jubilados padezcan los rigores de una pensión raquítica. Ya se está viviendo hoy, pero aún no son tan numerosos para generar un disturbio social.

Datos del propio gobierno usurpador del pelele Felipe Calderón Hinojosa indican que la población entre 14 y 19 años es el segmento donde se registra el mayor desempleo, llegando al 20 por ciento y representando el 8 por ciento de la Población Económicamente Activa.

Otro dato de la Facultad de Economía de la UNAM –la institución con el mayor reconocimiento en el país- señala que 47 por ciento de las personas con trabajo ganan entre 1 y dos salarios mínimos al mes. Lo que representa entre 50 y 100 pesos diarios. Esta situación los obliga a buscar un segundo y hasta tercer empleo, además de que otros miembros de la familia se sumen a la contribución con el gasto familiar.

Además, el 67 por ciento de quienes cuentan con un empleo carecen de prestaciones sociales, como jubilación, vales de despensa o servicio médico. En pocas palabras se trata de condiciones totalmente violatorias de la Constitución que dice que el salario de los trabajadores deberá ser suficiente para garantizar el alimento, salud, casa, vestido, educación y diversión de una familia.

Mientras eso es letra muerta nos encontramos con los millonarios salarios que ganan los altos funcionarios de la burocracia, los jueces y los legisladores. Todos ellos pagados con los impuestos de todos. En tanto esos “representantes” populares hacen leyes para mantener sus salarios altos y los de la mayoría de la población, tan bajos, que se considera que están en situación de “pobreza laboral”. Para completar el panorama, los anuncios publicitarios de la temporada nos llaman a “redoblar” esfuerzos para salir adelante. ¿Se refieren a conseguir un cuarto empleo? ¿A que los bebés trabajen? ¿O a que demonios se refieren, quienes tienen a la sociedad mexicana en condiciones de esclavitud?



El siguiente análisis fue tomado de la revista Proceso.



http://www.proceso.com.mx/





2007: Paradojas de la libertad de expresión


jenaro villamil

México, D.F., 27 de diciembre (apro).- El pasado 21 de diciembre, un grupo de escritores y comentaristas televisivos se unieron a la condena contra la reforma electoral con el mismo argumento planteado por la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, la Canacintra y las dos grandes empresas televisivas: los cambios constitucionales “conculcan la libertad de expresión”.

Ejemplificaron su queja de esta manera:

“Si sale un candidato racista o un xenófobo donde sea, no podríamos salir a rentar un spot y decir que estamos en contra”, afirmó Federico Reyes Heroles, conductor del programa de análisis político en Canal 13, de TV Azteca.

En otras palabras, la supuesta libertad de expresión conculcada por las reformas aprobadas en el Congreso se trata, en realidad, de la imposibilidad de comprar tiempo-aire en las estaciones televisivas y radiofónicas.

¿No se les ocurrió a los promotores de esta carta que los noticiarios de radio y televisión tendrían la obligación de difundir e informar sobre los puntos de vista sin necesidad de pagar?

Paradójicamente, los autonombrados guardianes de la libertad de expresión –con cargo a las cuentas publicitarias de Televisa y TV

Azteca-- no se escandalizaron con la resolución de la Suprema Corte de Justicia que exoneró al gobernador precioso Mario Marín de cualquier responsabilidad en el secuestro, acoso y persecución política en contra de la periodista Lydia Cacho.

Si un expediente está vinculado a la defensa de la libertad de expresión es el de Lydia Cacho. La reportera y directora de un centro de atención a mujeres en Cancún, por ejercer su libertad de expresión y el derecho a investigar sobre un asunto de múltiples aristas –las redes políticas y económicas de la pederastia--, ha sido perseguida políticamente por Marín, por el empresario Kamel Nacif y por una red tan amplia como poderosa que llega a la Cámara de Diputados y a varios gobernadores.

Seis de los cuatro ministros del pleno de la Suprema Corte consideraron que no hubo violación alguna a los derechos humanos de la autora de Los demonios del edén.

La airada reacción social no se hizo esperar a esta resolución. La sentencia de la Suprema Corte en el caso de Lydia Cacho ha constituido la peor crisis de credibilidad para los ministros frente a la opinión pública. No se necesitaron cartas de Héctor Aguilar Camín, Federico Reyes Heroles, Luis González de Alba, Ramón Xirau o de Jorge Castañeda, para que una enorme franja de la población se diera cuenta de que, en la escandalosa exoneración a Mario Marín, se marcaban los límites de este sexenio a la libertad de expresión.

Y aquí está la segunda paradoja de este año: los mismos ministros que tuvieron la claridad, la valentía y el interés para estudiar la acción de anticonstitucionalidad de la Ley Televisa, los mismos integrantes del Poder Judicial que enmendaron con su resolución la sumisión absoluta del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo a las presiones de la empresa mediática más importante de América Latina, retrocedieron de manera clara en el caso de Lydia Cacho.

En el balance de este año, las deliberaciones y la resolución adoptada por la Suprema Corte en junio de 2007, en torno a la Ley Televisa, quedarán como uno de los debates más claros y pedagógicos sobre el derecho a la información, la libertad de expresión y el futuro de la radiodifusión y las telecomunicaciones en nuestro país.

La respuesta de Televisa y de TV Azteca frente a la osadía de los ministros, fue brutal. El linchamiento mediático salió a relucir. En especial, en la pantalla de Ricardo Salinas Pliego, que se plegó así a los intereses de Emilio Azcárraga Jean para demostrar que el duopolio cierra filas en momentos claves. Una serie de “reportajes” de Canal 13 insistieron durante varios días que, con su resolución, la Suprema Corte de Justicia provocó que en México retorne al “presidencialismo autoritario”, ya que “atentó contra organismos autónomos”, estableciendo una “neodictadura”.

Por supuesto, el mensaje iba dirigido también al presidente Felipe Calderón. El reproche de ambas televisoras es que no ejerció los privilegios de ese presidencialismo autoritario para frenar la resolución de la Corte.

La carta que tardíamente promovieron “los intelectuales” apadrinados por las televisoras, tuvo un antecedente singular: la rebelión de los principales comentaristas de televisión y radio contra la reforma constitucional en materia electoral. El 11 de septiembre, las torres gemelas de TV Azteca y Televisa –más las principales cadenas radiofónicas-- sumaron sus fuerzas para acudir a la sesión de comisiones dictaminadoras en el Senado y echar abajo las reformas mediante un singular reality show en cadena nacional, durante tres horas y media.

El resultado fue contrario al que pretendían las empresas al mandar al matadero a sus comentaristas estelares. En lugar de exhibir “la censura”, “la intolerancia” y “la partidocracia”, la transmisión de aquella sesión dejó claro que los representantes de los concesionarios y los dueños mismos de las estaciones de radio y televisión no tenían argumentos contundentes en contra de la reforma. Ignoraban su contenido, inventaron amenazas pero, sobre todo, exhibieron que la información en los medios electrónicos, especialmente la política y la electoral, es un negocio y no un derecho.

Con la ingenuidad que da el desconocimiento, la productora y conductora de Ventaneando, Patricia Chapoy fue la más clara de todo aquel selecto grupo de conductores y concesionarios. Su temor era que ya no pudiera decirle “guapo” en sus emisiones a Enrique Peña Nieto, gobernador mexiquense, a partir de la reforma. La respuesta fue clara por parte de Ricardo García Cervantes, senador del PAN: decirle guapo o feo a un gobernante no se prohibirá. Lo que queda prohibido es facturar, cobrar, vender esos comentarios casuales, aparentemente ingenuos, que forman parte de la mercadotecnia de los políticos mexicanos y del gran negocio electoral subrepticio de las televisoras.

Peña Nieto ha sido uno de los más generosos en materia publicitaria. Entre 2006 y 2007, según los datos oficiales del estado de México, erogará un total de 266 millones 603 mil 840 pesos, de los que 53 por ciento ha sido para Televisa y 17.23 por ciento para TV Azteca. Esto, sin contabilizar los contratos con empresas “pantalla” de los directivos de Televisa, como TV Promo, que Proceso documentó en 2005.

A través de TV Promo. Peña Nieto tiene acceso privilegiado, todas las noches, a los espacios informativos nacionales como si se tratara de una figura relevante. No hay día en que Canal 2 no nos informe “desinteresadamente” de lo que hace el Golden Boy mexiquense. Se calcula que el convenio con TV Promo fue superior a los 700 millones de pesos.

De ese tamaño es el negocio de la publicidad disfrazada de información de las televisoras. El último intento de Televisa y TV Azteca para frenar la reforma constitucional se produjo entre el 12 y 20 de septiembre de este año. En una reunión de emergencia, convocada por los altos ejecutivos de Televisa y TV Azteca, el consejo directivo de la CIRT difundió en cadena nacional una reunión para condenar los cambios y, a propuesta de Sergio Sarmiento, convocar a un “referéndum por la libertad” en las entidades para que los cambios constitucionales se frenaran en los congresos estatales.

La convocatoria resultó un fiasco. Nadie salió a las calles y plazas del país para defender el derecho mercantil vulnerado de las televisoras. Ningún ciudadano medianamente informado se tragó el cuento de que se trataba de una violación a la libertad de expresión.

La reforma a nueve artículos constitucionales fue aprobada por la mayoría de los congresos estatales –sólo el de Coahuila votó en contra--, y con ello automáticamente quedó configurado lo que se convertirá en un giro de 180 grados en la relación entre medios electrónicos-elecciones-partidos. Se prohíbe explícitamente la compra de tiempo-aire; se privilegia el uso de los tiempos fiscales; se le otorgan al IFE facultades para distribuir ese tiempo; se prohíbe que terceros puedan comprar tiempo en estos medios para denostar o defender a algún candidato, y se prohíben explícitamente las campañas publicitarias de guerra sucia.

La brutal reacción de resistencia de las televisoras, que ahora se extiende hacia los “terceros” (Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex e intelectuales circundantes) demuestra lo importante y necesaria que era esta reforma y el tamaño de los intereses afectados.

No obstante que este año disminuyó la ola de crímenes contra periodistas que caracterizó al sexenio de Vicente Fox, por lo menos 11 reporteros, directivos y colaboradores de medios impresos fueron asesinados. El ambiente de impunidad, las amenazas contra medios y periodistas, la violencia prevaleciente, no han disminuido. Por el contrario, la vulnerabilidad se incrementó.

Particularmente grave es la situación en entidades donde el pleito entre las bandas criminales se cruza con la disputa política-electoral: Baja California, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, por mencionar las entidades más señaladas en el fuego cruzado del narcotráfico y de los operativos del Ejército.

En 2007, todos fuimos testigos del escándalo Zhen Li Ye Gon, el empresario que llegó de Shangai a construir un emporio a partir del tráfico de la pseudoefedrina, pero los fuegos artificiales informativos no se han correspondido con una sola detención e investigación profunda por parte de las autoridades. A los reporteros que se han involucrado en este expediente, las presiones han surgido de inmediato por el lado tanto de gobernadores priistas involucrados, como de autoridades federales.

La paradoja más grave es que existe suficiente tela de donde cortar en materia de investigación periodística, pero el mensaje de la Suprema Corte en el caso de Lydia Cacho fue sumamente ominoso: aquellos reporteros que decidan investigar las redes del crimen organizado, pasarán de víctimas a inculpados en estos casos.

Quizá este es la peor señal que heredamos de 2007 en materia de derecho a la información, periodismo y comunicación.

Email: jenarovi@yahoo.com.mx

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