Una der-izquierda muy “nueva y democrática”

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.

Las recientes afirmaciones del clan Cárdenas sobre el “reconocimiento” del pelele Felipe Calderón Hinojosa, son una prueba más de que la izquierda democrática que necesita el país se acerca cada vez más a ser una derecha que se acomoda a sus propios intereses y no representa más que eso. Muy lejos queda de la ciudadanía que le confió su voto por estar de acuerdo con lo que decía representar.

La guerra mediática e interna dentro del PRD está desenmascarando a quienes por largo tiempo se arroparon con el disfraz de demócratas y ahora enseñan el cobre al mínimo chasquido de los dedos y a la vista del dinero, que de eso es de lo que se trata este asunto.

Que nadie se llame sorprendido cuando los “representantes” populares de Nueva (vieja derecha) Izquierda sean repudiados por quienes deberían representar. Si son demócratas en serio deberían seguir los dictados de sus electores y no irse por la libre con sus propios intereses, basados únicamente en el beneficio material inmediato.

Como una obra bien ensayada el clan Cárdenas –acusado en el pasado por el PRIAN de ser caciques políticos del estado de Michoacán- comenzó su nueva embestida con las declaraciones del candidato perredista a las elecciones para gobernador. Ante estudiantes de la Universidad Lasalle de Morelia, Leonel Godoy, afirmó que quien no reconociera como presidente al usurpador Calderón Hinojosa estaría mal de sus facultades mentales.

Al día siguiente –miércoles- el jefe del clan Cuauhtémoc Cárdenas continuó en la misma tónica al convalidar la misma postura. Hoy jueves 17 de octubre de 2007, el hijo nieto del general Cárdenas hizo lo propio. "A lo mejor no usamos todos los mismos términos, pero yo coincido en que hay que tener presente que está al frente del Ejecutivo federal, que por lo tanto cualquier gobierno estatal tiene que dialogar y buscar coordinarse con él para el efecto de aterrizar proyectos", aseguró.

Nada más que los tres –militantes “destacados” del PRD- van en contra de los resolutivos de la plenaria de ese instituto político, que acordó no reconocer a quien se robó la presidencia. También desatienden un mandato -toda vez que el pueblo es quien manda, según la Constitución- de la Convención Nacional Democrática (CND) que en repetidas ocasiones se ha pronunciado por el repudio total al espurio Calderón Hinojosa. ¿Entonces, son los Cárdenas desmemoriados o francamente desatienden una instrucción del partido y del propio pueblo, sus electores? ¿Todo para conseguir dinero, vale la pena seguir siendo caciques en Michoacán?

Tal vez no hallan valorado adecuadamente que de persistir en su entreguismo –como el realizado hoy en el Senado de la República, cuando la “Nueva Izquierda” abandonó el recinto para “protestar” por la presencia del pelele- perderán más electores cada vez. Ya que aquellos que votaron por el PRD y ahora están con la CND y la Resistencia Civil Creativa, impondrán -como es su derecho constitucional- un veto a sus candidatos por la traición que representa dar la espalda a quienes los eligieron para un cargo de representación popular.

Así de simple, si la ciudadanía no cuenta con otro instrumento más contundente para hacer valer su derecho y la exigencia de que se cumpla a cabalidad con lo prometido, no le queda más alternativa que no volver a votar por quienes la traicionaron. Al tiempo...



A continuación un reportaje tomado de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx/

El rencor “abandonados”

Jenaro Villamil

El “abandono” en que, según los concesionarios de la radio y la televisión, los ha dejado el presidente Felipe Calderón, es más que un reproche. El reclamo sigue cobrando forma de revancha, de venganza, como en el caso de TV Azteca, que bombardea a su auditorio con reclamos al gobierno calderonista. Muy poco han logrado en el ánimo de los concesionarios las débiles señales conciliatorias del presidente.

La noche del martes 9, en el salón Chapultepec del Hotel Camino Real, el dueño de Grupo Radio Fórmula, Rogerio Azcárraga Madero, pidió la palabra para advertirle a sus colegas de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) que si el presidente Felipe Calderón no respondía en su discurso del día siguiente al reclamo de entrega de “combos” –estaciones adicionales en FM para cada uno de los propietarios de AM– y de seguridad jurídica para refrendar las concesiones de los radiodifusores, “quiere decir que nos está abandonando”.

“Nos abandonó en la reforma electoral. Los legisladores nos quitaron el 30 por ciento de nuestros ingresos, que son los gobernadores y presidentes municipales. Si no nos dan las combos, va a haber más permisionados y se va a acabar el espectro”, continuó Azcárraga Madero, en medio de los aplausos de la mayoría de los asistentes a la conferencia de la 49 semana de la CIRT.

Pariente en tercer grado de la familia Azcárraga de Televisa, el dueño de Radio Fórmula recordó que estuvo en “la polémica” sesión del 11 de septiembre con los senadores. “Les dije: la televisión tiene todo y nosotros no tenemos seguridad jurídica. Ellos se comprometieron a arreglar el 66 por ciento de las AM. Eso dijeron en el Senado. Si el Ejecutivo mañana no lo hace podemos acudir al Senado”, remató, en medio de otra ovación de afiliados de la CIRT.

El alegato de Azcárraga Madero, uno de los cinco empresarios más fuertes de la radio en México, reflejó el recelo entre los concesionarios de medios electrónicos con Felipe Calderón, pero también el sigiloso divorcio que se percibe entre los radiodifusores, divididos entre sí por el otorgamiento de las combos, y las dos grandes cadenas de televisión en el país: Televisa y TV Azteca, cuya estrategia para frenar la reforma constitucional en materia electoral resultó fallida.

Sólo la televisora del Ajusco, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, mantiene el tono de confrontación que impuso desde el 11 de septiembre contra el Senado. Incluso retiró de la fuente al reportero que cubría los eventos de Calderón. El 12 de septiembre, en la reunión de la CIRT, el conductor Sergio Sarmiento propuso un “referéndum por la libertad”.

Además, el noticiario Hechos equiparó la reforma electoral con la matanza del 2 de octubre de 1968, la descalificó como una “legislación chavista”, en referencia al mandatario venezolano Hugo Chávez, y las dos señales nacionales de la televisora –los canales 7 y 13– transmitieron entre el 4 y 5 de octubre un largo spot, de más de un minuto, en el que criticó el salario de los senadores. El desafío provocó una condena de las juntas de Coordinación Política del Senado y la Cámara de Diputados.

Antes de acusar de “abandono” a Calderón, los noticiarios de TV Azteca decidieron ignorar los actos del primer mandatario, y ya no transmiten ninguna actividad del Senado de la República.

Televisa, menos explícita que TV Azteca, atenuó su confrontación con el Senado y moderó su cobertura informativa de los eventos de la Presidencia de la República y del Congreso.

La coincidencia más clara en la 49 semana de la CIRT fue que ni Emilio Azcárraga Jean ni Ricardo Salinas Pliego asistieron a la comida que tradicionalmente tienen los concesionarios con el presidente. El discurso de Calderón se transmitió diferido: una hora y media después en las dos señales de menor audiencia, Canal 5, de Televisa, y Canal 7, de TV Azteca, a diferencia de lo que ocurría tradicionalmente, cuando el discurso se transmitía en vivo, en cadena nacional y en los canales de mayor rating.

En su cobertura, TV Azteca adoptó un estilo parecido al que impuso cuando el conductor Francisco Stanley fue asesinado en junio de 1999, es decir, bombardeo con transmisiones condenatorias durante 12 horas ininterrumpidas. El propio Salinas Pliego salió a cuadro entonces para exigir que se suspendieran los procesos electorales en el país y desafiar al gobierno capitalino de Cuauhtémoc Cárdenas.

Desde entonces, la segunda televisora, que cuenta con cerca del 30 por ciento de la audiencia, no ha dudado en utilizar la pantalla para impulsar campañas lo mismo en contra Francisco Gil Díaz, de la Ley del Mercado de Valores, y de Isaac Saba, empresario que se asoció con Telemundo, que en contra de los ministros de la Suprema Corte y de los exsenadores Manuel Bartlett y Javier Corral. En estos tres últimos casos, se sintonizó con los contenidos de Televisa.

El antecedente más belicoso de TV Azteca fue el Chiquihuitazo. El 27 de diciembre de 2002, un comando armado financiado por la televisora tomó las instalaciones del Cerro del Chiquihuite y suspendió las transmisiones de Canal 40. Ese fue el primer desafío claro de TV Azteca al gobierno federal, encabezado entonces por Vicente Fox. La respuesta del presidente cuando se le reclamó que actuara para frenar el ataque fue su célebre frase “¿y yo por qué?”.

La mayoría de los observadores y especialistas en medios coinciden en que una de las pocas referencias claras en el discurso de Felipe Calderón en la 49 semana de la CIRT fue la alusiva a las “tomas de instalaciones”, como la que utilizó TV Azteca para emprender la ruta del desafío a la legalidad.

“Ya no hemos permitido ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos. Nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lícito en el país”, afirmó Calderón.

El rostro de Ernesto Vidal, vicepresidente de TV Azteca, se ensombreció tras esa referencia. Ni el reconocimiento de la CIRT a la conductora Lilly Téllez le alegró el día. Consultado al término del evento, Vidal negó que la referencia de Calderón hubiera estado dirigida a la empresa. “No, fue un buen mensaje en su contexto. Es un nuevo acercamiento”, afirmó el funcionario de Salinas Pliego, que antes trabajó para la fundación Vamos México, de Marta Sahagún.

Otros concesionarios afirmaron que la referencia presidencial era un mensaje para la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que tomó en Oaxaca dos estaciones de Grupo Radio Centro, pero también admitieron que la sombra del Chiquihuitazo ha rondado entre los miembros de la CIRT ante el “abandono” presidencial.

Desencuentro y ambigüedades

El “abandono” que se le reprocha a Calderón está justificado para los concesionarios. El último encuentro entre dirigentes de la CIRT y el mandatario horas antes de que el Senado aprobara la reforma electoral ocurrió en el hangar presidencial, el 13 de septiembre pasado.

Los representantes de la CIRT le pidieron al presidente frenar o vetar esos cambios, que prohíben la compra de tiempo aire para fines de propaganda política o electoral. Calderón les dijo que esa no era la forma de hacer una cita con el titular del Ejecutivo y que, en todo caso, la reforma era una atribución del Senado.

Aprobada en esa instancia legislativa, ratificada por la Cámara de Diputados y por 30 congresos estatales, la reforma minó la cohesión interna en la CIRT y, junto con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en contra de la Ley Televisa, puso fin a la “luna de miel” entre las dos grandes televisoras y el gobierno federal.

A este distanciamiento se suma la ambigüedad y el desencuentro entre los principales organismos reguladores. El enfrentamiento nada oculto entre la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), encabezada por Héctor Osuna, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dirigida por Luis Téllez, le añadió el ingrediente de la incertidumbre jurídica a la relación entre los empresarios de los medios y el gobierno federal.

Tan sólo entre 2009 y 2011 vencen cerca de 70 concesiones de radio; no se ha definido el estándar de transición digital para la radiodifusión y existe un litigio en tribunales por la conformación de los cinco comisionados de la Cofetel.

El optimismo de los tiempos del decretazo quedó atrás. Hace cinco años, el 10 de octubre de 2002, el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, entonces dirigente de la CIRT, anunció el “regalo” de un decreto presidencial que reducía el 12.5 del tiempo fiscal y abortaba el proceso de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión. Para la historia quedó la foto de Gómez besándole la mano a Marta Sahagún, la primera dama y la operadora consentida de las grandes televisoras.

Cinco años después, Felipe Calderón no abandonó por completo a los concesionarios, pero tampoco fue muy preciso a la hora de comprometerse. La “línea” política para la mayoría de los asistentes al discurso del miércoles 10 fue que la ventanilla correcta “para lograr la transición digital” de las radiodifusoras, y para “la renovación de las concesiones” es el titular de la SCT, Luis Téllez.

Fue a Téllez al único que le dio instrucciones precisas el mandatario. Tres días antes el titular de la Secretaría Comunicaciones y Transportes les dijo a los concesionarios que no se confundieran, que él era el responsable de la regulación y no la Cofetel. En el mismo foro, Héctor Osuna le reviró que, “de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la Cofetel quien tiene todas las atribuciones regulatorias en materia de radio y televisión”.

A cambio, Téllez le lanzó un guiño al duopolio televisivo. En contradicción con los ministros de la Suprema Corte de Justicia que criticaron la concentración existente en las concesiones de televisión, el secretario de Comunicaciones y Transportes reiteró: “nunca he reconocido que hay monopolios. Hay competencia en la industria de la radio y la televisión”.

El presidente en turno de la CIRT, Enrique Pereda, concesionario de Radiorama, le recordó a Calderón que la radio y televisión comerciales transmiten 448 campañas gratuitas, con 27 millones de spots en radio y 1.5 millones en televisión.

A cambio, Pereda le pidió a Calderón su apoyo “para que las estaciones en AM puedan hacer la transición digital hacia FM para evitar un mayor rezago”.

En respuesta, el presidente afirmó que conocía muy bien los problemas que muchos radiodifusores, “especialmente en la radio”, enfrentan a la luz de los cambios tecnológicos, y dio instrucciones a Téllez para que “presente una propuesta que permita definir de una buena vez los parámetros y las políticas públicas para lograr la transformación digital considerando la situación diversa que guardan las radiodifusoras en el país”.

En el seno de la CIRT tres grandes grupos radiofónicos han planteado su oposición al otorgamiento “por decreto” de estaciones de FM a los que sólo poseen AM: el Grupo Imagen, propiedad de Olegario Vázquez Raña; el Grupo Radio Centro, de los hermanos Aguirre, y Multivisión, de la familia Vargas.

Ejecutivos de estas empresas argumentaron que las combos sólo han reforzado la discrecionalidad y que no queda claro si debe haber una contraprestación o no al Estado.

La asociación Radio Independiente, liderada por Roque Chávez y que agrupa a más de 200 pequeñas estaciones de AM, ha declarado que si no se definen apoyos a estas emisoras para la transición digital, éstas podrían escindirse de la CIRT.

La ruta de la nueva ley

Calderón no expresó ninguna posición clara sobre la redacción de la nueva Ley Federal de Radio y Televisión, que se analiza en el Senado y será dictaminada por tres comisiones, presididas por el priista Ángel Aguirre, el panista Alejandro Zapata Perogordo y el perredista Carlos Sotelo.

Este último, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, consideró que el de Calderón fue “un discurso de compromiso, pero no comprometedor” porque “no adelantó ningún posicionamiento del Ejecutivo ante la nueva legislación”.

–Puede argumentar que él respeta las decisiones del Legislativo –se le indicó.

–Sí, pero hay un planteamiento de la Suprema Corte de Justicia en su sentencia. Ellos (los ministros de la Corte) mencionan la necesidad de mayor competencia, de pluralidad. El hecho de que Calderón no haya otorgado nuevas concesiones, después de que la Corte resolvió, habla de una actitud, de una disposición a no actuar.

–El secretario Téllez afirmó ante los concesionarios que no hay monopolios en televisión y radio. ¿Qué opinión le merece esta posición?

–Alguien miente, entonces: o miente la Suprema Corte o miente Luis Téllez. La resolución de la Corte recibió un reconocimiento prácticamente unánime de la nación al reconocer el problema de la concentración.

Desde el pasado miércoles 10 la llamada comisión del grupo plural inició consultas con expertos en materia jurídica, en telecomunicaciones, en competencia y en derecho a la información sobre los enfoques necesarios para la nueva ley en la materia.

La tarde del jueves 11 asistieron al Senado el comisionado presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, y el titular de la Comisión Federal de Competencia, Enrique Pérez Motta. Ahí externaron sus posiciones, que difieren en lo que respecta a las prácticas monopólicas prevalecientes en la radio y la televisión.

En paralelo, los diputados Raymundo Cárdenas, Ramón Pacheco, José Alfonso Suárez del Real y las diputadas Claudia Cruz Santiago, Aleida Alavez y Mónica Fernández presentaron una “propuesta integral en materia de telecomunicaciones y radio y televisión”.

En esa propuesta subrayan la necesidad de “evitar la concentración monopólica de las frecuencias” y fortalecer a los cerca de 480 medios comunitarios, indígenas y de interés social que existen en el país.

Reiteran que las reformas de la impugnada Ley Televisa “fomentan el monopolio en las concesiones del espectro radioeléctrico”, y los estudios de la Comisión Federal de Competencia, la Cofetel y la SCT advierten sobre “el peligro que representa el que un área prioritaria del país esté dominada por los intereses de dos empresas”.