Revive la vieja política de la Nueva Izquierda, acuerdos de espaldas a la ciudadanía

Tomados de La Jornada, Helguera y Hernández y El Universal, Helioflores.

En un ambiente terso transcurrió el primer informe del jefe de gobierno del Distrito Federal, si no tuviéramos como antecedentes las negociaciones de los legisladores de “Nueva –vieja derecha- Izquierda” que permitieron el incremento sin más de impuestos a cambio de una probable reforma electoral, que todavía está por verse, nos hubiera parecido que las amenazas panistas contra la administración local habrían sido sólo fanfarronadas.

Marcelo Ebrard no tuvo siquiera que esforzarse por contestar preguntas a modo y para lucimiento. No hubo nada que lo pusiera en aprietas y si tuvo oportunidad de recriminar la actitud del gobierno federal en diversos aspectos.

Los priístas se fueron por el camino de la inseguridad, el narcotráfico y las condiciones en hospitales. Los panistas no quitaron el dedo del renglón de la falta de reconocimiento del usurpador Felipe Calderón Hinojosa, La chiquillada optó entre el elogio y la tímida puntualización de aspectos particulares.

Se vio pues que las negociaciones entre los Chuchos –corriente a la que pertenecen los diputados federales perredistas Ruth Zavaleta, Javier González Garza y Carlos Navarrete Ruiz- y el gobierno espurio abarcaron una comparecencia sin problemas del jefe de gobierno de la capital del país.

Víctor Hugo Círigo –también de la corriente de los Chuchos: Nueva Izquierda- dirigió la sesión, más como un maestro de ceremonias que como un legislador. Tampoco tuvo mayor trabajo, las interrupciones y gritos fueron mínimas, sólo las suficientes para el espectáculo y que no se pensara que no había una oposición.

Es de lamentar que las negociaciones cupulares tengan como saldo los acuerdos en lo oscurito, entre los “representantes populares” y los esbirros del poder a espaldas de una ciudadanía que a lo largo de más de 14 meses los hizo posible gracias a la lucha cotidiana por la democracia. Esos mismos ciudadanos que la noche del sábado se quedaron solos para decirle por enésima vez al usurpador que es un pelele.

Incontables veces Andrés Manuel López Obrador ha expresado que el pueblo no es tonto y habrá tiempo de sobra para demostrárselo a ésta “Nueva Izquierda”.



A continuación dos reportajes tomados de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx/

Crónica de un golpe frustrado

Jenaro Villamil


“Fue un desastre”, dijeron los empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión luego de que los legisladores aprobaron la reforma electoral. Con todo, se reunieron para preparar la contraofensiva e intentar frenarla en los congresos estatales. Pero más allá de los exabruptos de empresarios de los medios y conductores de noticiarios del duopolio televisivo, su intentona golpista se frustró.

A las tres de la madrugada del miércoles 12, la cúpula de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) fue convocada para evaluar en su “cuarto de guerra” los resultados de su largo talk show ante 45 senadores de las comisiones que dictaminaron la reforma constitucional en materia electoral.

“Fue un desastre”, dijo uno de los asistentes al cónclave, pues no se siguió el guión. Además, la intervención de Pedro Ferriz de Con, quien acusó a los legisladores de haber “tomado” el país en ausencia del presidente de la República, resultó contraproducente, pues los participantes no tenían información precisa sobre el dictamen...

En privado los integrantes de la CIRT asumieron que fueron derrotados por los senadores y que no podían frenar ya la aprobación del dictamen en el Congreso de la Unión.

Horas después, el Senado aprobó la reforma por 111 votos a favor. El viernes 14 la Cámara de Diputados avaló por 408 votos en lo general y 362 en lo particular los nueve artículos constitucionales que disminuirán en 3 mil 308 millones el financiamiento a los partidos, con lo que desaparece el multimillonario gasto destinado a los spots.

El vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, tomó el control de la reunión de la madrugada del miércoles y, realista, les advirtió a los concesionarios que ya no había otro recurso que intentar “parar” la reforma en los congresos estatales.

Los concesionarios hicieron cuentas alegres: 19 gobernadores con aspiraciones políticas, encabezados por el mexiquense Enrique Peña Nieto, cliente consentido de Televisa, podían frenar la reforma constitucional en sus entidades.

También determinaron organizar otro enlace en cadena nacional, pero controlada por la CIRT desde sus oficinas, y convocar ahí a un referéndum popular, criticar la prohibición de candidaturas independientes y sumar a otras cámaras empresariales, como el Consejo Coordinador Empresarial, la Concamin y la Coparmex, entre otros.

Pero de nuevo se olvidaron de dos detalles: la figura del referéndum no existe en la Constitución y el IFE carece de facultades legales para organizarlo. Así se los recordó irónicamente el senador Pablo Gómez durante el debate en el pleno del Senado el miércoles 12. Las candidaturas independientes, les dijo el perredista, fueron aceptadas por todos los senadores poco antes que el dictamen se aprobara en el pleno.

En su reunión, la cúpula de la CIRT optó por centrar su contraataque en la defensa de la libertad de expresión, pero sobre todo evitaron mencionar que dejarán de recibir alrededor de 6 mil millones de pesos sexenales por spots, así como un monto aún incalculado de publicidad pagada disfrazada de información.

Sin embargo, la conductora Patricia Chapoy “ventaneó” involuntariamente a los propios concesionarios y conductores de medios electrónicos cuando en la audiencia ante las comisiones –el talk show del martes 11 –preguntó a los senadores si sería criminal “decir que el gobernador del Estado de México es muy guapo”.

El senador panista Ricardo García Cervantes le respondió a Chapoy que eso no sería delito. “Pero si un gobernador, guapo o feo, saca dinero del gobierno para que un medio lo vea guapo, aún siendo feo, eso sí lo vamos a evitar. No hay atentado alguno a la libertad de expresión”, sentenció.

La respuesta de García Cervantes a Chapoy no se escuchó durante la transmisión en cadena nacional operada por los propios concesionarios. Justo cuando el panista habló se suspendió la señal en vivo desde el quinto piso de la Torre del Caballito.

Este acto fue calificado como censura tanto por Pablo Gómez como por el propio Santiago Creel, presidente en turno de la Mesa Directiva del Senado.

Para el exsecretario de Gobernación, Manuel Bartlett, el hecho mismo de la transmisión de la CIRT constituyó una violación a la ley y un acto de “golpismo comunicacional”.

“Las cadenas nacionales obedecen a necesidades de interés público del Estado. Ellos utilizaron un bien público concesionado para defender intereses particulares y para agredir al Congreso. Encadenarse fue una medida extraordinaria que merecería la sanción por parte del gobierno federal”, dice a Proceso.

Ante la derrota legislativa, Televisa y TV Azteca continuaron con su contragolpe en las pantallas. En sus espacios noticiosos y de espectáculos, la empresa de Ricardo Salinas insiste en llamarla “expropiación” y “reforma chavista”, en referencia al venezolano Hugo Chávez.

Televisa comenzó a difundir entrevistas con gobernadores como Miguel Ángel Osorio Chong, de Hidalgo, y el perredista Lázaro Cárdenas Batel, de Michoacán, para criticar la reforma aprobada. Por su parte, el mexiquense Peña Nieto sigue acaparando los horarios de transmisión matutina en una franca campaña de promoción personal.

El jueves 13, Joaquín López Dóriga, en Canal 2, le dio amplio espacio a las críticas de The New York Times a la reforma constitucional. El Noticiero no mencionó otro análisis. En un artículo editorial, el influyente The Wall Street Journal interpretó así la reforma:

“En un golpe mayor a las dos poderosas compañías de televisión mexicanas, Grupo Televisa y Grupo Azteca, la reforma electoral prohíbe a los partidos y candidatos utilizar anuncios pagados durante su campaña… La reforma electoral ha aliviado las preocupaciones sobre el creciente poder político del duopolio mexicano de la televisión.”

El largo “talk show”

Concesionarios y comentaristas estelares protagonizaron el martes 11 el primer talk show legislativo, transmitido en vivo y en directo por las dos principales cadenas televisivas y los principales grupos radiofónicos.

Los días anteriores ni Televisa ni TV Azteca le habían dado mayor difusión a los trabajos sobre la reforma electoral. Pero ante la inminencia de que se aprobara la “prohibición total a los partidos políticos para adquirir tiempo, bajo cualquier modalidad, en radio y televisión”, los concesionarios se declararon en rebeldía.

La noche del lunes 10, López Dóriga leyó en el noticiario estelar de Canal 2 un comunicado donde Televisa fija su postura. Aceptó como buena la decisión de “sacar al dinero como motor de los procesos electorales”, pero expresó su “preocupación” por la falta de consultas y por la “tentación de la censura”. TV Azteca difundió un comunicado similar en el que advirtió que su lucha es “porque no se engañe a la sociedad”.

Las dos grandes empresas que concentran 62% del gasto total de los partidos y 82% de las concesiones en televisión, buscaban parar el dictamen y presionar a los senadores para eliminar las prohibiciones al negocio de los spots.

Desde las 10 de la mañana del martes 11, los concesionarios convocaron a sus comentaristas a asistir al quinto piso de la Torre del Caballito, sede de las oficinas de comisiones del Senado. “Es un deber”, les dijeron a algunos. Otros ignoraban cuál era el objetivo de tal despliegue. Fueron convocados a una batalla que resultó ser, cinco horas después, un funeral del poder mediático.

López Dóriga fue el primero en llegar al recinto donde sesionaban las cuatro comisiones involucradas en el dictamen. Avisó a las oficinas de Comunicación Social del Senado que transmitiría en vivo su noticiario en Radio Fórmula. Desde ahí entrevistó al senador Jesús Murillo Karam, quien le aclaró que la redacción del párrafo que podía prestarse a la censura ya había sido modificado la noche anterior.

“¡Se dejaron venir todos!”, exclamó Manlio Fabio Beltrones, desde su oficina en la calle de Xicoténcatl.

Los comunicadores no ocuparon las sillas principales. A los costados o detrás de los dueños de los medios, dispersos en el salón, se encontraban Ciro Gómez Leyva, Denise Maerker, Carlos Loret de Mola, José Cárdenas, Ana María Lomelí, Ricardo Rocha, Nino Canún, Enrique Muñoz, David Páramo, Jorge Fernández Menéndez, José Garralda, la mayoría de los comentaristas de Proyecto 40 y los recién estrenados conductores de Cadena Tres, propiedad de Olegario Vázquez Raña.

Recordado entre los senadores por sus presiones durante la aprobación de la Ley Televisa, Javier Tejado Dondé no dejaba de escribir notas que pasaba a los otros miembros de la CIRT y a los senadores “amigos”, como Javier Orozco Gómez y Arturo Escobar, del Partido Verde.

La sensación para los fotógrafos fue ver sentados juntos a los dos conductores emblemáticos de las cadenas rivales: Javier Alatorre, de traje y corbata, y Joaquín López Dóriga, con un suéter color de rosa. Más tarde se sumó a ellos Sergio Sarmiento, de TV Azteca.

La audiencia comenzó tersa. El presidente de la CIRT, Enrique Pereda Gómez, se quejó porque los concesionarios no fueron consultados. Subió el tono de las quejas con Francisco Aguirre, dueño de Grupo Radio Centro; con el veterano Franciso Ibarra, de Grupo ACIR, y los flamantes representantes de TV Azteca, Ernesto Vidal, quien trabajó en la oficina de Marta Sahagún, y el exsubsecretario de Gobernación Tristán Canales.

Similares fueron las propuestas de Joaquín López Dóriga y Javier Alatorre, quienes insistieron en que un párrafo del artículo 41 se podía prestar a la censura de los periodistas.

El quiebre de la reunión se provocó cuando Rogerio Azcárraga, propietario de Radio Fórmula, Javier Tejado Dondé, de Televisa, y Pedro Ferriz de Con se salieron del guión y coincidieron en su queja principal: la reforma buscaba la “expropiación” de las concesiones ya que, de aprobarse, provocaría la disminución de los ingresos de las empresas televisivas, dijeron.

Ferriz de Con adoptó un tono ofensivo y provocador. Acusó a los legisladores de que habían “tomado el país”. Expuso que los senadores ahora “tienen el control” y que “ante la ausencia de quien quieren poner ausente, como es el presidente de la República,” votarían “al vapor” la reforma constitucional.

El revire a Ferriz de Con vino por parte de Pablo Gómez, del PRD, de María de los Ángeles Moreno, del PRI, y de Ricardo García Cervantes, del PAN.

Gómez condenó “las insolencias y majaderías” pronunciadas, les recordó que ellos son concesionarios de un bien público, cuya propiedad es de la nación y subrayó que “no hay la más mínima intención de considerar ilícita la expresión de algún trabajador de los medios de comunicación”.

Algunas ausencias notables fueron las de Carmen Aristegui, de W Radio, o la del propio José Gutiérrez Vivó, periodista y concesionario. En su artículo del viernes 14 en Reforma, Aristegui expresó su desacuerdo con lo sucedido. “Me preocupa el tufillo golpista que percibo en algunos de mis colegas”, escribió.

Presiones y derrota

Todavía el miércoles 12 se produjeron las presiones más fuertes para modificar el dictamen o dilatar su aprobación en comisiones y finalmente en el pleno del Senado. Cuatro senadores encabezaron los intentos: el priista y expresidente de TV Azteca, Jorge Mendoza, recordado por su defensa al asalto de las instalaciones de Canal 40 en el Chiquihuite; los del Partido Verde, Arturo Escobar y Javier Orozco Gómez, éste último exfuncionario de Televisa; y un moderado Federico Döring, del PAN.

Escobar propuso, en la última sesión de las comisiones, que “con fines informativos” se les permitiera a los partidos y candidatos contratar espacios en medios electrónicos fuera de tiempos electorales. El pe-

rredista Ricardo Monreal le respondió que su propuesta “desnaturalizaba” toda la reforma. La mayoría de los 45 asistentes la desechó.

Orozco Gómez quiso eliminar un párrafo que autoriza al IFE a ordenar “la cancelación inmediata de las transmisiones de radio y televisión que resulten violatorias de la ley”. Argumentó que ésta es atribución de Cofetel y que debía regularse, no en una reforma constitucional, sino en la Ley Federal de Radio y Televisión.

Arturo Núñez, coordinador del grupo de trabajo de la reforma, lo paró en seco. Le recordó que una reforma constitucional está por encima de cualquier ley secundaria y que el procedimiento expedito se detallará en la redacción de una nueva norma electoral.

“Hay que incluir a los medios impresos” en el párrafo que prohíbe la publicidad de terceros, propuso el panista Federico Döring. Y Pablo Gómez le recordó que los medios impresos no son concesiones, como sí lo son la radio y la televisión.

Casi al final de la sesión en comisiones, el priista Pedro Joaquín Coldwell sometió a votación varias propuestas e incluyó un nuevo cambio que restaba fuerza a las críticas de los concesionarios. Eliminar la expresión de que “corresponde exclusivamente a los partidos el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular”. Con ese cambio se permitirán las candidaturas independientes.

El miércoles 12 al mediodía se transmitió otra “cadena nacional”. Desde las oficinas de la CIRT, el acto de rebelión fue encabezado por Ricardo Salinas Pliego y Bernardo Gómez, quienes flanquearon a Enrique Pereda. Ahí convocaron a un “referéndum por la libertad” y defendieron la autonomía del IFE, tema que se les olvidó durante su audiencia ante los senadores.

Este nuevo intento no tuvo ningún efecto en los senadores. Por el contrario, provocó un mayor espíritu de cuerpo y se cerraron filas en las cuatro bancadas que apoyaron el dictamen: PRI, PAN, PRD y PT. Sólo Convergencia y el Partido Verde se opusieron.

Conocedor de todo tipo de presiones por parte de las televisoras, el exsenador panista Javier Corral afirmó que “la maniobra de los concesionarios no les funcionó. El tono inhibidor terminó por convencer a los senadores de cómo usan un bien de dominio público para intimidar”. Incluso pronosticó que intentarán organizar el “referéndum por la libertad” a cuenta de los gobernadores para bloquear la reforma constitucional en los estados.

Por su parte, Porfirio Muñoz Ledo comparó la importancia de esta reforma con la desamortización de los bienes de la Iglesia durante el gobierno de Benito Juárez. “Se acabaron los patrones del aire”, proclamó el exsenador, diplomático y pionero en el tema de la reforma electoral.

En la casona de Xicoténcatl, poco después de las 22 horas, los 111 senadores de todas las bancadas que votaron a favor aplaudieron durante más de cinco minutos la hazaña lograda. Santiago Creel, presidente del Senado, no cabía de gusto. Sonaba la campana y sonreía, como si se liberara de un gran estigma.

Así lo reconoció cuando subió al estrado a pronunciar uno de los discursos más aplaudidos de la noche. El exsecretario de Gobernación foxista admitió ser corresponsable de una relación perversa entre concesionarios y políticos.

“Una relación en la que nadie o casi nadie puede arrojar la primera piedra y, hay que decirlo con claridad, yo por delante”, sentenció Creel.

Poco después de ese discurso, Javier Corral salió feliz de la casona de Xicoténcatl. Recordó cómo apenas año y medio atrás, ante un silencio fúnebre, el Senado había sido aplastado por el poder de Televisa.

++++++



Poder vs. Poder

Jesús Cantú

Si tras la reforma electoral los dueños de los medios electrónicos y sus “comunicadores” lloran por los miles de millones de pesos del erario que se les fueron, los legisladores aprovechan para constitucionalizar la partidocracia. ¿Y los ciudadanos? Siguen relegados al papel de espectadores...

El enfrentamiento entre el poder económico y mediático (poder fáctico) contra el Poder Legislativo (constitucionalmente establecido) a raíz del proyecto de reforma electoral, es una buena noticia para la incipiente democracia mexicana, pues demuestra en los hechos que los equilibrios (pesos y contrapesos) funcionan en este régimen. Lo lamentable es el nivel del debate y la utilización oportunista que, en el discurso, hacen de la ciudadanía y la libertad de expresión.

De una parte, los comunicadores defienden los ingresos, que sólo en la elección federal de 2006 les representó por lo menos 2 mil 500 millones de pesos, y los empresarios exigen que se les mantenga la posibilidad de incidir en la contienda electoral, como lo hicieron el año pasado.

Por otro lado, los legisladores aprovechan para constitucionalizar la partidocracia. Mientras tanto, la ciudadanía es relegada prácticamente a un papel de mero espectador, pues los comunicados de algunas organizaciones de la sociedad civil (salvo por ciertos analistas políticos que los retoman, difunden y comentan) son en general minimizados por los medios de comunicación masiva.

Los medios de comunicación electrónicos, encabezados por Televisa y TV Azteca, reaccionaron de inmediato ante la mera posibilidad de que el proyecto de reforma electoral prohibiera la compra de espacios para la propaganda electoral. Su discurso de defensa abarcó tres etapas: primero, descalificaron la propuesta porque, desde su perspectiva, la remoción anticipada de los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral atentaba contra la autonomía de dicha institución; después, arguyeron que las nuevas disposiciones aniquilaban la libertad de expresión, y finalmente dejaron claro que el problema real era la pérdida de ingresos.

Los concesionarios de radio y televisión protestaron y los senadores integrantes de las Comisiones Unidas que discutían el anteproyecto de reforma les dieron audiencia, en una reunión inédita en la historia política contemporánea realizada el martes 11. Los medios se enlazaron en cadena nacional y transmitieron en vivo ese encuentro, en el que cuestionaron a los legisladores y demandaron tiempo para plantear sus puntos de vista.

El primero que reveló el verdadero móvil de su protesta fue Rogerio Azcárraga Madero, presidente de Organización Radio Fórmula y vicepresidente de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, quien expresó: “Quieren ustedes tiempo doble A y triple A; esto nos lleva a 30% de la parte comercial de la que viven todas las estaciones de radio y televisión. ¡Es casi expropiatorio el 30%!”, y sentenció que eso podría llevar a la quiebra a 950 emisoras de radio que transmiten en la banda de amplitud modulada.

Al día siguiente, el miércoles 12, la CIRT convocó a una reunión en su sede, en la que participaron como invitados los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial y de la Confederación de Cámaras Industriales. Emitieron sus pronunciamientos en cadena nacional y en boca de Sergio Sarmiento, de TV Azteca, demandaron la realización de una consulta para conocer la opinión de la ciudadanía antes de que se apruebe la reforma. Dijeron que sería un “referéndum por la libertad”.

Incongruencias

Los argumentos de los opositores a la reforma carecen de fortaleza y se derrumban ante la historia reciente. Las televisoras alegan que la remoción anticipada de los consejeros constituye un atentado contra la autonomía del IFE, pero basta recordar la campaña de TV Azteca en contra de algunos de los integrantes del anterior Consejo del IFE para constatar la incongruencia de su discurso.

Otra de las quejas de los concesionarios es que las limitaciones impuestas por la reforma acabarán con la libertad de expresión. Por fortuna, ésta no depende de la posibilidad de comprar espacio en los medios electrónicos, pues en ese caso sólo sería un privilegio para las minorías. Las batallas por la libertad de expresión comenzaron mucho antes de que existieran los actuales medios de comunicación masiva, y lo que la reforma prohíbe es la compra de espacios, no la difusión de las ideas ni de las posiciones políticas.

El Consejo Coordinador Empresarial, así como ciertas organizaciones de membrete que surgieron en 2006 para apoyar la campaña del ahora presidente Felipe Calderón, podrán seguir manifestándose a favor del modelo de nación que su gobierno impulsa y rechazar los postulados de otros candidatos o partidos por considerar que son un peligro para México. Lo que la reforma les impide es montar una campaña propagandística y romper la equidad en la contienda, como lo hicieron en la pasada elección presidencial.

La libertad de expresión no se verá limitada, pues sólo se prohíbe “contratar mensajes en radio y televisión dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o candidatos”.

Lo único que podría considerarse como un límite a esa libertad es otra prohibición: la que tiene que ver con las llamadas campañas negativas. Sin embargo, al menos la redacción constitucional parece aceptable: “En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas”.

Aquí no se reproduce toda la serie de violaciones que sí contempla el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: diatriba, infamia, injuria o difamación. Son difíciles de calificar y en muchos casos sí implicará establecer límites estrechos.

Los lineamientos establecidos en la Constitución básicamente protegen a las instituciones y a los partidos políticos, y sancionan las mentiras o falsedades. Además, de acuerdo con la redacción actual se evita la censura, en la medida que lo que hacen es facultar al IFE para iniciar un procedimiento sumario, lo cual implica que no habrá revisión previa, sino que el mensaje se difundirá y se sujetará al emisor a responsabilidades ulteriores, previa garantía de audiencia, tal como lo establecen los tratados internacionales.

Golpe al bolsillo

Es innegable el daño económico que los concesionarios de medios electrónicos resentirán por las reformas constitucionales, ya que sus ingresos disminuirán no sólo porque la propaganda político-electoral se limitará a los tiempos del Estado, sino también debido a la reforma al artículo 134 constitucional, que señala:

“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente público de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.”

En el primer caso, porque la prohibición elimina todos los ingresos que recibían en cada proceso electoral federal o estatal; en el segundo, porque al prohibir la promoción personal de los servidores públicos, éstos limitarán la publicidad oficial a los tiempos gratuitos que les correspondan, pues ya no tendrán ningún incentivo adicional para distraer dinero público de actividades sustantivas.

Los recursos que reciben de esta publicidad no son nada despreciables. Basta revisar el número de horas de promocionales que las televisoras nacionales difunden mensualmente del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Precisamente por eso la preocupación de Paty Chapoy, de si por llamarlo guapo en su programa se convertiría en delincuente, no era menor. Pero más significativos son los más de mil 500 millones de pesos que gastó en televisión el presidente Vicente Fox entre enero y abril del año pasado.

En caso de que las reformas hubieran estado vigentes antes de las elecciones federales de 2006, el duopolio televisivo no habría recibido más de 4 mil millones de pesos del erario. Y eso sin considerar los promocionales del Consejo Coordinador Empresarial y de las otras organizaciones de membrete que surgieron en el último tramo de la campaña presidencial.

Ahora, a los concesionarios sólo se les demandan tres minutos adicionales diarios a los que ya tienen obligación legal de ceder dentro de los tiempos del Estado. Desde el 10 de octubre de 2002 (cuando mediante decreto presidencial Vicente Fox les rebajó la obligación de tiempo fiscal a sólo una décima parte de lo que era anteriormente) saben que este tiempo no lo pueden dedicar a publicidad comercial, sino a la difusión de los promocionales del gobierno (48 minutos para la televisión) entre las seis de la mañana y las 12 de la noche. Hoy no se les impone ninguna obligación adicional.

Hay que destacar que los representantes de los medios de comunicación tienen razón cuando señalan que la reforma contribuye al fortalecimiento de la partidocracia y al debilitamiento de la autoridad electoral, aunque no sea por los motivos que ellos esgrimen. Para afianzar su poder, los partidos aprovechan que el debate público se enfocó en los promocionales y en la remoción anticipada de los consejeros.

Simulación

En la consolidación de la partidocracia los legisladores aparentaron dar un paso atrás al eliminar del artículo 41 de la Constitución la exclusividad de los partidos políticos para registrar candidatos, pero no lo hicieron del artículo 116, cuyo inciso E establece “que (los partidos políticos tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular”. Lo que hicieron en un acto de simulación fue quitar la exclusividad de ese derecho de los partidos de un artículo donde no tenía importancia, ya que la legislación federal no contempla la figura de los candidatos independientes, y dejarlo en otro que obligará a que Sonora y Yucatán, cuyas legislaciones lo permitía den marcha atrás y no puedan registrarse candidatos al margen de los partidos.

La partidocracia se redondea con tres normas fundamentales: se restringe la intromisión de las autoridades electorales en la vida interna de los partidos, así como la posibilidad de los militantes y simpatizantes de interponer recursos contra las decisiones de estos institutos políticos. Se aseguran un alto financiamiento público y limitan las facultades de fiscalización del IFE. El paquete es completo.

En el caso de la autoridad electoral, los partidos minan sus fortalezas y no corrigen sus debilidades. En el primer caso, limitan su autonomía al colocarle un contralor general designado desde la Cámara de Diputados y reducen sus facultades de fiscalización al transferirlas del Consejo General a un órgano técnico. En el segundo, no la facultan para interponer controversias constitucionales ni establecen un procedimiento adecuado para la designación de los consejeros electorales, pues la redacción final no establece ningún compromiso para el nombramiento de éstos, que será: “a propuesta de los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad”. Ni siquiera es la Cámara la que debe realizar esta consulta, sino los grupos parlamentarios para integrar sus propuestas. De esta manera, esta facultad queda nuevamente en manos de los partidos.

También hay que dejar claro que la propuesta de los legisladores es consecuencia de la historia reciente: Por un lado, busca limitar el poder excesivo que demostraban los medios electrónicos de comunicación, que pretendían someter a los políticos a sus designios y cuya máxima expresión fue la forma en que pasó la Ley Televisa en el primer trimestre del año pasado. Por el otro, pretende romper el círculo virtuoso que se construyó entre la autoridad administrativa electoral y la jurisdiccional, y que amenazaba con limitar los excesos, arbitrariedades y manejo discrecional de los dirigentes de los partidos políticos.

Una motivación más particular es la del PRD, para evitar que se repita el episodio de la elección de 2006, donde Felipe Calderón conservó para el Partido Acción Nacional la Presidencia de la República, gracias (entre otras cosas, pues es una realidad que sus errores contribuyeron enormemente a su debacle) a las debilidades de la autoridad electoral. Ésta no aplicó estrictamente las reglas electorales y las ambigüedades o inexistencia de otras normas permitieron la iniquidad en la contienda y la intervención de terceros (Vicente Fox, CCE y organizaciones de membrete), además de la campaña negativa. Con las nuevas disposiciones difícilmente se repetirían estos episodios.

La guerra apenas empieza: los dos poderes continuarán su confrontación para defender sus privilegios, y la ciudadanía reclama su momento para intervenir y demandar sus derechos, que no concuerdan fielmente con los que hoy postulan los dos contendientes.