Sepultan prepotencia de medios electrónicos

Tomados de La Jornada, El Fisgón y El Universal, Helioflores.

Con 408 votos a favor y 33 en contra la Cámara de Diputados aprobó la reforma electoral que prohíbe entre otras cosas la compra por parte de los partidos políticos o de terceros, de publicidad en radio y televisión, además de que trata de evitar la llamada guerra sucia de spots.

Así quedaron sepultadas las pretensiones de los rapaces empresarios de la radio y televisión quienes buscan perpetuarse en las concesiones de por vida, con la puesta en vigor de la ley Televisa.

Una vez que la reforma electoral sea aprobada por la mayoría de los congresos locales y entre en vigor, la Cámara de Diputados tendrá un plazo no mayor a 30 días naturales para integrar un nuevo consejo general del IFE. Es decir la salida del corrupto Luis Carlos Ugalde, testaferro de la “maestra” Elba Esther Gordillo y una de las piezas fundamentales del fraude electoral de 2006.

Para que esto ocurra los coordinadores de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional harán trabajo de cabildeo entre los congresos de los estados para sacar adelante la reforma. Lo anterior es para hacer contrapeso a la fuertes presiones que seguirán ejerciendo los concesionarios de las televisoras y radiodifusoras, en su lucha por evitar perder los miles de millones de pesos en publicidad política.

Hasta el momento no se espera el veto del usurpador Felipe Calderón Hinojosa, pues el día de ayer agradeció y reconoció “la responsabilidad mostrada por el Congreso en el análisis y la aprobación de la Reforma Fiscal y Electoral”. Y agregó que dichas reformas son un paso fundamental para el fortalecimiento del país.

"México será más fuerte en sus finanzas públicas y en su vida institucional, los recursos se destinarán a proyectos de infraestructura, educación y salud que demandan los que menos tienen y servirán para impulsar la competitividad y generar mayores empleos”, indicó. De esta manera y por el momento, los empresarios de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, perdieron la última oportunidad de detener una reforma, que al menos en principio, frena su voracidad, descaro e ilegalidad.

Pese a que analistas de diversas corrientes ideológicas han coincidido en asegurar que no se inhibe, demerita o impide la libre expresión, los concesionarios por medio de sus lectores de noticias prosiguen con la mentira. Apuestan a la intimidación –como lo hicieron el año pasado y en épocas electorales anteriores- para tratar de cambiar la visión que el ciudadano tiene de ellos. Un poder dictatorial llamado telecracia.


En seguida un análisis tomado de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx/

Llanto empresarial

carlos acosta córdova

México, D.F., 13 de septiembre (apro).- Como era previsible, la reforma fiscal no dejó contento a nadie: El gobierno no va a recaudar lo que quería; muchas empresas tendrán una mayor carga impositiva; los asalariados tienen amenazadas no sólo sus prestaciones, sino hasta el empleo mismo; los ingresos públicos no se despetrolizarán; la economía no contará con recursos para crecer significativamente; y todos sufriremos el impacto, así sea diluido, del aumento en el precio de las gasolinas y el diesel.

Desde que el Ejecutivo envió el paquete de iniciativas fiscales al Congreso, en junio pasado, ya el mismo gobierno, particularmente la Secretaría de Hacienda, avistaba lo complicado que iba a estar la negociación de la reforma, tanto con los legisladores como con los sectores productivos y los grupos de contribuyentes que específicamente saldrían raspados. Desde entonces, ya se decía que la reforma ideal no era la reforma perfecta, sino la reforma posible.

En términos de recaudación, que era la principal meta del gobierno, podrá decirse que hubo mucho ruido para tan pocas las nueces que salieron: apenas se recaudará un tercio de lo que se proponía el gobierno. Pero, aun cuando muchos saldremos, en mayor o menor medida, con alguna lastimadura, sin duda hay un salto cualitativo: el famoso Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU), odiado desde su origen como CETU, por fin obligará a miles de empresas a pagar impuestos.

No por nada, el miércoles el Consejo Coordinador Empresarial en pleno –12 organizaciones lo integran--, se lanzó con todo contra las autoridades y los legisladores que, finalmente, aprobaron una tasa para ese nuevo impuesto de 16.5% para 2008, de 17% para 2009 y de 17.5% a partir de 2010. El gobierno quería una tasa de 16% para 2008 y de 19% a partir de 2009. Pero los empresarios querían una tasa de 12 o, cuando mucho, de 14 por ciento.

Fue dura su embestida. Y al mismo estilo y tono que lo hicieron los concesionarios de radio y televisión con la reforma electoral, que pusieron por delante –sólo ellos se la creen-- un derecho y un valor tan sensible como la libertad de expresión, la cúpula empresarial chilló por la tasa “tan alta” del IETU que, dijeron --celosos que son del bienestar de los mexicanos más desprotegidos y de la salud de la economía nacional--, con ese impuesto se afectará la creación de empleos y no se promoverá el crecimiento de la economía.

Para que todo mundo escuchara su protesta, convocaron de urgencia a conferencia de prensa para el mediodía del miércoles. El IETU, gritaron, “significará no sólo una sobrecarga impositiva para las empresas que pagan responsablemente sus tributaciones, sino incluso un obstáculo a la competitividad nacional, sobre todo si consideramos que las principales economías del mundo han disminuido las tasas de sus impuestos como una medida para aumentar la recaudación, y así fomentar el crecimiento y la generación de empleos”.

Por supuesto, lo que realmente les interesa es lo primero: la “sobrecarga impositiva”. Lo demás les interesa tanto como la libertad de expresión a los concesionarios de radio y televisión. Pero habrá que ver realmente si es en verdad una sobrecarga impositiva o apenas un ajuste en el régimen tributario para que las miles de empresas que no pagan impuestos contribuyan con algo.

Visto en términos gruesos, por supuesto que sí habrá una mayor carga para el conjunto de las empresas. Si la recaudación del Impuesto sobre la Renta empresarial anda por ahí de los 235,000 millones de pesos, los 78,000 millones que se esperan del IETU, significan un 33% de aumento en la recaudación a cargo de las empresas.

Pero de ninguna forma quiere eso decir que “todas” las empresas verán aumentado su pago de impuestos en ese porcentaje. Si le hacemos caso al gobierno y a los legisladores, de que el IETU es un impuesto complementario y de control, es decir, que se puede acreditar contra el ISR y se pagará el que resulte más alto, pues entonces se entiende por qué chillan los empresarios que chillan: porque no están acostumbrados a pagar ni siquiera una tasa de 16.5%. Y se supone que la tasa del ISR para las empresas es del 28 por ciento.

Es decir, quienes pagan correctamente sus impuestos teóricamente –insisto, si se le hace caso al gobierno y a los legisladores-- no tendrían de qué preocuparse. Se preocupan y lloran los que no pagan nada o pagan muy poco, ni siquiera ese 16%; los que tributan en regímenes especiales y los que abusan de planeaciones fiscales agresivas.

Resulta que, según especialistas fiscales, del total de empresas que declaran impuestos apenas el 45% lo hacen bajo el régimen del Impuesto sobre la Renta y muy pocas a una tasa del 28%; el resto lo hace bajo el Impuesto al Activo (Impac), que para este año bajó su tasa de 1.8% a 1.25%. Este impuesto se creó en la administración de Carlos Salinas de Gortari porque, decía Pedro Aspe, cómo era posible que muchísimas empresas año tras año declaraban en ceros, decían que perdían, y seguían funcionando, muchas de ellas de manera sólida y con crecimiento. “Ellas hacen como que pagan y nosotros hacemos como que les cobramos”, decía el entonces secretario de Hacienda. Entonces, el Impac era para que pagaran un poquito, de menos. Y como el IETU sustituirá a partir de 2008 al Impac, pues ahora el piso mínimo que pagarán las empresas es de 16.5% el próximo año.

Por eso lloran. Pero ya era hora de que pagaran algo.