Pretenden televisoras continuar con su "hueso" presupuestal

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Helguera y El Universal, Helioflores y Naranjo.

La libertad de expresión en México –la poca que hay- se ha ganado a pulso en históricas batallas sociales, con miles de muertos –los de la guerra sucia, Tlatelolco, Atenco, Oaxaca, etc.- y pese a la férrea oposición del Estado mexicano, las televisoras, radiodifusoras y la mayoría de los medios impresos.

Es falso que televisoras y radiodifusoras contribuyeran o contribuyan a la libertad de expresión, muy al contrario se oponen decididamente a ella. Los ejemplos más recientes son Atenco y Oaxaca. En el primero alentaron a la policía para que reprimiera a la población indefensa con la consecuencia de las graves violaciones a los derechos humanos ampliamente demostradas y denunciadas, tanto en el país como en el extranjero.

El caso Oaxaca fue más grotesco. No sólo hubo un linchamiento mediático en contra de la población civil, sino que en plena campaña policíaca y con los agraviados a un lado, los “reporteros” de Televisa y TV Azteca anunciaban que la PFP había entrado a Oaxaca sin mayores consecuencias. Que la “población” la había recibido con los brazos abiertos.

Esa desfachatez y prepotencia fue exhibida de nueva cuenta ayer en cadena nacional, cuando los concesionarios –que no dueños del espacio radioeléctrico, pues este pertenece a la nación- exigían a gritos que no afectaran su multimillonario negocio. Escudados tras la falsa bandera de la libertad de expresión, dueños y lectores de noticias paleros –todos acarreados por sus patrones, como en los tiempos del PRI- querían retrasar la votación de la reforma electoral. Ahora sí pedían que se le preguntara a los ciudadanos qué pensaban, cuando en otras ocasiones –como en el caso de la aprobación de la ley Gordillo que robó la pensiones a millones de trabajadores- alegaron que eso era improcedente, ya que por eso los diputados y senadores eran representantes populares, que no se tenía que consultar al pueblo cada cosa que se decidiera, que por ello eran un poder autónomo.

Vergüenza y no otra cosa fue la “aportación especializada” de la comentarista de espectáculos de TV Azteca, Paty Chapoy, quien haciendo gala de su ignorancia preguntó si llamarle guapo o farsante a algún político en su programa sería ilegal y por ello se le trataría –a ella- como a un criminal. Esa fue la “caballería pesada” de los medios electrónicos. Los desacreditados lectores de noticias, que al igual que la mentada Chapoy, hicieron gala de prepotencia, insultos, pero sobre todo de lo que les sobra: ignorancia.

Los dueños de los medios electrónicos –y paleros que los acompañan- hablan de censura, de coartar la libertad de expresión. Pero acaso el desinformar ¿no es censura, falta de libertad de expresión? Y eso es precisamente lo que día a día hacen los informativos de los medios electrónicos: desinformar. ¿Quiénes son entonces los que realmente se oponen a la libertad de expresión?




A continuación dos materiales tomados de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx/

Talk show de los concesionarios en el Senado

jenaro villamil

* Durante más de seis horas, se quejaron por la merma económica que sufrirán si se aprueba la reforma; alegaron que atenta contra la libertad de expresión…

México, D.F., 11 de septiembre (apro).- En un acto insólito en la historia del Senado de la República y de los medios electrónicos, durante poco más de cuatro horas la cúpula de la industria de la radio y televisión, secundada por sus comentaristas y periodistas estelares, protagonizó el primer talk show legislativo con transmisión en directo y en cadena nacional.

Frente a 45 senadores miembros de cuatro comisiones, los concesionarios criticaron el dictamen de la reforma electoral que prohíbe la compra de tiempo-aire en las campañas de proselitismo político. Alegaron que se violaría la libertad de expresión y afectaría sus negocios.

Desde las 14 horas, en el piso cinco de la Torre del Caballito, edificio donde sesionan las comisiones senatoriales, fueron llegando los periodistas telegénicos: Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Denisse Maerker, Ciro Gómez Leyva, Javier Alatorre, Pedro Ferriz de Con, Ricardo Rocha, Nino Canún.

Por ahí, aparecieron también las conductoras de espectáculos, Patricia Chapoy y Maxim Woodside, junto con decenas de conductores de televisión.

Algunos dijeron que acudían a la sesión pública “en plan de periodistas”, otros, de plano, asumieron que estaban ahí para “cerrar filas” en torno de los intereses de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Los verdaderos barones de la televisión no estuvieron presentes –Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego--, pero sí enviaron a sus representantes y funcionarios: Javier Tejado Dondé, vicepresidente de Televisa y de la CIRT; Ernesto Vidal y Tristán Canales, de TV Azteca.

Entre los dueños de las estaciones de radio que asistieron destacó Rogerio Azcárraga, propietario de Radio Fórmula, quien arrancó el aplauso en el “sector de la telecracia” cuando criticó la determinación de usar sólo tiempos oficiales para la difusión de publicidad política y electoral, porque “van a arruinar los ratings”.

Casi al final de la sesión, el senador perredista Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio y Televisión le respondió que esta posición menospreciaba a la propia audiencia de los medios.

También asistió el dueño de Grupo Radio Centro, Francisco Aguirre, el decano Francisco Ibarra y otras cabezas de los concesionarios.

En nombre de todos, el actual presidente de la CIRT, Enrique Pereda Gómez, se quejó porque los medios electrónicos fueron excluidos de la discusión y elaboración de la reforma. Reconoció que la determinación de los legisladores “generará un impacto financiero” con la prohibición absoluta de la compra de espacios publicitarios, y advirtió que la reforma atenta contra la libertad de expresión.

Curiosamente, ninguno de los más de veinte participantes de la CIRT y de los comentaristas de los medios electrónicos volvió a mencionar el tema de la remoción de Luis Carlos Ugalde, como consejero presidente del Instituto Federal Electoral.

En días previos a la sesión, en los medios de comunicación electrónicos la defensa de Ugalde se convirtió en una bandera, junto con la supuesta amenaza a la “autonomía” del IFE. Sin embargo, en las poco más de cuatro horas que duró la sesión nadie mencionó al consejero presidente, a pesar que el dictamen ya incluyó el transitorio que ordena su relevo inmediato y la designación de uno nuevo que durará en el cargo hasta el 30 de noviembre de 2013.

Tristán Canales, exsubsecretario de Gobernación y ahora directivo de TV Azteca, hizo sus cuentas para criticar que, con la fórmula propuesta ahora para el financiamiento de los partidos, en lugar de gastar 29 millones de pesos, éstos erogarían 41 millones y, según sus cifras, los 48 minutos de tiempos de Estado que se utilizarán exclusivamente para publicidad política equivale a “más de lo que se transmitió durante el 2006”.

Los senadores Ricardo Monreal y Pablo Gómez hicieron otro tipo de cuentas: calcularon que si la prohibición absoluta opera, los medios electrónicos ya no ingresarán a sus arcas alrededor de 2 mil millones de dólares (20 mil millones de pesos) por concepto de publicidad. Del total, 60 por ciento se quedaría en Televisa y, poco menos de 20%, en TV Azteca. Sólo nueve grandes grupos radiofónicos concentran 13 por ciento del presupuesto destinado a ese rubro.

Sin embargo, durante la sesión se privilegiaron más las posturas que las cifras. El inédito debate se transmitió en cadena nacional, justo antes de que comenzara a hablar el senador del PAN, Ricardo García Cervantes, cuya intervención ya no se vio en Canal 2 ni en Canal 13.

García Cervantes desmintió al presidente de la CIRT, Enrique Pereda Gómez, quien se quejó de que los medios electrónicos no fueron convocados. Recordó que desde el pasado 13 de abril comenzaron las discusiones sobre la reforma electoral. Criticó que los comentaristas y concesionarios atribuyeran intenciones previas a cada legislador para invalidar la reforma.

“Nadie en el Senado pretende atentar contra la libertad de expresión y queremos salir del paso de cualquier interferencia ilegítima en las contiendas. Y esa interferencia ilegítima es la del dinero”, afirmó García Cervantes.

En tono irónico, García Cervantes le respondió a la conductora Patricia Chapoy, quien se quejó porque ahora ya no le podrá decir “guapo” a Enrique Peña Nieto en su programa de Ventaneando, ya que el dictamen prohíbe que se difunda publicidad pagada en favor de alguno de los políticos actuales.

“Si un gobernador, guapo o feo, saca dinero del gobierno para que un medio diga que es guapo, aun siendo feo, eso sí lo vamos a evitar. No hay atentado alguno a la libertad de expresión”, sentenció el panista.

En el mismo tono y durante la intervención más aplaudida en el sector de los senadores, Pablo Gómez, del PRD, dio una amplia respuesta a las quejas de los concesionarios y, en particular, a las descalificaciones de Pedro Ferriz de Con: “Quienes frenan al país son ustedes”, les dijo el conductor.

Gómez aclaró que lo fundamental del dictamen es evitar que la democracia se pervierta por el poder del dinero que se destina a las campañas de medios electrónicos. Les aclaró una y otra vez a los concesionarios que ellos hacen negocio de un bien de dominio público que le pertenece a la nación.

Puntualizó que establecer el tiempo de Estado como único criterio para que se anuncien los partidos, candidatos y gobernadores “restringe una parte de la libertad de comercio sobre un bien de dominio público, como son las concesiones, en materia electoral”, pero aclaró que la reforma no atenta contra la libertad de expresión.

El senador del PRD subrayó que en México existe un “duopolio televisivo” que concentra la mayor parte del dinero y de las concesiones; y que es una estructura antidemocrática. Luego, deslizó: “No es ahora que queremos cambiarlo sino en la Ley de Radio y Televisión. Ojalá lo logremos”. La frase fue interpretada como una “intimidación” en el sector de la “telecracia”.

Los conductores y los temores

El primero de los conductores en tomar el micrófono fue Joaquín López Dóriga, quien aclaró, sin que nadie se lo pidiera, que iba no a nombre de los concesionarios ni de ninguna televisora sino a “título personal”, como periodista de Televisa, Radio Fórmula y Milenio Diario.

Tanto López Dóriga como Javier Alatorre, su contraparte en el noticiario estelar de TV Azteca, criticaron un párrafo del dictamen en donde se abría la posibilidad de censura para quienes ejercen la profesión periodística. Sin embargo, el párrafo fue revisado y corregido antes de la sesión. Incluso, el senador Jesús Murillo Karam se lo explicó, en entrevista, a López Dóriga.

Tal como quedó redactado ya no había ambigüedad o posible riesgo de atentar contra la libertad de expresión:

Ninguna otra persona pública o privada, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar la difusión de mensajes en radio y televisión dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor ni en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

Anteriormente, la frase decía susceptible de influir. Desde la mañana, las comisiones cambiaron el sentido de la frase. Además, el párrafo es una prohibición no a periodistas, sino a empresas o entidades públicas que quisieran pagar spots en favor de otros, les aclaró el senador Arturo Núñez a la gente de la CIRT.

Casi al final de la sesión, Sergio Sarmiento, director de Noticias de TV Azteca, criticó también el uso de los tiempos de Estado y el reacomodo de los mismos a 3 minutos por hora. Sarmiento también aclaró que no hablaba a nombre de la CIRT sino como periodista.

“Los medios nos volvemos aquí un subproducto de la reforma”, sentenció. Y en referencia con la publicidad negativa, también prohibida en el dictamen, afirmó:

“¿Fuimos los medios los que generamos la guerra sucia? ¿Ustedes piensan que esto cambia porque ahora sólo se usarán 3 minutos de tiempos oficiales?”, afirmó.

Del lado de los senadores, el más proclive a las posiciones de los concesionarios fue Jorge Mendoza, expresidente de la CIRT y funcionario de TV Azteca, quien se hizo famoso por su participación en el “asalto al cerro del Chiquihuite” contra Canal 40. Señaló que todas las reformas al artículo 41 de la Constitución coartan la libertad de expresión.

Sin embargo, ninguno de los presidentes de las comisiones: Pedro Joaquín Coldwell, Jesús Murillo Karam, Carlos Sotelo, dieron entrada a los reclamos y posiciones de los concesionarios que transformaron una sesión de comisiones en el primer talk show legislativo transmitido en cadena nacional y en directo.


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¿Y el presidente?

josé gil olmos

México, D.F., 11 de septiembre (apro).- Atentados de la guerrilla, reforma del Estado, inundaciones, cambios a la ley electoral, peleas con los dueños de las televisoras y ejecuciones del narco. Todo esto pasó en el país en unos días mientras Felipe Calderón estaba de viaje en Asia y Oceanía.

El lunes por la madrugada la guerrilla realizó los atentados más severos en su historia: Puso 12 cargas de explosivo sintético en gasoductos de Pemex en Tlaxcala y Veracruz para volar los canales de suministro a más de mil empresas y 12 entidades, incluyendo al Distrito Federal.

El EPR emitió un comunicado en el que calificó a Calderón de “ilegitimo”; advirtió que continuará sus acciones guerrilleras hasta dos de sus compañeros desaparecidos desde mayo pasado sean presentados con vida.

¿Y Felipe Calderón? Desde Australia dijo que “condenaba enérgicamente” las acciones del EPR y aseguró que eran un “atentado a la democracia”.

Dos días después de los atentados Andrés Manuel López Obrador hizo lo que Calderón no ha podido hacer: Lanzar un discurso como jefe del Ejecutivo desde la Cámara de Diputados.

El presidente “legítimo”, como se autodenomina López Obrador, llamó a Calderón “usurpador”, “espurio” y “mentiroso” por no haber sostenido sus promesas de campaña de reducir los gastos de la burocracia en su propuesta de presupuesto.

Este martes, en el Senado de la República los representantes de los medios electrónicos hicieron sentir su poder y se lanzaron en contra de la reforma electoral propuesta por el PRI y PRD, la cual propone la prohibición a los candidatos de comprar espacios de propaganda en radio y televisión.

Los locutores de todas las estaciones de radio y televisión se les echaron encima a los legisladores en defensa del enorme negocio que significa la venta de miles de spots a los candidatos y sus partidos. Televisa y TV Azteca demostraron el poder que han adquirido y que se multiplicó con los nuevos acuerdos alcanzados con Calderón desde los tiempos de campaña en el 2006. Se mostraron como los poderes fácticos que son, capaces de doblegar al propio gobierno, con tal de no perder el negocio de las campañas políticas.

¿Y Calderón? Pues seguía de viaje, ahora por la India, en búsqueda de inversiones.

Así, mientras Calderón seguía de viaje, otro conflicto ha comenzado a dar muestras de que se agravará: las inundaciones en varios estados del país ya han empezado a generar problemas epidemiológicos, además tendrán un impacto negativo en la economía familiar, en la pérdida de empleos y de cosechas.

La crisis económica y de generación de empleos es evidente en el país. El impacto de las lluvias en la producción de alimentos es claro y ante la escasez de algunos de ellos, los más importantes, los precios seguramente se incrementarán. A Calderón parece no importarle la microeconomía, el bolsillo de los mexicanos, sino la macroeconomía y con ello cierra los ojos ante los conflictos sociales que se pueden generar a raíz de estos fenómenos meteorológicos.

Tampoco parece importarle el pleito de las televisoras y los partidos políticos –menos el PAN--, por la reforma electoral, en la cual se incluye la prohibición de la compra de spots en tiempos de campaña. Pareciera plan con maña, es decir, dejar que los legisladores pierdan la batalla con los dueños de los medios, principalmente radio y televisión, y al final dejar que haya cambios en una parte del IFE como muestra de “buena voluntad” de su parte.

A Calderón no parece importarle nada de esto, ni la falta de empleos, la crisis económica, las acciones cada vez más fuerte de la guerrilla o las catástrofes naturales. Lo que parece importarle más es arrebatarle la dirección del PAN a su enemigo Manuel Espino y apuntalar su imagen rumbo a las elecciones del 2009 cuando intentará ganar la mayoría de la Cámara de Diputados.

Por eso no es extraño ver que en nueve meses, el gobierno federal ha erogado 3,700 millones de pesos en promoción de obra pública y mensajes oficiales, lo que significa un gasto de 13 millones 700 mil pesos diarios, principalmente en televisión, es decir, 3 veces más que la administración de Vicente Fox.

Ese es el rostro del presidente del empleo, el rostro que le dan las televisoras.