Claro ejemplo de como respetar el manido Estado de derecho

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera y Hernández y El Universal, Helioflores.

A pesar de la brutal embestida de los medios electrónicos de comunicación –sabedores de que son un poder de facto- el Senado de la República aprobó ayer con 110 votos a favor y 11 en contra – la reforma electoral que prevé cortar de tajo los privilegios a las televisoras y radiodifusoras, que recibían hasta el 95 por ciento de la publicidad de los partidos políticos.

Nunca antes en la historia de México se había visto tal descaro y cinismo de un grupo empresarial, que engallado en el poder económico y el que les da la concesión del espacio radioeléctrico se atreviera en cadena nacional a desafiar a uno de los tres poderes constitucionalmente establecidos.

Como si fueran un poder legal y legítimo más, los empresarios y sus corifeos lectores de noticias de sus principales informativos desplegaron una campaña unificada bajo la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) para atacar a uno de los poderes que constituyen una de las principales bases del mentado Estado de derecho.

Tres son los únicos poderes legales y legítimos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ningún otro, por más que los paleros de siempre de los medios de comunicación afirmaran que representaban la voz del pueblo. Como sabemos siempre Televisa, TV Azteca, el alto Clero católico, los empresarios de otras ramas, etc., han pugnado por el respeto a esos tres poderes y a las “instituciones” que forman en Estado con su leyes.

Ahora que sus intereses particulares y de grupo son afectados porque ya no ingresarán a sus arcas miles de millones de pesos de nuestros impuestos en campañas electorales largas, costosas e inútiles. Los señores de los medios y del dinero –léase grandes empresarios como Carlos Slim, Lorenzo Servitje, Roberto Hernández, etc.- se desgañitan exigiendo que se haga un referéndum, cuando siempre se han opuesto a que sea la voluntad popular la que decida en última instancia sobre temas prioritarios para el país. Y no es que quisieran de verdad que la ciudadanía decida, lo que buscan es tiempo para enfocar sus baterías contra los legisladores más débiles y hacer fracasar la medida.

Tan no representan la voluntad popular, que evitan en todos sus programas las opiniones contrarias a sus intereses. Mienten cotidianamente sobre cualquier tema. Desde el deportivo hasta el de espectáculos, pasando por los económicos, culturales y políticos, que no sean de su agrado forma de pensar o contrarios a ellos. Esa realidad es la que ha vivido el país desde siempre.

Hoy como nunca podemos ver de primera mano la verdadera cara de los empresarios mexicanos, especialmente la de los dueños de empresas televisivas y radiofónicas, que se sienten dueños de un bien que es de la nación. Esa cara es la de la prepotencia, el descaro, el cinismo, pero también es la del autoritarismo que no se detiene ni ante la ley o las principales instituciones del este mal Estado de derecho, en su afán de hacerse de los dineros del pueblo. Sí del dinero que decenas de millones de mexicanos pagamos para que unos cuantos como los Azcárraga Jean, los Salinas Pliego, los hermanos Aguirre, etc., sigan incrementando sus fortunas.




“Terminar de tajo con la carrera al despeñadero que todos los políticos llevamos años recorriendo, de la búsqueda incesante de dinero a como dé lugar, incluso vendiendo el alma al diablo, con tal de conseguir el dinero que se nos pide para poder aparecer en la televisión y la radio.

“Porque todos fuimos a tocar las puertas traseras de las empresas para entrar a la competencia electoral.

“Estamos tocando por la vía de la modificación constitucional a intereses fácticos mediáticos, intereses que asumen que porque son concesionarios o permisionarios de un bien público, pueden imponerse al Estado y a sus órganos y pueden poner de rodillas a partidos y candidatos, a legisladores, a todos, porque controlan la radio y la televisión.

“¡Nunca más cónclaves que aportan millones y millones de pesos para, desde oficinas inexistentes o empresas fantasmas, contratar espots de radio y televisión para impedir que alguien pueda ser electo presidente de la República!”.

Carlos Navarrete, coordinador de los senadores del PRD. 12 de septiembre de 2007.

“Se agrega calidad a la democracia, al permitir que sean los votos, sólo los votos, no el dinero, lo que cuente y se cuente.

“En las últimas horas hemos escuchado muchas mentiras, que en lugar de infornar muestran que están desinformados. ¡Que quede muy claro, nada hay en la reforma electoral que atente contra la libertad de expresión! Los ciudadanos y quienes laboran en los medios podrán, como debe ser, hacer uso de su voz hoy, mañana y siempre, para expresar lo que quieran, aun si lo que dicen puede faltar a la verdad.

“¿Qué defienden, el país del espot y los ratings o el derecho de los ciudadanos a obtener información que sirva para orientar sus decisiones?.

“De algunos concesionarios y políticos que suponen que sus carreras se verían comprometidas, pero en todos los casos, Brasil o Chile, Francia o Alemania, si bien se vivió esta catarsis, el paso del tiempo hizo que los ciudadanos percibieran los beneficios de un modelo más competitivo, basado en ideas y propuestas, no en dinero, la diatriba y la campaña negra.

“La decisión es de fondo, no hay complicidad. En 2006 México estuvo a punto de sufrir una crisis política verdaderamente insuperable”.

Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores del PRI. 12 de septiembre de 2007.

“Hay que decirlo con toda claridad, es el dinero, con todas sus letras, la fuente de la inconformidad de los concesionarios de la radio y la televisión.

“Versa sobre los límites que debe tener el dinero sobre las campañas políticas.

“Es el dinero lo que ha pervertido la relación entre medios electrónicos, partidos y candidatos, donde se mezclan intereses económicos, comerciales, políticos e informativos.

“En la que nadie o casi nadie puede arrojar la primera piedra, y hay que decirlo con claridad, yo por delante, esa relación en la que políticos y medios somos corresponsables.

“Mientras defendían aquí la libertad de expresión, al mismo tiempo censuraban la exposición de un compañero nuestro, el senador Ricardo García Cervantes.

“Porque destierra dudas sobre el origen y el destino del dinero, eliminando el secreto bancario, fiduciario y fiscal, y además hay que decirlo con toda claridad, se evita que la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico, decidan las elecciones.

“El que vota manda, no el que paga.

“Y hay que decirlo, no festejamos porque nos falta mucho camino, muchos grupos de interés que reordenar en este país; insisto: la ruta es todavía larga, compleja y con enormes desafíos”.

Santiago Creel Miranda, coordinador de los senadores del PAN. 12 de septiembre de 2007.


En seguida un análisis tomado de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx/

El embate de la telecracia

jenaro villamil

México, D.F., 12 de septiembre (apro).- Los dueños de los medios electrónicos, principalmente los de Televisa y TV Azteca, alentaron en las últimas horas un embate en contra del Senado de la República para frenar una reforma constitucional en materia electoral que afecta el núcleo central de su poder: la posibilidad de que a través de la pantalla ellos influyan, decidan, censuren o destruyan a cuanto político afecte sus intereses.

No es únicamente los casi 20 mil millones de pesos –según cálculos de distintos especialistas-- que dejarán de recibir ante la prohibición absoluta de compra de spots y de gacetillas electrónicas.

De esos 20 mil millones de pesos –cerca de dos mil millones de dólares, 70 por ciento se quedan en Televisa y TV Azteca, y 13% por ciento en sólo 9 grandes grupos radiofónicos.

Su preocupación va más allá del dinero. Ellos ya convirtieron las señales concesionadas de un bien público en un intermitente supermercado electrónico donde todo se vende: desde la diversión más chabacana hasta la propaganda política disfrazada de “información” o de “entrevistas especiales”.

Los concesionarios comercializan entre el sector privado más de 18 minutos por hora en publicidad abierta o encubierta. La publicidad política –así lo ha reconocido el mismo Emilio Azcárraga Jean- sólo representa el 4 por ciento de sus ingresos, por tanto, no hará caer sus inversiones en la bolsa de valores.

Tampoco les preocupa la libertad de expresión, a pesar que ahora se envuelvan de nuevo en esta demagogia que revive cada vez que se plantea una regulación. Los principales censores de periodistas, conductores, políticos o analistas que no están de acuerdo con sus intereses son ellos mismos. Ahí está la historia del litigio entre Canal 40 y TV Azteca donde Salinas Pliego utilizó todo para asfixiar una opción distinta. Ahí está el expediente abierto del litigio entre José Gutiérrez Vivó y Grupo Radio Centro. Ahí está el bloqueo de Televisa y TV Azteca a la posibilidad de que exista una tercera cadena que les haga competencia.

Mucho menos les preocupa la autonomía del IFE o la “ciudadanización” del organismo electoral. Han utilizado a un desacreditado Luis Carlos Ugalde como pretexto para frenar el dictamen de las reformas constitucionales.

En realidad, la preocupación fundamental de los dueños de medios electrónicos es la posibilidad de perder el enorme poder político que adquirieron durante los últimos seis años, a raíz de que las elecciones se “hipercomercializaron” y los spots se transformaron en la mercancía más cara de todas.

Cualquier partido, político o ciudadano que quiera promoverse en Canal 2, en horario de mayor rating, tiene que pagar, por sólo 30 segundos de promoción, más de 600 mil pesos. Es el precio más alto del mundo: 60 mil dólares por un suspiro de publicidad que, por supuesto, para ser eficaz, debe repetirse intensamente.

Ese poder político alcanzó dimensiones escandalosas durante el gobierno de Vicente Fox. Ahí está la imagen de Bernardo Gómez besándole la mano a Marta Sahagún, en agradecimiento al “decretazo” del 2002. Ahí está la ceremonia en Valle de Bravo, organizada por los funcionarios de Televisa, para presionar a todos los candidatos presidenciales a que permitieran la aprobación de la Ley Televisa que les otorgaría el dominio perpetuo del espectro radioeléctrico. Ahí está la impunidad de TV Azteca para apropiarse de la señal de Canal 40, más por las malas que por las buenas.

El embate de los concesionarios es, quizá, el inicio de una nueva guerra sucia que pondrá a prueba el poder público frente al poder de la telecracia. En medio de esta batalla, lo que está en juego es el futuro de la calidad democrática mexicana, ahora secuestrada por el rating.

Correo electrónico: jenarovi@yahoo.com.mx