progressif

sábado, septiembre 01, 2007

Desfiladero*





Tomados de La Jornada, El Fisgón y Helguera y El Universal, Omar.


Jaime Avilés

jamastu@gmail.com


Mexicanos al grito de Wal-Mart
Televisa tomará el Zócalo el 15 con sus estrellas

Propuesta: que los chuchos devuelvan sus curules

Mandoki llama a una rueda de prensa urgente

Si Vicente Fox afirmaba que su gobierno era “de empresarios, por empresarios y para empresarios”, los senadores y diputados de los tres grandes partidos de México podrían decir que su reforma electoral es “de legisladores, por legisladores y para legisladores”. Muy bien comprenden que si no limpian los escombros del instituto y del tribunal electoral devastados por el golpe del 2 de julio, los comicios de 2009 no tendrán legitimidad y por lo tanto su carrera parlamentaria se irá al demonio.

La reforma electoral que han consensado panistas, priístas y perredistas no reforma mucho: fue escrita sobre las rodillas para decapitar a Luis Carlos Ugalde y a sus cómplices en el fraude que elevó a la Presidencia a un sujeto sin verbo ni complemento, y luego será usada como moneda de cambio para involucrar al PRD en reformas menos simpáticas.

¿Qué va a reformar la supuesta reforma? Aparte de borrar de la vista del público al ectoplasma que preside el Instituto del Fraude Electoral, pretende “reducir los tiempos y costos de campaña”, “limitar el financiamiento y la duración de las precampañas”, crear una “contraloría interna del IFE”, prohibir “la propaganda negra” y la reconversión de sindicatos en partidos políticos, así como la sustitución “escalonada” de consejeros y magistrados electorales. Y ya. ¿Y la televisión? Muy bien, muy feliz, muy contenta bajo el aura de impunidad que le permitirá seguir siendo la que absorbe todo el dinero que el Estado da a los partidos y la que, al final, decidirá quién gana y quién dizque gobierna.

No hay, especialmente de parte de los “reformadores” del PRD, una sola alusión al hecho de que en países como Brasil, Chile, Inglaterra y Francia las leyes electorales precisan que los candidatos no podrán contratar –caso específico de Francia– más de 45 minutos de tiempo en televisión ¡en todo el proceso! En cuanto a lo demás, qué importa si reducen o no los costos de las campañas si éstos nunca han sido respetados y las sanciones al respecto llegan mucho tiempo después. ¿Y la “propaganda negra”? Los empresarios tenían terminantemente prohibido intervenir en favor o en contra de ningún candidato y sin embargo lo hicieron a lo largo de 2006 y volverán a hacerlo porque el nuevo “marco jurídico” les importará lo mismo que el actual: nada.

¿No eran expresiones de “propaganda negra” las andanadas mediáticas del gobierno de Fox contra Andrés Manuel López Obrador? ¿O qué eran, si no, los videoescándalos de Ahumada, el Nicogate y la ho-rri-pi-lan-te violación a la ley que significó abrir una calle de cien metros en el predio El Encino? Así, pues, la televisión, sus magnates y sus aguerridos levantacejas ya enfrían el champaña: seguirán siendo los amos, los que deciden, los que descalifican, los que en su imaginación “legitiman”, y por supuesto los que engordan con el dinero que el IFE les entrega a través de los partidos. Cantemos, pues, loas a los magnánimos reformadores del tripartidismo emergente: que sus nombres queden inscritos con letras de ocio en los muros del Congreso.

Para que una reforma constitucional pueda ser aprobada, incluso una tan minúscula como ésta, se requieren las tres cuartas partes de los votos de los legisladores. Es obvio que el PAN, el PRI y sus partiditos achichincles no alcanzan a reunir ese porcentaje y necesitan por fuerza al PRD. ¿Qué rara urgencia tenía el PRD de pactar acuerdos “históricos” con el partido del asesino serial de Oaxaca y el góber precioso de Puebla? ¿Por qué ni siquiera insinuaron que antes de hablar seriamente de nada esos dos facinerosos tenían que ser echados de sus cargos por el bien de los más pobres? Pero no, les ganó la prisa para pasar a la historia como los que sacaron la basura –léase Ugalde y compinches– por la puerta delantera del sistema, con bombo y platillo, cuando todo el país sabe que esa era materia orgánica podrida ya, y que de todos modos había que tirarla.

Qué fácil, qué rápido y qué barato se vendieron los epónimos reformadores del PRD. Ahora habrá que ver qué les cobrarán a cambio: la reforma fiscal y luego la energética. Qué pronto se les olvidó que fueron electos “como parte del ascenso de la voluntad popular que reclamaba y reclama un verdadero cambio”, como bien señalaron ayer en un mensaje al pueblo de México y a la Convención Nacional Democrática la senadora Rosario Ibarra y el diputado José Antonio Almazán, que hoy no estarán en San Lázaro para repudiar así, con su digna ausencia, el carácter espurio de la caricatura de “gobierno” de Felipe Calderón.

El sábado pasado, los lectores de Desfiladero coincidieron en que la mejor forma de protesta contra el golpe de Estado era que los legisladores salieran de la Cámara cuando el lavador de dólares de Zhenli Ye Gon entrara a deletrear su Informe. Para la nueva derecha llamada Nueva Izquierda esa opinión colectiva fue el pretexto mínimo que necesitaban y sin más corrieron a echarse en brazos de la ultraderecha panista. “Nada ni nadie impedirá que Calderón cumpla con su deber el primero de septiembre”, afirmó Carlos Navarrete y todos los chuchos lo secundaron eufóricos.

Pero al usar el voto que los llevó a las cámaras para servir a los que burlaron la voluntad del pueblo, esos legisladores perredistas se convierten ahora en tardíos cómplices del fraude electoral y se vuelven por lo tanto espurios ellos mismos. Así lo interpreta con claridad admirable Rosa María Benítez (rosmabeni63@hotmail.com) que desde Culiacán propone: “Las bases de nuestro movimiento deben pedir la renuncia de los diputados del FAP que traicionen al pueblo el día del Informe; que se vayan, al fin que ahí están sus suplentes. La revocación de mandato debe empezar por casa. Y a ver cuándo organizamos un mitin de protesta frente al PRD”.

En tanto, Televisa informó el miércoles que el grupo RBD ya es “franquicia de Wal-Mart”. El anuncio surge después de que el oligopolio de Emilio Azcárraga filtró que el 15 de septiembre ese conjunto actuará en el Zócalo. Con ello pretende llenar la plaza de jóvenes fans de la peor música de plástico para que Calderón dé el Grito sin gorra militar. Eso demuestra que la televisión y Wal-Mart entran al recate del “gobierno” que impusieron y van a defenderlo a cualquier costo.

Por lo pronto, el próximo lunes a las 10 de la mañana, en el salón Don Genaro del Sheraton Centro Histórico, Luis Mandoki hará una importante revelación sobre su película 2 de julio: el fraude que nadie vio, y que los golpistas de Los Pinos aguardan con tanta alegría como la que George WC Bush siente por los documentales de Michael Moore. El llamado del cineasta mexicano va dirigido en especial a los medios alternativos e independientes. Hay que pasar la voz… Y sí, ¿cuándo hacemos un mitin frente al PRD para exigir que devuelvan sus curules los chuchos?


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La reformita electoral*

John M. Ackerman
ackerman@servidor.unam.mx

La propuesta de reforma constitucional presentada de manera sorpresiva en el último día de la gestión de Manlio Fabio Beltrones como presidente de la comisión ejecutiva para la reforma del Estado no responde a las demandas ciudadanas ni atiende de fondo las graves carencias en materia electoral. Esperábamos una reforma histórica que ayudara a rencauzar nuestra democracia, tan agraviada por la impunidad, la simulación y la falta de legitimidad. A cambio se nos ofrece una propuesta reducida, que deja fuera los asuntos medulares.

Quizá lo más preocupante sea la rotunda resistencia de los legisladores para detener el cada vez más abundante flujo de recursos que llevan nuestros impuestos a las arcas de los grandes consorcios televisivos. Al parecer seguiremos con el régimen de costumbre en que el dinero y las “buenas relaciones” con las televisoras decidirán la suerte de los candidatos.

La propuesta de Beltrones no reduce en lo absoluto el financiamiento anual para las actividades ordinarias de los partidos, sólo se limita a reducir el financiamiento adicional que se les otorga en años electorales. Lo que tal reducción provocará, si no se transforma de fondo el régimen de contratación de medios, es la búsqueda desesperada por parte de candidatos y partidos de fuentes alternas de financiamiento. Los narcotraficantes, sin duda, estarán muy complacidos con la oportunidad de llenar el vacío que súbitamente se les abre.

Del mismo modo en que los legisladores y los partidos mostraron su indigna subordinación ante los grandes consorcios mediáticos con la aprobación de la ley Televisa, hoy también se niegan a enfrentar el poder fáctico de la gran pantalla. Nuestros políticos tampoco se atreven a enfrentar la intervención indebida del sector privado en las campañas electorales. El código electoral ya prohíbe de manera explícita los donativos de empresas mercantiles y la contratación de propaganda de parte de terceros. El problema no era la ausencia de prohibiciones, sino de sanciones explícitas, argumento que ha sido esgrimido por el IFE, el tribunal electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para justificar su total pasividad frente a graves violaciones que se cometieron en el proceso electoral pasado.

Con la reforma se abre la posibilidad de que el IFE pueda sancionar económica o administrativamente a las “personas físicas o morales”, además de que se anula el llamado secreto fiscal. Esto podría implicar un avance si la ley secundaria reglamentara estas facultades con toda precisión. Sin embargo, la propuesta deja totalmente fuera la aplicación de sanciones penales a los actores privados que violen la ley. Como bien sabemos, la amenaza de algunas multas aquí o allá nunca detendrá las ambiciosas tendencias de los grandes intereses económicos del país. La cárcel, en cambio, sería un desincentivo más efectivo.

Los integrantes de la comisión ejecutiva para la reforma del Estado también han mostrado su total falta de compromiso con la ciudadanía, al dejar completamente intacto el actual proceso de nombramiento de los consejeros electorales a partir de las propuestas de grupos parlamentarios. Tal procedimiento garantiza que los nuevos funcinarios deban sus puestos de manera directa a uno u otro partido. Por muy “ciudadano” que sea su perfil, los nuevos consejeros estarán marcados de origen.

Otras propuestas sumamente preocupantes son la cancelación de la posibilidad de anular comicios por la vía “abstracta”; la eliminación de la facultad de la Corte para investigar de oficio “la violación del voto público”, y la ausencia de algún pronunciamiento con respecto a la autonomía de la Fepade.

Los partidos seguramente anunciarán que el plan es arreglar estos y otros problemas a la hora de aterrizar las reformas constitucionales en la ley electoral. Pero la historia nos enseña que tales afirmaciones son poco más que una cortina de humo. En 1989, en aras de conseguir el apoyo del PAN para la reforma constitucional, los legisladores del PRI firmaron una “carta de intención” en la que se comprometían formalmente con el contenido de la ley secundaria. El tricolor tardó menos de tres meses en desconocer el contenido de la famosa carta.

En 1996, después de meses de negociación y una reforma constitucional aprobada por consenso, el PRI, sorpresivamente, cambió de postura y aprobó por la libre la nueva versión del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Eso permitió que de última hora el monto del financiamiento público para los partidos se quintuplicara, que los candados para evitar que militantes fueran al mismo tiempo funcionarios electorales se desvanecieran, que el alcance de las coaliciones se acotara, que la fórmula para distribuir los tiempos oficiales se modificara por completo, y que las penalizaciones por la violación de topes de campaña se atenuaran de forma importante.

Estamos en una coyuntura crucial. Lo que no se incluya en la actual reforma constitucional muy difícilmente se podrá incorporar mañana. Más vale que los legisladores rectifiquen hoy, en lugar de lamentar durante años las grandes oportunidades perdidas en aquel otoño de 2007.

Integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM




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Calderón, a tribuna: Zavaleta; aún no hay acuerdo: González Garza*


Diversos ambientes en San Lázaro para garantizar el protocolo de recepción del Informe

El perredista precisa que su partido definirá esta mañana su estrategia; el PRI se hace a un lado

ROBERTO GARDUñO Y ENRIQUE MéNDEZ



Salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro Foto: José Carlo González Felipe Calderón acudirá a la tribuna de la Cámara de Diputados para entregar su primer Informe de gobierno por escrito, porque así lo marca la Constitución, sostuvo Ruth Zavaleta Salgado, presidenta de la mesa directiva en San Lázaro, en una declaración que sorprendió a su grupo parlamentario. El coordinador perredista, Javier González Garza, dijo que no existe acuerdo con PAN y PRI en torno al formato de la ceremonia, y que su bancada, junto con el Comité Ejecutivo Nacional perredista definirán este sábado por la mañana la estrategia a seguir .

La modificación al faraónico Informe presidencial –que tuvo su cima en el régimen priísta y continuó en el panista– contempla la ausencia de lectura de los posicionamientos partidistas en tribuna.

No obstante, el personal de resguardo de la Cámara de Diputados, del Canal del Congreso y del Estado Mayor Presidencial (EMP) prepararon distintos escenarios físicos con objeto de garantizar el protocolo de recepción del Informe presidencial.

En la entrada principal, que da a la avenida Congreso de la Unión, se colocaron postes con potente iluminación, similar a la de un estadio de futbol. La escalinata que da al frontispicio –donde se incrusta la Alegoría de la apertura democrática, de José Chávez Morado– fue dividida por un ancho pasillo delimitado con macetas para garantizar el paso a Calderón Hinojosa y su comitiva.

A unos pasos, sobre el vestíbulo se instalaron más de 100 macetas para formar un pasillo que conducirá al Presidente hasta la puerta central del salón de sesiones. En el área previa al sitio donde se encontrarán los 500 diputados y los 128 senadores, el personal de la televisora del Congreso instaló dos cámaras, una mecánica y otra encaramada en una grúa.

En caso de no existir condiciones para el ingreso del titular del Ejecutivo federal, el EMP pretende que entregue su Informe en la puerta principal del pleno. En caso de no presentarse esa posibilidad, una tercera –aparte del ingreso a la tribuna– sería encaminar a Calderón Hinojosa hasta el viejo salón de protocolo, donde se le recibiría el documento.

Para este caso también se colocó un pasillo dividido por macetas que lo llevaría hasta ese sitio, donde ya se instaló una cámara de televisión. En los dos casos referidos la iluminación de la escalinata y del vestíbulo permitirían captar a Calderón Hinojosa con mayor nitidez y claridad.

En tanto que PAN y PRD no encuentran un punto medio que garantice la civilidad este sábado, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Emilio Gamboa –quien organiza una comida con gobernadores este sábado en el restaurante Mesón del Puerto Chico–, confirmó a este diario que panistas y perredistas no habían pactado el procedimiento a seguir, por lo cual el tricolor optó por hacerse a un lado con objeto de no contaminar la negociación.

La escasez de información oficial sobre las negociaciones entre las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso fue razón propicia para generar la especulación referente a la ceremonia. No obstante, por la mañana, en un hotel ubicado en Paseo de la Reforma, Héctor Larios, Javier González Garza y Emilio Gamboa se reunieron con objeto de encontrar una solución a la coyuntura que implica el 1º de septiembre.

El encuentro no fructificó, pues González Garza y Héctor Larios no acercaron sus posiciones. El panista insistió en permitir el paso al Presidente de la República hasta la tribuna camaral sin ser objetado por los perredistas, y en la réplica el líder del PRD antepuso el cumplimiento del resolutivo del congreso nacional extraordinario del sol azteca.

Una vez que no se llegó al fondo de la negociación entre panistas y perredistas, en la Cámara de Diputados medio centenar de periodistas se dirigieron a la oficina de la presidenta del órgano legislativo, Ruth Zavaleta, quien se había reunido con el secretario general, Guillermo Haro Bélchez –herencia de Emilio Chuayffet al Congreso federal–, con objeto de solicitarle una entrevista que clarificara el panorama negociador.

Para sorpresa de los informadores, Zavaleta en esos momentos se había retirado de su oficina, echando por tierra la pretensión de quienes siguen todos los días las actividades de la Cámara de Diputados por obtener una declaración clarificadora del embrollo del preinforme. El enojo y la indignación crecieron entre los reporteros al enterarse que la presidenta de la mesa directiva declaraba a un programa radiofónico.

En esa entrevista Zavaleta dijo que el orden del día de este sábado en San Lázaro será el siguiente: “solamente se da la palabra a los grupos parlamentarios. Obviamente primero se instala y luego se da la voz a los grupos legislativos, a quien quiera tomar la palabra de los grupos parlamentarios o a quien van a proponer para que lo haga. Cuando esto termina se nombra la comisión de cortesía para recibir al Ejecutivo federal (quien) entrega el Informe por escrito. El presidente de la Cámara da una respuesta al Informe, rápido, nada más a qué se está refiriendo, y se vuelve a pedir a la comisión de cortesía que acompañe al Ejecutivo federal a la salida, y así concluye el evento”.

El conductor del noticiario insistió en preguntar, si Felipe Calderón llegaría a la tribuna camaral. Y de inmediato la legisladora respondió, “así es, llegará a la tribuna a entregar el mensaje por escrito”.

También, en esos momentos reconoció que los acuerdos aún se detallaban, pero, voluntariosa, agregó: “Son detalles, pero ¡vamos! Él va a entrar a dejar su Informe por escrito”. Zavaleta cedió a las preguntas con intencionalidad política de su interlocutor.

–¿Su decisión hasta ahora es recibir el Informe por escrito, del Presidente?

–¡Claro! Sí, es mi obligación, es mi responsabilidad.

Una hora más tarde, el coordinador perredista, González Garza, quien se pasó la mañana negociando con su contraparte panista, clarificó las expresiones de su compañera:

“No tengo la menor idea de lo que (Ruth) sepa o no. Hace rato que no hablo con ella y nuestra posición será fijada por el partido en su conjunto, en una plenaria este sábado con la presencia del Comité Ejecutivo Nacional y los dos grupos parlamentarios. El acuerdo saldrá de esa reunión donde estemos todos. Esas son decisiones estatutarias y, por tanto, hay que mantenernos hasta entonces”, declaró.

González Garza exigió a los grupos parlamentarios tranquilidad durante la ceremonia del Informe, porque, argumentó, no sería deseable enturbiar la discusión de las reformas a discutir la próxima semana.

“¿Cuáles órdenes?”

Al comentar la actitud de Zavaleta, se le preguntó si sería posible removerla de la presidencia de la Cámara, a partir de que ella no ha cumpliera con las órdenes de su partido.

–¿Cuáles órdenes? –preguntó.

–Que no es conveniente recibir el Informe. ¿Se le puede sustituir?

–Naturalmente… se quita a un presidente de la Cámara con el voto de dos terceras partes de los diputados y queda el primer vicepresidente, pero ahí mismo el propio pleno puede votar por él.

Por otra parte, y a diferencia de otros años, la seguridad fuera y dentro de la Cámara de Diputados se relajó al grado que los elementos del cuerpo de granaderos, de la Policía Federal Preventiva y del Estado Mayor Presidencial permitieron el libre paso de vehículos y personas por las calles y avenidas que rodean el recinto legislativo.


*Tomados del periódico La Jornada.