Gestión estéril*
Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Helguera y El Universal, Helioflores y Naranjo:
Daniel Lizárraga
¿Cuáles son los logros que el presidente Felipe Calderón se apresta a informarle a la nación el 1 de septiembre próximo? ¿Que la tasa de desempleo aumenta? ¿Que la pobreza no ha conseguido ser abatida en lo más mínimo? ¿Que su gobierno seguirá rechazando las limosnas al pueblo, aun cuando es precisamente lo que su administración hace?... ¿Qué va a informarle Calderón al pueblo el 1 de septiembre? ¿Que sus programas están fracasando?...
Felipe Calderón, el “presidente del empleo”, llegará a su Primer Informe de Gobierno con las manos vacías...
El motivo: las cifras demuestran que sus tres principales ofertas de campaña se desfondaron.
El Programa del Primer Empleo, mediante el cual el mandatario se propuso crear nuevos puestos para los jóvenes universitarios recién egresados, sólo pudo abrir 6 mil 895 nuevas plazas en todo el país, de marzo a julio de este año.
El avance anual de este programa “prioritario” del gobierno federal apenas bastaría para dar trabajo a los casi 7 mil estudiantes que recientemente aprobaron el examen de ingreso a la UNAM. El resto quedaría fuera.
En enero pasado, Felipe Calderón garantizó que cada niño nacido durante su gobierno contaría con un médico para atenderlo. Hasta el momento se han entregado 320 mil credenciales del llamado Seguro Médico para una Nueva Generación, pero si no se acelera el proceso, cuando llegue diciembre apenas se cubrirá a 32% de los niños que nacerán este año, 1 millón 971 mil, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
De acuerdo con esta tendencia, el 68% restante deberá esperar tres años y medio, es decir hasta junio de 2009, para formar parte del programa. Ello, sin contar que para entonces ya habrán nacido otros 3 millones 895 mil 891 nuevos mexicanos, que no obtendrían su credencial antes de que se conozca el nombre del próximo presidente de la República.
En lo que se refiere a las Caravanas por la Salud que recorrerían el país atendiendo preferentemente a los mexicanos en situación de pobreza, las expectativas no son diferentes. Los hospitales rodantes sólo han llegado a 9.6% de los 2 mil 445 municipios de la República, y todavía faltan por incorporarse alrededor de 16 estados. De no aumentar sustancialmente los recorridos, apenas bastarán los seis años de gobierno para recorrer esas entidades una sola vez.
Los datos oficiales de estos tres programas fueron obtenidos por este semanario mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; provienen de las estadísticas oficiales y cubren hasta el pasado 31 de julio, apenas un mes antes de que Felipe Calderón rinda su Primer Informe de Gobierno ante el Congreso de la Unión.
Desempleo
El miércoles 15 de marzo de 2006, cuando arrancó la segunda fase de su campaña rumbo a la Presidencia de la República como candidato del PAN, Calderón dijo:
“Los mexicanos queremos vivir mejor, no con base en limosnas, no con base en caridades o en misericordias; queremos vivir mejor a través de aquello que realiza a los seres humanos; es decir, podemos y vamos a vivir mejor a través del empleo, por eso voy a ser el presidente del empleo.”
Durante una rueda de prensa y acompañado del dirigente nacional del PAN, Manuel Espino, Calderón presentó dos spots de televisión dirigidos contra su principal adversario, Andrés Manuel López Obrador. Lo acusaba de no haber creado suficientes empleos cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Ahora que ya despacha en la residencia oficial de Los Pinos, Calderón ha visto que los resultados en ese rubro no mejoran como él quisiera, aunque fue su principal bandera de campaña. El viernes 24 por la noche, el INEGI reportó un aumento de 3.95% en la tasa de desempleo, el mayor nivel alcanzado de los últimos cuatro meses.
El jueves 2, el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, y el director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, reconocieron ante la prensa que el Programa del Primer Empleo no rindió los resultados que se esperaban.
Según el proyecto de Calderón, era viable estimular a los empresarios con devolverles la totalidad de sus cuotas al IMSS si contrataban a jóvenes sin experiencia y recién egresados de las universidades. Sin embargo, los industriales no respondieron porque uno de los requisitos ineludibles para participar en el programa consiste en estar al corriente en sus pagos, tanto al IMSS como a la Secretaría de Hacienda.
En los círculos oficiales la perspectiva optimista era que se crearan unos 50 mil empleos por esa vía durante 2007, pero al cerrarse el primer semestre del año sólo se había cumplido 13.79 % de la meta, y de no registrarse un cambio radical en el corto plazo se podrá llegar sólo 28% para diciembre.
De no replantearse el Programa del Primer Empleo el desplome será aún más rotundo, si se considera por ejemplo que tan sólo en la carrera de derecho de la Universidad Michoacana hay 7 mil alumnos. De acuerdo con las cifras, las plazas creadas por el Programa del Primer Empleo apenas alcanzarían para ellos.
Tiempo atrás, el escenario que pintaba el candidato Calderón era optimista. El 30 de marzo de 2006, durante un desayuno con miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, aseguró:
“La amenaza para la inversión la representa el espantachambas que es Andrés Manuel López Obrador. Mientras que yo digo que seré el presidente del empleo, López Obrador se dedica a espantar a los inversionistas. Él no cree en ustedes: guarda un profundo desprecio ideológico a quien invierte y produce.”
Ahora, como presidente, su proyecto para combatir el desempleo de jóvenes recién egresados de las universidades sólo alcanzaría las 50 mil nuevas plazas hasta el primer tercio del año 2010, de mantenerse la actual tendencia.
Cuando Calderón apenas tenía 14 días como presidente electo, su equipo de asesores comandado por Juan Camilo Mouriño inició una rápida y discreta contratación de consultoras para que aterrizaran algunas de sus principales propuestas de campaña en programas de gobierno.
La empresa Human Staff fue requerida por el equipo de transición para que concretara el Programa del Primer Empleo. Se trata de una empresa outsourcing que cuenta con empleados especializados para que asesoren a otras compañías o gobiernos en crisis.
El 20 de septiembre de 2006, los asesores de Calderón encargaron a Human Staff un estudio sobre el subsidio de las cuotas obrero-patronales pagadas al IMSS. También le pidieron investigaciones para la creación del Programa Nacional del Primer Empleo, que posteriormente los calderonistas presentarían como propias.
El 15 de enero del presente año Calderón presentó en público el Programa del Primer Empleo, consistente en que el gobierno pague con recursos públicos las cuotas patronales de seguridad social para los trabajadores que sean contratados por primera vez.
“Con la puesta en marcha de este programa, con la firma del decreto que lo establece, cumplimos con uno de los compromisos más importantes que hemos adquirido con los mexicanos”, indicó el presidente, y remató:
“Desde el diseño del Presupuesto de Egresos, el gobierno ha hecho un esfuerzo importante para la generación de nuevos empleos formales en el país. A partir de este programa que hoy presentamos se otorgan estímulos sin precedentes a quienes generan empleos, a fin de que contraten a jóvenes y a mujeres que ingresan por primera vez a la vida productiva y al mercado laboral.”
Al descubierto
El pasado lunes 13, Felipe Calderón realizó una gira por Pachuca, Hidalgo, para acelerar el registro de recién nacidos en el Seguro Médico para una Nueva Generación. Ahí expresó:
“Lo que hacemos con este seguro médico es que los niños tal y como van llegando al mundo, a México para ser más concretos, vengan ya protegidos, precisamente, por un seguro médico. Yo me comprometí, en mi recorrido por el país, a que si, como dice nuestra gente, que los niños nacen con su torta bajo el brazo, me comprometí a que hubiera un esquema para que también nazcan con un seguro médico que los cubra contra cualquier enfermedad y la medicina que necesiten.”
Pero ese esquema avanza lentamente. De hecho, si el número de beneficiarios creciera como hasta ahora, 68% de los niños nacidos en 2007 no contarán con esa cobertura médica.
A juzgar por la proyección del INEGI sobre la tasa de natalidad en México para los años venideros, el panorama podría enrarecerse aún más: para 2008 se esperan 1 millón 955 mil 284 nacimientos y para 2009 alrededor de 1 millón 940 mil 107.
El Seguro Médico para una Nueva Generación implica que el gobierno federal entregue a los gobiernos estatales 3 mil pesos por cada niño inscrito. Los padrones usados complementan los que ya existen en el Seguro Popular.
Cuando se puso en marcha el primero de estos proyectos, Calderón mencionó que el ISSSTE y el IMSS recibirían a los niños ahí donde no hubiera otros hospitales públicos. Incluso dijo que el gobierno federal pagaría las facturas si fuera indispensable acudir a alguna clínica privada.
De acuerdo con información obtenida por Proceso mediante la Ley Federal de Transparencia, el ISSSTE aún no ha dado atención a niños en sus clínicas. Las copias del convenio firmado por esta institución con la Secretaría de Salud aún no están disponibles; por su parte, el IMSS pidió una prórroga de 20 días hábiles para proporcionar los datos oficiales que tenga en sus archivos, con lo que deberá hacerlo antes del 15 de septiembre.
Metas irrealizables
El pasado 21 de mayo, el diario Reforma difundió que una de las Caravanas por la Salud permaneció sólo unas horas en Magdalena Loxicha, Oaxaca, una de las zonas más empobrecidas del país.
El agente municipal Pablo Aarón José Martínez dijo que desde el arranque del programa de atención médica ambulatoria a comunidades aisladas, el municipio sólo ha recibido una visita: “Estuvieron hace más de un mes, pero nada más un día, máximo dos, y se fueron; ya no regresaron”.
Datos obtenidos por este semanario indican que la Caravana por la Salud sí regresó, pero sólo una vez más. Entre febrero y julio pasados, sólo se brindó asistencia médica en dos municipios de Oaxaca, en los cuales se atendió a 8 mil 249 personas.
Pero Oaxaca no es la entidad que menos atención ha recibido dentro de este programa. En Yucatán, por ejemplo, funciona una Caravana por la Salud para cubrir todo el estado. En las cifras oficiales entregadas a Proceso se establece que únicamente 630 personas distribuidas en 12 comunidades recibieron algún tipo de asistencia en materia de salud.
En el extremo contrario, en el primer lugar de atención médica ambulatoria se encuentra Baja California –un estado gobernado por el PAN– donde, antes y después de las elecciones locales, los médicos atendieron a 158 mil habitantes de los cinco municipios.
El gobierno calderonista difundió que se comprarían 350 unidades médicas, pero en este rubro tampoco han llegado a la meta, pues aún faltan 26.
En términos globales, la población que recibió atención médica fue de 581 mil 912 personas, sobre todo en zonas de alta marginalidad. En México, de acuerdo con las cifras oficiales, existen más de 20 millones de habitantes en extrema pobreza.
La carta de servicios que llevan las Caravanas por la Salud incluyen vacunación, tratamientos antiparasitarios, vigilancia de la nutrición, crecimiento de menores de cinco años, salud bucal, planificación familiar, atención a embarazadas y prevención de enfermedades. Hasta el momento, estas acciones sólo han llegado a 235 municipios de los 2 mil 445 que existen en las 32 entidades federativas.
Aun cuando el gobierno federal creó el proyecto, la Secretaría de Salud asegura que no tiene información precisa sobre qué municipios se visitó con el programa, pues indicó que este registro lo llevan los estados.
Lo mismo respondió la dependencia cuando se le pidió información sobre las personas que integran las caravanas: doctores, enfermeras, paramédicos.
“Las unidades móviles que operan actualmente son propiedad de las entidades federativas, debido a la descentralización de los servicios de salud en los estados. La Federación no tiene el control de las nóminas estatales”, respondió la Secretaría de Salud.
Uno de los aspectos que destacó Felipe Calderón cuando puso en funcionamiento el proyecto, el 8 de enero de 2007, fue que se contaría con tecnología de punta que permitiría diagnosticar pacientes a distancia. Es decir, habría especialistas en hospitales de primer nivel observando en computadoras a las personas que subieran a las ambulancias en sus propias comunidades.
Pero la realidad es que este servicio operará a partir de noviembre próximo, toda vez que las unidades todavía no están listas. La empresa ganadora de la licitación aún no termina de habilitarlas, según indicó la Secretaría de Salud.
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Las buenas costumbres del fraude*
Álvaro Delgado
La costumbre del poder termina por hacer que se parezcan entre sí quienes lo ejercen. Durante el proceso de renovación de la dirigencia juvenil del PAN hubo línea y cargada a favor del candidato
impulsado por Felipe Calderón. Así lo señalan desde el presidente del CEN, Manuel Espino, hasta
varios de los que participaron en la elección. Prueba de ello, sostienen, es que el Comité Nacional desconoció el triunfo del ganador, quien ha dicho que impugnará la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En el contexto de un nuevo intento por reformar los estatutos del Partido Acción Nacional (PAN) para contrarrestar las crecientes prácticas de defraudación electoral en los procesos internos –un proyecto que los seguidores de Felipe Calderón reventaron en una acción previa a la Asamblea Nacional de junio pasado–, la decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de anular la elección de la dirigencia juvenil reavivó las hostilidades intrapartidistas.
Lo que no ocurrió con prácticas de adulteración electoral en los procesos internos para gobernador en Guanajuato, en 2000, y en Yucatán, seis años después, así como en la contienda por la candidatura presidencial –en 2005– y en numerosas elecciones de candidatos y dirigentes, se produjo en el proceso para la renovación de la dirigencia de Acción Juvenil, que se manchó por la influencia de funcionarios del gobierno de Calderón.
Manuel Espino, presidente del CEN, había adelantado su posición desde que se encargó a la Comisión Interna de Elecciones un informe sobre la elección de los jóvenes panistas: No avalaría un resultado producto de la manipulación y prefería, en todo caso, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impusiera al dirigente juvenil del PAN.
“Prefiero que sea la primera vez que se nombre a un dirigente en el tribunal que hacerme tonto y hacer de ladito los principios del partido. Por encima de cualquier procedimiento, yo antepongo la ética histórica y los principios del partido. Aquí no hubo subsidiariedad ni solidaridad. Lo que hubo fue una abierta intervención.”
Ante los miembros del CEN, añadió: “No hubo respeto a la autonomía de los jóvenes en sus procesos internos. Hubo una suplantación de su autonomía desde diversas instancias y eso no lo podemos avalar. Si la mayoría del CEN lo acepta, yo fijo mi posición: No voy a avalar ese proceso”.
Y así fue: Después de 45 días de análisis –el plazo máximo para revisar el proceso– y después de hacer comparecer a los tres aspirantes, el CEN votó, la madrugada del martes 21, por anular la elección celebrada el 7 de julio en Tlaxcala, en la que Juan Carlos Martínez Terrazas, autoproclamado candidato de Calderón, se impuso con 58.97% de los votos por 41.13% de Héctor Javier Rivera López, allegado a Espino.
La víspera de la elección, la diputada federal Claudia Caballero –tercera aspirante– declinó participar, después de ser sometida, aseguró, a presiones e intimidación de Jorge Manzanera Quintana, operador de Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia.
Juan Carlos Mondragón, quien concluyó su período al frente de la Secretaría de Acción Juvenil y testigo de lo acontecido en el proceso, advierte que anular la elección fue “una decisión contundente y de raíz” para evitar daños futuros en el PAN, particularmente entre los jóvenes.
Y agrega: “Si bien es una decisión dolorosa, es necesaria para corregir algo que no puede suceder en las filas juveniles del partido. De lo contrario, estaríamos pervirtiendo a los jóvenes y enseñándoles, a una parte, que así se gana y, a otra parte, que para la próxima utilicen mañas para ganar”.
Con dos décadas de historia, iniciada por Calderón como parte de una encomienda de Luis H. Álvarez, Acción Juvenil sufre por primera vez la anulación de un proceso interno, en un contexto –dice Mondragón– de ejercicio del poder público por parte del PAN.
“Hace 20 años, cuando se funda Acción Juvenil, no había de ninguna manera el nivel de relación que existe con el poder público hoy. En ese sentido hay que reconocer que estas prácticas tienen que ver con esta vinculación con el poder público, con las tentaciones del poder, con el utilizar medios que no son legítimos dentro de las decisiones del partido.”
Reflexiona: “Ha habido otras ocasiones en que el partido no ha tomado las decisiones a tiempo ni ha detenido este tipo de vicios por miedo, por chantajes, por presiones, y en esta ocasión es de raíz para ir corrigiendo algunas prácticas que no deben suceder dentro del PAN”.
–¿Cuáles fueron esas prácticas? –se le pregunta.
–Hubo desde el secuestro de delegados para que no se registraran en la asamblea y emitieran su voto; la compra o el intercambio de votos por ingreso a plazas del gobierno; la línea de parte de funcionarios del gobierno, la intromisión de adultos en las decisiones de los jóvenes. También la participación abierta de secretarios estatales juveniles a favor de un candidato.
“Lamentablemente es como cuando el PRI nos hacía fraude: Nosotros decíamos que hubo fraude y el PRI, de manera cínica, decía: ‘Compruébenlo’. Son cosas muy difíciles de probar.”
En ese sentido, Mondragón considera muy probable que el ganador de la contienda, Juan Carlos Martínez Terrazas, gane también el recurso que ya anunció que interpondrá ante el TEPJF, institución que, dice, “actúa como le da la gana”.
–¿Sería un secretario juvenil legitimado por el tribunal?
–Exactamente: Un dirigente nacional impuesto por un tribunal.
Las mañas
Acción Juvenil nació hace 20 años y ha sido cantera del PAN. Ahí se foguearon Felipe Calderón, quien inició esa estructura; su secretario particular en la Presidencia de la República, César Nava; José Espina, secretario general del CEN; Rogelio Carbajal, Carlos Torres y Cristián Castaño, diputados federales y el propio Mondragón, candidato a diputado local por Puebla.
Por eso la relevancia de la decisión: Desde la sesión del 9 de julio, dos días después de la elección en Tlaxcala, varios miembros del CEN propusieron profundizar en las quejas de Rivera y Caballero de prácticas fraudulentas y presiones, por lo que se encomendó a una comisión profundizar las indagatorias.
“Si esto es tan importante como decimos que es, acordemos una sesión extraordinaria”, propuso Luis Ernesto Derbez, mientras que Rosario Castro Lozano, alcaldesa de Lerdo, Durango, propuso llamar a comparecer a los tres aspirantes de Acción Juvenil y aun anular el proceso.
La Comisión Interna de Elecciones –integrada por Patricia Durán, secretaria de Promoción Política de la Mujer; Gerardo Priego, secretario de Vinculación con la Sociedad; Fernando Palma, coordinador de diputados locales; Marcos Pérez Esquer, tesorero nacional, y el diputado Rogelio Carbajal– elaboró un dictamen, que sometió al CEN y que acreditó prácticas fraudulentas.
Durante las seis horas que se prolongó la sesión, se llamó a los tres aspirantes a responder las preguntas de los miembros del CEN: Claudia Caballero declinó detallar las presiones que padeció de Manzanera y funcionarios gubernamentales como el propio Mouriño, pero se pronunció por la nulidad de la elección.
La diputada federal por Nuevo León detalló, en entrevista con el diario Reforma, que fue amenazada por allegados de Calderón, entre ellos Manzanera: “Él tuvo mucho que ver. La verdad ya estoy harta de este tipo, y si quieren que nuestro partido se convierta en un PRI, pues vamos por el mejor camino, lo juro”.
Las amenazas se materializaron desde el gobierno en varios casos, declaró: “A varios chavos de mi equipo, de varios estados, los corrieron de sus trabajos por no seguir la línea. Qué lástima, porque dizque éramos el gobierno del empleo”.
Rivera, quien fue coordinador de Organización y Fortalecimiento Municipal del ayuntamiento de Lerdo, encabezado por Rosario Castro, ratificó los señalamientos de la intervención de servidores públicos en la manipulación, que orquestaron una “guerra sucia” para favorecer a Martínez Terrazas, quien se hacía llamar el “candidato” de Calderón.
Entre las irregularidades que se presentaron en el proceso hubo compra de votos con cargos públicos para beneficiar a Martínez y, al contrario, se hostigó y despidió a jóvenes identificados con Caballero y Rivera en delegaciones federales en el Estado de México y Chiapas, así como en el ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas.
Rivera ratificó también lo que declaró al diario Reforma, en el sentido de que Martínez fue apoyado por Abraham González Uyeda, subsecretario de Gobernación, y en cuyo rancho, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se produjo el lanzamiento de Calderón como aspirante a la candidatura presidencial del PAN.
El día de la elección, según la información que conocieron los integrantes del CEN, las delegaciones de Colima y Nayarit fueron hostigadas por la Policía Federal de Caminos para evitar que llegaran a la asamblea, mientras que la de Morelos fue secuestrada en un palenque, supuestamente al mando de Óscar y Víctor Martínez Terrazas, hermanos de Juan Carlos.
Y en cambio, a los que votaron por el ganador de la elección se les obsequiaron bebidas alcohólicas y paseos turísticos por Puebla. Incluso los llevaron al zoológico Africam Safari.
En su turno, Martínez Terrazas negó las imputaciones de haber sido favorecido por la estructura del gobierno federal y recibir apoyo de Manzanera, cuyas oficinas acogieron su casa de campaña y a cuyas órdenes estuvo en la campaña presidencial –junto con Jordi Herrera, subsecretario de Energía–, aunque reconoció que lo asesoraron abogados del operador calderonista.
Chihuahuense avecindado en Morelos, Martínez Terrazas es allegado, también, a Mariana Gómez del Campo, sobrina política de Calderón, y uno de sus abogados es Santiago Torreblanca Engell, secretario particular del diputado Jorge Romero, presidente de la Comisión de la Juventud de la Asamblea Legislativa capitalina y quien hace tres años contendió contra Mondragón.
En la sesión del CEN del lunes 20, que concluyó en los primeros minutos del martes 21, sólo tres integrantes votaron en contra de la decisión de anular el proceso de Acción Juvenil: César Nava, secretario particular de Calderón; Rogelio Carbajal, quien ostentó aquel mismo cargo en la campaña presidencial, y Rafael Morgan, subsecretario de la Función Pública, subordinado de Germán Martínez, aspirante a suceder a Espino.
Incluso, antes de la votación, Carbajal trató de persuadir a sus compañeros de no anularla. Primero se dirigió a Martínez. “Juan Carlos, a mí no me cabe duda de que vas a ser secretario general y pronto estarás sentado aquí con nosotros”, dijo, retador.
Y enseguida se dirigió a los miembros del CEN: “Hay que atacar las causas, no esto que sucedió, sino las causas que lo originaron. Porque, ¿qué va a pasar con Acción Juvenil?”.
Hebert Taylor, quien encabeza la supersecretaría de Innovación y Desarrollo en el gobierno de Emilio González Márquez, de Jalisco, le replicó: “Es al revés: Si no atacamos ahorita de tajo, imagínate qué va a pasar con Acción Juvenil”.
El CEN emitió, entonces, una “contundente” votación de 23 votos contra tres que “anula cualquier lectura de que esta decisión obedezca a favorecer a alguno de los aspirantes o contra alguno de ellos”, según la comunicación oficial, y que, subrayó, envía “un mensaje claro para los jóvenes de nuestro partido y la militancia en general de que nuestros procesos deben conducirse con apego a los principios y la normatividad interna”.
El comunicado oficial, que leyó el portavoz Antonio Alvarado, incluía la exhortación a los aspirantes a acatar la decisión “en aras de mantener la concordia y la unidad y por el bien superior del partido, que debe estar por encima de intereses particulares o de grupo”.
Sin embargo, Martínez Terrazas se negó y advirtió a los miembros del CEN, latente su impugnación ante el TEPJF: “La única decisión correcta es la de la asamblea”.
Como en el PRI
Lo que el CEN pretendía con esa exhortación era evitar que, en el juicio ante el TEPJF, se conozcan los detalles, al menos del financiamiento irregular, en que incurrieron los tres contendientes, pero también la identidad de los funcionarios panistas acusados de haber intervenido en el proceso.
La Comisión de Orden, sin embargo, eventualmente procederá contra personajes como Jorge Manzanera e incluso Juan Camilo Mouriño, quienes se han involucrado en procesos internos del partido y aun en elecciones constitucionales, como la de Yucatán, tal como lo hizo público Espino tras la derrota.
Propietario de la empresa Diseño y Operación de Campañas (DOCSA), Manzanera opera ahora en Michoacán, por encargo de Mouriño y Calderón, y asiste jurídicamente a Guillermo Galland, calificado de presidente “espurio” del PAN en Hidalgo e identificado como uno de los instigadores de la rechifla a Espino en la Asamblea Nacional del PAN en León, Guanajuato, el 2 de junio.
Justamente en la Asamblea Nacional, Espino pretendía reformar los estatutos para evitar la manipulación de los procesos internos del PAN, pero los operadores de Calderón reventaron la sesión del Consejo Nacional que la propondría, por lo que Espino acusó a la Presidencia de la República de conducirse con “doble moral” (Proceso 1595).
Ahora retomó el objetivo de reformar los estatutos mediante una comisión presidida por Carlos Abascal, que preparará foros y propondrá una Asamblea Nacional Extraordinaria, en enero próximo, justo cuando estará en marcha el proceso de sucesión en la presidencia del CEN de Acción Nacional.
¿Cuáles son los logros que el presidente Felipe Calderón se apresta a informarle a la nación el 1 de septiembre próximo? ¿Que la tasa de desempleo aumenta? ¿Que la pobreza no ha conseguido ser abatida en lo más mínimo? ¿Que su gobierno seguirá rechazando las limosnas al pueblo, aun cuando es precisamente lo que su administración hace?... ¿Qué va a informarle Calderón al pueblo el 1 de septiembre? ¿Que sus programas están fracasando?...
Felipe Calderón, el “presidente del empleo”, llegará a su Primer Informe de Gobierno con las manos vacías...
El motivo: las cifras demuestran que sus tres principales ofertas de campaña se desfondaron.
El Programa del Primer Empleo, mediante el cual el mandatario se propuso crear nuevos puestos para los jóvenes universitarios recién egresados, sólo pudo abrir 6 mil 895 nuevas plazas en todo el país, de marzo a julio de este año.
El avance anual de este programa “prioritario” del gobierno federal apenas bastaría para dar trabajo a los casi 7 mil estudiantes que recientemente aprobaron el examen de ingreso a la UNAM. El resto quedaría fuera.
En enero pasado, Felipe Calderón garantizó que cada niño nacido durante su gobierno contaría con un médico para atenderlo. Hasta el momento se han entregado 320 mil credenciales del llamado Seguro Médico para una Nueva Generación, pero si no se acelera el proceso, cuando llegue diciembre apenas se cubrirá a 32% de los niños que nacerán este año, 1 millón 971 mil, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
De acuerdo con esta tendencia, el 68% restante deberá esperar tres años y medio, es decir hasta junio de 2009, para formar parte del programa. Ello, sin contar que para entonces ya habrán nacido otros 3 millones 895 mil 891 nuevos mexicanos, que no obtendrían su credencial antes de que se conozca el nombre del próximo presidente de la República.
En lo que se refiere a las Caravanas por la Salud que recorrerían el país atendiendo preferentemente a los mexicanos en situación de pobreza, las expectativas no son diferentes. Los hospitales rodantes sólo han llegado a 9.6% de los 2 mil 445 municipios de la República, y todavía faltan por incorporarse alrededor de 16 estados. De no aumentar sustancialmente los recorridos, apenas bastarán los seis años de gobierno para recorrer esas entidades una sola vez.
Los datos oficiales de estos tres programas fueron obtenidos por este semanario mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; provienen de las estadísticas oficiales y cubren hasta el pasado 31 de julio, apenas un mes antes de que Felipe Calderón rinda su Primer Informe de Gobierno ante el Congreso de la Unión.
Desempleo
El miércoles 15 de marzo de 2006, cuando arrancó la segunda fase de su campaña rumbo a la Presidencia de la República como candidato del PAN, Calderón dijo:
“Los mexicanos queremos vivir mejor, no con base en limosnas, no con base en caridades o en misericordias; queremos vivir mejor a través de aquello que realiza a los seres humanos; es decir, podemos y vamos a vivir mejor a través del empleo, por eso voy a ser el presidente del empleo.”
Durante una rueda de prensa y acompañado del dirigente nacional del PAN, Manuel Espino, Calderón presentó dos spots de televisión dirigidos contra su principal adversario, Andrés Manuel López Obrador. Lo acusaba de no haber creado suficientes empleos cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Ahora que ya despacha en la residencia oficial de Los Pinos, Calderón ha visto que los resultados en ese rubro no mejoran como él quisiera, aunque fue su principal bandera de campaña. El viernes 24 por la noche, el INEGI reportó un aumento de 3.95% en la tasa de desempleo, el mayor nivel alcanzado de los últimos cuatro meses.
El jueves 2, el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, y el director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, reconocieron ante la prensa que el Programa del Primer Empleo no rindió los resultados que se esperaban.
Según el proyecto de Calderón, era viable estimular a los empresarios con devolverles la totalidad de sus cuotas al IMSS si contrataban a jóvenes sin experiencia y recién egresados de las universidades. Sin embargo, los industriales no respondieron porque uno de los requisitos ineludibles para participar en el programa consiste en estar al corriente en sus pagos, tanto al IMSS como a la Secretaría de Hacienda.
En los círculos oficiales la perspectiva optimista era que se crearan unos 50 mil empleos por esa vía durante 2007, pero al cerrarse el primer semestre del año sólo se había cumplido 13.79 % de la meta, y de no registrarse un cambio radical en el corto plazo se podrá llegar sólo 28% para diciembre.
De no replantearse el Programa del Primer Empleo el desplome será aún más rotundo, si se considera por ejemplo que tan sólo en la carrera de derecho de la Universidad Michoacana hay 7 mil alumnos. De acuerdo con las cifras, las plazas creadas por el Programa del Primer Empleo apenas alcanzarían para ellos.
Tiempo atrás, el escenario que pintaba el candidato Calderón era optimista. El 30 de marzo de 2006, durante un desayuno con miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, aseguró:
“La amenaza para la inversión la representa el espantachambas que es Andrés Manuel López Obrador. Mientras que yo digo que seré el presidente del empleo, López Obrador se dedica a espantar a los inversionistas. Él no cree en ustedes: guarda un profundo desprecio ideológico a quien invierte y produce.”
Ahora, como presidente, su proyecto para combatir el desempleo de jóvenes recién egresados de las universidades sólo alcanzaría las 50 mil nuevas plazas hasta el primer tercio del año 2010, de mantenerse la actual tendencia.
Cuando Calderón apenas tenía 14 días como presidente electo, su equipo de asesores comandado por Juan Camilo Mouriño inició una rápida y discreta contratación de consultoras para que aterrizaran algunas de sus principales propuestas de campaña en programas de gobierno.
La empresa Human Staff fue requerida por el equipo de transición para que concretara el Programa del Primer Empleo. Se trata de una empresa outsourcing que cuenta con empleados especializados para que asesoren a otras compañías o gobiernos en crisis.
El 20 de septiembre de 2006, los asesores de Calderón encargaron a Human Staff un estudio sobre el subsidio de las cuotas obrero-patronales pagadas al IMSS. También le pidieron investigaciones para la creación del Programa Nacional del Primer Empleo, que posteriormente los calderonistas presentarían como propias.
El 15 de enero del presente año Calderón presentó en público el Programa del Primer Empleo, consistente en que el gobierno pague con recursos públicos las cuotas patronales de seguridad social para los trabajadores que sean contratados por primera vez.
“Con la puesta en marcha de este programa, con la firma del decreto que lo establece, cumplimos con uno de los compromisos más importantes que hemos adquirido con los mexicanos”, indicó el presidente, y remató:
“Desde el diseño del Presupuesto de Egresos, el gobierno ha hecho un esfuerzo importante para la generación de nuevos empleos formales en el país. A partir de este programa que hoy presentamos se otorgan estímulos sin precedentes a quienes generan empleos, a fin de que contraten a jóvenes y a mujeres que ingresan por primera vez a la vida productiva y al mercado laboral.”
Al descubierto
El pasado lunes 13, Felipe Calderón realizó una gira por Pachuca, Hidalgo, para acelerar el registro de recién nacidos en el Seguro Médico para una Nueva Generación. Ahí expresó:
“Lo que hacemos con este seguro médico es que los niños tal y como van llegando al mundo, a México para ser más concretos, vengan ya protegidos, precisamente, por un seguro médico. Yo me comprometí, en mi recorrido por el país, a que si, como dice nuestra gente, que los niños nacen con su torta bajo el brazo, me comprometí a que hubiera un esquema para que también nazcan con un seguro médico que los cubra contra cualquier enfermedad y la medicina que necesiten.”
Pero ese esquema avanza lentamente. De hecho, si el número de beneficiarios creciera como hasta ahora, 68% de los niños nacidos en 2007 no contarán con esa cobertura médica.
A juzgar por la proyección del INEGI sobre la tasa de natalidad en México para los años venideros, el panorama podría enrarecerse aún más: para 2008 se esperan 1 millón 955 mil 284 nacimientos y para 2009 alrededor de 1 millón 940 mil 107.
El Seguro Médico para una Nueva Generación implica que el gobierno federal entregue a los gobiernos estatales 3 mil pesos por cada niño inscrito. Los padrones usados complementan los que ya existen en el Seguro Popular.
Cuando se puso en marcha el primero de estos proyectos, Calderón mencionó que el ISSSTE y el IMSS recibirían a los niños ahí donde no hubiera otros hospitales públicos. Incluso dijo que el gobierno federal pagaría las facturas si fuera indispensable acudir a alguna clínica privada.
De acuerdo con información obtenida por Proceso mediante la Ley Federal de Transparencia, el ISSSTE aún no ha dado atención a niños en sus clínicas. Las copias del convenio firmado por esta institución con la Secretaría de Salud aún no están disponibles; por su parte, el IMSS pidió una prórroga de 20 días hábiles para proporcionar los datos oficiales que tenga en sus archivos, con lo que deberá hacerlo antes del 15 de septiembre.
Metas irrealizables
El pasado 21 de mayo, el diario Reforma difundió que una de las Caravanas por la Salud permaneció sólo unas horas en Magdalena Loxicha, Oaxaca, una de las zonas más empobrecidas del país.
El agente municipal Pablo Aarón José Martínez dijo que desde el arranque del programa de atención médica ambulatoria a comunidades aisladas, el municipio sólo ha recibido una visita: “Estuvieron hace más de un mes, pero nada más un día, máximo dos, y se fueron; ya no regresaron”.
Datos obtenidos por este semanario indican que la Caravana por la Salud sí regresó, pero sólo una vez más. Entre febrero y julio pasados, sólo se brindó asistencia médica en dos municipios de Oaxaca, en los cuales se atendió a 8 mil 249 personas.
Pero Oaxaca no es la entidad que menos atención ha recibido dentro de este programa. En Yucatán, por ejemplo, funciona una Caravana por la Salud para cubrir todo el estado. En las cifras oficiales entregadas a Proceso se establece que únicamente 630 personas distribuidas en 12 comunidades recibieron algún tipo de asistencia en materia de salud.
En el extremo contrario, en el primer lugar de atención médica ambulatoria se encuentra Baja California –un estado gobernado por el PAN– donde, antes y después de las elecciones locales, los médicos atendieron a 158 mil habitantes de los cinco municipios.
El gobierno calderonista difundió que se comprarían 350 unidades médicas, pero en este rubro tampoco han llegado a la meta, pues aún faltan 26.
En términos globales, la población que recibió atención médica fue de 581 mil 912 personas, sobre todo en zonas de alta marginalidad. En México, de acuerdo con las cifras oficiales, existen más de 20 millones de habitantes en extrema pobreza.
La carta de servicios que llevan las Caravanas por la Salud incluyen vacunación, tratamientos antiparasitarios, vigilancia de la nutrición, crecimiento de menores de cinco años, salud bucal, planificación familiar, atención a embarazadas y prevención de enfermedades. Hasta el momento, estas acciones sólo han llegado a 235 municipios de los 2 mil 445 que existen en las 32 entidades federativas.
Aun cuando el gobierno federal creó el proyecto, la Secretaría de Salud asegura que no tiene información precisa sobre qué municipios se visitó con el programa, pues indicó que este registro lo llevan los estados.
Lo mismo respondió la dependencia cuando se le pidió información sobre las personas que integran las caravanas: doctores, enfermeras, paramédicos.
“Las unidades móviles que operan actualmente son propiedad de las entidades federativas, debido a la descentralización de los servicios de salud en los estados. La Federación no tiene el control de las nóminas estatales”, respondió la Secretaría de Salud.
Uno de los aspectos que destacó Felipe Calderón cuando puso en funcionamiento el proyecto, el 8 de enero de 2007, fue que se contaría con tecnología de punta que permitiría diagnosticar pacientes a distancia. Es decir, habría especialistas en hospitales de primer nivel observando en computadoras a las personas que subieran a las ambulancias en sus propias comunidades.
Pero la realidad es que este servicio operará a partir de noviembre próximo, toda vez que las unidades todavía no están listas. La empresa ganadora de la licitación aún no termina de habilitarlas, según indicó la Secretaría de Salud.
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Las buenas costumbres del fraude*
Álvaro Delgado
La costumbre del poder termina por hacer que se parezcan entre sí quienes lo ejercen. Durante el proceso de renovación de la dirigencia juvenil del PAN hubo línea y cargada a favor del candidato
impulsado por Felipe Calderón. Así lo señalan desde el presidente del CEN, Manuel Espino, hasta
varios de los que participaron en la elección. Prueba de ello, sostienen, es que el Comité Nacional desconoció el triunfo del ganador, quien ha dicho que impugnará la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En el contexto de un nuevo intento por reformar los estatutos del Partido Acción Nacional (PAN) para contrarrestar las crecientes prácticas de defraudación electoral en los procesos internos –un proyecto que los seguidores de Felipe Calderón reventaron en una acción previa a la Asamblea Nacional de junio pasado–, la decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de anular la elección de la dirigencia juvenil reavivó las hostilidades intrapartidistas.
Lo que no ocurrió con prácticas de adulteración electoral en los procesos internos para gobernador en Guanajuato, en 2000, y en Yucatán, seis años después, así como en la contienda por la candidatura presidencial –en 2005– y en numerosas elecciones de candidatos y dirigentes, se produjo en el proceso para la renovación de la dirigencia de Acción Juvenil, que se manchó por la influencia de funcionarios del gobierno de Calderón.
Manuel Espino, presidente del CEN, había adelantado su posición desde que se encargó a la Comisión Interna de Elecciones un informe sobre la elección de los jóvenes panistas: No avalaría un resultado producto de la manipulación y prefería, en todo caso, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impusiera al dirigente juvenil del PAN.
“Prefiero que sea la primera vez que se nombre a un dirigente en el tribunal que hacerme tonto y hacer de ladito los principios del partido. Por encima de cualquier procedimiento, yo antepongo la ética histórica y los principios del partido. Aquí no hubo subsidiariedad ni solidaridad. Lo que hubo fue una abierta intervención.”
Ante los miembros del CEN, añadió: “No hubo respeto a la autonomía de los jóvenes en sus procesos internos. Hubo una suplantación de su autonomía desde diversas instancias y eso no lo podemos avalar. Si la mayoría del CEN lo acepta, yo fijo mi posición: No voy a avalar ese proceso”.
Y así fue: Después de 45 días de análisis –el plazo máximo para revisar el proceso– y después de hacer comparecer a los tres aspirantes, el CEN votó, la madrugada del martes 21, por anular la elección celebrada el 7 de julio en Tlaxcala, en la que Juan Carlos Martínez Terrazas, autoproclamado candidato de Calderón, se impuso con 58.97% de los votos por 41.13% de Héctor Javier Rivera López, allegado a Espino.
La víspera de la elección, la diputada federal Claudia Caballero –tercera aspirante– declinó participar, después de ser sometida, aseguró, a presiones e intimidación de Jorge Manzanera Quintana, operador de Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia.
Juan Carlos Mondragón, quien concluyó su período al frente de la Secretaría de Acción Juvenil y testigo de lo acontecido en el proceso, advierte que anular la elección fue “una decisión contundente y de raíz” para evitar daños futuros en el PAN, particularmente entre los jóvenes.
Y agrega: “Si bien es una decisión dolorosa, es necesaria para corregir algo que no puede suceder en las filas juveniles del partido. De lo contrario, estaríamos pervirtiendo a los jóvenes y enseñándoles, a una parte, que así se gana y, a otra parte, que para la próxima utilicen mañas para ganar”.
Con dos décadas de historia, iniciada por Calderón como parte de una encomienda de Luis H. Álvarez, Acción Juvenil sufre por primera vez la anulación de un proceso interno, en un contexto –dice Mondragón– de ejercicio del poder público por parte del PAN.
“Hace 20 años, cuando se funda Acción Juvenil, no había de ninguna manera el nivel de relación que existe con el poder público hoy. En ese sentido hay que reconocer que estas prácticas tienen que ver con esta vinculación con el poder público, con las tentaciones del poder, con el utilizar medios que no son legítimos dentro de las decisiones del partido.”
Reflexiona: “Ha habido otras ocasiones en que el partido no ha tomado las decisiones a tiempo ni ha detenido este tipo de vicios por miedo, por chantajes, por presiones, y en esta ocasión es de raíz para ir corrigiendo algunas prácticas que no deben suceder dentro del PAN”.
–¿Cuáles fueron esas prácticas? –se le pregunta.
–Hubo desde el secuestro de delegados para que no se registraran en la asamblea y emitieran su voto; la compra o el intercambio de votos por ingreso a plazas del gobierno; la línea de parte de funcionarios del gobierno, la intromisión de adultos en las decisiones de los jóvenes. También la participación abierta de secretarios estatales juveniles a favor de un candidato.
“Lamentablemente es como cuando el PRI nos hacía fraude: Nosotros decíamos que hubo fraude y el PRI, de manera cínica, decía: ‘Compruébenlo’. Son cosas muy difíciles de probar.”
En ese sentido, Mondragón considera muy probable que el ganador de la contienda, Juan Carlos Martínez Terrazas, gane también el recurso que ya anunció que interpondrá ante el TEPJF, institución que, dice, “actúa como le da la gana”.
–¿Sería un secretario juvenil legitimado por el tribunal?
–Exactamente: Un dirigente nacional impuesto por un tribunal.
Las mañas
Acción Juvenil nació hace 20 años y ha sido cantera del PAN. Ahí se foguearon Felipe Calderón, quien inició esa estructura; su secretario particular en la Presidencia de la República, César Nava; José Espina, secretario general del CEN; Rogelio Carbajal, Carlos Torres y Cristián Castaño, diputados federales y el propio Mondragón, candidato a diputado local por Puebla.
Por eso la relevancia de la decisión: Desde la sesión del 9 de julio, dos días después de la elección en Tlaxcala, varios miembros del CEN propusieron profundizar en las quejas de Rivera y Caballero de prácticas fraudulentas y presiones, por lo que se encomendó a una comisión profundizar las indagatorias.
“Si esto es tan importante como decimos que es, acordemos una sesión extraordinaria”, propuso Luis Ernesto Derbez, mientras que Rosario Castro Lozano, alcaldesa de Lerdo, Durango, propuso llamar a comparecer a los tres aspirantes de Acción Juvenil y aun anular el proceso.
La Comisión Interna de Elecciones –integrada por Patricia Durán, secretaria de Promoción Política de la Mujer; Gerardo Priego, secretario de Vinculación con la Sociedad; Fernando Palma, coordinador de diputados locales; Marcos Pérez Esquer, tesorero nacional, y el diputado Rogelio Carbajal– elaboró un dictamen, que sometió al CEN y que acreditó prácticas fraudulentas.
Durante las seis horas que se prolongó la sesión, se llamó a los tres aspirantes a responder las preguntas de los miembros del CEN: Claudia Caballero declinó detallar las presiones que padeció de Manzanera y funcionarios gubernamentales como el propio Mouriño, pero se pronunció por la nulidad de la elección.
La diputada federal por Nuevo León detalló, en entrevista con el diario Reforma, que fue amenazada por allegados de Calderón, entre ellos Manzanera: “Él tuvo mucho que ver. La verdad ya estoy harta de este tipo, y si quieren que nuestro partido se convierta en un PRI, pues vamos por el mejor camino, lo juro”.
Las amenazas se materializaron desde el gobierno en varios casos, declaró: “A varios chavos de mi equipo, de varios estados, los corrieron de sus trabajos por no seguir la línea. Qué lástima, porque dizque éramos el gobierno del empleo”.
Rivera, quien fue coordinador de Organización y Fortalecimiento Municipal del ayuntamiento de Lerdo, encabezado por Rosario Castro, ratificó los señalamientos de la intervención de servidores públicos en la manipulación, que orquestaron una “guerra sucia” para favorecer a Martínez Terrazas, quien se hacía llamar el “candidato” de Calderón.
Entre las irregularidades que se presentaron en el proceso hubo compra de votos con cargos públicos para beneficiar a Martínez y, al contrario, se hostigó y despidió a jóvenes identificados con Caballero y Rivera en delegaciones federales en el Estado de México y Chiapas, así como en el ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas.
Rivera ratificó también lo que declaró al diario Reforma, en el sentido de que Martínez fue apoyado por Abraham González Uyeda, subsecretario de Gobernación, y en cuyo rancho, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se produjo el lanzamiento de Calderón como aspirante a la candidatura presidencial del PAN.
El día de la elección, según la información que conocieron los integrantes del CEN, las delegaciones de Colima y Nayarit fueron hostigadas por la Policía Federal de Caminos para evitar que llegaran a la asamblea, mientras que la de Morelos fue secuestrada en un palenque, supuestamente al mando de Óscar y Víctor Martínez Terrazas, hermanos de Juan Carlos.
Y en cambio, a los que votaron por el ganador de la elección se les obsequiaron bebidas alcohólicas y paseos turísticos por Puebla. Incluso los llevaron al zoológico Africam Safari.
En su turno, Martínez Terrazas negó las imputaciones de haber sido favorecido por la estructura del gobierno federal y recibir apoyo de Manzanera, cuyas oficinas acogieron su casa de campaña y a cuyas órdenes estuvo en la campaña presidencial –junto con Jordi Herrera, subsecretario de Energía–, aunque reconoció que lo asesoraron abogados del operador calderonista.
Chihuahuense avecindado en Morelos, Martínez Terrazas es allegado, también, a Mariana Gómez del Campo, sobrina política de Calderón, y uno de sus abogados es Santiago Torreblanca Engell, secretario particular del diputado Jorge Romero, presidente de la Comisión de la Juventud de la Asamblea Legislativa capitalina y quien hace tres años contendió contra Mondragón.
En la sesión del CEN del lunes 20, que concluyó en los primeros minutos del martes 21, sólo tres integrantes votaron en contra de la decisión de anular el proceso de Acción Juvenil: César Nava, secretario particular de Calderón; Rogelio Carbajal, quien ostentó aquel mismo cargo en la campaña presidencial, y Rafael Morgan, subsecretario de la Función Pública, subordinado de Germán Martínez, aspirante a suceder a Espino.
Incluso, antes de la votación, Carbajal trató de persuadir a sus compañeros de no anularla. Primero se dirigió a Martínez. “Juan Carlos, a mí no me cabe duda de que vas a ser secretario general y pronto estarás sentado aquí con nosotros”, dijo, retador.
Y enseguida se dirigió a los miembros del CEN: “Hay que atacar las causas, no esto que sucedió, sino las causas que lo originaron. Porque, ¿qué va a pasar con Acción Juvenil?”.
Hebert Taylor, quien encabeza la supersecretaría de Innovación y Desarrollo en el gobierno de Emilio González Márquez, de Jalisco, le replicó: “Es al revés: Si no atacamos ahorita de tajo, imagínate qué va a pasar con Acción Juvenil”.
El CEN emitió, entonces, una “contundente” votación de 23 votos contra tres que “anula cualquier lectura de que esta decisión obedezca a favorecer a alguno de los aspirantes o contra alguno de ellos”, según la comunicación oficial, y que, subrayó, envía “un mensaje claro para los jóvenes de nuestro partido y la militancia en general de que nuestros procesos deben conducirse con apego a los principios y la normatividad interna”.
El comunicado oficial, que leyó el portavoz Antonio Alvarado, incluía la exhortación a los aspirantes a acatar la decisión “en aras de mantener la concordia y la unidad y por el bien superior del partido, que debe estar por encima de intereses particulares o de grupo”.
Sin embargo, Martínez Terrazas se negó y advirtió a los miembros del CEN, latente su impugnación ante el TEPJF: “La única decisión correcta es la de la asamblea”.
Como en el PRI
Lo que el CEN pretendía con esa exhortación era evitar que, en el juicio ante el TEPJF, se conozcan los detalles, al menos del financiamiento irregular, en que incurrieron los tres contendientes, pero también la identidad de los funcionarios panistas acusados de haber intervenido en el proceso.
La Comisión de Orden, sin embargo, eventualmente procederá contra personajes como Jorge Manzanera e incluso Juan Camilo Mouriño, quienes se han involucrado en procesos internos del partido y aun en elecciones constitucionales, como la de Yucatán, tal como lo hizo público Espino tras la derrota.
Propietario de la empresa Diseño y Operación de Campañas (DOCSA), Manzanera opera ahora en Michoacán, por encargo de Mouriño y Calderón, y asiste jurídicamente a Guillermo Galland, calificado de presidente “espurio” del PAN en Hidalgo e identificado como uno de los instigadores de la rechifla a Espino en la Asamblea Nacional del PAN en León, Guanajuato, el 2 de junio.
Justamente en la Asamblea Nacional, Espino pretendía reformar los estatutos para evitar la manipulación de los procesos internos del PAN, pero los operadores de Calderón reventaron la sesión del Consejo Nacional que la propondría, por lo que Espino acusó a la Presidencia de la República de conducirse con “doble moral” (Proceso 1595).
Ahora retomó el objetivo de reformar los estatutos mediante una comisión presidida por Carlos Abascal, que preparará foros y propondrá una Asamblea Nacional Extraordinaria, en enero próximo, justo cuando estará en marcha el proceso de sucesión en la presidencia del CEN de Acción Nacional.
*Reportajes tomados de la revista Proceso.
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