Desfiladero

Jaime Avilés

¿Quién debe dar el Grito?
¿López Obrador? ¿Ebrard? ¿Calderón?

Más datos sobre el ratón loco en el PRD

Una morgue, la conciencia de Soberanes



Participantes de la resistencia civil impulsan la idea de impedir que Felipe Calderón acuda a Palacio Nacional a dar el Grito de Independencia. La imagen es del pasado 15 de septiembre en el Zócalo capitalino Foto: José Carlo González Guadalupe Acosta Naranjo, secretario general del PRD, tuvo en sus manos el padrón completo de los afiliados a ese partido antes de las elecciones internas de delegados al congreso que en breve definirá a los integrantes de la nueva dirección nacional. La consecuencia de ello fue que muchos militantes cuando trataron de votar no aparecieron en las listas oficiales que había en cada casilla. De tal suerte no quedaron "rasurados", como se dijo en un principio, sino reasignados a las listas de casillas cercanas, lo que en lenguaje de mapaches se conoce mejor como "ratón loco".

La maniobra permitió que numerosos simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador fueran excluidos, mientras los chuchos embarazaban urnas a placer y se robaban los resultados finales, no en la proporción que dijo el Desfiladero del sábado anterior -80 contra 20- sino 57 contra 43, lo que de todos modos garantiza una holgada victoria para Jesús Ortega, Jesús Zambrano y demás líderes de la nueva derecha que se hace llamar Nueva Izquierda.

Aunque la desprestigiada corriente de Dolores Padierna y René Bejarano, con la que se alió en mala hora Alejandro Encinas, está pidiendo la anulación de 400 casillas en las que se comprobaron graves irregularidades en favor de Nueva Izquierda, observadores independientes aseguran que esta contienda fue tan sucia como la de 1999, cuando las huestes de Ortega y Amalia García se metieron tantas zancadillas que echaron la competencia a perder, al grado que la misma tuvo que repetirse dándole a García el triunfo con menos cochupos.

Ahora no parece haber condiciones para que se cancele este proceso, lo que deslegitima desde antes de nacer a la próxima dirigencia nacional de los perredistas. Sin embargo, a medida que ese partido se aleja de la gente que lo llevó a las cámaras del Poder Legislativo con una fuerza que no había tenido jamás, en las bases del movimiento que encabeza López Obrador está ganando adeptos la propuesta formulada por Froylán Yescas, del grupo ciudadano Flor y Canto, en el sentido de que la noche del 15 de septiembre, que ya está a la vuelta de la esquina, la resistencia civil impida que Felipe Calderón dé el Grito en el Zócalo.

"La más popular de todas las fiestas no puede ser encabezada por el que se robó la Presidencia de la República, que apoya a un asesino como Ulises Ruiz y a un protector de pederastas como Mario Marín, a un amargado que insulta todos los días a los habitantes y a las autoridades del Distrito Federal. El 15 de septiembre el que tiene que dar el Grito es el presidente legítimo de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, o la persona que él designe", dijo Yescas en declaraciones a este espacio.

El fundador de Flor y Canto, que en 2004 protagonizó una huelga de hambre frente a San Lázaro contra el desafuero de López Obrador, y que participó en la coalición de microrganismos que dieron vida al ahora extinto Lado Izquierdo Opositor (LIO), anima actualmente un foro de reflexión que se reúne todos los domingos por la mañana en la glorieta del Angel de la Independencia, y con el cual colaboran los integrantes de la logia masónica Independencia Número Dos, que coordinan María Estela Saravia y Rafael Maldonado Tovar.

"A nosotros no nos va a venir a gritar un pelele", sintetizó Yescas en alusión a los simpatizantes de López Obrador, que se cuentan por millones en la ciudad de México. Pero mientras la idea madura, y en San Lázaro los perredistas juegan a que van a ver si obstaculizan que Calderón suba a la tribuna el primero de septiembre y se ahorran la chamba de interpelarlo, la descomposición política del país arrojó esta semana nuevas y nauseabundas vaharadas de pestilencia cuando tras las revelaciones del semanario Proceso, acerca de que el empresario Zhenli Ye Gon cuenta con gatilleros en el estado de Michoacán y una estructura propia de un cártel, el "gobierno" espurio del panista michoacano declaró que los 204 millones de dólares decomisados en una casa de las lomas son "ilícitos" pero no constituyen elemento probatorio de ningún delito. ¿Ah, sí?

Es como si la policía, al llegar a la escena de un crimen, cogiera el puñal enterrado en el pecho del cadáver, lo lavara (como Calderón lavó la fortuna de Ye Gon) y lo vendiera en La Lagunilla para impedir que los peritos identificaran las huellas dactilares del asesino. Así de absurda y ridícula ha sido la estrategia del que dijo que tenía las manos limpias y que éstas no le iban a temblar para garantizar el respeto a las leyes, lo que en los hechos se ha traducido en una sangrienta represión por todo el país, que ha cobrado la vida de más de 25 personas en Oaxaca y puesto en alerta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a Amnistía Internacional, que ya externaron su preocupación por tantos asesinatos, condenas injustas y actos de tortura, que sin embargo le huelen a "exageraciones" al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, cuya conciencia parece ya una morgue de tantos muertos que guarda.

Manchados de sangre, podridos de odio, los panistas lanzan una nueva campaña contra el Distrito Federal. Agustín Carstens, secretario de Hacienda, adicto a las donas de azúcar y a las calumnias, dijo que estaba dispuesto a "rescatar" las finanzas del gobierno capitalino, cuando en realidad empresas calificadoras como Standard & Poors, Fitch Rating y Moody's les otorgan las notas más altas, porque la deuda del GDF equivale a sólo 2.7 por ciento del producto interno bruto (PIB) de la ciudad, en tanto la deuda de Calderón representa 43.4 por ciento del PIB del país.

Poco a poco, la historia del sexenio anterior empieza a repetirse: mientras la gestión del Ejecutivo federal es sinónimo de dolor, frustración, engaño y miseria, la del gobierno capitalino suma éxitos como la restructuración del pago de su deuda que le permitirá manejar mil 500 millones de pesos extras con la tercera parte de los cuales construirá un nuevo hospital de especialidades en Tláhuac.

Todo está listo, entre tanto, para que a partir de mañana la política se pudra todavía un poco más durante y después de las elecciones estatales de Oaxaca, donde Ulises Ruiz, el asesino serial, va a dar cátedra de mapachería, y Jorge Hank Rhon, su compañero de partido en Baja California, recogerá la gubernatura que ya tiene comprada y que pretenderá ejercer a pesar de las impugnaciones de los panistas, para cumplirse el sueño de vestir una chamarra confeccionada con "piel de pene de burro".

Desde Madrid, por su parte, el gran poeta Alejandro Aura anuncia que tiene un nuevo blog -porque el otro, que este espacio promovió el sábado pasado, cayó en manos de unos hackers de ultraderecha-, e invita a visitarlo en la siguiente dirección: http://alejandroaura.wordpress.com. Pero por lo demás, usted qué piensa. ¿Quién debe dar el Grito la noche del 15 en el Zócalo?

jamastu@gmail.com

* Tomados del periódico La Jornada.

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“La credibilidad de AI no está a discusión”: Irene Khan

de la redacción

México, D.F., 3 de agosto (apro).- “La credibilidad de Amnistía Internacional no está a discusión”, afirmó hoy la secretaria general del organismo, Irene Khan.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, titular del noticiero Primero Noticias de Televisa, Khan lamentó que las autoridades de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del gobierno de Oaxaca pretendan descalificar su informe sobre los hechos de violencia ocurridos en la entidad gobernada por el priista Ulises Ruiz.

Ayer, el responsable de los derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Mario Estuardo Bermúdez, y el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, tacharon de “exageradas” las críticas que hizo la representante de AI sobre el estado que guardan los derechos humanos en México, mientras que Ulises Ruiz fue más lejos al decirle a la propia Khan que el informe sobre Oaxaca fue redactado por consejeros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Sobre ese punto en particular, Khan dijo a Loret de Mola: “Amnistía Internacional es una organización de derechos humanos de envergadura internacional… Nuestra credibilidad no esta en discusión; está en discusión la violación de derechos humanos en Oaxaca. Hay ofensas en el movimiento de protesta y ni las manifestaciones ni los abusos se han investigado a fondo. Nos parece que el estado ya perdió credibilidad; es responsabilidad del gobierno federal. Ellos deben garantizar que se haga una investigación y la Suprema Corte debe tomar cartas en el asunto”.

En la entrevista, la secretaria general de AI admitió que la APPO también incurrió en violencia durante el conflicto, pero aclaró que precisamente por eso instó a las autoridades de esa entidad y al gobierno federal a realizar una investigación a fondo.

Sobre lo dicho por el titular de la CNDH, Khan aseguró que no se entendió su posición:

“Nuestra posición es que el gobierno defiende los derechos humanos… No han cumplido la promesa que han hecho a la comunidad internacional. Debe hacerse una investigación de carácter internacional en Oaxaca. La CNDH investiga, hace recomendaciones; coincidimos en nuestra postura, pero no siempre se siguen sus recomendaciones. Vemos cosas en Atenco, en Oaxaca, en Ciudad Juárez, con las muertas… Son temas de preocupación, porque la gente pobre y marginada es la que sufre”, señaló.

La representante de AI se entrevistará la próxima semana con el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, a quien los dirigentes de la APPO acusan de haber sido uno de los responsables de la agresión en su contra.

Khan habló también sobre la estrategia del gobierno del presidente Felipe Calderón, de echar mano del Ejército para combatir el narcotráfico, y que ha derivado en quejas sobre presuntos abusos cometidos por las Fuerzas Armadas.

“El uso del Ejército admite que las policías no han cumplido con sus obligaciones, pero no es una carta que deba usarse de manera permanente”, puntualizó.

* Tomado de la revista Proceso.