Realidades contra las mentiras del PRIAN

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández y El Universal, Omar.

El parche fiscal del usurpador Felipe Calderón Hinojosa representa serios problemas para la generación de empleos y posibilita la evasión fiscal de las grandes empresas mexicanas, además de no tocar ni con el pétalo de un impuesto a las transacciones que se hagan dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, es decir protege a los mismos de siempre (Telmex, Televisa, Bimbo, Coca-Cola, Cemex, etc.).

Diversos especialistas económicos han declarado que la llamada “reforma fiscal” garantiza que los empresarios despidan al personal, además de no incentivar que paguen mejores salarios, pues la misma contempla que a mayor cantidad de personal, mayor pago de impuestos. Esto ocasionaría que los empleadores comenzaran a despedir trabajadores, además de que la propuesta fiscal no tiene incentivos para incrementar los salarios. Así un empresario preferirá pagar bajos salarios y tener el mínimo personal, ya que el pagar mejor y contar con más trabajadores le significará un mayor pago de impuesto.

Ese es el punto medular de la “maravillosa” transa que pretende imponer el PRIAN a los mexicanos. En tanto los grandes empresarios gozarán de sus privilegios y los medianos y pequeños, tendrán que cerrar sus negocios ante la incapacidad de poder pagar el nuevo gravamen, que les fue dedicado con lujo de detalles por Agustín “Tonina” Carstens.

Otra de las mentiras disfrazadas de verdad es la remoción de 284 mandos de las policías Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en todo el país. Los personeros del pelele se cuidaron de hablar de casos de corrupción, pues dicen que hasta el momento no se tiene indicios de ninguno, pero que de presentarse se turnarán a la PGR. ¿Entonces para qué removerlos? La creación de estos cuerpos es de al menos una década. Y con el traidor y corrupto Vicente Fox Quesada, se hicieron los cambios “necesarios” para hacerlas unas policías de primer mundo, sin corrupción. Al menos eso aseguró el “salvaje de Guanajuato”. Recordemos también que la mayoría de los miembros de la PFP son militares y sus mandos directos son también militares. ¿Entonces reconocen que el crimen organizado infiltró totalmente a las fuerzas armadas?

Mientras esta y otras mascaradas continúan la Confederación Nacional Campesina (miembro del PRI) acusó a Liconsa de proteger a los monopolios de los lácteos en México y trabajar en contra de los 200 mil productores nacionales de leche. Desde hace meses este gremio se ha dedicado a denunciar las prácticas ilegales que desde el gobierno federal se hacen para favorecer la importación de leche en polvo, la cual se compra por arriba del precio que se paga a los productores nacionales.

A los productores nacionales les incrementaron el costo de sus insumos, que en el caso del maíz fue de 400 por ciento y Liconsa les exige que mantengan el precio de cuatro pesos. Mientras, la misma paraestatal la compra en el extranjero a más de cinco pesos y al consumidor le es vendida en promedio a 10 pesos. Todo para favorecer a los intermediarios, quienes monopolizan el lácteo e imponen al consumidor final precios altos, que ni siquiera se reflejan en el pago que hacen a los productores nacionales. Un negocio redondo para unos cuantos ladrones, que amparados en el PRIANismo continúan –como lo hicieron seis años atrás- robando, claro “con la ley en la mano” a la ciudadanía del país.



La siguiente información fue tomada del diario La Jornada.

http://www.jornada.unam.mx/

Poco probable que se declare reponsable a Mario Marín en el caso Lydia Cacho


Sólo tres ministros apoyan la actuación contra el gobernador, afirman fuentes judiciales


JESUS ARANDA



En el caso de la presunta violación de las garantías individuales de Lydia Cacho Ribeiro existen "muy pocas posibilidades" de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apoye el proyecto del ministro Juan Silva Meza, que sostiene que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, es responsable de haber violentado los derechos de la periodista.

Fuentes judiciales de primer nivel reconocieron lo anterior, en vísperas de que el pleno analice el caso, en el que la propuesta del ministro instructor es que Marín Torres es responsable políticamente de la confabulación de servidores públicos poblanos para detener e iniciar acciones legales en contra de la autora del libro Los demonios del edén.

De acuerdo con los informantes, hasta el momento el número de ministros que apoya el criterio de Silva Meza no es suficiente para que la SCJN determine la responsabilidad del gobernador poblano, lo cual es sumamente delicado, ya que sería la primera vez que el máximo tribunal ejerce su facultad de investigación prevista en el artículo 97 constitucional y al momento de emitir una decisión no se apruebe el dictamen correspondiente.

Trascendió que Silva Meza cuenta con el apoyo de Genaro Góngora Pimentel y posiblemente de José Ramón Cossío.

La ministra Olga Sánchez Cordero, quien ha mantenido una postura crítica en el caso del gobernador de Puebla, no ha definido su criterio, y se sabe que mantiene "serias dudas" sobre el proyecto.

Dentro del pleno de la Corte es conocida la posición del ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien desde un principio se negó a que se investigara a Marín Torres, posición que comparten Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Sergio Valls. Además se ve "complicado" que apoyen el proyecto de resolución José de Jesús Gudiño Pelayo, Fernando Franco y Margarita Luna Ramos, confiaron las fuentes judiciales.

Es de mencionarse que a pesar de que el máximo tribunal investigaba a Marín Torres, el 12 de diciembre pasado el entonces presidente de la Corte, Mariano Azuela, acudió a la capital poblana a inaugurar la nueva sede de los tribunales y juzgados del sexto circuito, y en primera fila estuvo el gobernador, además de los ministros Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Margarita Luna Ramos.

La visita, promovida por el Consejo de la Judicatura Federal, que también preside el presidente de la Corte, fue promovida con bombo y platillo, inclusive fueron invitados los reporteros que cubren la información del Poder Judicial de la Federación.

Ese encuentro en Puebla generó críticas dentro de la SCJN, porque se consideró que la visita no era oportuna por la investigación que estaba en proceso contra Marín, quien por su parte aprovechó para tomarse la foto con los ministros que en estos días determinarán si violentó o no las garantías individuales de la periodista.

El proyecto de Silva Meza además hace un análisis del grave problema de la pederastia y prostitución infantil que hay en diversos estados. Propone que el Congreso de la Unión legisle en materia de protección a la infancia y se creen tribunales especializados en trata de menores, explotación sexual infantil y pederastia.

Solicita también iniciar acciones legales en contra de los procuradores de justicia de Puebla y Quintana Roo, Blanca Laura Villeda Martínez y Bello Melchor Rodríguez, respectivamente, por haber intercambiado llamadas telefónicas en diciembre de 2005 para coordinar la detención de Lydia Cacho en Cancún.

Además, pide que se actúe en contra del presidente del Tribunal Superior de Justicia de de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, y de la juez penal Rosa Celia Pérez Camacho, por haber actuado irregularmente para que procediera la demanda del empresario textilero Kamel Nacif Borge que dio origen a la detención de la periodista por los delitos de difamación y calumnias en 2005.

Cabe recordar que cuando la Corte investigó el caso Aguas Blancas, en el que se determinó que el gobernador Rubén Figueroa Alcocer dejó el cargo en el contexto de la decisión del pleno de que había violado gravemente las garantías individuales de los asesinados en esa localidad guerrerense, los ministros ratificaron en forma unánime el contenido del proyecto elaborado por Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios.

La discusión del pleno sobre este asunto podría empezar en breve.