Perversidad guía la conducta del PRIAN

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Naranjo.

Mentira, tras mentira el asesino de Oaxaca, el priísta Ulises Ruiz Ortiz, continúa con su campaña publicitaria que da por “terminado” el conflicto en esa entidad. El criminal asegura que Oaxaca se encuentra en paz y en plena recuperación económica y minimiza el plantón de maestros e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en el Zócalo oaxaqueño como meramente “representativo”.

También dijo estar en la “completa disposición” para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) investigue las “posibles” violaciones a los derechos humanos en la entidad. Hasta aquí sus palabras.

La realidad es muy distinta. En las primeras horas de hoy martes 19 de junio de 2007, el matón oaxaqueño intentó su último recurso para evitar, lo que ayer decía estar dispuesto a dejar hacer, la intervención de la Suprema Corte en la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas el año pasado y aún ahora. El mentado URO envió un oficio a máximo tribunal del país, donde le comunica que ya cumplió todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos –una vacilada del transa José Luis Soberanes-, por lo que no había nada que investigar.

Como era de esperarse ante tamaño descaro, los ministros rechazaron el escrito y además una mayoría de 8 votos contra 3 acordó investigar los hechos en Oaxaca. Los ministros argumentaron que no sólo se investigará al gobierno local, sino a los demás órdenes de gobierno y autoridades que intervinieron en los hechos. Agregaron que no basarán sus investigaciones en lo que dijo Soberanes, a parte de que lo dicho por URO está en vías de buenas intenciones, pues no ha cumplido con las recomendaciones –que no son obligatorias aún cuando sean aceptadas-, sino más bien ha dicho que las llevaría a cabo. Pero como ya conocemos el valor de las palabras de URO, es un hecho que las mandó al cesto de la basura.

Por su parte el represor de Jalisco -ahora impuesto en Gobernación por el usurpador Felipe Calderón Hinojosa- Francisco Ramírez Acuña, dio por concluidas las negociaciones con los maestros oaxaqueños y advirtió que “hoy le corresponde al gobernador de Oaxaca darle respuesta a sus demandas”. A insistir si apoyarían a URO con la PFP como hizo el año pasado el traidor y ratero Vicente Fox Quesada, contestó que “no estaríamos entrando, repito, este es un tema que tiene que resolver el gobernador de Oaxaca”.

De esta manera el PAN vuelve a tener materia de chantaje con el PRI –para que éstos últimos aprueben las reformas enviadas por el pelele Calderón Hinojosa a Congreso de la Unión- ya que también se encuentra en la picota el gober precioso priísta Mario Marín. No esperemos mucho pues como ya sabemos el PRIAN es lo mismo. El PAN apoyará de nuevo a los gober preciosos Mario Marín y Ulises Ruiz, mientras que el PRI aprobará junto al Verde y Panal, lo que mande el espurio.

Mientras el semanario Emeequis reseña en su número 72 de esta semana que el “salvaje de Guanajuato” mandó a preguntar –con nuestro dinero- si la ciudadanía estaría dispuesta a que su esposa, la ladrona Marta Sahagún , fuera presidenta de México. Era tan imbécil el pobre diablo que gasto millones de pesos en encuestas para conocer la popularidad de la ambiciosa damisela –quien pasó de hacer y vender quesos (según su primer esposo y padre de sus hijos) a “primera dama”- misma que aspiraba a “empoderarse” a costa del “sufrido” pueblo mexicano. La revista señala lo siguiente:


Marta Sahagún sí quería ser Presidenta. Las encuestas que su esposo mandó a hacer así lo revelan. Porque aunque Vicente Fox dijo que al terminar su gestión ambos se irían al rancho San Cristóbal, la esposa coqueteó con la idea de quedarse en Los Pinos. Y él también. Porque aunque sólo fue una sola pregunta, la idea de la reelección cruzó por su mente.
Las 374 encuestas elaboradas por la Presidencia de la República en los últimos tres años de la gestión de Vicente Fox no sólo contienen miles de preguntas que intentaban medir al adversario, determinar el impacto de las campañas negativas, el efecto del desafuero de López Obrador o el intervencionismo presidencial en el proceso electoral, entre muchos otros aspectos.
En los cuestionarios “brillan” las preguntas destinadas a tantear las posibilidades de Marta Sahagún como candidata a Presidenta y suceder a su esposo Vicente Fox. Y, por increíble que parezca, también asoma un deseo del mismo Fox por reelegirse y permanecer en Los Pinos.
También destacan las preguntas sobre la conveniencia de que la autodenominada “pareja presidencial” exhibiera su amor públicamente.
Más todavía: en diversas ocasiones se preguntó a los mexicanos su opinión en torno a los hijos de Marta Sahagún, sus escándalos y el efecto que podría tener en la imagen presidencial.
Protagonista de primer orden en la escena política del país, a pesar de que nadie le confirió jamás cargo alguno en el gobierno, Marta de Fox fue el eje de las baterías incluidas de preguntas hechas a un grupo de los 450 mil mexicanos encuestados en la segunda parte del sexenio foxista.
Marta aparecía con cierta frecuencia, intercalada entre preguntas que medían la popularidad presidencial, el impacto de las campañas gubernamentales, la opinión en tono a la ejecución de programas oficiales y los temas de la coyuntura nacional.
Marta y la polémica con su Fundación Vamos México, Marta y su intención de irse al rancho al terminar el gobierno, Marta y sus apariciones en spots gubernamentales…



En otro orden de ideas el banco HSBC canceló de manera unilateral la cuenta de Honestidad Valiente A. C. en la que poco más de 11 mil ciudadanos aportaron más de 15 millones de pesos para el gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador de noviembre de 2006 hasta la semana pasada. El banco argumentó que por “convenir a sus intereses” cancelaba la cuenta.

Pero da la casualidad de que esa disposición en violatoria del mentado Estado de derecho. Un prestador de servicios no puede negarlos nada más por “convenir a sus intereses”, por eso hay leyes. Sabemos pues que coparticiparon en el fraude electoral de 2006 –que cada vez está más documentado- y que reciben instrucciones del pelele, pero ¿que pasó con el respeto a las leyes? ¿Pues no que muy respetuosos de las mismas? De nuevo las lacras que hunden a México en la miseria y la división quedan desnudadas. Que cada uno saque sus conclusiones.


La siguiente información desenmascara la propuesta del pelele Calderón Hinojosa sobre su propuesta de reforma fiscal que seguirá beneficiando a los que lo apoyaron en el fraude electoral de 2006, donde en compañía de grandes empresarios, banqueros, televisoras, etc., robó la Presidencia de la República.



http://www.amlo.org.mx/noticias/comunicados.html?id=58363



Ignora Carstens recomendaciones de la ASF iniciativa de reforma fiscal del gobierno espurio: Di Costanzo

México, Distrito Federal
Lunes 18 de junio de 2007



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* Se trata de una propuesta regresiva que generará distorsiones en la economía, precisa el secretario de la Hacienda Pública

Agustín Carstens y su equipo, harán caso omiso, de las conclusiones y recomendaciones que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) realizara en su Informe sobre la Revisión de la Cuenta Pública de 2005, en la reforma fiscal que esta semana presentarán a la Cámara de Diputados.

Hay que recordar que la ASF señaló claramente:

• Que se detectaron 50 grandes contribuyentes, cuyos pagos individuales de ISR en 2005, deducidas las devoluciones, fueron menores a 74 pesos, esto debido a que las devoluciones efectuadas en el periodo 2001- 2005, por 604 mil 300 millones de pesos, superaron en 216.0% al incremento en la inversión privada que fue de 279 mil 832 millones de pesos, lo que contradice la hipótesis de que una menor tributación, (como en rigor implican las devoluciones), libera recursos a los particulares para incrementar la inversión en capital. Por ello se genera una situación de privilegio para unos cuantos contribuyentes que contraviene el principio de equidad fiscal.



Lo anterior a pesar de que durante la semana pasada diversos funcionarios de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del gobierno espurio han señalado que en la propuesta hacendaria que en breve se presentara al Congreso de la Unión, se ha descartado la posibilidad de la aplicación del IVA a los Alimentos y Medicinas.

En vez de ello, el equipo de Agustín Carstens de manera muy discreta ha dejado entrever que su propuesta abarcará temas relativos al gasto público, en dónde se propondrá a una mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las erogaciones gubernamentales, queriendo reconocer de manera muy “suave” los señalamientos de Andrés Manuel López Obrador.

A decir del gobierno espurio la propuesta también incluirá disposiciones tendientes a mejorar la administración tributaria, lo que necesariamente implicaría profundas modificaciones al marco jurídico y administrativo del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

En estos temas tal pareciera que el equipo de Carstens ha reconocido la absoluta viabilidad de los planteamientos que desde su campaña presidencial viene haciendo Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo en materia de impuestos el jefe del proyecto económico de Calderón además de no tocar el IVA en alimentos y medicinas “por no existir condiciones para hacerlo”, ha decidido recurrir nuevamente a una serie propuestas muy cómodas para el gran capital .

Así en el plan fiscal de Carstens contempla, entre otras cosas, modificaciones al Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS), y posiblemente sobre Bebidas Alcohólicas, Refrescos, Cerveza y Tabacos, y también la aplicación de Impuestos Ecológicos,

Desafortunadamente estas propuestas tributarias de ninguna manera solucionarán la baja recaudación de impuestos en México y si generarán distorsiones no deseadas en la economía.

Para corroborar lo anterior sólo basta mencionar, que en la Ley de Ingresos vigente la recaudación total por el IEPS se estima en aproximadamente 60 mil millones de pesos, por lo que si las tasas de estos impuestos se duplicarán (lo cual seria absolutamente inviable) los ingresos fiscales provenientes de estos impuestos, en el mejor de los casos darían al fisco 60 mil millones de pesos adicionales.

En materia de federalismo la estrategia prevista busca reducir los recursos que se canalizan a las Entidades Federativas ya sea a través de Participaciones Federales, Ramo 33 y recursos derivados del petróleo, para obligar a los Estados a incrementar su recaudación por medio de la aplicación del Impuesto a las Ventas, que no es mas que un IVA disfrazado, y del impuesto a la gasolina.

En materia del Impuesto Sobre la Renta, la estrategia de la SHCP propondrá ampliar la base de contribuyentes y reducir la tasa del ISR mediante 4 grandes líneas :

1. Se proyecta reducir el “crédito al salario”, lo cual afectara nuevamente a los asalariados en virtud de que necesariamente afectará el monto del impuesto que este segmento paga, es decir, que aumentará la carga fiscal, para la gente de menores ingresos que son las que más se benefician del crédito al salario, por lo que podría considerarse como “regresivo”.

2. La estrategia buscará la creación de impuestos “ecológicos” y la aplicación de un impuesto al ambulantaje o “mercado informal”, lo cual puede resultar aberrante ya que se estará “legalizando” lo “ilegal”

3. Mayores controles para que los profesionistas independientes como los médicos paguen impuestos.


4. La aplicación de un impuesto “patrimonial” que entre otras cosas incluye un gravamen del 2% a los depósitos en efectivo.

De esta manera, se observa que en la estrategia de Carstens no se contempla la eliminación de regímenes fiscales especiales que permiten que los grandes contribuyentes no paguen impuestos y que las recomendaciones del Auditor Superior no serán tomadas en cuenta.

Lo anterior resulta verdaderamente absurdo si consideramos que de acuerdo con información en poder del Gobierno Legítimo obtenida de la BMV, tan sólo tres grandes grupos empresariales (CEMEX, TELMEX, CARSO, TELCEL, MASECA, WALL-MART, FEMSA y BIMBO) presentaron impuestos diferidos por más 62 mil millones de pesos.

Sin embargo. en materia de Impuestos la propuesta Calderonista es la materialización del poder que sobre su gobierno tiene el gran capital, es el secuestro del Estado Mexicano por parte de una pequeña pero poderosa oligarquía, que en materia hacendaria los ha obligado a reconocer y aplicar las propuestas de quién se consideraba “como un peligro para México” y que en materia tributaria los está obligando a recurrir a reformas “ligth” que no resolverán el problema recaudatorio en el país, al permitir que los grandes contribuyentes continúen gozando de los regímenes fiscales que les permiten reducir el pago de impuestos.

Por ello, es urgente que los legisladores no permitan la aplicación, ni la creación de ningún impuesto sin antes llevar a cabo las modificaciones al Impuesto Sobre la Renta que desaparezcan los regímenes fiscales relativos a la consolidación fiscal, la depreciación acelerada y la exención de las operaciones en bolsa.

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Las siguientes notas fueron tomadas de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx/

Once perspectivas del 2 de julio


R. Vergara

El periodista Guillermo Zamora se propuso encontrar las claves políticas para documentar la trama mediante la cual Vicente Fox, la derecha y la ultraderecha conculcaron, con el apoyo de los poderes fácticos, la voluntad popular para imponer, dice, a un presidente espurio en 2006.

Con esta divisa, Zamora reunió las opiniones de 11 intelectuales, analistas políticos y escritores en el libro Democracia inconclusa. Diagnóstico de un fraude, puesto en circulación por el sello Jorales Editores y Orfila. En el prólogo, Zamora afirma que este nuevo trabajo es un “diagnóstico retrospectivo desde tres años atrás” y complementa el que él mismo publicó hace unos meses: 2006, el año de la izquierda en México, basado en 14 entrevistas.

En Democracia inconclusa se incluyen las reflexiones de Lorenzo Meyer, Armando Bartra, Héctor Díaz Polanco, Luis Javier Garrido, Juan Villoro, Paco Ignacio Taibo II, José Reveles, Julio Hernández López, Florence Toussaint, Francisco Portillo y Rafael Barajas, El Fisgón, sobre la forma en que, consideran, se maquinó desde 2003 el “fraude electoral del 2 de julio de 2006” desde las más altas esferas del poder.

Lorenzo Meyer, investigador de El Colegio de México, expone que desde que llegó a Los Pinos el 1 de diciembre de 2000 y hasta 2003, Vicente Fox gobernó “como entre terciopelo”. Sin embargo, en esa época entró en escena Andrés Manuel López Obrador, quien ya se perfilaba como el candidato natural a la Presidencia de la República, lo que complicó las cosas para el propio Fox y para la fracción más conservadora del Partido Acción Nacional.

Ante esta situación, explica Meyer, “se creó desde Los Pinos una estrategia para pararlo y echar por tierra el avance de la izquierda”. Así fue como se urdieron, uno tras otro, los ataques al tabasqueño: primero fueron los videoescándalos en los que se incriminó a varios de sus colaboradores; luego el intento de la Procuraduría General de la República por desaforarlo, que no tuvo éxito, y por último, el plan de miedo durante todo el proceso electoral de 2006, que tuvo su punto crítico en los comicios del 2 de julio de 2006 y los días posteriores, hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anunció que el triunfador de los comicios fue Felipe Calderón.

En su colaboración para el libro Democracia inconclusa, el analista Luis Javier Garrido hace un recuento de la “conspiración” que culminó con el fraude y explica el papel que jugaron quienes lo tramaron: Fox, los medios de comunicación y el Instituto Federal Electoral, entre otros. Al final de su artículo relata:

“En otros momentos hubo ya dos presidentes coexistiendo en territorio nacional, el conservador Miguel Miramón y el liberal Benito Juárez, durante la Guerra de Reforma o de Tres Años, o Venustiano Carranza y los presidentes surgidos de la Convención de Aguascalientes.”

Ahora, agrega Garrido, la movilización social repudiará al gobierno espurio de Felipe Calderón en todos sus actos.

El escritor Juan Villoro centra su relato en la “ingenuidad y las estrategias equivocadas” de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Si bien considera que la elección presidencial se perdió “a la mala”, agrega que “por desgracia la injusticia de la contienda y los propios errores de López Obrador frustraron una oportunidad única” para llegar al poder.



Antes y después



Florence Toussaint, especialista en medios de comunicación, analiza el papel que éstos jugaron durante el proceso electoral, y destaca el excesivo gasto publicitario de los candidatos durante la contienda de 2006. Así mismo, hace un análisis de los contenidos de los mensajes transmitidos en los medios. En concreto habla de la guerra sucia contra AMLO, a quien tanto los panistas como la cúpula empresarial calificaron de “un peligro para México”. Este señalamiento, según Toussaint, influyó en los resultados de la elección. Y concluye que los grandes ganadores fueron la radio y la televisión.

Julio Hernández López, autor de la columna Astillero que publica La Jornada, se refiere al papel de la ultraderecha y El Yunque para conservar el poder. Habla tanto de la incontinencia verbal que caracterizó a Vicente Fox a lo largo de su sexenio como de la forma en que se entrometió en el proceso electoral sin ningún pudor, y hace un repaso del comportamiento de los empresarios y los medios durante la coyuntura electoral.

Al final, Hernández se pregunta hasta dónde la sociedad mexicana puede ser manipulable y si la movilización de AMLO irá más allá o se disolverá como “uno más de los muchos esfuerzos de lucha política que se han dado en México”.

El antropólogo Héctor Díaz Polanco trata el tema de la campaña “antipeje” y revisa el período que va del desafuero hasta el fraude, del que, por desgracia, dice, “no existen pruebas irrefutables”. No obstante, admite que hay dudas acerca de la limpieza del proceso electoral. Y estas dudas son, subraya, las que llevaron a la sociedad mexicana a la movilización para protestar contra la imposición y la usurpación.

Por su parte, su colega Armando Bartra asevera que sí hubo fraude en la jornada electoral del 2 de julio de 2006 y, según él, incluso fue planeado desde Los Pinos desde 2003. Enumera además los principales sucesos de resistencia e impugnación ocurridos en las semanas posteriores a los comicios: la exigencia del “voto por voto, casilla por casilla”, el papel que jugó el IFE, pero sobre todo analiza el desplegado No hubo fraude, firmado por 135 intelectuales y artistas, que se publicó el 3 de agosto de 2006.

Francisco Portillo, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, centra su testimonio en “los engaños que se pueden analizar desde una perspectiva matemática o científica”; es decir, la manipulación del padrón electoral, el acceso a información privilegiada sobre el electorado, el comportamiento del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del IFE el día de la elección y el operativo que se montó para el fraude.

El caricaturista Rafael Barajas, El Fisgón, se refiere al papel que jugó la maestra Elba Esther Gordillo durante el proceso electoral que culminó con la imposición de Calderón como presidente. Este hecho, dice, puso al país “al borde del estallido social” porque la oligarquía neoliberal gobernante “busca conservar sus increíbles prerrogativas económicas”. Sin embargo, agrega que en esta ocasión el desaseo de la elección se pudo documentar gracias a la movilización social de AMLO.

José Reveles, escritor y periodista, comenta la burla que padecieron los pobres del país al ser usados como material electoral a cambio de apoyos de programas sociales. “Si algo lastima como sal y vinagre en llaga viva es el saqueo de recursos que estaban destinados a los más miserables entre los millones de pobres mexicanos. A ellos se les robó la esperanza”, explica.

Para Paco Ignacio Taibo II es difícil saber qué pasó en realidad el 2 de julio, pues lo cubren muchas cortinas de humo. En su breve texto, el escritor afirma no obstante que sí es posible conocer la injerencia de la Presidencia de la República en el proceso electoral. Le quitaron votos a AMLO para dárselos a Calderón, y el IFE participó en ese proceso electoral fraudulento, afirma. (R. Vergara.)

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Operativo Desquite

Socorro Díaz

Reporte 2006. El desquite (Tinta Editorial, México, 2007) se titula el libro que acaba de publicar Socorro Díaz, política y periodista de larga trayectoria que participó en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Consciente de que su versión confronta a la oficial respecto de la pasada elección presidencial y el conflicto posterior, la autora polemiza, relata su experiencia y analiza las razones de la actual resistencia civil. Este es un extracto de la introducción.

Faltaría a la verdad si no consigno que el 12 de febrero del 2007 esta obra perdió una parte importante de su razón de ser. En el momento mismo de empezar su proceso de edición, algo sustantivo del trabajo realizado pareció un esfuerzo vano, una tarea prescindible. Hasta esa fecha aciaga, tanto para los interesados en ocultar la verdad, como para quienes hemos trabajado para divulgarla, la concepción y objetivos del texto parecían irreprochables.

(...) Ese 12 de febrero de 2007 ocurrió lo impredecible. El cinismo superó a la investigación. Promovido por la American Society of Association Executives y el Centro para la Asociación de Liderazgo, en el prestigioso Centro Kennedy de Washington se presentó Vicente Fox, exjefe de Estado y de Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (2000-2006).

El responsable del crimen contra la vida democrática que este libro decidió probar, confesó, como para ahorrarnos a muchos el esfuerzo de difundir la verdad, su participación y la de su gobierno en el robo electoral. El hoy ciudadano se sinceró, en un auditorio extranjero, de cara a la República mexicana:

Yo tuve mi propio problema con el alcalde de la Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador (…) tenía un dilema: por un lado respetar la orden del juez o por otro el reclamo de López Obrador de que su candidatura a la Presidencia se respetara. Fue una decisión difícil y perdí. Él obtuvo hasta el 80 por ciento del respaldo de la gente para que se respetara su derecho a participar como candidato a la Presidencia (…) retiramos el juicio político y pagué los costos.

Pero 18 meses después obtuve mi victoria. El día de la elección ganó el candidato de mi partido. ¡Me desquité!

(...) El declarante es inexacto al afirmar que él y sus funcionarios retiraron (la petición de) el juicio político. Es cierto, que toda la trama que urdieron al usar a las instituciones para poner el país al borde del abismo fue política. Pero lo que Fox instigó que se consumara contra López Obrador fue el juicio de desafuero, con los poderes federales Judicial y Legislativo como copartícipes de la infamia. Días después, y debido a la presión ciudadana, se congeló el expediente judicial que contenía la petición de formal prisión contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal presentada a un juez por el Ministerio Público Federal.

(...) En todo país civilizado, cualquier político, jefe de Estado o no, bajo sospecha de hacer uso faccioso desde el poder del Ministerio Público Federal para firmar y ejecutar un proceso de desafuero con fines políticos es sometido a juicio penal, junto con los funcionarios que lo acompañaron en esta conspiración criminal. En el caso revelado hay confesión de parte de que se instruyó al Procurador General de la República para afectar la división de poderes. En cuanto a los 360 legisladores que votaron a favor de desaforar a López Obrador, está claro que incurrieron en una inexcusable y grave responsabilidad política y causaron daños mayores al Poder Legislativo, ya que prestaron su investidura a una burla grosera contra las instituciones y el estado de derecho.

En un país que se respete, los funcionarios electorales que se presten a ser comparsas de un sainete, en que el sujeto burlado es el ciudadano que confía en los procesos de elección y que los financia con sus impuestos, son llevados por lo menos a juicio político. Nadie puede solicitar respeto para los actuales consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE). Ellos afirmaron que Andrés Manuel López Obrador obtuvo 14’683,096 votos frente a 14’916,927 de Calderón y su presidente afirmó, sin que viniera al caso, que en una democracia gana quien obtiene más votos. Fox, jefe del “operativo desquite” los ha delatado al asegurar que sólo un voto contó… y fue el suyo.

(...) Por otra parte, el mejor alegato en contra de la legitimidad y la validez de la elección se encuentra en la resolución firmada por los magistrados, quienes abundan sobre las irregularidades ocurridas el 2 de julio para concluir, torturando a la lógica, que pese a todo el presidente será el representante de la derecha.

Los panegiristas del nuevo gobierno pueden tirar a la basura su enciclopedia de sofismas. Nada tienen que argumentar con visos de seriedad sobre la legalidad y legitimidad electoral del actual gobierno panista. Son pajes desnudos de un poder desnudo. A lo más que llega su imaginación es a fantasear con el supuesto teórico de que el gobierno de Calderón tiene un origen fraudulento, pero que los actos de autoridad podrán legitimarlo.

(...) ¿Se requiere algo más que la confesión de Fox para procesarlo como artífice de una conspiración criminal contra el estado de derecho? Sí, también es necesario que el pueblo se exprese en los espacios legales que permanezcan abiertos y en las calles para dar contenido, en la práctica, a un estado de derecho que hoy sólo vive en el mundo de la retórica.

(...) El objetivo inicial de esta obra fue armar una crónica. El tiempo y la obtención de datos entre los primeros días de julio y el 1 de diciembre del 2006 fueron convirtiéndola en un reportaje, género rey al que concurren todos los géneros periodísticos. A lo largo de esos meses surgieron testimonios, tomaron cuerpo diversos argumentos y se construyeron razones para dar verosimilitud a la afirmación central de que el candidato de la coalición Por el Bien de Todos fue despojado del triunfo que el pueblo le dio en las urnas, a partir de un operativo que funcionó antes, durante y después de las elecciones. Así queda consignado en el primer capítulo.

El segundo capítulo tiende un puente entre las condiciones que rodearon el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y el fraude del 2 de julio. Afirma que fueron dos momentos del mismo fin estratégico: impedir la llegada de un líder no sólo carismático sino profundamente democrático a la Presidencia de la República.

Es tiempo de que los poderes formales y los llamados poderes reales se respondan y respondan de cara a la sociedad preguntas vitales para el destino de nuestro país: ¿Tiene derecho la izquierda mexicana a conducir las instituciones de la República, o sólo puede aspirar a cargos de segundo orden para legitimar lo que decidan las derechas? ¿La decisión de cortar el camino de acceso al poder de la izquierda abona el terreno a la paz social o va encendiendo la mecha de estallidos políticos?

(...) En el capítulo cuarto se hace un recuento –ni exhaustivo ni puntual, sino crítico– de los errores y fallas de estrategia y táctica por parte del equipo de López Obrador. Por un lado, en la organización de la campaña; por el otro, en la vigilancia electoral. Se acentúa que la causa de la derrota fue el fraude de Estado; pero los errores y las fallas facilitaron el robo. Son pocos los que hoy discuten los vacíos y carencias de las leyes electorales y los arreglos políticos de camarillas que en el proceso del 2006 aparecieron como pústulas en la organización de las instituciones. La mancha más grave de todas es sin duda que las instituciones premien, y no castiguen, a los malhechores; y que castiguen, en lugar de proteger, a partidos y ciudadanos que cometieron el grave delito de transitar por una calle asolada por mafiosos.