Más impuestos a los pobres y más impunidad a los ricos
Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Carreño.
La queja de cada sexenio –siempre la misma- es que no hay dinero suficiente para enfrentar los “graves retos” que el país demanda. De nueva cuenta como en los tiempos del PRI una vez iniciado el sexenio, -las promesas de campaña en la basura y los bolsillos de los funcionarios llenos con el dinero de los contribuyentes- la misma cantaleta: no hay dinero. Como si el gobierno anterior hubiera saqueado las arcas, nada más que hasta ese momento se dieron cuenta, ni siquiera dijeron nada cuando les entregaron la administración y aún menos denunciaron los hechos, pues pertenecen al mismo grupos de rateros, sus siglas: PRIAN.
Exigen dinero para “cumplir” los compromisos impostergables por décadas, o amenazan que de no ser así al país se hundirá en la pobreza. Nada nuevo es sus dichos, sus amenazas o presagios, son las mismas mentiras, las de toda la vida.
Ahora que exigen tanto dinero ¿por qué no dicen en qué se gastaron los cientos de miles de millones de dólares de recursos extras por los precios elevados del petróleo durante los seis años en que el ladrón panista Vicente Fox Quesada, saqueó a la nación? De haberse invertido ese dinero en infraestructura –carreteras, puentes, tecnología, etc.- otro México viviríamos.
Ahora que exigen tanto dinero ¿por qué no les cobran los impuestos a los grandes empresarios –Telmex, Cemex, Bimbo, Wal-Mart, Televisa, Kimberly, Grupo Modelo, etc.-, quienes dejaron de pagar 500 mil millones de pesos durante los seis años que estuvo al frente de la administración el nefasto y bruto Fox Quesada?
Ahora que exigen tanto dinero ¿por qué Agustín “Tonina” Carstens tiene asignado un gasto diario en comida con el que se compraría media vaca, seguros que se la comerá cada día?
Ahora que exigen tanto dinero ¿por qué los legisladores de todos los partidos reciben en promedio -cada uno-160 mil pesos mensuales, por no trabajar?
Por qué pagarles a unos levantadedo, que lo más cercano que están de la ciudadanía es en sus comerciales mentirosos. “El México que tu quieres en el México que nosotros queremos. Cámara de Diputados a favor de México”. ¿Es estar a favor de México aprobar leyes tan nefastas como la ley Televisa que echó a la basura la Suprema Corte? ¿Lo es acabar con las pensiones para los trabajadores al servicio del Estado y de esta manera hacer más rica a la asesina Elba Esther Gordillo, quien cuenta con innumerables propiedades en México y Estdaos Unidos?
No más mentiras el parche fiscal del pelele Felipe Calderón Hinojosa incrementará el costo de la vida porque serán las mayorías las que continuarán pagando impuestos vía el consumo. El impuesto de Contribución Empresaria a Tasa Unica (CETU) hará que los empresarios –también los que elaboran o producen alimentos y medicinas- aumenten sus precios, pues ellos no van a perder sus niveles de ganancia. El incremento de 50 centavos al precio de cada litro de gasolina –todo en el país se mueve con los combustibles, desde el transporte, las fábricas y la producción de luz- será de manera inmediata un incremento en todos los productos, ya sean alimenticios, ropa calzado, transporte público, etc.
Esa es la realidad de lo que el PRIAN pretende aprobar en un periodo extraordinario de sesiones. Más impuestos para los que menos tienen. ¿Y los grandes empresarios evasores del fisco? Pues ellos bien, seguirán si pagar impuestos, en esta tierra de Fecalandia, la Foxilandia reloaded.
El siguiente material fue tomado del periódico Reforma.
http://www.reforma.com/estados/articulo/782115/default.asp
'Escucha' Corte a Mario Marín
La PGR ejecutó la intervención de teléfonos en el periodo del 26 de abril al 11 de junio de este año y entregó 2 mil 90 conversaciones
Víctor Fuentes
Ciudad de México (22 junio 2007).- Al "Gober precioso" otra vez le grabaron sus conversiones telefónicas, pero ahora sí, con todas las de la ley.
La comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que investiga el Caso Lydia Cacho ordenó que fueran intervenidos durante casi dos meses los teléfonos de oficina y privados de siete funcionarios de Puebla y Quintana Roo, incluido el del Gobernador Mario Marín.
El proyecto de informe del Ministro Juan Silva Meza, consultado por REFORMA, y pendiente de aprobación por la Corte, indica que la juez federal Taissia Cruz Parcero autorizó las intercepciones a instancias de la comisión, en el periodo del 26 de abril al 11 de junio de este año.
La PGR, por conducto de la SIEDO, fue quien solicitó las intervenciones, y ella misma las ejecutó. Entregó a la comisión 45 discos compactos que contienen 2 mil 90 conversaciones.
Los teléfonos intervenidos en Puebla fueron los de Marín, de la Procuradora Blanca Laura Villeda, del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco, su asistente Enrique Ruiz, la juez Rosa Celia Pérez, y el empresario Kamel Nacif.
En Quintana Roo se autorizó el monitoreo al Procurador Bello Melchor Rodríguez, y la presidenta del tribunal estatal, Lizbeth Song. En este caso, el informe no aclara si se concretó la orden.
Es la primera vez que este método se utiliza en una investigación que no es de carácter penal, desde que la intervención telefónica fue reglamentada en 1996 en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
La comisión dedica más de 90 páginas del informe a transcribir registros de las llamadas que hicieron los protagonistas del caso -entre octubre de 2005 y enero de 2006- para apoyar la conclusión de que autoridades estatales y el empresario Kamel Nacif actuaron concertadamente para afectar garantías individuales de Lydia Cacho.
El proyecto de resolución asegura que "sí existió concierto de autoridades de los Estados de Puebla y de Quintana Roo, para violar derechos fundamentales de la periodista Lydia María Cacho Ribeiro, violando además los principios democráticos de federalismo y división de poderes, en especial el principio de independencia judicial".
Además dice que el Congreso deberá decidir en definitiva sobre la procedencia o no del juicio político contra Mario Marín.
Duda la SCJN de funcionarios
La comisión de la Suprema Corte de Justicia que investigó el caso Lydia Cacho concluyó que no se le puede creer a los funcionarios del Gobierno de Puebla.
"Una inmensa mayoría aparentemente fue aleccionada con el fin de no contribuir al alto y significativo propósito de conocer la verdad de los hechos suscitados con motivo de la orden de aprehensión girada contra Cacho", señala el proyecto de informe del Ministro Juan Silva Meza.
Los comisionados entrevistaron a 65 servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial de Puebla, a los que encontraron poco confiables porque en sus respuestas omitieron datos, tuvieron coincidencias o negaron conocer a los empresarios Kamel Nacif y Hanna Nakad.
La comisión concluyó que Mario Marín operó una venganza de Nacif contra Cacho, para la que existió una acción concertada de los poderes Ejecutivo y Judicial de Puebla.
Exigen dinero para “cumplir” los compromisos impostergables por décadas, o amenazan que de no ser así al país se hundirá en la pobreza. Nada nuevo es sus dichos, sus amenazas o presagios, son las mismas mentiras, las de toda la vida.
Ahora que exigen tanto dinero ¿por qué no dicen en qué se gastaron los cientos de miles de millones de dólares de recursos extras por los precios elevados del petróleo durante los seis años en que el ladrón panista Vicente Fox Quesada, saqueó a la nación? De haberse invertido ese dinero en infraestructura –carreteras, puentes, tecnología, etc.- otro México viviríamos.
Ahora que exigen tanto dinero ¿por qué no les cobran los impuestos a los grandes empresarios –Telmex, Cemex, Bimbo, Wal-Mart, Televisa, Kimberly, Grupo Modelo, etc.-, quienes dejaron de pagar 500 mil millones de pesos durante los seis años que estuvo al frente de la administración el nefasto y bruto Fox Quesada?
Ahora que exigen tanto dinero ¿por qué Agustín “Tonina” Carstens tiene asignado un gasto diario en comida con el que se compraría media vaca, seguros que se la comerá cada día?
Ahora que exigen tanto dinero ¿por qué los legisladores de todos los partidos reciben en promedio -cada uno-160 mil pesos mensuales, por no trabajar?
Por qué pagarles a unos levantadedo, que lo más cercano que están de la ciudadanía es en sus comerciales mentirosos. “El México que tu quieres en el México que nosotros queremos. Cámara de Diputados a favor de México”. ¿Es estar a favor de México aprobar leyes tan nefastas como la ley Televisa que echó a la basura la Suprema Corte? ¿Lo es acabar con las pensiones para los trabajadores al servicio del Estado y de esta manera hacer más rica a la asesina Elba Esther Gordillo, quien cuenta con innumerables propiedades en México y Estdaos Unidos?
No más mentiras el parche fiscal del pelele Felipe Calderón Hinojosa incrementará el costo de la vida porque serán las mayorías las que continuarán pagando impuestos vía el consumo. El impuesto de Contribución Empresaria a Tasa Unica (CETU) hará que los empresarios –también los que elaboran o producen alimentos y medicinas- aumenten sus precios, pues ellos no van a perder sus niveles de ganancia. El incremento de 50 centavos al precio de cada litro de gasolina –todo en el país se mueve con los combustibles, desde el transporte, las fábricas y la producción de luz- será de manera inmediata un incremento en todos los productos, ya sean alimenticios, ropa calzado, transporte público, etc.
Esa es la realidad de lo que el PRIAN pretende aprobar en un periodo extraordinario de sesiones. Más impuestos para los que menos tienen. ¿Y los grandes empresarios evasores del fisco? Pues ellos bien, seguirán si pagar impuestos, en esta tierra de Fecalandia, la Foxilandia reloaded.
El siguiente material fue tomado del periódico Reforma.
http://www.reforma.com/estados/articulo/782115/default.asp
'Escucha' Corte a Mario Marín
La PGR ejecutó la intervención de teléfonos en el periodo del 26 de abril al 11 de junio de este año y entregó 2 mil 90 conversaciones
Víctor Fuentes
Ciudad de México (22 junio 2007).- Al "Gober precioso" otra vez le grabaron sus conversiones telefónicas, pero ahora sí, con todas las de la ley.
La comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que investiga el Caso Lydia Cacho ordenó que fueran intervenidos durante casi dos meses los teléfonos de oficina y privados de siete funcionarios de Puebla y Quintana Roo, incluido el del Gobernador Mario Marín.
El proyecto de informe del Ministro Juan Silva Meza, consultado por REFORMA, y pendiente de aprobación por la Corte, indica que la juez federal Taissia Cruz Parcero autorizó las intercepciones a instancias de la comisión, en el periodo del 26 de abril al 11 de junio de este año.
La PGR, por conducto de la SIEDO, fue quien solicitó las intervenciones, y ella misma las ejecutó. Entregó a la comisión 45 discos compactos que contienen 2 mil 90 conversaciones.
Los teléfonos intervenidos en Puebla fueron los de Marín, de la Procuradora Blanca Laura Villeda, del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco, su asistente Enrique Ruiz, la juez Rosa Celia Pérez, y el empresario Kamel Nacif.
En Quintana Roo se autorizó el monitoreo al Procurador Bello Melchor Rodríguez, y la presidenta del tribunal estatal, Lizbeth Song. En este caso, el informe no aclara si se concretó la orden.
Es la primera vez que este método se utiliza en una investigación que no es de carácter penal, desde que la intervención telefónica fue reglamentada en 1996 en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
La comisión dedica más de 90 páginas del informe a transcribir registros de las llamadas que hicieron los protagonistas del caso -entre octubre de 2005 y enero de 2006- para apoyar la conclusión de que autoridades estatales y el empresario Kamel Nacif actuaron concertadamente para afectar garantías individuales de Lydia Cacho.
El proyecto de resolución asegura que "sí existió concierto de autoridades de los Estados de Puebla y de Quintana Roo, para violar derechos fundamentales de la periodista Lydia María Cacho Ribeiro, violando además los principios democráticos de federalismo y división de poderes, en especial el principio de independencia judicial".
Además dice que el Congreso deberá decidir en definitiva sobre la procedencia o no del juicio político contra Mario Marín.
Duda la SCJN de funcionarios
La comisión de la Suprema Corte de Justicia que investigó el caso Lydia Cacho concluyó que no se le puede creer a los funcionarios del Gobierno de Puebla.
"Una inmensa mayoría aparentemente fue aleccionada con el fin de no contribuir al alto y significativo propósito de conocer la verdad de los hechos suscitados con motivo de la orden de aprehensión girada contra Cacho", señala el proyecto de informe del Ministro Juan Silva Meza.
Los comisionados entrevistaron a 65 servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial de Puebla, a los que encontraron poco confiables porque en sus respuestas omitieron datos, tuvieron coincidencias o negaron conocer a los empresarios Kamel Nacif y Hanna Nakad.
La comisión concluyó que Mario Marín operó una venganza de Nacif contra Cacho, para la que existió una acción concertada de los poderes Ejecutivo y Judicial de Puebla.
El siguiente análisis fue tomado de la revista Proceso.
La “captura” electoral
jenaro villamil
México, D.F., 21 de junio (apro).- Uno de los cambios urgentes que ha sido planteado por prácticamente todos los partidos políticos en medio del debate sobre la constitucionalidad de la Ley Televisa y la discusión sobre la próxima reforma electoral, reclama romper con el círculo vicioso que se compone de la relación entre poder político, despilfarro de recursos y publicidad electoral en la pantalla.
Está de moda utilizar el término “captura del Estado” que puso en circulación el Banco Mundial para criticar a las instituciones que responden a intereses monopólicos, como en el caso de la Cofetel actual. Sin embargo, la captura no es sólo en telecomunicaciones. También se ha generado en procesos como los electorales, que están prácticamente “capturados” por ese círculo vicioso.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avanzaron en el decreto de anticonstitucionalidad de la Ley Televisa afectaron el negocio de la convergencia que pretende ser monopolizado por dos empresas televisivas y condenaron la “captura” de los organismos responsables de regular el sector, pero no fijaron ninguna línea en relación con el despilfarro mediático en campañas. No les correspondía en ese momento, pero indudablemente marcaron una pauta que influirá en la discusión de la reforma electoral.
En la Cámara de Diputados, el actual legislador priista Carlos Rojas presentó ya una iniciativa de reforma a los artículos 190 y 191 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para combatir el despilfarro en medios electrónicos por parte de los partidos.
En su exposición de motivos, Rojas afirma que los principales problemas en el sistema electoral “están vinculados con un elemento central que es la mediatización de las campañas políticas, con un gasto inadmisible, sobre todo en una sociedad que padece enormes carencias. De lo que se trata es de evitar que se repita la inequidad en las elecciones y disminuir el gran costo económico que representan en la actualidad y, el cual, es financiado fundamentalmente con recursos públicos”.
En esencia, la propuesta de Carlos Rojas es que los llamados “tiempos oficiales” que el gobierno tiene destinado en la radio y la televisión concesionada, se dejen de usar para promover la obra pública en los periodos electorales y se distribuyan entre los partidos políticos.
Al mismo tiempo, se prohíbe que cualquier persona física o moral u organización de la sociedad civil realice propaganda o la financie “a favor o en contra de candidato alguno durante el proceso electoral”.
Este candado tiene como objetivo evitar que se reproduzca el fenómeno de la guerra sucia en la pantalla televisiva, vía spots televisivos financiados por organismos privados, como fue el caso de los anuncios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en contra del candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador.
Por su parte, el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral, integrado por organizaciones de amplia trayectoria a favor de la democracia, como la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Alianza Cívica, Cencos, Incide Social y Red por la Participación Ciudadana, entre otras, presentó el 22 de mayo sus propuestas sobre reforma electoral.
En la parte relativa a la publicidad electoral establecen:
“Toda la propaganda o publicidad electoral deberá ser administrada y regulada por el nuevo instituto electoral. En relación con los medios de comunicación electrónica, se determinará el uso de tiempos oficiales y sólo en caso de ser necesario se contratarán espacios privados por parte del instituto.
“Los tiempos en medios de comunicación electrónica deberán ser igualitarios entre los contendientes. La diferencia derivada de la fuerza e historia de los partidos políticos podrá emplearse en otro tipo de publicidad y en actividades de campaña por la geografía y entidad de que se trate”.
Similares pronunciamientos han realizado senadores del PRD, como Carlos Sotelo, y el mismo coordinador del PAN en el Senado, Santiago Creel, secretario de Gobernación durante el gobierno de Vicente Fox.
Para observadores críticos, estos pronunciamientos no son más que “buenos deseos” o intentos de “lavar culpas” ante lo sucedido en 2006 y lo que se comienza a reproducir en las campañas estatales electorales de 2007, como la ocurrida en Yucatán.
Para otros, lo importante es que se legisle y se pueda romper el círculo vicioso en que se ha convertido la relación entre medios, poder y dinero. Es una razón de Estado, no una simple deseo.
jenarovi@yahoo.com.mx
posted by Liberation at
4:07 p.m.
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