Doble discurso del PRIAN, juicio político a cualquiera menos a los suyos

Tomados de La Jornada, Rocha, Hernández y Elguera y El Universal, Naranjo.

Será hasta mañana cuando los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinen si investigan las graves violaciones a los derechos humanos en el estado de Oaxaca ocurridos durante el año pasado. La causa es que algunos quieren actuar sobre ciertas líneas pero no sobre otras, es decir, pretenden que se investigue a modo, de forma parcial el asunto.

Al parecer se trata de nueva cuenta de actuar con parcialidad y dar un tinte de justicia al asunto. Pretenden que creamos que ya las autoridades –con la petición de perdón del asesino Ulises Ruiz Ortiz, de pilón- “aceptaron” las endebles recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que con eso basta.

Pero la realidad es muy diferente, a un año de los asesinatos, nadie de los responsables ha sido llevado a juicio y es un hecho que nadie será castigado por ello. Si acaso se hará lo mismo que hizo el gober priísta Enrique Peña Nieto en el caso de Atenco –violaciones, detenciones arbitrarias, invención de cargos, violación de garantías individuales y asesinato- levantar sanciones administrativas mínimas y que la impunidad continúe en el país.

Ese es el tipo de justicia que se aplica en México. De nada sirve que se pronuncie un magistrado por investigar una falta grave a los derechos humanos o la violación de preceptos constitucionales, si al final los demás presionarán con votar en contra del resolutivo si no se minimiza la investigación o las consecuencias del fallo.

Tan evidente es la impunidad que impera en el país, que el máximo tribunal de la nación debería estar a la altura de las necesidades reales y actuar en consecuencia, justo como lo debió hacer desde hace décadas, en lugar de cobijarse con la corrupción priísta y los millones de pesos en gratificaciones, obtenidas del erario público, es decir de nuestros impuestos.

El siguiente caso a discusión es contra el gober precioso de Puebla, Mario Marín, quien se confabuló con el defensor de pederastas, Kamel Nacif para violentar los derechos de la periodista Lydia Cacho, aunque el dictamen viene en el sentido de pedir al Congreso de la Unión el desafuero de semejante delincuente, falta todavía pasar por dos grandes filtros. Los ministros conservadores de la SCJN y después el PRIAN, que ha hecho todo lo posible porque echar tierra al asunto y esperar a que se olvide.

Al conocerse hoy lunes 18 de junio de 2007 el sentido de la ponencia el vocero de los priístas en la Cámara de Diputados, Enrique Bautista, lamentó que la Corte se meta en asuntos que no son de su incumbencia. Nada nuevo si tomamos en cuenta que el PRD ha pugnado porque se aplique con rapidez el juicio político y desafuero como fue el caso de René Bejarano –quien fue a parar con sus huesos a la cárcel- al gober precioso, pero la complicidad del PRIAN lo ha evitado. Como es sabido ambos partidos manejan un doble discurso y doble moral, los hermana en cambio la corrupción y el cinismo.



En seguida una nota tomada del periódico La Jornada.

http://www.jornada.unam.mx/

Caso Lydia Cacho: recomendará la Corte someter a Marín a juicio político

La comisión que encabeza Silva Meza pedirá acción penal contra procuradores de Puebla y QR

Desaforar al presidente del TSJ poblano y destituir a la juez Rosa Celia Pérez, otras medidas


ALFREDO MENDEZ



La comisión especial que encabeza el ministro Juan N. Silva Meza recomendará, durante la lectura de su informe sobre la investigación del caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, sea sometido a juicio político en la Cámara de Diputados federal por ser quien presuntamente organizó la confabulación de servidores públicos de esa entidad para detener e iniciar acción legal en contra de la comunicadora.

Además solicitará que el pleno de la Corte autorice sugerir a la Procuraduría General de la República (PGR) que ejercite acción penal en contra de los procuradores de Puebla y de Quintana Roo, Blanca Laura Villeda Martínez y Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, respectivamente, ya que en diciembre de 2005 ambos intercambiaron llamadas telefónicas para coordinarse con la intención de detener a Cacho en Cancún.

También recomendará que sea desaforado el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, a fin de que se le pueda consignar ante tribunales.

Según consta en dicho informe existen registros documentales de que Pacheco operó de manera irregular para que se cambiara la decisión de una juez penal que originalmente había negado una orden de aprehensión en contra de Lydia Cacho, autora del libro Los demonios del Edén, dentro del juicio por difamación y calumnias que en 2005 inició en su contra el empresario textilero Kamel Nacif Borge.

Asimismo, la comisión se manifestará por la destitución de la juez de lo penal Rosa Celia Pérez Camacho, quien ordenó en diciembre de 2005 la captura de la comunicadora, ya que inicialmente negó la medida cautelar, pero después, presuntamente recibiendo indicaciones de sus superiores, libró la medida. Fue ella quien dictó formal prisión en contra de la periodista y escritora, pero luego de su determinación se declaró incompetente para continuar con el juicio y lo turnó a las autoridades judiciales de Quintana Roo.

Por otra parte, el ministro Silva Meza sugerirá a sus compañeros que la Corte se manifieste en el sentido de exhortar a las autoridades ministeriales para que sean consignados y procesados por un juez los policías poblanos José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, quienes participaron en la detención de la periodista, el 16 de diciembre de ese año.

Según consta en el apartado de recomendaciones del mencionado informe, al que tuvo acceso La Jornada, se sugiere a los ministros que se pida a los jueces del país encargados de juzgar la comisión de delitos relacionados con actividades de pederastia -especialmente los que llevan los procesos contra el estadunidense Jean Succar Kuri- que consideren en sus juicios la necesidad de proteger las garantías constitucionales y derechos de las víctimas y ofendidos, a fin de salvaguardar la integridad de la niñez. Otra recomendación que será analizada por el pleno de la Corte menciona que es necesario exhortar al Congreso de la Unión a que legisle en materia de protección a la infancia y se creen tribunales especializados en juicios relativos a la trata de menores, explotación sexual infantil y pederastia.

Según fuentes judiciales consultadas, la idea es que existan órganos jurisdiccionales especializados en el país que conozcan el perfil de sujetos con inclinaciones a las prácticas de pederastia, para que se pueda impartir ''justicia expedita'' y con ''conciencia humana'' en casos de violaciones a menores, explotación sexual y pornografía infantil.

Una sugerencia más que la comisión especial hace en su informe final es la relativa a que el Congreso de la Unión realice los ajustes normativos correspondientes para que se ordene la creación de una institución pública que atienda las necesidades de las víctimas y ofendidos que fueron afectados por prácticas ligadas a pederastia.

La recomendación a los legisladores es que dicha institución brinde atención siquiátrica y/o sicológica especializada para atender los daños colaterales a una violación sexual, explotación infantil o actividades delictivas similares, ya que está demostrado científicamente que ese tipo de acciones ilegales provoca entre niños y adolescentes afectados síndromes como el de Estocolmo y el de estrés postraumático.

La comisión que encabeza el ministro Silva Meza, integrada por los magistrados Enrique Escobedo Angeles, Emma Meza Fonseca y Sergio Alvarado Puente, realizó durante más de dos meses inspecciones judiciales en los estados de Puebla y Quintana Roo. Su trabajo consistió en recabar pruebas documentales y periciales, testimonios de víctimas y funcionarios implicados en este caso de presunta confabulación de servidores públicos, por un lado, y de una presunta red de pederastia internacional que opera desde Cancún, con conexiones en al menos cinco entidades mexicanas y en diversos países.

Desde la semana pasada fue repartido a cada uno de los 11 ministros que integran el máximo tribunal copia del informe elaborado por dicha comisión, así como el apartado de las recomendaciones que están a consideración de los juzgadores y que serán discutidas durante la sesión del caso, la cual se espera que pueda empezar el próximo jueves. Hasta el pasado viernes, el informe elaborado por dicha comisión de la Corte contaba con el respaldo total de cinco ministros.

A decir de las fuentes consultadas, el ministro Silva Meza cuenta hasta el momento con el respaldo de los ministros Genaro David Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero, Fernando Franco González Salas y José Ramón Cossío. Se sabe también que los juzgadores ligados al ala conservadora de la Corte, entre ellos Mariano Azuela, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Sergio Valls y Margarita Beatriz Luna Ramos, se oponen terminantemente a que se admitan las propuestas de la comisión especial, ya que, desde su perspectiva, hacerlo de esa manera significaría dar facultades de Ministerio Público al máximo tribunal.

Para que sean aprobadas las sugerencias del informe que elaboró Silva Meza en más de dos meses de trabajo, se requiere una votación mínima de seis ministros que se manifiesten en ese sentido, por lo que el voto del presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, puede ser la diferencia en este litigio en el que la Corte sólo emite una opinión que jurídicamente no es vinculante (obligatoria) para los poderes Legislativo y Ejecutivo federal y estatales. El informe señala que, desde hace más de 20 años, en diversas ciudades del país operan redes de prostitución infantil con nexos internacionales, las cuales afectan gravemente el desarrollo físico, moral, ético y sicológico de la niñez mexicana.

Respecto de la participación del llamado góber precioso en la detención ilegal de Lydia Cacho, y el inicio irregular de la acción penal en contra de ésta, el informe -comentaron fuentes judiciales- plantea que sí hay elementos que involucran al funcionario estatal y otros empleados de su administración; sin embargo, no menciona que se hayan detectado nexos entre Marín y las redes de pederastia que hay en el territorio nacional.

La responsabilidad del mandatario poblano se limita a haber permitido a sus subordinados detener, procesar y causar afectaciones sicológicas a Lydia Cacho, en respuesta a una petición del empresario Kamel Nacif.

En cuanto al problema de prostitución infantil detectado, el informe del ministro señala que no ha sido atendido por las autoridades federales, estatales ni municipales del país, lo que se ha traducido en total impunidad para los responsables. Según fuentes judiciales de alto nivel, la comisión no determinó ningún vínculo de Marín y Nacif Borge con la red de pederastia que encabezó, desde Cancún, Jean Succar Kuri.

Se prevé que el próximo jueves se inicie la discusión en el pleno de la Corte sobre el caso Lydia Cacho.