Oxígeno a la impunidad; SCJN pospone votación contra gober precioso
Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Omar.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) nos dio de nueva cuenta una probadita más de lo que está echa. La mayoría – ocho ministros, aunque la ministra Olga Sánchez Cordero evitó dar su negativa rotunda- se opuso a que hoy martes 26 de junio de 2007, fuera votado el dictamen presentado por el ministro Juan N. Silva Meza sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra la periodista Lydia Cacho, por el gober precioso de Puebla, Mario Marín, sus subalternos, la juez que siguió el caso y autoridades judiciales de Quintana Roo, donde fue detenida.
Desde ayer se dio cuenta en la prensa escrita –ya sabemos de qué lado están los empresarios de los medios electrónicos de comunicación. Su principal valor a defender es la impunidad- que los abogados de Marín hicieron circular el dictamen para descalificar el trabajo del ministro ponente Juan N. Silva Meza. El resultado de la filtración –que el abogado de Cacho, Xavier Olea, adjudicó al ministro Mariano Azuela Güitrón- es que la mayoría de ministros se opusieron a votar en ese momento el dictamen porque dijeron, tal vez no se había actuado con imparcialidad en la investigación y tal vez debería darse “oportunidad” a las partes –Marín y Cacho- para que hagan observaciones al documento y eventualmente proporcionar pruebas en su favor.
De esta manera el máximo tribunal del país dio oxígeno al parche fiscal del usurpador Felipe Calderón Hinojosa al pasar la votación hasta septiembre. No es menor el hecho de que se haya filtrado un documento de la SCJN, mucho menos lo es que pudiera ser Azuela Güitrón el autor de tamaña traición a sus compañeros. Pero si tomamos en cuenta los antecedentes veremos que hay indicios en ese sentido.
Recordemos que Azuela se reunió con el traidor y ladrón Vicente Fox Quesada para tratar el desafuero de Andrés Manuel López Obrador –hay documentos y aceptaciones del caso- y cuando el escándalo de la violación a los derechos fundamentales de Lydia Cacho estaba en su apogeo, Azuela –quien en ese entonces era presidente de la SCJN- se trasladó a Puebla para inaugurar junto al gober Mario Marín, instalaciones del poder judicial allá. Su actuar representó en lo hechos un espaldarazo al cuestionado personaje, quien se defendía al decir que las grabaciones que lo inculpaban eran falsas.
Ahora, la investigación de la Suprema Corte dictaminó que efectivamente el malandrín gobernador poblano operó y dirigió a un grupo de funcionarios con la intención de detener de manera ilegal a Cacho en diciembre de 2005, además de coludirse con las autoridades de Quintana Roo para llevarlo a cabo. Elementos de la escolta personal de Mario Marín fueron enviados a Cancún para traer a Cacho y ejercer presión para que se desistiera de lo denunciado en su libro “Los demonios del Edén” en el que las víctimas señalan al empresario textilero Kamel Nacif como protector del pederasta Jean Succar Kuri, preso en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano (antes La Palma), luego de que fuera extraditado de Estados Unidos.
Silva Meza expuso a sus compañeros de forma resumida los argumentos y pruebas por los que llegó a la conclusión de que ese cuerpo colegiado debe recomendarle al Congreso de la Unión que inicie un juicio político en contra del mandatario por haber violado las garantías individuales de Lydia Cacho consagradas en la Constitución.
Asimismo, el dictamen afirma que de acuerdo con las pruebas recabadas por esa comisión, en los delitos participaron de forma concertada la procuradora general de Justicia de Puebla, Blanca Laura Villeda; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Guillermo Pacheco, así como otros magistrados del mismo tribunal y la jueza local Rosa Celia Pérez González, además como ya se dijo de diversos funcionarios del gobierno de Quintana Roo.
Justo por la gravedad de los hechos investigados y de la conclusión de los mismos, es que la SCJN nos brindó una prueba más para que observáramos de qué está echa y votó por alargar el asunto, bajo el supuesto de que no se respetó el derecho de audiencia a Marín. Pese a que el ministro Silva Meza hizo énfasis en que sí se tomaron en cuenta sus derechos constitucionales, la mayoría optó por diferir la votación hasta que se cree una comisión que escriba los lineamientos generales que se seguirán en lo futuro para investigar este tipo de casos, después “analizará” si estos nuevos reglamentos fueron cumplidos por la investigación ya concluida –que no tenía que seguir lineamientos que no existían- y en caso contrario entregar el dictamen a las partes –Marín y Cacho- para que aporten sus pruebas. Después de lo anterior, se tomará la votación respectiva.
A todas luces se trata de aplazar –por los tiempos políticos- la votación que podría llevar al cesto de la basura al parche fiscal del pelele Calderón Hinojosa. Bueno ahora ya tenemos más pedazos del pastel del que está echo el máximo tribunal del país. Ustedes juzguen si la justicia es imparcial, pero sobre todo si ésta se imparte ante tamaño descaro difundido a través de la televisión por el Canal del Congreso.
Desde ayer se dio cuenta en la prensa escrita –ya sabemos de qué lado están los empresarios de los medios electrónicos de comunicación. Su principal valor a defender es la impunidad- que los abogados de Marín hicieron circular el dictamen para descalificar el trabajo del ministro ponente Juan N. Silva Meza. El resultado de la filtración –que el abogado de Cacho, Xavier Olea, adjudicó al ministro Mariano Azuela Güitrón- es que la mayoría de ministros se opusieron a votar en ese momento el dictamen porque dijeron, tal vez no se había actuado con imparcialidad en la investigación y tal vez debería darse “oportunidad” a las partes –Marín y Cacho- para que hagan observaciones al documento y eventualmente proporcionar pruebas en su favor.
De esta manera el máximo tribunal del país dio oxígeno al parche fiscal del usurpador Felipe Calderón Hinojosa al pasar la votación hasta septiembre. No es menor el hecho de que se haya filtrado un documento de la SCJN, mucho menos lo es que pudiera ser Azuela Güitrón el autor de tamaña traición a sus compañeros. Pero si tomamos en cuenta los antecedentes veremos que hay indicios en ese sentido.
Recordemos que Azuela se reunió con el traidor y ladrón Vicente Fox Quesada para tratar el desafuero de Andrés Manuel López Obrador –hay documentos y aceptaciones del caso- y cuando el escándalo de la violación a los derechos fundamentales de Lydia Cacho estaba en su apogeo, Azuela –quien en ese entonces era presidente de la SCJN- se trasladó a Puebla para inaugurar junto al gober Mario Marín, instalaciones del poder judicial allá. Su actuar representó en lo hechos un espaldarazo al cuestionado personaje, quien se defendía al decir que las grabaciones que lo inculpaban eran falsas.
Ahora, la investigación de la Suprema Corte dictaminó que efectivamente el malandrín gobernador poblano operó y dirigió a un grupo de funcionarios con la intención de detener de manera ilegal a Cacho en diciembre de 2005, además de coludirse con las autoridades de Quintana Roo para llevarlo a cabo. Elementos de la escolta personal de Mario Marín fueron enviados a Cancún para traer a Cacho y ejercer presión para que se desistiera de lo denunciado en su libro “Los demonios del Edén” en el que las víctimas señalan al empresario textilero Kamel Nacif como protector del pederasta Jean Succar Kuri, preso en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano (antes La Palma), luego de que fuera extraditado de Estados Unidos.
Silva Meza expuso a sus compañeros de forma resumida los argumentos y pruebas por los que llegó a la conclusión de que ese cuerpo colegiado debe recomendarle al Congreso de la Unión que inicie un juicio político en contra del mandatario por haber violado las garantías individuales de Lydia Cacho consagradas en la Constitución.
Asimismo, el dictamen afirma que de acuerdo con las pruebas recabadas por esa comisión, en los delitos participaron de forma concertada la procuradora general de Justicia de Puebla, Blanca Laura Villeda; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Guillermo Pacheco, así como otros magistrados del mismo tribunal y la jueza local Rosa Celia Pérez González, además como ya se dijo de diversos funcionarios del gobierno de Quintana Roo.
Justo por la gravedad de los hechos investigados y de la conclusión de los mismos, es que la SCJN nos brindó una prueba más para que observáramos de qué está echa y votó por alargar el asunto, bajo el supuesto de que no se respetó el derecho de audiencia a Marín. Pese a que el ministro Silva Meza hizo énfasis en que sí se tomaron en cuenta sus derechos constitucionales, la mayoría optó por diferir la votación hasta que se cree una comisión que escriba los lineamientos generales que se seguirán en lo futuro para investigar este tipo de casos, después “analizará” si estos nuevos reglamentos fueron cumplidos por la investigación ya concluida –que no tenía que seguir lineamientos que no existían- y en caso contrario entregar el dictamen a las partes –Marín y Cacho- para que aporten sus pruebas. Después de lo anterior, se tomará la votación respectiva.
A todas luces se trata de aplazar –por los tiempos políticos- la votación que podría llevar al cesto de la basura al parche fiscal del pelele Calderón Hinojosa. Bueno ahora ya tenemos más pedazos del pastel del que está echo el máximo tribunal del país. Ustedes juzguen si la justicia es imparcial, pero sobre todo si ésta se imparte ante tamaño descaro difundido a través de la televisión por el Canal del Congreso.
La siguiente nota fue tomada del sito web de La Jornada.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas
Critica ex ministro que "voceros terroristas" descalifiquen a la Corte
Alfredo Méndez
26/06/2007 15:01
México, DF. El ministro jubilado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juventino Castro y Castro criticó a los “voceros terroristas” que para defender los intereses políticos de gobernadores priístas han propalado la idea en los medios de comunicación de que se debe tener “miedo a la Corte” porque “hace y dicta política”.
Mediante una carta dirigida a la opinión pública, el juzgador en retiro indicó que de acuerdo con la Constitución mexicana, corresponde al Poder Judicial de la Federación y a su cabeza, la Suprema Corte, “realizar la política judicial, ya que su principal función, quizá la más relevante es juzgar actos políticos de la autoridad que violen o se diga que violan las garantías individuales”.
En su misiva, que lleva dedicatoria para “esos ignorantes malintencionados que tan acostumbrados están al triunfo, caiga quien caiga”, el ministro criticó la existencia de un espot propagandístico que “se maneja como aquel que tan exitoso fue: 'hay que tenerle miedo a fulano´, y que ahora transforman en: ´La Corte ha llegado a su límite del cual ya no podrá regresar´”.
Dinero federal: Despilfarro y cochupo
Álvaro delgado
México, D.F., 25 de junio (apro).- Felipe Calderón propone discutir, “de manera constructiva”, el proyecto de reforma fiscal que envió al Congreso, que grava todavía más a quienes cumplimos con puntualidad con nuestros responsabilidades tributarias, pero esta deliberación implica, también, saber para qué quiere más dinero ese señor.
Al debate “constructivo” que exige Calderón le corresponde el deber de acreditar, con hechos, que no utilizará los recursos del erario para el despilfarro y la corrupción, como ha dado muestras aun antes de asumir formalmente el cargo, el 1 de diciembre del año pasado, y después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) legalizara su incierto triunfo.
No se trata de imputaciones gratuitas: La opacidad o el ocultamiento son características de Calderón y sus incondicionales desde hace años, como el pacto con los banqueros que convalidó el rescate bancario, en diciembre del 1998, cuando era presidente del Partido Acción Nacional (PAN), y la impunidad de los dirigentes petroleros, en el 2003, siendo él secretario de energía de Vicente Fox.
Se trata de dos episodios que comprometieron recursos públicos que debieron ser destinados al combate a la pobreza de la mitad de la población y a estimular el desarrollo productivo del país, pero que Calderón usó para canjear impunidad por su imposición en la Presidencia de la República, en las elecciones de hace un año.
Hace apenas dos semanas examinamos aquí el despilfarro de Calderón en materia de difusión gubernamental: Ni más ni menos que 3 mil 700 millones de pesos para la propaganda de su gestión, una cifra muy superior a la de por sí elevada que gastó Fox en su gobierno y que ascendió a 2 mil 500 millones de pesos anuales.
Si Fox gastó en total 15 mil 776 millones de pesos, la mayor parte de los cuales se destinaron a las empresas televisivas, sobre todo a Televisa, el plan de Calderón es más ambicioso con tal cantidad en el primer año de su gestión. Esto sin contar con los tiempos oficiales y de Estado, que usa para una sistemática tormenta de spots contra la sociedad.
Calderón quiere más dinero, según él para combatir la pobreza (dicho sea de paso, en su campaña prometió reducir en 27 millones el número de pobres y ahora dice que serán sólo 5 millones 700 mil mexicanos), pero se opuso a rendir cuentas de manera nítida sobre los 150 millones de pesos que le fueron asignados en la etapa de transición.
Una vez más, no es un señalamiento sin sustento: Calderón quiso sepultar los gastos que, por más de 120 millones de pesos, hizo el equipo de transición en poco menos de tres meses, a contrapelo de la obligación impuesta por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), y tuvo que entregar las facturas sólo forzado por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Una muestra no sólo del despilfarro, sino de un episodio que puede configurar inclusive un delito, es un contrato por 3 millones de pesos otorgado, de manera discrecional por Gerardo Ruiz Mateos --administrador del equipo de Calderón--, a la empresa “Consultoría de estrategias político-legislativas”.
El caso es una perla: La empresa se constituyó, legalmente, el 1 de noviembre del 2006 --en pleno proceso se transición y cuando fluían en abundancia los recursos públicos--, pero al día siguiente Ruiz Mateos ya había recibido la cotización para hacer un estudio sobre los 628 diputados y senadores de la Legislatura entrante.
La eficiencia de la empresa es de envidia: Comenzó su trabajo el 8 de noviembre y para el 30 entregó los resultados, para recibir un cheque por 2 millones 990 mil pesos.
Pero, además, resulta que esa empresa no está inscrita en el Registro Público de la Propiedad, como aseguró en el contrato firmado con el fideicomiso para el equipo de transición, y el domicilio que proporcionó para ubicarla --avenida del Hueso 150, colonia Vergel Coyoacán-- es falso: Ahí no hay ninguna empresa.
El caso da para más: La responsable de enviarle a Ruiz Mateos la cotización de “Consultoría de estrategias político-administrativas” fue la apoderada legal de la empresa, Laura Ballesteros Mancilla.
¿Pero quién es esta señora que, en el documento, tutea a Ruiz Mateos, quien hoy ocupa el cargo de jefe de coordinador general de Gabinetes y Proyectos Especiales de la Presidencia de la República?
Resulta que es militante formal del PAN en la delegación Coyoacán. Y no sólo eso: Fue candidata de ese mismo partido a diputada local en la elección del 2 de julio del año pasado.
Como no ganó, estaba desempleada. Y ya se sabe que Calderón prometió generar empleos, muy bien remunerados. Al menos este es un caso…
El reportaje íntegro, bajo la firma de Daniel Lizárraga, se publica en el semanario Proceso de esta semana. La entrevista con la señora Ballesteros Mancilla es una delicia.
Apuntes
Pues sí: Jorge Hank Rhon quedó, por ahora, proscrito como candidato al gobierno de Baja California por decisión de los tres magistrados del Tribunal Electoral del estado, que ya habían validado, en noviembre, su pretensión. Pero el caso de Hank va más allá de un asunto meramente legal, que en México --está más que visto-- es una tomadura de pelo. Hay tres datos que configuran la intromisión de las esferas gubernamentales federal y estatal, ambas del PAN, en el transe de esa entidad federativa: La presunta visita, a hurtadillas, de Juan Camilo Mouriño para hacer variar la decisión de los magistrados; la militancia formal en el PAN de uno de ellos, de cuyo padrón fue desaparecido repentinamente el viernes 22, y --sobre todo-- la responsabilidad de este partido en la gestación de la candidatura de Hank Rhon. Casi dos décadas de gobierno del PAN en Baja California, cuya corrupción y colusión con el crimen organizado está documentada, puso a los ciudadanos de ese estado ante el escenario de elegir entre lo malo y lo peor… La magia de la relación perversa entre el gobierno y los medios audiovisuales: Por decreto desaparecen las ejecuciones de las pantallas…
Comentarios: delgado: delgado@proceso.com.mx
posted by Liberation at
3:11 p.m.
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