Seguridad fraudulenta, pero apuestas legales

Tomados de El Universal, Helioflores y La Jornada, Rocha.

Los pagos a la mafiosa lideresa de los maestros Elba Esther Gordillo, sobre quien pesan acusaciones de malversación de las cuotas sindicales, robo, fraude y asesinato, continúan de parte del usurpador Felipe Calderón Hinojosa al comprometer la seguridad nacional con el nombramiento de un personaje incapaz y gris como lo es Roberto Campa Cifrian. El excandidato presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal) –también de la fraudulenta Gordillo- fue nombrado por el pelele secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, sin que sepa algo de seguridad. Se trata pues de un pago a los favores de Gordillo que trabajó con miembros del SNTE para realizar el fraude que llevó al chapelén al asalto de Los Pinos. Con este son dos alfiles de la Gordillo en puestos de seguridad nacional, el otro es Miguel Angel Yunes, ligado al pederasta Jean Succar Kuri.

Con bombo y platillo y un aparatoso operativo que llevó al cierre por seis horas del centro de la ciudad de México –por el sólo hecho de impedir que manifestantes protestaran contra su presencia- el espurio habló como en el pasado de que ahora sí se va a ganar la “guerra” contra la inseguridad. No se sabe como pues a los delincuentes peligrosos se los envía a Estados Unidos demostrando lo que tantas veces se ha comprobado, que las instituciones en México son corruptas y atienden a los intereses de los poderosos. Del dinero pues.

Y como muestra otro botón más. La Suprema Corte de Justicia de la Nación legalizó lo que no podía ser ley, pues los diputados y senadores del Congreso de la Unión no aprobaron ninguna ley que contemple juegos por televisión, sorteos por radio o los llamados books –centros de apuestas de juegos que ni siquiera se realizan en México-, amén de un sin número de formas de apostar que benefician principalmente al rey del juego, Jorge Hank Rhon –mafioso presidente municipal de Tijuana, ligado al narco y a asesinatos- y a Televisa y TV Azteca.

Y es que convalidaron un reglamento a una vieja ley que no contempla los avances tecnológicos, pero que en el reglamento si están previstos. Es decir un reglamento fue impuesto de facto por los magistransas como si fuera ley. De esta manera la Secretaría de Gobernación podrá seguir favoreciendo a sus compinches con permisos para apuestas. Pero la cosa no acaba ahí, aunque se dijo que era inconstitucional el artículo octavo del reglamento todo quedó igual –qué importa que se violente la Constitución y que esa violación sea avalada por el máximo tribunal del país, irónicamente el encargado de salvaguardarla- ya que se necesitaban 8 votos para anularlo, pero sólo se consiguieron seis. Lo ministros que se opusieron a anular dicho artículo fueron: Margarita Beatriz Luna Ramos, Fernando Franco, José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio Valls. Otros que a última hora cambiaron de opinión sobre la ilegalidad en las apuestas de naipes son: Juan N. Silva Meza y Genaro Góngora Pimentel, primero habían votado por la ilegalidad, pero unos días después se desdijeron y aprobaron las apuestas en el juego de cartas, pero sólo en las ferias.

Por si esto fuera poco los “jueces” justificaron la legalización de las apuestas diciendo que entendían la preocupación por el “impacto social” ante la previsible proliferación de casas de apuestas en el país, pero que era preferible que éstas fueran reguladas –no sé como- por la Secretaría de Gobernación y no tuvieran que apostar los mexicanos por otros medios como internet, donde se necesita nada más una tarjeta de crédito. Valiente argumento de nuestras sacrosantas instituciones. Como ya lo he dicho anteriormente los mexicanos somos rehenes de una gavilla de bandoleros y mafiosos que pasan desde el empresario transa, el ministerio público, los legisladores, los partidos políticos, los policías, los abogados, los jueces, los gobiernos federal, estatal y municipal y se corona con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, última opción para apelar a una protección que de antemano será negada.

En seguida un análisis tomado de la revista Proceso.


http://www.proceso.com.mx


La violencia invisible

sara lovera lópez

México, D.F., 22 de enero (apro-cimac).- Mientras el despliegue de policías y militares se extiende por todo el país, en un simulacro que alarma y que nos está llevando a una situación extraordinaria y poco clara, la violencia contra las mujeres es incontenible.

Ésta es invisible para el grupo que administra el gobierno de México. Los recursos invertidos para invadir de militares creció en 30 por ciento, mientras disminuyen los recursos para atender la violencia de pareja y la que cobra la vida de las mujeres en todos los espacios de México.

Ayer leí alarmada que, durante 2006, fueron asesinadas en el estado de Guanajuato 24 mujeres, según informó a un diario local la Procuraduría de Justicia de esa entidad. Relata el periódico que María Clara Zavala, de 40 años, apareció muerta de un tiro en la cabeza. Fue identificada como trabajadora de una empresa maquiladora de productos textiles, y su asesinato se consideró como el primero del año ligado al feminicidio.

Paralelamente, la Comisión Independiente de los Derechos Humanos del estado de Morelos denunció a otro diario local que, durante 2007, ya han sido perpetrados 4 homicidios contra las mujeres. Dos de éstos de niñas, con mutilaciones y signos de abuso sexual. La comisión asegura que, mientras esto sucede, entre las autoridades del gobierno se sigue escamoteando el reconocimiento del problema de la violencia contra las mujeres.

La investigación es lenta y se pretende afirmar que los dos cuerpos aparecidos en la carretera son de otra entidad. Por eso no actúa la Fiscalía Especial del estado. Y nadie protesta.

Parece que ningún dato, estadística, influye en la sensibilidad de quienes administran las dependencias gubernamentales vigentes. Dedicado el grupo gobernante a la publicidad y a la afirmación de que en México ya hay seguridad, olvidan los verdaderos problemas que, en este caso, cobran día a día la vida de las mexicanas.

A pesar de que el Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, hace 32 días, y que debiera promulgarse en los 10 siguientes, el señor Felipe Calderón, quien ostenta el cargo de presidente de la República, no ha tenido tiempo de firmarla.

De hecho está violentando la ley y faltando a su responsabilidad.

Es decir, no existe la voluntad política para frenar la violencia contra las mujeres. No es importante para esta administración bajo sospecha lo que sucede, más allá de cualquier información casuística, sino que el homicidio contra las mujeres es un hecho demostrado en una investigación empírica, profesional y publicada por la Cámara de Diputados.

No es suficiente que el partido político que respalda al grupo en el poder haya realizado las encuestas, donde se demuestra el tamaño del problema. Al contrario, le da todo el respaldo a la impunidad.

Mientras aumenta el salario a los militares, recorta los fondos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, tanto en el presupuesto federal como en los presupuestos estatales.

De visita en Colima, se ha podido comprobar que el Congreso estatal recortó en 50 por ciento los recursos del CAM, el centro emblemático de apoyo a las mujeres violentadas que, en 1983, dio el banderazo de salida a la atención y prevención de la violencia contra las mujeres.

En este caso, es obvio que los congresistas locales, de todos los partidos políticos, futuros gobernantes, exgobernantes y políticos en general, también son omisos e insensibles.

Los niveles de impunidad se extienden a miles de casos. La camarilla gobernante sigue negando la violación a los derechos humanos de las mujeres ultrajadas en su detención en Atenco, hace casi un año; desconoce las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de 3 indias tzeltales violadas por militares en 1994 en Altamirano, Chiapas; no ha esclarecido la violación de dos campesinas de Barranca de Bejuco, en Guerrero, y ahora encubre la violación de 13 mujeres en Castaños, Coahuila, puesto que las abogadas que presentaron la denuncia están amenazadas.

De todo eso, el señor Felipe Calderón no se entera: los policías siguen libres, los militares no han sido apresados y en Coahuila sólo algunos responsables, no todos, ni los principales, han sido puestos en prisión.

En fin, que estos problemas no son del interés de la administración, instalada sospechosamente.