Descarado inicio de año panista

Tomado de La Jornada, Hernández.

Las novedades del año que inicia son que el usurpador Felipe Calderón Hinojosa persiste en su afán de presentarse con la cara de “duro”, muy a pesar de que ni la pinta tiene. A lo más es la caricatura del dictador de la viñeta del monero Palomo en el Cuarto Reich. Con tal fin utiliza disfraces para mandar la señal que es el mero mero, pero como dije antes es tan sólo un remedo.

Para el secretario de Salud el que se subcontrate servicios sanitarios por la “incapacidad” del Estado para garantizar la atención médica de los mexicanos no es privatización, pues argumenta el cínico, que la población no pagará un peso. Como si la gente no pagara impuestos y será de allí de donde el Estado pague a los hospitales privados. No cabe duda que el descaro de los panistas es más grande conforme su avaricia crece por liquidar lo poco que queda.

Por si algo faltaba en el segundo día hábil del año los persignados legisladores del PAN en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión decidieron frenar un punto de acuerdo que indicaría a la Secretaría de Gobernación que dejara de otorgar permisos para la operación de casas de apuestas. Muy a pesar de que la famosa ley de apuestas y sorteos afronta una controversia constitucional, que el corrupto ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Güitrón, dejó sin resolver. El nuevo mandamás de lo judicial, Guillermo Ortiz Mayagoitia, se comprometió –de poco valen sus palabras ya que sus hechos demuestran lo contrario- a darle celeridad al trámite.

A continuación una colaboración tomada del periódico La Jornada.

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Porque es preciso...

Gustavo Iruegas

Como parte de los males que el odioso neoliberalismo ha descargado sobre México ­profundizar la miseria, cancelar la democracia y menoscabar la soberanía­ penden sobre nosotros los efectos del muro en la frontera norte y la aplicación del Tratado de Libre Comercio (TLC) a nuestra agricultura. Dos ominosos elementos que estarán presentes en la relación entre México y Estados Unidos durante 2007.

Aunque Estados Unidos ha recurrido a la instalación de cercas, bardas y murallas en las ciudades fronterizas y sus cercanías para dificultar el paso de los mexicanos indocumentados, nunca lo ha hecho de manera total. Durante el siglo XX, las cercas fueron generalmente coincidentes con las guerras y con las crisis: 1917, 1929, 1942. En 1993 se retomó la construcción de un muro de unos 15 kilómetros entre Tijuana y San Diego que se prolongó unas decenas de metros en el mar. Esta práctica ha propiciado que se incluya en el discurso de los mexicanos, de uno y otro lados de la frontera, la aseveración de que los americanos no podrían construir un muro limítrofe porque eso implicaría cerrar su propia frontera. Nuestro razonamiento estaba incompleto. Le hacía falta agregar una segunda parte de la sentencia que aclarara: "A menos que las circunstancias políticas cambien". Y cambiaron.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 no solamente desataron la furia guerrera de Estados Unidos, también tuvieron efectos nocivos en el interior del país. La creación del Departamento de Seguridad Interior ha sido la principal de una serie de medidas tendientes a profundizar el carácter policiaco del gobierno de Estados Unidos. El principal objetivo de un gobierno policiaco es el control de la población. La población indocumentada está, por definición, fuera de control. Quince millones de personas (5 por ciento de los habitantes en Estados Unidos) fuera de control se convierten en objetivo inmediato del régimen policiaco. A esta lógica obedece el incremento de las medidas de hostilidad contra los indocumentados. Las hemos visto en la criminalización de la falta de documentos, de la acción racista de particulares, de discursos políticos oportunistas y de persecución policiaca intensificada. Todas orientadas a sembrar la animosidad en la opinión pública estadunidense.

La población indocumentada, alarmada a su vez por el evidente antagonismo de que era objeto, intentó hacer valer la importancia de su número. En abril y mayo de 2006 los indocumentados se congregaron por primera vez alrededor una causa común y marcharon, de manera simultánea y concertada, por las principales ciudades del país. Tenían el propósito de demostrar su peso en la economía, su lugar en la sociedad y su deseo de regularizar su situación migratoria. Esa demostración tuvo efectos contrarios.

Ante la impresionante movilización, los neoconservadores estadunidenses determinaron que antes de discutir cualquier programa de regularización migratoria debían detener el flujo de indocumentados. Y se decidió construir un muro en la frontera, altamente tecnificado y vigilado por soldados. Esta vez no se trató de una medida electoral ni de una construcción precaria de dudosa efectividad. Se tomó una decisión de Estado para la que se cuenta con la técnica, el dinero, la voluntad política de partidos y gobierno, y respaldo de la opinión pública. Con mil 120 kilómetros autorizados, el muro terminará extendiéndose de costa a costa y el fenómeno migratorio se reducirá sustancialmente.

No desaparecerá del todo porque los vínculos entre ambas sociedades son importantes, pero dejará de ser, en dimensión y condición, como ahora lo conocemos. Es de esperarse que los mexicanos que ahora se encuentran en Estados Unidos buscando su regularización migratoria sean sometidos a tratamientos diferenciados que permitirán a algunos permanecer y a otros seguir aspirando. A muchos más les espera la expulsión. No deportarán a todos, pero lo harán con todos los que puedan.

Para México, además de las tribulaciones que esperan a sus nacionales en Estados Unidos, la construcción del muro implica la drástica reducción del flujo migratorio. En tanto el muro esté en construcción habrá quienes logren pasar, pero para lograrlo necesitarán hacerlo por los lugares de mayores impedimentos y peligros. Los que no consigan pasar continuarán intentándolo y los expulsados procurarán, como hacen ahora, volver a cruzar la frontera; probablemente sin éxito. Mientras tanto se irá engrosando la precaria pero abundante población flotante en nuestras ciudades fronterizas y disminuyendo la capacidad de control de las autoridades mexicanas.

Eventualmente, los rechazados desistirán y buscarán acomodo en los espacios que el desempleo les depara: la economía informal, la mendicidad abierta o disfrazada y, para algunos, la delincuencia. Muchos acudirán al eterno expediente familiar de compartir la miseria. Todo esto significará más desempleo para México y menos "remesas". También abundará en la discordia que el neoliberalismo ha cultivado con tanto esmero en nuestra sociedad.

Si no fuera suficiente, pende sobre México el plazo fatal (2008) en que el TLC hará que el maíz, el frijol y otros granos y productos agrícolas de Estados Unidos, tecnificados y subsidiados, libres de aranceles y en condiciones de leonina competencia, invadan los mercados mexicanos. Los efectos de este abuso sobre el campo nacional serán devastadores. Arruinará a nuestros agricultores pequeños y medianos, anulará la producción nacional de granos y profundizará nuestra ya grave dependencia alimentaria.

Veinticinco años de inclemente neoliberalismo, la cancelación de la democracia, la supresión de la emigración y la aplicación del TLC a la agricultura mexicana es una suma de factores de presión social que apuntan a un estallido social sin precedentes en México. Es preciso evitar la entrada ventajosa de los granos estadunidenses.

Hay dos vías para hacerlo: la primera consiste en recordar a los socios del norte que la verdadera aportación de México a su seguridad está en ser un país en paz, con una sociedad en progreso y un gobierno estable. En sus manos está reducir la presión, ya crítica, a que el mal gobierno y los peores mexicanos han sometido a nuestra economía y a nuestra sociedad. La otra es seguir el ejemplo estadunidense en el caso de nuestros camiones y conductores: incumplir el tratado, simplemente.