Censura del usurpador, verdadera cara del panismo

Tomados de El Universal, Boligán y La Jornada, Rocha.

El gobierno federal insiste en censurar y violar los derechos políticos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al enviar un documento a los medios de comunicación para ordenar que no trasmitan un programa en tiempos oficiales –a los que tiene derecho ese instituto político-, porque narra la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente legítimo. Una vez más son los obligados a respetar el Estado de derecho, quienes cometen ilícitos al amparo de la impunidad que se ha enseñoreado en el país desde hace décadas.

En gira por el estado de Yucatán López Obrador crítico la elección de Guillermo Ortiz Mayagoitia como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues dijo que ese tribunal no ha tenido ningún fallo importante a favor del pueblo y por el contrario se ha colocado al servicio del poder económico representado por los banqueros, por lo que deberían cambiar el retrato de Benito Juárez por el de Diego Fernández de Cevallos. Allí anunció que a partir del próximo martes 9 de enero saldrá al aire un programa de televisión de media hora de duración en el que se darán a conocer los avances del movimiento que encabeza y se discutirán temáticas que los medios oficiales no tocan. El horario será de las 01:00 a las 01:30 horas de la madrugada por TV Azteca y será conducido por el cineasta Luis Mandoki.

Por otra parte y de forma surrealista el director de la policía ministerial de Oaxaca Manuel Moreno Rivas afirmó sentirse orgulloso de su formación contrainsurgente en el cuerpo de elite de los kaibiles –grupo de asesinos del ejército guatemalteco- y agregó que la mayoría de sus compañeros de adiestramiento ocupan puestos importantes en el gobierno de Guatemala. No sé si es un dislate o de plano pretende que creamos que los kaibiles son todo honor y toda gloria, cuando está documentado por organismos internacionales, entre ellos la ONU, que se trata de un grupo que tortura y mata sin piedad a quienes combaten al margen de cualquier ley nacional o internacional. Originalmente los kaibiles fueron entrenados por Estados Unidos para que el gobierno de Guatemala hiciera frente a la guerrilla de su país, pero resultó que la perra les salió brava y superó al maestro. A partir de ahí diversos países por instrucciones de EU mandaron militares para que fueran entrenados en Guatemala, debido sobre todo a que sus crímenes de lesa humanidad perpetrados contra decenas de poblaciones desarmadas habrían servido para minar la ayuda material a la guerrilla. Así que si ese es el orgullo de Moreno Rivas estamos ante un asesino confeso.

En seguida una colaboración tomada del diario La Jornada.

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En guerra

Luis Javier Garrido

El gobierno de facto del panista Felipe Calderón ha logrado en pocas semanas convencer a amplios sectores de mexicanos de su vocación antinacional y antipopular, pero también de su incompetencia.

1. Las primeras acciones del gobierno ilegítimo de Felipe Calderón están siendo ya de enorme preocupación para amplios sectores de mexicanos, pues, al margen del origen ilegítimo del nuevo gobierno, se está constatando su vocación autoritaria y su desprecio por los derechos fundamentales de las mayorías, lo mismo con su actitud ante la grave crisis de Oaxaca que en su pretensión de un presupuesto con absurdos recortes al gasto social o que en su pretensión de gobernar como Vicente Fox, mediante la televisión y en las amenazas vertidas al periodista José Gutiérrez Vivó.

2. México estaba urgido en estos inicios del siglo XXI de tener un gobierno constitucional democrático que pudiera encauzar al país por la vía de la legalidad y del respeto a la Constitución, e impulsara a partir de ésta las reformas que requiere el país en todos los órdenes, pero tras el fraude electoral de 2006 se ha abierto un periodo de nuevas regresiones. Y está teniendo en los hechos un gobierno ilegítimo de facto, que no tiene más proyecto que el desmantelar al Estado nacional y a la Constitución vigente con el fin de entregar el control absoluto del país a los intereses multinacionales, y frente a él un gobierno legítimo, que busca detener el proceso de deterioro al que están llevando estas políticas, lo mismo desde el Congreso, por conducto del Frente Patrótico Nacional, que desde la sociedad.

3. El gobierno ilegítimo de Calderón representa para México una regresión histórica todavía más aberrante que la de Fox, porque además de asumirse como un instrumento de los poderes fácticos y de los intereses trasnacionales, representa de manera más abierta y beligerante muchos de esos intereses, y en particular los de la Iglesia católica y de los grupos más conservadores del país, sin ocultar un espíritu revanchista, que ya muchos han advertido, y que por su propio origen espurio expresa como un desprecio al orden constitucional del país, que tanto ha combatido la derecha mexicana y por una actitud beligerante.

4. El error más grave que podría cometerse desde una perspectiva democrática sería, sin embargo, el entender al de Calderón como un gobierno tradicional de la derecha, que es simplemente intolerante y reaccionario, enemigo de la clase trabajadora y pelele de los empresarios, que desprecia la legalidad y busca imponer intereses facciosos privados a los derechos de las mayorías. El gobierno calderonista es, en el escenario de la globalización bushiana, abiertamente fascistoide, y se ha asumido como tal desde sus primeras semanas, apareciendo en guerra abierta contra sectores muy importantes del pueblo mexicano, dispuesto a aplastarlos y a enquistar en el poder a una serie de consorcios vinculados a la extrema derecha trasnacional para adueñarse de éste por muchas décadas.

5. El marco institucional es de abierta simulación, pues ni Calderón en lo personal, ni los yunquistas que controlan el PAN creen en las instituciones liberales (división de poderes, democracia, federalismo), ni el proyecto neoliberal las ha entendido más que como instancias de legitimación del poder de las grandes corporaciones. El escenario legislativo es, por consiguiente, muy difícil para el PRD y el PRI, pues están obligados a actuar en éste a sabiendas de que a) no es confiable ningún posible acuerdo con el PAN, que es la expresión legislativa del gobierno de facto, y que b) Felipe Calderón en lo personal, quien detesta al PRI y al PRD, va a tratar por todos los medios de aplastarlos en el 2009. Y es por ello que desde Los Pinos se está tratando de imponer al frente del PRI a la calderonista Beatriz Paredes, o al también filopanista Enrique Jackson, y que en el PRD se intenta marginar a las corrientes favorables a Andrés Manuel López Obrador e imponer a las opositoras ­a las que se llama ya "el PRD azul"­ en la pretensión de hacer del sol azteca y del tricolor dos partidos comparsas de la ultraderecha.

6. El desprecio del gobierno de Felipe Calderón por la legalidad lo ejemplifican ya muchos casos, como la chicana que ha pretendido hacer su gobierno con el presupuesto tras las reasignaciones que hizo la Cámara de Diputados en diciembre, pues el diputado panista Raúl Padilla (presidente de la Comisión de Presupuesto) no las incorporó al texto remitido a finales de año a la Secretaría de Gobernación y el gobierno calderonista pretende ahora ignorarlas, en actitud verdaderamente indecorosa.

7. El discurso del gobierno de facto en estas semanas en las que ha buscado instalarse ha estado marcado en todo caso por un vocabulario bélico, en un afán de imponerse a la sociedad y a las fuerzas políticas y sociales organizadas; de ahí el operativo militar supuestamente contra el narco, que se inició en Michoacán y prosiguió en Baja California, y que en realidad ha sido un operativo mediático tendiente a levantar la imagen de Calderón como supuesto jefe de las fuerzas armadas, a presentar a su gobierno como luchando contra la inseguridad, a crear condiciones electorales favorables al PAN en los próximos comicios y a hacer creer que los intereses del narco están vinculados al "viejo PRI" y no al poder panista actual: a muchos jerarcas de Acción Nacional, al salinismo, a la PGR, al aparato judicial, a la banca privada y a los grandes empresarios salinistas lavadores de dinero: los protectores de Calderón.

8. El operativo, como era de esperarse, se ha saldado con el ridículo del Ejército, que ha aparecido como impotente para cumplir con una función que no sólo no es la suya, sino que lo hace actuar de manera inconstitucional, y por el figurón de Calderón que culminó el miércoles 3, al disfrazarse de comandante en campaña para ser el hazmerreír de todos, y todo por su menosprecio a la legalidad. El gobierno de facto olvidó dos cosas: que los delitos contra la salud los deben investigar y perseguir en el marco legal mexicano grupos especializados de la policía judicial federal (hoy llamada la AFI o policía ministerial) y no soldados, que no están preparados para ello, y que un gobernante no es jefe de las fuerzas armadas por ponerse un uniforme como disfraz, pues el espurio aunque se vista de verde olivo espurio se queda.

9. El operativo militar-mediático con el que Felipe Calderón pretende levantar su imagen es anticonstitucional, violatorio de los principios establecidos en los artículos 21 y 129 constitucional y trasgrede además de manera abierta el marco federal, pero es también absurdo desde el punto de vista técnico de la lucha contra el crimen organizado, por lo que resulta penoso que los gobernadores Lázaro Cárdenas Batel, de Michoacán, y Eugenio Elorduy, de Baja California, sin dignidad alguna, lo hayan apoyado.

10. El país vive una crisis institucional derivada ya no sólo de la ilegitimidad del poder político formal y de su proyecto antinacional y antipopular, sino de las acciones irracionales emprendidas por quienes encabezan el gobierno panista, que no tienen una visión de la nación y no hacen más que actuar como agentes de fuerzas trasnacionales. Y por lo tanto el desafío para la sociedad está muy claro.

El siguiente es una análisis tomado de la revista Proceso.


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Gil Díaz, conflicto de intereses

carlos acosta córdova

México, D.F., 4 de enero (apro).- Por enésima ocasión, Francisco Gil Díaz se coloca en el centro de la polémica. Es parte de su naturaleza. Ahora, porque se incorpora --sin rastros de pudor y apenas a 33 días de haber dejado el cargo de secretario de Hacienda-- al Consejo de Administración del Hong Kong Shanghai Banking Corporation Holdings (HSBC), el gigante financiero con sede en Londres.

Y ha hecho ruido justamente por eso: el poco pudor que tuvo de ponerse al servicio de una entidad financiera trasnacional, a cuya subsidiaria en México --el cuarto grupo financiero más importante del país después de Citigroup-Banamex, BBVA-Bancomer y Santander-Serfin-- le tocó supervisar en su privilegiada condición de titular de la hacienda pública y responsable, por tanto, del sistema financiero nacional.

Irrita a cualquiera, además que la ley se lo prohíbe, que un exfuncionario, apenas un mes después de dejar el cargo, ponga el caudal de conocimientos y de información de primera mano que le ha dejado su carrera en el sector público, en manos y para beneficio del sector privado. Bastante cuesta a los contribuyentes mantener a funcionarios de ese alto rango como para que, de buenas a primeras, se vayan a servir a quienes, por definición, sólo velan por sus intereses particulares y no los generales de la población.

Aunque, en el fondo, el asunto no queda circunscrito a lo estrictamente legal, sino a lo ético. Es pertinente destacar que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ciertamente, puntualiza que debe transcurrir cuando menos un año para que un funcionario que acaba de dejar el cargo pueda emplearse en una empresa privada.

Pero también vale observar que dicho ordenamiento no aplica fuera del país –es decir, nada se puede hacer para evitar que el grupo inglés HSBC contrate a Gil Díaz o a cualquiera--, y tampoco puede estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como garantía individual la libertad, de toda persona, a trabajar y dedicarse a la actividad que le plazca.

Por eso dicen muchos abogados que la ley de servidores públicos tiene sesgos de inconstitucionalidad –pues restringe esa libertad-- y que, por lo tanto, si se quisiera sancionar a Gil Díaz éste, con la mano en la cintura, se ampara y gana cualquier juicio.

Por lo pronto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo deja a salvo. En comunicado emitido esta misma noche, la dependencia asegura que tiene facultades para analizar y determinar la responsabilidad administrativa de servidores públicos o exservidores cuando las conductas de éstos pudieran significar conflictos de intereses.

También, que ejercerá sus atribuciones en el momento que cuente con elementos probatorios suficientes. Pero igual deja entrever que sólo lo hará en cuanto alguien presente denuncia o queja. Es decir, por sí misma –de oficio, pues-- no la emprenderá contra Gil Díaz a quien, por cierto, no menciona en su comunicado de cinco brevísimos párrafos.

Reitero, entonces, que el caso Gil Díaz-HSBC rebasa el ámbito jurídico. Hay que centrarlo en el terreno de la ética. Sería inocente pensar que las funciones y responsabilidades del exsecretario, así sea como “consejero independiente” de HSBC Holdings, no tengan nada que ver con su subsidiaria en México –lo que antes fue Bital, de la cual es propietaria en 99.76%-- ni con sus necesidades de expansión en el fértil campo de la banca en México.

Gil Díaz, sin duda, le proveerá al segundo grupo financiero más grande del mundo –así se publicita él mismo-- de cuanta información privilegiada requiera, en torno al sistema financiero mexicano, el bancario en particular, para que su subsidiaria deje el eterno cuarto lugar en el mercado bancario nacional.

Si por algo requirieron de los servicios de Gil Díaz, es porque los dueños del holding londinense tienen claras las bondades de ese mercado, que han comprobado a través de sus competidores –el americano Citigroup y los españoles Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Santander--, a quienes sus subsidiarias en México, Banamex, Bancomer y Serfin, les han resultado extraordinariamente rentables. Cada que reportan a sus socios, esos grandes conglomerados financieros festinan que sus representaciones en México les contribuyen entre una tercera parte y hasta la mitad de sus utilidades globales.

Y HSBC no se quiere quedar atrás. Gil Díaz conoce al dedillo el terreno, tiene los contactos necesarios y una amplia experiencia en poner al servicio de intereses privados los conocimientos y la información que adquirió en el servicio público. Ya lo hizo en favor del banquero Roberto Hernández, a quien –luego de servir como subsecretario de Ingresos y después como subgobernador del Banco de México-- le ayudó dirigiendo su telefónica Avantel, a preparar y organizar la venta de Banamex a Citigroup y –ya como secretario de Hacienda con Vicente Fox-- a defender exitosamente a ese banco, ya extranjero, del “acoso” de legisladores y sociedad, que querían que asumiera el costo de créditos irregulares y operaciones sospechosas, que endilgó al Fobaproa y que ahora, irremediablemente, estamos pagando todos los contribuyentes.

Y ese es, apenas, un apunte del Francisco Gil Díaz que contrató Hong Kong Shanghai Banking Co.

La pregunta es: si legalmente puede librarla, ¿se vale lo que hace?, ¿es ético?



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