Instituciones contra Oaxaca

El aplaudido regreso a clases en Oaxaca que fue festejado por todo mundo como un signo de que las cosas seguían la dirección correcta, quedó truncado por la resistencia de la Asamblea Popular de Los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Ahora, luego de que los senadores del PRIAN decidieran sostener a Ulises Ruiz, los actores políticos pretenden hacernos creer que es de vital importancia el regreso a clases. Ya no lo es la pacificación del estado y la salida de Ulises. Tampoco el atraso social y económico, los siglos de marginación. Mucho menos importante es para quienes urgen el regreso a clases, el asesinato de integrantes de la APPO.

Una vez que todos se lavaron las manos y como si el conflicto fuera el regreso a clases lo demás, la vida misma, es lo de menos. Sin embargo parece que esta vez no se saldrán con la suya como ya están acostumbrados. La APPO mantiene firme su exigencia de fuera Ulises y está preparada para la represión, que está siendo preparada mediante el linchamiento mediático que precede a los golpes, vejaciones y violaciones –recordemos Atenco y Lázaro Cárdenas.

Estando así las cosas, volvemos a preguntar ¿esas son las instituciones que debemos respetar? Para las que no tienen valor la vida y que el dinero y los intereses políticos de unos cuantos estén por encima de los muertos –que ya son muchos- y la violación de los derechos humanos.

Las voces institucionales dicen:

''Urge la normalidad académica para dar fin a más de cinco meses de paro, y poner en marcha mecanismos que permitan recuperar el tiempo perdido'', declama Gobernación en un comunicado.

''Los daños causados al ciclo escolar pueden ser irrecuperables, además del propio agravamiento de la economía salarial familiar de los maestros y de los potenciales conflictos de división en el gremio magisterial de esa entidad. El CEN del PRI hace un respetuoso llamado a los trabajadores de la educación de la sección 22 para que, sin renunciar a su lucha por mejoras laborales y reformas que eleven y aseguren la calidad de la educación en su entidad, consideren responsablemente el regreso digno e inmediato a clases, con la garantía ética del gobierno del estado de mantener los avances y acuerdos logrados en la concertación por los temas de la agenda educativa y gremial de Oaxaca'', exhorta el PRI en otro comunicado.

“Es fácil desesperarse cuando las cosas no caminan como debían. Creo que el gobierno, insisto, tiene que buscar caminos nuevos de entendimiento, y no sólo el gobierno; todos los actores en Oaxaca deben estar dispuestos a ceder en algo para poder llegar a un arreglo, porque los que están siendo perjudicados son los niños”, señaló el cardenal Norberto Rivera Carrera.

¿Y los muertos? ¿No es más importante la vida? ¿Cuántos más deberán morir? ¿Los nuevos caídos serán ahora a cuenta del gobierno federal en lugar del local?

Enseguida dos artículos tomados de la edición de esta semana del semanario Emeequis.

http://www.eme-equis.com.mx


La derrota de las instituciones

Por Jaime Cárdenas*

El Estado de derecho está constituido por tres elementos básicos: el poder público debe tener su origen en la soberanía popular, el poder debe estar limitado democráticamente, y el poder se justifica y legitima si garantiza derechos humanos.
El primer elemento en nuestro país sigue siendo muy débil, pues aunque contamos con elecciones de un poco más calidad que en el periodo del partido hegemónico, después del fin de éste, los poderes fácticos (televisoras, radiodifusoras, grandes capitales privados, partidos, sindicatos, etcétera) son los que controlan el aparato del Estado. El poder público está a su servicio y no al de los ciudadanos.
El sistema electoral presenta deficiencias indudables. Aquí al menos las siguientes:
1) Las campañas se hacen en los medios y la autoridad electoral no tiene competencias legales suficientes para salvaguardar la equidad en las contiendas.
2) El financiamiento privado está sin control en las antecampañas y precampañas, lo que propicia que quien defina las elecciones sean los grandes capitales privados con corrupción añadida.
3) El financiamiento público es excesivo, al igual que la duración de las campañas.
4) Los instrumentos de fiscalización de la autoridad electoral son débiles.
5) Las nomenclaturas de los partidos controlan el proceso político.
6) No existen mecanismos de democracia directa ni candidaturas independientes.
7) Los partidos no funcionan democráticamente hacia su interior, lo que avizora la consolidación de una partidocracia mexicana, y un largo etcétera, que manifiesta que el sistema electoral no es expresión ni está destinado a la ciudadanía sino a otros intereses.

El poder público no se encuentra limitado democráticamente. El Poder Judicial mexicano no es independiente, no garantiza el acceso a la justicia a los ciudadanos ni es eficiente. Según datos del propio Poder Judicial Federal, de cien amparos presentados por los ciudadanos, 75 por ciento se sobresee (esto es, no se entra al fondo del asunto, pues alguna causa procesal lo impide), es decir, el Poder Judicial decide, pero no resuelve los grandes problemas económicos, sociales y políticos del país.
Es, además, un poder controlado por la Presidencia de la República y las mayorías legislativas que controlan el Senado, debido a un deficiente mecanismo de nombramiento de los ministros, que no le da a la ciudadanía participación en las designaciones. La cultura jurídica nacional se distingue por su formalismo, no se orienta a la protección de los derechos humanos ni a la salvaguarda de los principios democráticos.
La jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte, en contravención de lo señalado por la ley suprema, impide que los jueces locales y autoridades administrativas interpreten las leyes secundarias desde la Constitución, lo que propicia el incumplimiento y el divorcio de las autoridades no federales respecto a la Constitución.
El Ministerio Público es un órgano político de defensa a los que se consideran políticamente cercanos, como los hijos de Marta Sahagún, o de ataque a los adversarios políticos, como se demostró en el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador. El proceso de investigación es deficiente, es sobre todo inquisitorio y no acusatorio, y suelen realizarse las investigaciones sin garantizar los derechos humanos de los acusados.
El Ministerio Público tiene indebidamente el monopolio de la acción penal, lo que en los hechos significa que si el Ministerio Público no desea consignar un caso, es difícil que ello se produzca aunque las decisiones finales del Ministerio Público sean revisadas por el Poder Judicial Federal. Es, además, muy escaso el número de consignaciones en relación con el número de denuncias y querellas presentadas por los ciudadanos, lo que significa impunidad.
Ningún órgano constitucional autónomo –Banco de México, IFE, Comisión Nacional de Derechos Humanos– lo es a plenitud. Como demostró la elección federal de 2006 con el IFE, estos órganos suelen estar penetrados por los poderes formales o los poderes fácticos (medios de comunicación electrónicos, partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, intereses trasnacionales, iglesias, etcétera).
El Poder Legislativo está necesitado de una gran reforma que lo democratice y lo ponga al servicio de los ciudadanos. No rinde cuentas a los ciudadanos, las comisiones del Legislativo –que son sus órganos fundamentales– no cuentan con el marco legal adecuado para tramitar en tiempo y forma las iniciativas de reforma o para controlar al Ejecutivo, se carece de un estatuto del parlamentario y de mecanismos que eviten la corrupción en su interior. Los legisladores han dejado de ser representantes de la nación y ahora lo son de los poderes fácticos.
La democracia en México, si se puede llamar así, es delegativa. El ciudadano vota cada tres años pensando que es libre, pero carece de instrumentos de control interelectoral. No hay mecanismos de accountability ni de rendición de cuentas fuertes. La transparencia al poder, impulsada en este sexenio, no va a la médula del poder, se queda en los poderes formales y no atiende a los poderes fácticos.
En estos días, Vicente Fox ha enviado al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para que los partidos transparenten su vida interna, los recursos que emplean y el patrimonio que ejercen, lo que parece bien. Sin embargo, se olvidó del poder fáctico más importante: los medios de comunicación electrónica, que también deben ser sujetos obligados de las leyes de transparencia, por el papel que han acumulado en la videocracia que padecemos.
El sistema jurídico y político no se orienta a la protección de los derechos humanos. Los derechos económicos, sociales y culturales carecen de medios de garantía jurídica. En México, para luchar por estos derechos, los ciudadanos tienen que hacer marchas y plantones y no como se debiera, acudir a los tribunales para reivindicar una vivienda, un hospital, una escuela, etcétera. El juicio de amparo –orgullo nacional– es una institución individualista y decimonónica, sin utilidad real de cara a los derechos humanos de los ciudadanos.
Necesitamos mecanismos procesales de protección a los derechos colectivos e intereses difusos que hoy en día no existen. El sistema judicial requiere una profunda reforma para darle a cada ciudadano la acción popular de inconstitucionalidad. Las minorías deben tener acceso a los medios de comunicación electrónica a través de los tiempos del Estado para que realmente tengan voz. Todo el sistema, en cada uno de los poderes y órganos, debe incorporar mecanismos participativos y deliberativos.
López Obrador tiene razón en su crítica a las instituciones. No tendremos el fin de la transición hasta que tengamos un Estado de derecho pleno. Las instituciones no cumplen con sus fines sociales. Ha sido un error concebir la democracia y la transición sólo en términos electorales. La manera de estar en el siglo XXI es con un Estado fuerte para que exista y se desarrolle una sociedad civil fuerte.


* Doctor en derecho, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ex consejero electoral del IFE.
jaicardenas@prodigy.net.mx


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A merced de la spotocracia

Gobernar desde la tv

Por Daniel Cazés-Menache*

¿Es necesario que los poderes del Estado produzcan y difundan publicidad sobre la forma en que afirman que cumplen sus tareas?
¿Para qué precisa la ciudadanía que le vendan cámaras de diputados y senadores, Suprema Corte de Justicia, IMSS e instituciones por el estilo, como si fueran refrescos de cola, alcoholes o fórmulas para perder peso?
¿Acaso compra la gente lo que ponen a la venta el gobierno y los changarros asociados a él?, ¿alguien se cree lo de “damos resultados” o “la gran imsstitución”?
¿Podrían el IFAI o la CNDH exigir que la mercadotecnia gubernamental presentara hechos concretos además (o en lugar) de la publicidad que difunde? (Por ejemplo: “En el IMSS, tan sólo para analizar si una persona puede donar un órgano, tardamos seis meses o más” o “Deterioramos tu salud y ponemos en peligro tu vida mientras vemos si te atendemos”, o aquel vetusto desglose de siglas que hacen los burócratas en espera de atención: “Inútil solicitar servicios, sólo tramitamos entierros”. O también: “En el Senado no nos importa Oaxaca, pero sí las negociaciones del combinado calderonista”. O aun: “En ningún año del sexenio se alcanzó crecimiento de siete por ciento ni el millón de nuevos empleos”, y quizá: “En menos de 15 minutos logramos la adhesión del Enmascarado de lana”).
Sería ingenuo pensar que algún día anuncien por televisión o por radio la cantidad de espots vacíos con que se ha publicitado a las instancias y a los personajes gubernamentales y la cantidad de dinero que (proveniente de los bolsillos ciudadanos) se llevaron las empresas preferidas para halagar o denigrar.
Dirán todo lo que les indique su imaginación casi nula, y lo repetirán en las ondas hertzianas miles de veces –metodología de Göbels asumida por los gobiernos de México desde hace más de siete décadas–.
Con la malicia generalizada –inútil arma de la sumisión y la impotencia– no se perderá la convicción de que tras cada dictamen electoral hay un cuñado incómodo, de que cualquier juececillo protegerá a sus protectores y dañará al periodismo honesto, de que las inserciones pagadas de los gobers preciosos hacen direcs preciosos, capaces de ignorar metáforas como la de las botellas de coñac.
Poco importa: se gobierna a pesar de lo que piensen o expresen porciones enormes de la ciudadanía, pues nunca se ha pensado gobernar para ella y mucho menos con ella: siempre contra ella.
Quien no aparece en los medios, en especial en la tele, no existe; y si de quien aparece en la tele se habla mal, diversos voceros se preciarán de que las acciones de gobierno son más eficaces y por ello, más efectivas.
Quienes con prepotencia empresarial –la política profesional es una gran empresa, próspera y plural– sólo son capaces de percibir a la ciudadanía como el molesto conglomerado informe de consumidores de mentiras que el martilleo de espots convierten en verdades.
Más de cien millones de habitantes de este país vivimos a merced de la espotocracia, o más bien de la espotarquía absoluta. El Poder Legislativo jamás percibirá la urgencia de crear una entidad capaz de apoyar el más minúsculo propósito de liberarnos de sus garras (las de la espotocracia y las de las cámaras).
El sexenio que se avecina será de auge de ese sistema que ni siquiera se pretende ilustrado (y a menudo da muestras de su indiferencia por ser lo contrario): Ejecutivo, Judicial y Legislativo están de tal manera seguros de que todo estuvo chueco en la elección de julio, que no permitirán que quienes exigimos ver los documentos que ocultan conozcamos los verdaderos resultados. Para ellos es más rentable consolidar sus técnicas para seguir gobernando por espots en Oaxaca, en Tabasco, en Chiapas, en todo el país.

* Doctor en antropología, director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades de la UNAM.