Coacción y compra de voto en Tabasco; El cochinero de Fox

Tomado de La Jornada


La jornada electoral en Tabasco transcurrió en un clima de tensión y hostilidad por parte de las autoridades locales, quienes además de realizar la compra de votos, acarreo de votantes y amedrentar a la población, continuaron con su campaña de detenciones arbitrarias en contra de los miembros de la Coalición Por el Bien de Todos.



El PRD ha solicitado de manera formal al Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco que ante la falta de garantías que sea el Ejército quien resguarde las boletas una vez que se cierren las casillas y las lleve a los distritos electorales. También dijo que se debe pronunciar porque la policía local deje de intimidar a los militantes de la coalición. Una disque encuesta de TV Azteca da como triunfador al priista Andrés Granier con un 55 por ciento, 39 por ciento para Raúl Ojeda de la Coalición Por el Bien de Todos, además de un 5 por cento para el PAN. Recodemos que en los últimos años las encuestas no han servido y por otro lado la forma en que preguntaban los “encuestadores” era intimidatoria. Se trata entonces de “justificar” el fraude. Sigamos atentos y pongamos especial atención a la manera en que los medios manejarán el asunto y se comprobará una vez más la “línea” que siguen y que es la del PRIAN.



Mientras el PRIAN intenta por todos los medios robar la elección en Tabasco y para eso usa a los mismos medios de comunicación que fueron comparsa del fraude para presidente de la República, dos informaciones dadas a conocer por la revista Proceso dan cuenta del famoso gobierno del “cambio”.

http://www.proceso.com.mx



Enseguida las dos notas:





Llega narco hasta presidencia: testigo



La corrupción por narcotráfico alcanzó en los años recientes altos niveles gubernamentales en México y EU, de acuerdo con un testimonio bajo juramento prestado por un ex policía involucrado en las narcofosas de Juárez; según "Lalo", la propia casa presidencial mexicana ha sido tocada...



Proceso


Domingo, 15 de Octubre de 2006



-- De acuerdo con un testigo privilegiado, la corrupción por narcotráfico alcanzó en los años recientes altos niveles policiacos y gubernamentales tanto en México como en Estados Unidos. En el caso de nuestro país, llegó al Ejército, la Marina y aun a la casa presidencial. en un explosivo testimonio rendido bajo juramento, ante una corte migratoria estadounidense, el mexicano Guillermo Ramírez Peyro --expolicía de Caminos que se pasó a las filas del narco y se convirtió luego en informante infiltrado de las autoridades estadounidenses, involucrado en el caso de las narcofosas de Ciudad Juárez--, asegura que el propio presidente Fox y los hermanos de Marta Sahagún han formado parte de los arreglos para proteger al Cártel de Juárez, la organización criminal más poderosa del momento y la que menos golpes y bajas sufrió durante el actual sexenio.



Washington, 14 de octubre.-- "Soy una bomba caminando...", así se considera hoy Guillermo Eduardo Ramírez Peyro, un mexicano de 35 años de edad que sirvió al gobierno de Estados Unidos en la lucha antinarcóticos. y no exagera...
No obstante su condición de indocumentado, Lalo, como le gusta que le llamen, fue reclutado como informante de la Agencia de Inmigración y Aduanas con el código secreto SA-913-EP, así como de la Agencia Federal Antidrogas, e infiltrado en la organización criminal de Vicente Carrillo Fuentes, que opera en Ciudad Juárez, Chihuahua, y desde la cual, asegura, atestiguó la corrupción que impera en los más altos niveles de los gobiernos de Estados Unidos y de México, fomentada por el narcotráfico.



"El Cártel (de Juárez) ha tenido acuerdos con gente cercana al presidente (Vicente) Fox", declaró Ramírez Peyro ante el juez Joseph R. Dierkes, durante el testimonio que rindió bajo juramento el 11 de agosto del 2005 en la Corte Federal de Migración, ubicada en un estado del medio oeste del país.



Su afirmación la hizo en respuesta a una pregunta de su abogada, Jody Goodwin, quien asiste a Lalo en el juicio mediante el cual el gobierno estadounidense intenta conseguir la autorización para deportarlo a México supuestamente por su condición de indocumentado.



De acuerdo con la transcripción de esa diligencia judicial, cuya copia obtuvo Proceso, Lalo afirmó frente al juez que los "altos mandos" del Cártel de Juárez le explicaron "los arreglos que tenían e iban a conseguir con militares y funcionarios al nivel más alto del gobierno" de México.



Los señalamientos de Ramírez Peyro fueron ratificados y puntualizados en una entrevista que dio al corresponsal de Proceso, por mediación de su abogada, y que fueron entregadas por escrito, de su puño y letra. Exagente de la Policía Federal de Caminos (PFC), mano derecha y operador de uno de los jefes del Cártel de Juárez que encabeza Carrillo Fuentes, logró incrustarse a tal grado en las entrañas de esta organización criminal que llegó a ser protagonista clave en el caso de las narcofosas descubiertas por las autoridades mexicanas el 14 de enero del 2004: fungió incluso como "supervisor" de las torturas, ejecuciones y enterramientos de una parte de las 12 personas --en realidad fueron 13, "corrige" él mismo--, cuyos cuerpos fueron exhumados en terrenos de la casa marcada con el número 3633 de la calle Parsioneros, fraccionamiento Las Acequias, en Ciudad Juárez, Chihuahua.



En la diligencia de la Corte Federal de Migración, la abogada Goodwin insistió:
-- Usted ha indicado que grabó algunas conversaciones con (Humberto) Santillán (número tres en el organigrama de mando del Cártel de Juárez y quien, gracias a la información que proporcionó Lalo, fue detenido en enero del 2004 en El Paso, Texas), en las que él explica los arreglos que se hacían con los militares y políticos (mexicanos). ¿Qué (...) arreglos específicos le dijo que tenían con los políticos? --"El Cártel tenía arreglos con gente que estaba muy cercana al presidente Fox. El (Santillán) me explicó que el presidente Fox tomó... tomó la posición de arreglar, consultar con el Cártel de Juárez, lo que significa que él (Fox) iba a atacar a los cárteles enemigos, al de Tijuana y al del Golfo, para que el Cártel de Juárez pudiera operar sin problemas con el gobierno --respondió el exinformante.



En sus declaraciones, Ramírez Peyro acusa al gobierno del presidente George W. Bush de usarlo como "chivo expiatorio" en el caso que se conoce aquí como House of Death, "La Casa de la Muerte" (donde se localizaron los 12 cuerpos en narcofosas).



Según la abogada del exinformante, quien no tiene la menor duda de que será asesinado en México si las autoridades estadounidenses lo deportan a su país, el gobierno de Bush se quiere "lavar las manos" y evitar que salga a la luz pública la magnitud de la corrupción existente en las corporaciones federales, entre ellas la propia Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y la Agencia Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), a la que sirvió del 2000 hasta julio del 2003.



Y es que Lalo asegura haber mantenido informada a la ICE, mediante grabaciones, de las atrocidades que se estaban cometiendo en la casa del fraccionamiento Las Acequias de Ciudad Juárez.



Goodwin dice que, con su testimonio y las grabaciones que entregó a la ICE sobre las operaciones del Cártel de Juárez, las autoridades federales hubieran podido evitar la ejecución de varias de las personas cuyos cuerpos fueron hallados en la casa de la calle Parsioneros. Como parte del mismo proceso judicial que se le sigue a Lalo, la ICE niega tener las grabaciones que supuestamente les entregó el exinformante, a quien ahora intentan implicar en los asesinatos.



De hecho, la presunta responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en estas muertes consta en una demanda judicial interpuesta por la familia de uno de los ejecutados, Luis Padilla. Esta familia acusa a agentes de la ICE, a funcionarios del Departamento de Justicia y al propio Ramírez Peyro de estar implicados en ese asesinato, ocurrido el 8 de enero del 2004.



En la audiencia de la Corte Federal de Migración, el fiscal representante del Departamento de Seguridad Interior del Gobierno federal de Estados Unidos, Kevin Lashus, le preguntó a Lalo:



-- ¿Informó usted a sus oficiales de ICE (Raúl Bencomo, entre otros), que sabía que el señor (Humberto) Santillán había ordenado la muerte de gente asociada con el Cártel? --Sí.


-- ¿Les avisó (a los mismos oficiales), antes de que ocurrieran? --Sí, en muchas ocasiones. Por ejemplo, en una ocasión (estando yo) en Chicago, Santillán me habla para pedirme que enviara al niño (sic) para que abriera la casa (de Parsioneros). Yo estaba en Chicago con los agentes de ICE y ellos sabían (todo) porque yo les autoricé que escucharan mi conversación telefónica (con Santillán). Y más que eso: les dije lo que estaba pasando, y en El Paso (en las oficinas de ICE), estaban escuchando mis conversaciones. Lashus busca demostrar que Lalo, quien solicita asilo político en Estados Unidos o quedarse en este país como testigo protegido, o bien ser enviado a un tercer país no latinoamericano, no tiene sustento para pedir que no lo deporten a México.



Ramírez Peyro se siente traicionado por la ICE y las demás agencias a las que transmitió su información:

"Si me regresan a México me van a matar. Incluso si me dejan en libertad aquí en Estados Unidos también me van matar. Mi vida y la de mi familia están en peligro".
-- ¿No piensa usted que ICE trabaja con el gobierno de México? --le preguntó Lashus como parte de la diligencia.

-- No, porque en ese momento no había comunicación con el gobierno mexicano.
-- ¿Fue esa la primera ocasión (sic)? --Durante los cuatro años que trabajé con ICE, cuando operaba yo en Estados Unidos y en México, nunca, nunca hicimos nada con el gobierno de México porque no confiábamos en ellos. Ni yo ni ICE. (...) --(...) ¿Vicente Fox está fingiendo una guerra contra las drogas? ¿Es esto falso o verdadero? --Verdad.
-- ¿Cree usted que él (el presidente Fox), está fingiendo una guerra contra las drogas? --Sí.



En otro momento de la diligencia, y en relación con las conversaciones que Ramírez dijo haber sostenido con Humberto Santillán, el número tres en la estructura del Cártel de Juárez, la abogada Goodwin le preguntó a su cliente:
-- ¿Esto es lo que le dijo Santillán? Respondió Ramírez:
-- Es una de las conversaciones que tuvimos. También, cuando yo fui a Colombia para hacer arreglos con los colombianos, el plan fue venirnos por mar y que la Armada de México, los barcos (sic), ellos eran los que recogerían las drogas en el mar, en el muelle o en las fronteras marítimas del territorio nacional. Ellos, sí, ellos; se quedaban cerca de lo que ustedes llaman tierra firme. Después la PGR (la Procuraduría General de la República), volando llevaba estas drogas a Juárez, a Ciudad de Juárez.


-- ¿Entonces, desde la fuente de las drogas hasta la distribución, todos estos arreglos se hacían con distintas (sic) partes del gobierno? --Sí, ese es el propósito de hacer arreglos con ellos para que no tengamos ninguna pérdida. Por eso ellos (los narcotraficantes), los invitan para que formen parte del "vehículo" (es decir, la organización, el Cártel) y de esa forma evitar una guerra. Luego, ellos (el gobierno) lo intentan y de esa forma se asegura el paso de la droga.



La abogada Goodwin ahondó: --Y aparte de esos arreglos, ¿tuvo usted otra evidencia de que el gobierno favoreciera al Cártel de Juárez? --le preguntó a su cliente. --Definitivamente --respondió Lalo, y reveló en seguida algunos detalles que incriminan a más personajes del círculo presidencial:

Que le consta que policías mexicanos secuestran y asesinan a la gente, y que incluso hizo grabaciones de audio. En uno de esos casos, resultó que la persona implicada estaba metida en el tráfico de cigarros y trabajaba para el Cártel de Juárez. Esa persona --cuya identidad el testigo no reveló y sólo dijo que está bajo arresto en Ciudad Juárez-- viajó a la ciudad de México para hacer arreglos, a nombre de los capos del Cártel, con "hermanos de la esposa del presidente Fox". Las autoridades mexicanas, puntualizó el testigo, conocieron ese testimonio que involucraba a los hermanos de Marta Sahagún y desecharon investigarlos. Antes de que le pidieran más detalles, Lalo se escabulló: "todo esto es difícil de explicar porque pasó en un periodo de tres años, pero cuando esta información iba saliendo yo inmediatamente le pasaba un reporte a ICE con todos los datos".



"Quiero que el público se entere de cómo el gobierno (de Estados Unidos) y desafortunadamente la prensa han distorsionado toda la verdad", declara Guillermo Eduardo Ramírez Peyro en entrevista conjunta realizada por Proceso, el periódico estadounidense The Dallas Morning News y el semanario británico The Observer, efectuada en parte por escrito, y en parte de manera verbal por conducto de su abogada Jody Goodwin, en un estado del medio oeste estadounidense el sábado 7 y el domingo 8 octubre.



Originalmente se había establecido con Goodwin que la entrevista con Lalo se realizaría en persona en la cárcel donde lo tiene oculto el Gobierno federal con la finalidad de protegerlo. Sin embargo, unas semanas antes de la fecha establecida para el encuentro, el noticiario News 8, que transmite una emisora de televisión de Dallas, Texas, presentó "una entrevista" con Lalo que no fue autorizada por Ramírez ni por su abogada y sorprendió al gobierno de Estados Unidos, que había hecho todo lo posible por ocultar a su exinformante.



El viernes 6, un par de horas antes de la llegada de los tres entrevistadores al estado donde la ICE mantiene encerrado a Ramírez, Goodwin se enteró de que su cliente ya no estaba donde se supone que debería estar. "Lo movieron otra vez y ahora sin avisarme. Seguro que se enteraron de que lo iban a entrevistar. El gobierno tiene intervenido mi teléfono", comunicó a los reporteros la abogada través de un correo electrónico.



Después de hacer varias llamadas y averiguaciones, Goodwin, una rubia de marcado acento texano, volvió a localizar a su cliente. La abogada no podía ocultar la rabia que le provocó lo que habían hecho con Ramírez. "Habrá entrevista. Escriban sus preguntas. Iré a ver a Lalo y les traeré las respuestas las veces que sea necesario. Tengo cuatro oportunidades de hacerlo en estos dos días".



En una celda de reclusión especial, Ramírez Peyro dormía sobre un catre cuando, en la madrugada del jueves 5, unos guardias con pasamontañas irrumpieron para llevárselo. "Lo esposaron, le pusieron una chaleco antibalas y se lo llevaron a otra cárcel sin decirle por qué razón ni nada. Eso me dijo él", comenta a los reporteros la defensora. El gobierno "sabe que están aquí y no quieren que Lalo hable con ustedes", añade sin dejar de culpar de ello al productor del reportaje especial que News 8 había transmitido sobre el "informante" de la ICE y la DEA un par de semanas antes.


Para Lalo, esos repentinos traslados de una cárcel a otra y de un estado a otro no son cosa nueva. En los últimos meses la ICE lo ha estado ocultado en por lo menos cinco cárceles en distintos puntos del país.



Ramírez Peyro, quien como informante de Estados Unidos se hacía llamar "Jesús Contreras", sostiene que trabajó poco menos de un año en la Policía Federal de Caminos, en donde tuvo sus primeros roces con narcotraficantes porque en esa corporación, afirma, "todos eran corruptos". Sin embargo, no proporciona el dato alusivo al periodo en que dice haber trabajado en la corporación.



A mediados de los años noventa se inició en el negocio del tráfico de drogas como encargado del almacenamiento y movimiento de cocaína en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para el Cártel de Juárez. A finales de 1999 o en enero del 2000, dice, leyó un anuncio en un diario estadounidense: el Gobierno federal ofrecía dinero a quienes quisieran cooperar en la lucha contra el narcotráfico. Decidió probar suerte. Así que en enero o febrero del 2000 --no recuerda la fecha exacta--, llegó al Puente de las Américas, situado en la línea que divide al territorio mexicano del estadounidense a la altura de Ciudad Juárez y pidió a los agentes aduanales del otro país hablar con un agente de la DEA. Les dijo que tenía información importante que darle. Lo llevaron entonces ante Raúl Bencomo, agente especial de ICE, quien se encargó de reclutarlo asignándole el código SA-913-EP.



La misión que le asignaron tanto el ICE como la DEA fue conseguir datos que condujeran al arresto y enjuiciamiento de los tres principales jefes del Cártel de Juárez: Vicente Carrillo Fuentes, Humberto Portillo Madrid, alias "Saddam", y Humberto Santillán Tabares, así como interferir y colaborar en la confiscación de los cargamentos de droga que entran vía México hacia territorio estadounidense.
-- ¿Cómo eran sus días de trabajo como informante y como miembro del Cártel? --se le pregunta a Lalo por medio de su abogada.


-- Muy activos: tenía tres trabajos; como "criminal", como "policía" y a cargo de mis negocios (en El Paso, Texas): mi lote de coches, mi tienda de accesorios para teléfonos celulares y mi mueblería. Mis días eran muy largos.


Con el paso del tiempo, Lalo, quien es hijo de un matrimonio de ingenieros civiles y cuyos hermanos son todos profesionistas, se ganó la confianza de Santillán Tabares y se convirtió en su mano derecha, al grado de que el propio Eduardo alcanzó a ubicarse como el número cuatro en la estructura de mando del Cártel.



Esta posición clave le permitió conocer detalles confidenciales de la organización de Carrillo Fuentes, de los contactos de ésta con el gobierno de México a todos los niveles: federal, estatal y municipal, así como identificar a policías y militares que trabajaban para el Cártel: por ejemplo, Miguel Angel Loya, comandante de la Policía Judicial del estado de Chihuahua en ese tiempo --el gobierno de Patricio Martínez--, así como Arturo Chito Solís, procurador de Justicia en la misma administración de Martínez, entre otros. Por lo que respecta a la parte estadounidense, Lalo tuvo conocimiento de que agentes aduanales y de otras agencias federales estadounidenses trabajaban para Carrillo Fuentes.


-- ¿Quiénes son los militares, políticos o empresarios mexicanos que trabajan para el Cártel? --No voy a responder porque no quiero poner en peligro a la vida de nadie. Todos los nombres que debía entregar los tiene ICE, la DEA, el FBI, el Servicio Secreto y la ATF (entidad dependiente del Departamento del Tesoro encargada de controlar alcohol, tabaco y armas de fuego).



En la audiencia del 11 de agosto del 2005 en la Corte Federal de Migración, Ramírez Peyro aseguró ante el juez Joseph R. Dierkes:
"El federal, estatal y municipal, los tres niveles gubernamentales de México, todos, todos están bajo el control del Cártel".



Con este argumento, el exinformante de ICE y la DEA pretende demostrar al magistrado que debido al presunto control que el Cártel de Juárez ejerce sobre el gobierno de México al más alto nivel, su vida y la de su familia están en peligro, razón por la cual si es deportado a territorio mexicano, esa organización lo mataría en seguida.


-- Señor: ¿usted personalmente atestiguó cuando algún oficial de la policía mató a alguna persona? --le preguntó el juez Dierkes.


-- Sí, y es más: grabé el homicidio que llevó a cabo la policía.


-- ¿Por qué piensa que a usted lo asesinarían? --lo increpó a su vez la defensora Goodwin.


-- No hay duda que afecté un poco los intereses del Cártel. Más allá de que haya tomado drogas alucinógenas y que también hayan arrestado a algunas de sus gentes aquí en Estados Unidos por la información que di, fui testigo de la participación del gobierno (de México) con la gente del Cártel. También vi la asistencia que les dio la policía del estado (de Chihuahua).



En otra parte del interrogatorio, el fiscal Kevin Lashus le preguntó:


-- Alguien distinto al Cártel... ¿quién más lo estaría buscando ya sea aquí en Estados Unidos o en algún otro lugar del mundo? --Bueno, el gobierno de mi país.


-- Bien. ¿Y eso incluye al gobierno de Fox en su totalidad? --Sí, y aun si Vicente Fox está listo para irse (de la presidencia). Y si él se va, los militares y los policías se quedan en algún lugar.


-- ¿Por qué piensa que Vicente Fox lo estaría buscando? --No, no. No el presidente, creo que él está muy ocupado, tiene muchas ocupaciones.
El fiscal rectificó: --Estoy generalizando... ¿Por qué alguien de este gobierno quisiera hacerle daño? --Sólo para demostrar y para demostrarle al resto de la gente que no deben presentar evidencias en contra del narcotráfico, y si usted o cualquiera lo hace acabará muerto.


-- ¿Piensa que el gobierno de México lo busca en represalia por la asistencia que proporcionó para el caso de Santillán (el fiscal se refiere a la posibilidad de que a las autoridades mexicanas pudiera haberles disgustado la colaboración de Lalo para que el capo Santillán fuera aprehendido en El Paso)? --Por su puesto, sí.


-- ¿A qué miembros del gobierno de Estados Unidos les teme usted? --ICE, porque ellos me deportarían, porque básicamente me estarían poniendo en las manos de las personas que me harían daño.


-- Entonces no tiene miedo a que ICE le haga daño; tiene miedo de que lo entreguen a alguien que sí se lo haría...


-- Exactamente.


-- ¿Sabe usted qué le pasó al agente (Raúl) Bencomo (de ICE)? --Creo que lo liberaron (sic)..., no lo sé".


-- ¿Quedó liberado de ICE? --Sí.


-- ¿Sabe usted si está bajo custodia criminal? --No, no sé si está o no.


-- ¿Teme que le haga daño el agente especial Bencomo? -- No somos amigos, él es la persona que quiere hacerme daño.


Con base en el cuestionario de Proceso, Lalo declara:


"Cada vez que me hablaba (Santillán Tabares) para avisarme que iba a haber una 'carne asada' (código del Cártel de Juárez para designar a la tortura y el asesinato de personas), yo le informaba a ICE. Y cada vez, después de supervisar que se terminaran los entierros (en la casa de Parsioneros), me iba a las oficinas de ICE en El Paso para entregar las grabaciones de los asesinatos".


En dichas oficinas, según el exinformante, se instaló equipo especial para pasar a CD toda la información grabada por Lalo en casetes y transcribirla.


-- ¿Quiénes estaban presentes cuando usted regresaba a El Paso después de asistir a una "carne asada" en la casa de Parsioneros? --Gente distinta, pero en su mayoría siempre estaba presente la gente del grupo que me controlaba: Raúl Bencomo (agente especial de ICE); Curtis Compton (agente especial supervisor de ICE), Todd Johnson y Luis Rico (agentes de ICE), y hasta Juanita Fielden (asistente de la Fiscalía Federal de Estados Unidos asignada al Grupo de la Fuerza de Tarea para la Aplicación de la Ley contra las Drogas y Crimen Organizado), JJ (sic) y otros que no me acuerdo su nombre, aunque siempre había gente de ICE, la DEA, el Servicio Secreto y de ATF (agencia dependiente del Departamento del Tesoro para el control del tráfico y venta de alcohol, tabaco y armas de fuego).



El 8 de enero del 2004, en la casa de Parsioneros fueron asesinados Luis Padilla (ciudadano estadounidense), Oscar Rodríguez y otro sujeto cuyo nombre Lalo no recuerda; ejecuciones de las que, según el exinformante, ICE tenía conocimiento previo de que iban a llevarse a cabo, porque él le avisó de ello a Bencomo.



La familia de Padilla presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos, específicamente contra los agentes de ICE asignados a la investigación del Cártel de Juárez, funcionarios del Departamento de Justicia y el propio Ramírez Peyro.



En la demanda civil número EP-05-CA-0478, los parientes de Padilla acusan al gobierno estadounidense de complicidad en el asesinato por el hecho de que sus agentes estaban enterados --a través de Lalo--, de que en la casa de Parsioneros el Cártel de Juárez llevaba a personas secuestradas para torturarlas y ejecutarlas.



Sin embargo, en una declaración que rindió ante el juez Frank Montalvo, de la Corte de Distrito de la División del Oeste de Texas en El Paso, el 18 de septiembre último, Raúl Bencomo niega haber estado al tanto de ello a través de su informante Ramírez:


"No estaba enterado de ninguno de los asesinatos descritos en las denuncias de la demanda, antes de que los eventos ocurrieran. Es más: de acuerdo a mi conocimiento, ninguno en ICE o en el Departamento de Justicia sabía de los asesinatos antes de que ocurrieran".



Pero Lalo y su abogada califican de "falsos" y de "fabricaciones" del Departamento de Justicia el testimonio de Bencomo, así como los de Compton y de Giovanni Gaudioso (subdirector de Misiones de Apoyo de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Interior, del cual depende ICE, en Washington), quienes ante la corte que preside Montalvo presentaron bajo juramento una serie de testimonios, de los que Proceso tiene una copia.



En la entrevista Lalo insiste: "Siempre estuve en contacto con Bencomo y otros agentes de ICE y ellos sabían cuáles eran las consecuencias en las que íbamos a estar cuando me hablaba Santillán para decirme que abriera la casa y que preparara las cosas porque íbamos a tener una 'carne asada'. Están mintiendo".



La abogada Goodwin considera que el hecho de que cuando se destapó el escándalo de las narcofosas en Ciudad Juárez, el nombre de Guillermo Eduardo Ramírez Peyro fuera filtrado a la prensa por el gobierno de Estados Unidos, pudo ser una acción premeditada. La idea podría haber sido, dice, preparar el terreno a una defensa en caso de que se supiera lo que Lalo informaba con anticipación a Bencomo y a ICE.


Lo extraño de esta situación es que la DEA decidió prescindir de los servicios de Lalo como informante cuando éste grabó en audio la ejecución de Fernando Reyes Aguado en la casa de Parsioneros el 5 de agosto del 2003. Sin embargo, ICE lo siguió "utilizando".



La suerte del expolicía mexicano se complicó el 25 de agosto del 2004 cuando, afuera del restaurante de comida rápida Whataburger, en El Paso, Texas, Abraham Guzmán, un pasador de droga (de los conocidos como "mulas" en el argot del narco) que trabajó para Lalo, fue asesinado por presuntos gatilleros de Carrillo Fuentes, quienes en realidad, dice, buscaban al informante para matarlo.



"Cuando estaba en San Antonio, Bencomo se comunicó conmigo para decirme que me fuera a El Paso a cooperar con ellos en otras operaciones. Me fui. El día que mataron a Guzmán, yo había arreglado lo de un cruce de drogas que ya se había pasado de Juárez a El Paso suponía que en la noche yo tenía que ir a cobrar un dinero por el pase. Era una operación arreglada, pero como yo tenía cosas que hacer, mandé a Guzmán y los gatilleros de La Línea (otra manera de denominar al Cártel de Juárez) lo confundieron conmigo y lo mataron".



Curtis R. Compton, agente especial a cargo de los agentes que supervisaban a Lalo, sostiene que "a Ramírez Peyro se le entregó una forma en español en la que se le indicaba que tenía prohibido participar en cualquier actividad ilegal", y que se le había advertido que debería quedarse en San Antonio bajo protección gubernamental.


A raíz del asesinato de Guzmán, el gobierno de Estados Unidos pretende deportar a Eduardo a México. Mientras tanto lo mantiene alejado de los medios de comunicación y protegido ante el temor de que sicarios de Carrillo Fuentes u otros pistoleros lo ejecuten.



Según el exinformante, sus datos sirvieron a las autoridades para detener a "unos 50 narcotraficantes" --versión que fue corroborada con documentos oficiales del gobierno estadounidense en manos de Proceso--, entre ellos a Santillán Tabares, y para confiscar varios cargamentos de droga en la frontera con México y en ciudades como Chicago, Búfalo, Los Angeles y Nueva York, entre otras. Ramírez Peyro dice que en su papel de informante no ganó mucho dinero. ICE sostiene que se le pagó un total de 224 mil 650 dólares por sus cuatro años de servicios, monto que está documentado en la nómina de esa agencia. "Gané más que eso. Es más. ICE me debe unos 400 mil dólares de los otros pagos que todavía no me entregan", se queja el exinformante caído en desgracia.




La otra información



"Desapariciones" en Comprante


Leonarda Reyes *



A comienzos de abril pasado, estuvo en México una comitiva del Banco Mundial encabezada por su presidente, Paul Wolfowitz, para conocer los avances en los temas de gobernabilidad, transparencia y combate a la corrupción.



En las oficinas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el titular Eduardo Romero Ramos les mostró ejemplos de su trabajo y les mostró algunos de los Cineminutos contra la corrupción, en los cuales se dice a los ciudadanos cuáles son las conductas que deben evitar.



También se les explicó a los funcionarios de la institución financiera el sistema Compranet, el sitio en internet donde se pueden consultar las compras y los contratos del gobierno.



“En Compranet se puede ver todo lo que se compró, quién ganó, a qué precio, en qué condiciones; hay un control social, pues muchas personas están interesadas en la información, para corregir errores y, sobre todo, evitar la corrupción. Es un sistema muy poderoso porque la gente sabe que lo están viendo, y su modelo ha servido para impulsar iniciativas similares en otros países latinoamericanos como Guatemala y Perú”, dice a Proceso Isabel Guerrero, la directora del Banco Mundial para México y Colombia.



Si Guerrero hubiese consultado más a fondo algunos enlaces del sistema, se habría percatado de que en vez de aumentar el número de los contratos en línea para hacer honor al principio de transparencia pregonado por el gobierno de Vicente Fox, han desaparecido los registros de años enteros.



Esa “desaparición” ha sido silenciosa, pero se hizo evidente desde octubre de 2005. En Compranet se informó que el 10 y el 11 de septiembre de ese año el portal estaría en mantenimiento; sin embargo, en cuanto se restableció el sistema, la información sobre los inicios del sexenio ya no estaba disponible. Por ejemplo, en noviembre de 2005 sólo se encontraban los datos entre 2004 y esa fecha. Hoy día, únicamente aparecen los registros de 2005 y 2006.



Al inicio de la actual administración y en un afán de sustentar su compromiso con la transparencia, el gobierno foxista incluyó en el portal gran cantidad de información ahora desaparecida, al menos virtualmente.



Entre el 12 y 18 de marzo de 2002, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) otorgó 42 contratos a la trasnacional Johnson & Johnson por un total de casi 7 millones de pesos. Varios intentos de consultar las adjudicaciones directas de la Sedena en Compranet fueron infructuosos. Al seleccionar todas las compras de esta dependencia –directas o por licitación–, sólo aparecen 25 registros, que corresponden a 2005 y 2006.



El sistema Compranet no le trae buenos recuerdos al presidente Fox. Al inicio de su sexenio, la reportera Anabel Hernández realizó consultas en línea para el periódico Milenio y encontró registrados contratos para remodelar las cabañas que ocuparía el mandatario, así como compras de toallas por más de 4 mil pesos cada una y juegos de sábanas de 154 mil pesos.





Logro a medias





La SFP anunció, sin precisar la fecha, que próximamente comenzará a operar Compranet Plus, un sistema mejorado que contendrá información acerca de contratos y compras gubernamentales. El Banco Mundial brinda apoyo técnico para su desarrollo y aporta algunas recomendaciones, como la generación de estadísticas. Dicho sistema será obligatorio para todas las dependencias compradoras del gobierno federal.



El responsable de Gobierno Electrónico de la SFP, Abraham Sotelo, aceptó ser entrevistado al respecto, pero en octubre. Las preguntas que se le enviaron por escrito no fueron respondidas.



Pese a ello, la Ley Federal de Transparencia es una de las más avanzadas de su tipo en el mundo, mejor incluso que su similar estadunidense, a decir de Isabel Guerrero.



“Funciona muy bien. La gobernabilidad misma del Instituto Federal de Acceso a la Información, la independencia de los consejeros y que las sesiones sean transparentes, abiertas al público... me parece que la Ley de Transparencia es el logro más importante del sexenio, no sólo para la gobernabilidad, sino para todo”, enfatiza.



Sin embargo, agrega, el Banco Mundial percibe en los gobiernos de otros países una oposición acérrima a la implantación de esta ley, como en el caso de Honduras. Debido a eso, es necesario poner atención a potenciales amenazas.



“En México –acota– ya pasó la ley, pero también es posible que en momentos de transición, en el futuro, haya grupos poderosos que traten de recortar sus facultades”; como sería el caso de monopolios y sindicatos que benefician a un grupo pequeño, pero influyen en amplios sectores de la población.





Los límites de la prevención



El 7 de noviembre de 2005, una docena de secretarios de Estado se reunió con el presidente Fox en Los Pinos, a fin de revisar los resultados de las acciones anticorrupción. Luego de escuchar cifras y datos, el mandatario se mostró contrariado: los niveles de corrupción bajaron, pero la percepción ciudadana de que ese flagelo persiste seguía siendo muy alta.



¿Qué hacer? ¿Cuál es la mejor estrategia para acabar con el problema?, preguntó el presidente.



El secretario Romero, coordinador de la reunión, explicó que la impunidad es un factor que impide a los ciudadanos ver cambios reales. Puso dos ejemplos en los que, notablemente, no se castigó la corrupción durante el sexenio:



Uno de ellos fue el fraude en contra de Petróleos Mexicanos, cometido tanto por funcionarios como por los líderes sindicales. También mencionó el caso de “un exgobernador y excandidato presidencial, cuyo enriquecimiento inexplicable estaba a la vista de la sociedad, sin que fuera claro quién debería sancionarlo”. Se refería al político priista Arturo Montiel.



“Ese tipo de situaciones deja la impresión ante la sociedad de que el gobierno tiende a ser defensor de gente percibida como corrupta”, dijo Romero. Luego señaló una debilidad de la estrategia anticorrupción en el sexenio: “El enfoque de este gobierno ha sido preventivo”.



En este gobierno, no son raros los ejemplos de corrupción impune. Alfonso Caso Lombardo, exdirector de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, es uno de ellos. Fue separado del cargo cuando estaba sometido a investigación y se le comprobaron depósitos en bancos extranjeros; recibía sobornos para facilitar la aprobación de contratos multimillonarios. Proceso solicitó a la Procuraduría General de la República que confirmara si había cargos penales en su contra, pero la respuesta fue que no existía información sobre ello; y una solicitud específica por escrito sobre el mismo tema no fue respondida.



A ello se suma que cuando hay sanciones, son poco severas, y un sistema de justicia laxo, dijo Romero. Ello hace recordar que la administración foxista presentó una iniciativa para que los delitos cometidos por servidores públicos se tipifiquen como graves, misma que aún espera ser aprobada por el Congreso.



En cambio, la directora del Banco Mundial para México y Colombia, Isabel Guerrero, señala que la estrategia de instituciones multilaterales como el Banco Mundial contra la corrupción se enfoca por igual en la prevención y las sanciones.



En la referida reunión de gabinete, el presidente Fox no dio instrucciones contundentes; sólo comentó la necesidad de detectar las áreas en las que se deben aplicar sanciones y en cuáles es necesario eliminar barreras.



El caso es que el enfoque “preventivo” de la estrategia anticorrupción del presidente Fox dio lugar a que la ley no sólo haya sido blanda al aplicar las sanciones, sino incluso a que se ocultaran los nombres de los corruptos. En noviembre de 2005, cuando se sancionó a la empresa que sobornó a Caso Lombardo, el exfuncionario ni siquiera fue mencionado. ?





*Directora del Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet), www.cepet.org.